Pinochet: que se haga justicia

Madrid,  de octubre de 1998.

Señores miembros del Gobierno de España:

Si ustedes tramitan la solicitud de extradición de Pinochet, supuesto responsa­ble de desapariciones, torturas y muertes de algunos españoles (de cara a hacer justicia carece de importancia de qué nacionalidad sean), tendrán una oportunidad inigualable de demostrar al mundo que Vds. están del lado de la Justicia, y que desean cumplir con aquello que está claramente expresado en la Declaración Uni­versal de los Derechos del Hombre, de la que, por otro lado, nuestro país es signata­rio y de la que el próximo 10 de diciembre se cumplen 50 años. La citada Declara­ción proclama, "a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión" el que “todas las naciones deben asegurar su reconocimiento y aplicación universales con medidas progresivas de carácter nacional e internacional”; el que todos "los estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre"; el que "no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacio­nal del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía"; el que "todo indivi­duo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona"; que "nadie será sometido a torturas"; el que "nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado"; el que "nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida priva­da, su familia, su domicilio o su correspondencia"; el que "en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país" teniendo en cuenta, eso sí, que "este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial, realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas"; el que "todo individuo tiene dere­cho a la libertad de opinión y de expresión" y a "no ser molestado a causa de sus opiniones", y que nada de la citada "Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualesquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración".
Señores del Gobierno, más claro imposible. Ahora que el Reino Unido ha movido ficha, un clamor que se eleva desde todos los rincones del planeta, les exige un gesto claro de modo que no dejen pasar el tiempo sin más. En sus manos está el dar un paso de gigante para que sirva de escarmiento a los dictadores del presente (aunque estén retirados) y de freno a futuros tiranos, para que nadie se crea ya con derecho a la impunidad absoluta. Dar ese paso seria una excelente forma de cumplir con la Justicia y de celebrar el quincuagenario de uno de los más bellos manifiestos que jamás haya alumbrado la mente humana: la Declaración de los Derechos del Hombre. De todos modos, no olviden que, al fin y al cabo, Pinochet dispondrá de todo aquello que sus detenidos carecieron: un juicio justo e imparcial con todas las garantías democráticas que le permitan demostrar al mundo la inocencia que tanto pregona. Que se haga justicia.