Quirónsalud: el desguace de la sanidad pública

 

Madrid: el destrozo de lo público

El argumento de que la Comunidad de Madrid no firma nuevos acuerdos con Quirón es falaz. Desde 2010 existe un flujo constante de prórrogas, convenios y derivaciones que mantienen vivo este vínculo. Pero lo más grave no es la mentira, sino las consecuencias de este modelo sobre las arcas públicas.
La coincidencia temporal entre la actividad de este grupo sanitario y el entorno de la presidencia regional es alarmante. Mientras la facturación del Gobierno autonómico con Quirón se duplicó entre 2021 y 2023 hasta alcanzar los 3.192 millones de euros, González Amador, pareja de la presidenta Ayuso, ingresó 4,4 millones de euros de Quirón Prevención. Las investigaciones de la Agencia Tributaria y de la UCO apuntan a que estos cobros se realizaron a través de sociedades instrumentales sin la infraestructura ni el personal necesarios para prestar servicios reales.
La pregunta es inevitable: ¿de dónde salen esos 4,4 millones de la pareja de Ayuso? ¿De dónde salen los beneficios que se reparten los accionistas de Quirón? La respuesta es sencilla: del dinero público que debería reforzar hospitales, contratar profesionales y reducir listas de espera.
Es un trasvase descarnado de recursos que debilita el sistema de salud de todos. Se vacía lo común para facturar: el Estado asume el coste y la empresa el beneficio neto. Listas eternas y plantillas exhaustas son la coartada para vender el sistema al mercado en Madrid, la Comunidad que menos invierte en salud (y educación) per cápita.

La rebelión invisible del planeta

No podemos seguir como si no pasara nada

Hace muy poco, la OMS advirtió que el riesgo de una nueva pandemia es inminente y que sus efectos globales podrían ser devastadores. La causa no es un fenómeno aislado, sino el deterioro acelerado de los ecosistemas provocado por la actividad humana.
La deforestación, el cambio climático, la expansión urbana y el tráfico de fauna aumentan el contacto entre personas y animales salvajes, facilitando el salto de virus entre especies. La ciencia lleva años alertando de ello: cerca del 75% de las enfermedades infecciosas emergentes tienen origen animal. Cuanto más invadimos hábitats naturales, mayor es la amenaza biológica.
No es una “venganza de la naturaleza”, sino una consecuencia biológica previsible. Cada bosque arrasado, cada hábitat invadido y cada equilibrio roto amplían las oportunidades para que nuevos patógenos crucen la barrera entre organismos. Con más de 8.300 millones de personas consumiendo recursos a un ritmo incompatible con la estabilidad ecológica, la humanidad ya no lucha contra los virus: lucha contra los efectos de su propia presión sobre el planeta. Y la biología no negocia; responde a este asedio con leyes evolutivas.

Privatizaciones: seré conciso

Fuera vuestras sucias manos de lo púbico

 —Cuando una empresa privada entra en la sanidad, la educación o las residencias públicas, ¿lo hace por altruismo o para obtener beneficios?
—Para obtener beneficios.
—Y esos beneficios, ¿de dónde salen?
—De los presupuestos públicos.
—Entonces coincidimos en lo esencial: dinero de todos acaba en entidades privadas con ánimo de lucro.
—Así es.
—Si ese dinero se destinara íntegramente a reforzar lo público, ¿mejorarían la sanidad, la educación y el cuidado de nuestros mayores, en lugar de engordar beneficios privados?
—Sin duda.
—Luego la privatización no es una solución, sino la transferencia de recursos públicos a intereses privados. ¿Queda claro por qué nunca es positiva?
—Meridianamente claro.
Conclusión: Como Madrid es la región que menos invierte por habitante en servicios públicos esenciales, es donde más crece el negocio privado de la sanidad, la educación y las residencias.

Sanidad pública: saqueo programado

 

La derecha hace negocio de lo público

Bajo los mantras de “colaboración” y “libertad”, la realidad es inflexible: los hospitales públicos pierden recursos mientras los centros de gestión privada los ganan por diseño. No es eficiencia, es un trasvase deliberado. Datos de la Cámara de Cuentas y la ADSP confirman que el coste por tratamiento en el modelo de “colaboración” es mayor, y que el lucro se asegura mediante el “descremado de pacientes”: la privada elige los procesos rentables y deriva la alta complejidad y el paciente costoso a la pública asfixiada.
En 2025, Quirón y Ribera Salud succionaron 250.000 pacientes de la red pública madrileña; solo la Fundación Jiménez Díaz captó a 97.000. Llamar “libertad” a que el sistema te empuje a la privada porque de lo contrario tienes esperas infinitas, es un insulto. Se vacía lo común para alimentar empresas cuyo fin no es cuidar, sino facturar. Es el negocio perfecto: el Estado asume el costo y la empresa privada el beneficio neto.
El resultado es un desguace premeditado. Listas de espera eternas, plantillas exhaustas y mal pagadas son las herramientas para instalar el relato de que “lo público no funciona” y justificar su entrega al mercado cuando la comunidad de Madrid es la que menos invierte per cápita, a pesar de ser la región con mayor PIB. Han convertido un derecho en un mercado cautivo, financiado con tu dinero y explotado por unos pocos. No es gestión: es el desmantelamiento de lo que nos pertenece a todos.

¿Puede existir mayor miseria moral?

 

El PP dispuesto a desguazar lo público para que sus amigos hagan negocio

Si se analiza la actuación del PP, de Isabel Díaz Ayuso y de la Comunidad de Madrid con las residencias de mayores, la pregunta es retórica. Mientras miles de personas mayores malviven en centros con carencias crónicas de personal, atención sanitaria y mantenimiento degradados, el Gobierno madrileño dejó sin ejecutar 61,5 millones de euros destinados a mejorar su cuidado. No fue un error técnico ni una anécdota presupuestaria: fue una decisión política.
Ese dinero público, que debía servir para dignificar los últimos años de vida de quienes sostuvieron este país, acabó engordando al grupo privado Quirón Salud. Un transvase indecente de recursos de lo común a lo privado, de los vulnerables a los privilegiados. El modelo del PP es este: adelgazar lo público –sanidad, educación, residencias… pensiones aún no porque no pueden– hasta asfixiarlo y después justificar el negocio privado como salvación inevitable. El resultado es devastador, inmoral y aumenta la desigualdad.
Resulta especialmente sospechoso que, en este contexto, empresas muy beneficiadas por la política sanitaria madrileña coloquen a la pareja de la presidenta en un cargo extraordinariamente bien remunerado. El conflicto ético es evidente, aunque se intente maquillar con coartadas legales.
Lo ocurrido en Madrid no es mala gestión, es desprecio social. Es decidir que nuestros mayores estorban –«se iban a morir igual»– y que su cuidado no da votos ni dividendos. Es gobernar contra la dignidad humana. ¡A seguir votándoles!

Público-privada: ¡Exijo sinceridad!

 

PP-Vox: desguace de lo público

¿Es lícito privatizar servicios públicos? Aunque en términos éticos sea una práctica corrupta por los cuatro costados, parece que sí. Y es corrupta porque convertir bienes y servicios construidos con el esfuerzo y dinero de todos en negocio lucrativo de unos pocos es una forma torticera —y cobarde— de expoliar las arcas públicas. No quieren eficiencia, buscan el lucro de accionistas.
Lo más indignante es la deshonestidad de la derecha, que intenta acaramelar la privatización con eufemismos como “colaboración público-privada” o “libertad de elección”, cuando en realidad no es más que el chorreo de dinero público a empresas que solo buscan lucrarse, no bien común. Y lo hacen en servicios esenciales como sanidad, educación o residencias de mayores, donde la lógica del mercado jamás debería marcar el rumbo.
Si tan convencidos están de que su modelo es el mejor, que lo digan sin rodeos, como hago yo reprobándolo. Que los “muy patriotas” de PP y Vox manifiesten, de frente y sin maquillaje, que prefieren un país donde quien más tiene recibe más y quien menos tiene se queda a dos velas. Así, a la hora de votar, nadie podrá alegar engaño. Y, aunque al menos sería un acto de honestidad democrática, su hipocresía no lo posibilitará.

Barra libre a la EPOC

 

Lo que ha aprobado la derecha negacionista europea es un crimen

La UE pretende que sigan circulando motores de gasolina y diésel más allá de 2035. La claudicación ante el lobby automovilístico, petrolero y al PP –seguid votándoles– Europeo es una traición sangrante a la salud de su ciudadanía.
Esta claudicación política no es un detalle técnico: es una sentencia contra la salud pública. La contaminación del aire por partículas finas y dióxido de nitrógeno, producida principalmente por los coches de combustión, causa más de 250.000 muertes prematuras al año en la UE, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, y sigue siendo el principal riesgo medioambiental para la salud humana. 
Estas partículas penetran en los pulmones y pasan al torrente sanguíneo, aumentando drásticamente el riesgo de EPOC, cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares, ictus, demencia y complicaciones en el embarazo. Ya, el 95% de la población que vive en ciudades europeas respira aire con niveles de contaminación muy por encima de lo recomendado por la OMS. No inspiramos aire, respiramos muerte. La UE no solo está vendiendo nuestro bienestar a los negacionistas, sino que está hipotecando la salud pública y el futuro de nuestros pequeños, porque a todo ello hay que añadir la emergencia climática. Esta política renuncia a proteger vidas, favorece la enfermedad crónica mientras fortalece las industrias obsoletas de ricos que deberían haber sido relegadas a los libros de historia.

La factura oculta de las privatizaciones

 

Privatizar es regalar el dinero de todos a los millonarios

¡Qué escándalo!... es ironía, por si no se me entiende.
Cuando un servicio público se entrega a manos privadas, el interés común queda relegado a un segundo plano. La empresa privada busca maximizar beneficios, no garantizar derechos básicos como salud, educación o dignidad. Lo que hay en los modelos privatizadores del PP en sanidad, educación o residencias de mayores es el negocio empresarial condicionando decisiones que deberían responder exclusivamente a criterios éticos. Así, alargar las listas de espera no es solo mala gestión, es un acto criminal que permite que las enfermedades progresen, que los diagnósticos lleguen tarde y que los pacientes mueran por una estrategia de rentabilidad disfrazada de eficiencia a la vez que suben los seguros privados.
Cuando los derechos se convierten en negocio, se subastan en mercados donde la calidad se mide en ahorro y no en bienestar. La ciudadanía paga dos veces: con impuestos y con el destrozo de la atención.
Y recalco que, el dinero público convertido en dividendo empresarial para unos pocos potentados, debería haber sido usado para mejorar los servicios, no para llenar sus bolsillos. Y mientras tanto, quienes promueven estas políticas se escudan en discursos de modernización que solo encubren un chorreo constante de recursos públicos hacia intereses privados de sus defendidos: los ricos.

El gran fraude de lo concertado

 

La ultraderecha (PP) y la derecha extrema (VOX) pretenden destrozar el Estado de bienestar

¿Por qué desviar dinero público al sector privado si su objetivo es el beneficio, no el bienestar?
Escucho a muchos tertulianos preguntar qué hay de malo en la cooperación, según ellos positiva, público/privada. Parecen no entender que cuando se deriva dinero público a empresas privadas –colegios, universidades, hospitales todos ellos concertados–, una parte considerable del montante ya no se invierte en mejorar los servicios, sino que pasa a ser beneficios de las sociedades mercantiles que acaba en los bolsillos de directivos e inversores particulares. Así, la supuesta cooperación se trueca en parasitismo. De igual forma, quien ha contratado un seguro médico privado tendrá los servicios que su póliza cubre; pero no recibirá el tratamiento más adecuado a su dolencia: prima el coste y la cobertura pactada, no la necesidad médica real.
Estos tertulianos argumentan con malicia que se ha incrementado el presupuesto en sanidad. No me vale pues ese aumento también irá a accionistas privados.
Y, con la enseñanza, lo mismo. Los centros privados, al responder a la lógica de mercado, priorizan el beneficio económico. Esto choca con el objetivo principal de un servicio público: garantizar el acceso y la calidad para todos.
Cuando lo público se privatiza, el derecho se convierte en negocio. Y en los negocios, el beneficio importa más que las personas.
Tertulianos de derechas, ¿lo entendéis ahora?

Empobrecer lo público, enriquecer lo privado

 

La derecha quiere destrozar todo lo público

La penúltima ocurrencia de Feijóo es un IVA del 0% para autónomos que facturen menos de 85.000 €. Suena bien, pero huele a lo de siempre: menos ingresos públicos, más excusas para seguir destrozando el Estado del bienestar. El PP no busca aliviar al autónomo, sino justificar nuevos recortes. Su modelo es claro: hundir lo público para que florezca lo privado y sus defendidos hagan caja.
Está bien bajar los impuestos a las clases menos favorecidas, pero siempre que, como contrapartida, se les suba a los ricos y grandes empresas que, proporcionalmente pagan menos que ellas. Debemos entender de una vez que, detraer dinero público para dárselo a empresas privadas que persiguen un beneficio que repartir a sus directivos y accionistas–miles de millones en muchos casos–, solo hace que el dinero de nuestras pensiones, educación, sanidad e infraestructuras, vaya al bolsillo de unos pocos.
Feijóo nos quiere con seguros médicos, pensiones, colegios y universidades privadas. Pero ¿y si el sistema colapsa, como en 2008? ¿Quién rescata entonces al ciudadano de a pie? ¿El Estado al que han mermado su capacidad recaudatoria? ¿Tendrán que mendigar los pensionistas en las puertas de las iglesias? No nos dejemos engañar: su plan para España es un traspaso masivo de dinero público al bolsillo de empresas privadas y fondos buitres. Y eso sí que es un abuso que incrementa la brecha social.

Con la derecha sus impuestos van a los ricos

 

El objetivo de la derecha, la ultra (PP) y la extrema (Vox): hacer a los ricos más ricos y agrandar la brecha social

En seis años, el Gobierno central ha transferido 130.000 millones de euros a la Comunidad de Madrid. 43.000 millones más que en los 7 años de Rajoy. Sin embargo, el gobierno regional del PP ha destinado a servicios públicos solo 58.000 millones, mientras que los otros 72.000 millones fueron a parar a manos de empresas privadas y a bajar impuestos a los más ricos. Es la política destructiva que perpetúa la desigualdad y el desmantelamiento de lo público de la derecha.
Madrid, gracias a su capitalidad es la comunidad más rica de España, pero ostenta el vergonzoso título de ser la que menos invierte en sanidad y educación públicas por habitante y año. No es imprevisión, es el desmantelamiento meticuloso de lo público para hacerlo inoperante y arrojar a los ciudadanos a un sistema privado con chantaje implícito: “o pagas, o esto es lo que hay”. La capital tiene el mayor porcentaje de población con seguro médico privado: un 38 %, 14 puntos por encima de la media nacional y en educación se abren tres veces más aulas concertadas que públicas, porque la pública está infrafinanciada, con ratios insoportables que dañan la calidad educativa. Por eso, el negocio de las universidades y colegios privados florecen como en el edén.
Resulta muy preocupante que esta política, que favorece el negocio privado y perpetúa la desigualdad, reciba el apoyo electoral precisamente de quienes más sufren sus consecuencias. La próxima vez que pague impuestos en Madrid o en cualquier otra comunidad gobernada por la derecha, recuerde: una gran parte de su dinero acabará en las cuentas de los ricos.

Ni un paso atrás: agotar la legislatura para frenar la involución

 

El PP ya no disimula

Agotar la legislatura no es solo una necesidad política, es una obligación moral. La alternativa reaccionaria representa un retroceso devastador para la democracia, los derechos sociales y la dignidad de millones de personas. Además, la derecha ha demostrado una preocupante falta de capacidad para gestionar situaciones complejas. Siempre fue incompetente.
El mal llamado “milagro económico” de Aznar fue un espejismo: entrada en el euro, ciclo económico internacional favorable, privatización salvaje del patrimonio nacional y el estallido de una burbuja inmobiliaria alimentada por una ley del suelo irresponsable. A eso se sumaron fondos europeos y bajos precios de materias primas. Un escenario excepcional que no tiene nada que ver con una gestión ejemplar, sino más bien con un saqueo del patrimonio.
Además, cuando les ha tocado gestionar crisis, su respuesta ha sido deficiente: desde la manipulación del 11-M, la catástrofe del Prestige, el escándalo del Yak-42, hasta los recortes de Rajoy y la pérdida de derechos laborales. A esto se suman tragedias como el Madrid Arena, la gestión de las residencias en la pandemia, la DANA valenciana o los recientes incendios. En todos estos casos, la derecha mostró su verdadera cara: desprecio a las víctimas, mentiras sistemáticas, cero rendir cuentas y una arrogancia criminal que jamás asumió responsabilidades. A día de hoy, seguimos esperando una sola disculpa. Jamás llegará, porque mejorar la vida de la gente nunca ha sido su objetivo. Su rechazo al sector público es notorio; su propósito es desgastar a la izquierda con el fin de alcanzar el poder, y una vez lo logran, buscan controlar las instituciones para perpetuar y ampliar las desigualdades sociales. Su enfoque es crear leyes que beneficien a los más poderosos.
No es ficción. Es su historial. Y es una amenaza real. Volverían los recortes, el bloqueo institucional, la precariedad y la propaganda. Volverían los insultos a los sindicatos, el negacionismo climático, la criminalización de la protesta y el retroceso de derechos de mujeres, migrantes y trabajadores.
Por eso, agotar la legislatura es una necesidad estratégica y una declaración de principios. Presentar unos presupuestos valientes, centrados en la justicia social, obligará a retratarse a quienes votan en contra de proteger a la mayoría. Será una herramienta para consolidar un proyecto de país que ha demostrado capacidad de gestión, voluntad de diálogo y compromiso con el futuro.
La derecha ha gobernado, y el resultado fue desolador. No lo olvidamos. Hoy, más que nunca, necesitamos resistencia, pero también ambición. No basta con frenar. Hay que avanzar.
Ni un paso atrás.

Hacienda patriótica

 

PP y Vox siempre besan el culo a los ricos

PP y Vox, cada vez que tocan el poder, amparan a los poderosos: legislan para una minoría privilegiada mientras castigan al resto. Mientras Rajoy en el Consejo de Ministros recortaba el estado de bienestar, la Hacienda dirigida por Cristóbal Montoro, presuntamente se convertía en un lobby para beneficiar a grandes corporaciones. Este caso de corrupción premium, gravísimo y sin parangón, sería otro capítulo del extenso libro de tropelías del PP: hacer leyes a medida desde el Gobierno para desviar miles de millones del bolsillo de los contribuyentes hacia grandes corporaciones. Ese dinero, que debería haberse destinado a sanidad, educación o dependencia, acabó en manos de oligarcas que jamás pagan las consecuencias.
El PP no gobierna: saquea. Sus recortes siempre se ceban con los más vulnerables, mientras sus amnistías fiscales y sus leyes tramposas protegen a poderosos y corruptos. Y todavía tienen la desfachatez de hablar de “corrupción” y “patriotismo”. ¿Defender España? No, solo defienden a los poderosos.
El PP es una maquinaria perfectamente engrasada para saquear lo público, disfrazada de partido político. Una organización criminal, como bien recoge una sentencia. Cada vez que gobiernan, la riqueza fluye hacia arriba y la miseria hacia abajo. No es casualidad. Es su modelo de país. Uno donde siempre mandan los poderosos y el resto paga.
¿Mafia o democracia? ¿Y tú me lo preguntas? Mafia… eres tú.

Igualdad ciudadana

 

Feijóo miente más que habla

Sostiene Feijóo que «la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos no puede depender del código postal». Coincido, pero es un discurso tramposo porque el PP y sus aliados solo miran los intereses de los ricos. Madrid, la comunidad más adinerada de España, también es la que menos invierte en sanidad por habitante, con un sistema colapsado que arroja a más del 38% de la población al negocio de la sanidad privada, 14 puntos por encima de la media. ¿Eso es igualdad?
Y, en educación, lo mismo. Madrid lidera el ranking de comunidades que menos invierten por estudiante, con unas ratios por profesor insoportables. Mientras tanto, el Gobierno de Ayuso abre tres veces más aulas concertadas que públicas, lo que significa más dinero público destinado a financiar colegios privados. Si los 1.500 millones de euros anuales que se destinan a la concertada se invirtieran en la pública, Madrid tendría un sistema educativo de calidad para todos, no solo para los que pueden permitírselo. ¿Eso es igualdad?
Señor Feijóo: Piense antes de hablar. Los que habitamos en códigos postales que comienzan por 28, sufrimos un sistema público quemado por pura ideología ultraliberal del PP, que recorta en servicios esenciales para bajar impuestos a los ricos y fomentar el negocio privado. Y usted, con su doble vara de medir, no hace más que esconder esta realidad. Los intereses de los más poderosos están por encima de la igualdad y la justicia social, y eso no se soluciona con discursos de tahúr.

El gen necio XVII

 

Los necios insisten

El virus de la desinformación se propaga cual plaga sin escrúpulos, y así el gen necio se expande y multiplica por el mundo.
…
–¡Las vacunas son un fraude! ¿Cómo voy a confiar en algo que impone el Gobierno? ¡No hay pruebas de que funcionen! Y algún académico asegura que nos implantan un microchip. ¡Nos quieren controlar!
–Las vacunas están respaldadas por décadas de investigación científica y millones de estudios. Los datos demuestran que han salvado millones de vidas. No te las imponen y no son para controlarte.
–¡Eso decís, pero son estadísticas manipuladas! ¿Y si las vacunas en realidad nos hacen más daño? ¡Cada vez escucho más historias de gente que se siente mal después de vacunarse!
–Es importante diferenciar entre efectos secundarios raros y los beneficios generales. Las reacciones graves son extremadamente infrecuentes y, en la mayoría de los casos, mucho menos peligrosas que la enfermedad que previenen. Además, los casos que mencionas no son la norma, son excepciones. No debes dejarte influenciar por las estupideces del populismo derechista disfrazado de ciencia que se va inoculando en la sociedad.
–No, no me convences. No quiero que me metan algo extraño en el cuerpo. ¡El cuerpo tiene su propio sistema inmunológico! ¡Nunca me he vacunado y nunca me he enfermado gravemente!
–Sí, el sistema inmunológico es increíble, pero las vacunas son una manera de adiestrarlo para enfrentar enfermedades graves sin tener que pasar por los riesgos de la propia enfermedad, porque entrenan al cuerpo de forma segura para reconocer y luchar contra los virus sin poner en riesgo nuestra salud. La única meta es salvar vidas. Y la ciencia, y las estadísticas, son claras: las vacunas salvan vidas; son una herramienta para protegernos.
–Eso dicen para hacer caja. ¡Seguro que hay conspiraciones detrás de todo esto!
…
Lo dicho: el gen necio.

Acabar con la corrupción

 

Los corruptores, como los corruptos, deben pagarlo

La corrupción devora lo que con tanto esfuerzo construimos. Se alimenta de egoísmo, ambición desmedida y deseo insaciable de lucro; no respeta a nada ni a nadie. Es una fuerza destructiva que transita por los rincones más oscuros de la sociedad. Se introduce en todos los ámbitos, socava los pilares de la confianza y convierte el servicio público, la promesa de bienestar colectivo, en territorio de saqueo de unos pocos.
El daño causado es incalculable. No solo en términos materiales, donde millones de euros se desvanecen en manos corruptas, sino en lo más profundo: lo humano. Es la desolación que deja detrás, es la desesperanza de los ciudadanos que sufren el abandono de sus derechos básicos, es la creciente desigualdad que genera un sistema donde unos pocos se enriquecen mientras la mayoría se ve condenada a luchar por lo mínimo. Hospitales, educación, agua potable, obra pública… todo se convierten en terreno de saqueo. Hasta las empresas públicas de servicios estratégicos, otrora solventes y orgullo de la nación, se enajenan a intereses privados.
Las instituciones se desmoronan desde dentro y pierden su capacidad para proteger a la ciudadanía. Los recursos que deberían ser destinados al bienestar común son desviados por las manos de quienes no tienen otro objetivo que satisfacer sus ansias de dinero, mientras los ciudadanos se ven indefensos ante el despojo sistemático.
Pasó el momento de hablar con palabras tibias. No sirve, no ayuda. Hay que actuar con una contundencia sin precedentes. Es necesario que corruptores y corruptos enfrenten las consecuencias de sus actos, no solo con penas ejemplares, sino con un verdadero proceso de purga que los obligue a devolver lo robado. El daño causado a las instituciones y a la confianza de la ciudadanía debe ser reparado, aunque en muchos casos las cicatrices no sanarán. Pero no podemos rendirnos. No podemos permitir que esta podredumbre siga infectando nuestra democracia.
Penas más severas, multas exorbitantes, fin de los aforamientos y, lo más importante, prohibir que aquellos que han corrompido el sistema puedan volver a tocar el poder. Las empresas que han participado en prácticas corruptas deben ser expulsadas del proceso de licitación pública para siempre y sin contemplaciones.
España no se renovará por sí sola. La ciudadanía debe ser consciente de que la democracia no es un regalo que se recibe, sino una responsabilidad que se defiende. La indiferencia es uno de los grandes enemigos que tenemos como nación. La lucha contra la corrupción no es solo una cuestión política, sino de ética, de dignidad, de supervivencia.
Mientras no exista renovación verdadera, España seguirá enferma porque la indiferencia ciudadana es uno de los grandes males que descompone a la democracia situándola al borde del abismo fascista populista.

PP: Recortes, negligencia y privatizaciones

 

Lo del PP es para hacérselo mirar

Una vez más, y ya son muchas, nos enfrentamos a una situación límite donde las administraciones del Partido Popular, en lugar de asumir responsabilidades, optan por el viejo recurso de echar balones fuera. Lo vimos con la gestión de la crisis de 2008 y su década de políticas neoliberales que acentuaron los efectos sociales de la crisis. Lo vimos con la gestión de las residencias de mayores durante la trágica pandemia. Lo hemos visto con la DANA, con la precariedad creciente en la sanidad y la educación públicas, y ahora lo volvemos a ver con personas que duermen en el suelo del aeropuerto de Barajas por no tener un hogar. ¿Qué tienen en común todos estos fracasos de gestión? La firma del PP.
Es insultante que quienes ostentan el poder autonómico —y, en muchos casos, también el municipal— se presenten como meras víctimas de un Gobierno central al que acusan de inacción. Las competencias en sanidad, educación, servicios sociales y emergencia climática son, por ley, responsabilidad de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Y, sin embargo, una y otra vez, el PP utiliza el altavoz mediático para desviar la atención de su absoluta incompetencia desinformando a la sociedad.
En educación, los recortes acumulados han dejado aulas masificadas, centros públicos deteriorados y una brecha digital que margina aún más a los que menos tienen. En sanidad, el desmantelamiento progresivo de la atención primaria y las listas de espera interminables son el resultado directo de una estrategia política que favorece el negocio privado antes que lo público. ¿Y ante las críticas? Victimismo y propaganda.
Lo más grave no es solo la mala gestión. Es la absoluta falta de autocrítica y empatía, y el uso sistemático del engaño como herramienta política. No es casualidad: es su ideología. Una que prioriza los intereses económicos de unos pocos frente a los derechos de la mayoría. Y ahora, estos mismos gestores que han fallado en lo más esencial —cuidar de su gente— pretenden dar el salto al Gobierno de la nación. Sin olvidar que, por si fuera poco, siempre desprecian a las víctimas. Para hacérselo mirar.
La ciudadanía merece gobernantes responsables, no trileros políticos. Basta ya de mentiras. Basta ya de usar la administración como plataforma de marketing ideológico. La realidad no se puede maquillar con ruedas de prensa ni con titulares afines. Hay personas sufriendo, servicios colapsando, derechos en retroceso. Y detrás de todo eso, siempre está el PP.

Si quiere impuestos justos vote con cabeza

 

Votar es un acto cívico que requiere una gran responsabilidad

Los impuestos no son un castigo: son la base de una sociedad más justa. Por eso el mantra populista de bajar impuestos que la derecha repite infatigablemente, es una trampa. Aunque reducir impuestos a las clases trabajadoras es más que deseable, solo debe hacerse cuando las grandes fortunas y corporaciones tributen de forma justa y efectiva como el común de los mortales. Según el informe Oxfam Intermón de 2023, publicado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con datos proporcionados por UBS, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 95%.
Ante semejante obscenidad, cabe preguntarse: ¿por qué quienes más sufren la precariedad respaldan opciones políticas que encubren recortes al Estado de bienestar?
La respuesta está en el discurso, seductor pero engañoso, que los conservadores usan como bandera sobre la bajada de impuestos; pero omiten que los recortes afectan a servicios fundamentales como la sanidad, la educación o las pensiones con efectos devastadores para la mayoría. Por tanto, no debemos votar a quienes nos bajan unas migajas en impuestos, mientras perdonan ingentes cantidades a los más poderosos a base de recortar servicios. Tenemos que entender que con los impuestos se financian hospitales, colegios, pensiones, infraestructuras, programas de desempleo y políticas de igualdad. Y, sobre todo, debemos votar con conciencia a aquellos que defienden que los grandes poderes –empresas e individuos– que más tienen –y tienen más porque obtienen beneficios desproporcionados a través de prácticas abusivas, fijando precios muy por encima de lo ético por sus productos, de ahí las cifras milmillonarias–, contribuyan de manera justa y en mucha mayor medida a fortalecer el Estado de bienestar, tal y como establece el principio de progresividad fiscal recogido en el artículo 31 de nuestra Constitución.
Solo así construiremos una sociedad en la que los derechos no dependan del bolsillo, sino del compromiso colectivo con la justicia redistributiva.

El gen necio II

 

El gen necio cada vez está más extendido

El virus de la desinformación se propaga cual plaga sin escrúpulos, y así el gen necio se expande y multiplica por el mundo.
…
–¡Esto es una dictadura! ¡Estoy harto! Pues no nos prohibieron fumar en los bares y ahora quieren echarnos de las terrazas y no sé de cuántos sitios más.
–¿Tú sabes que al fumar estás comprando a plazos, dando dinero a un millonario que no a un pobre, una muerte lenta, dolorosa y angustiosa para ti y tu familia?
–Eres un dictador. Yo elijo cómo morir…
–¡Claro! Te entiendo. Si ni tan siquiera eres capaz de respetar tu propia salud, la de los demás te importa aún menos. Y sí, elige cómo morir, pero no nos mates a los demás. Has de saber que tu libertad termina dónde empieza la nuestra a respirar aire libre de cáncer. Así que fuma en tu casa y con las ventanas cerradas.
–Te vas a fastidiar que ahora voy a fumar más.
…
Lo dicho: el gen necio.

Milei, año uno

 

Argentina: el desastre Milei

En tan solo un año, la Argentina de Milei suma cinco millones de pobres más y la descontrolada tasa de pobreza y desigualdad golpea al 53 % de la población que, con salarios bajos, arroja al 66 % de los niños a la vulnerabilidad. El superávit fiscal del 0,5 % del PIB, se ha obtenido recortando las prestaciones sociales a las familias más de un 36 %, incluyendo medicamentos y destrozando las pensiones. El paro ha aumentado 1,4 puntos porcentuales, pasando del 6,2 al 7,6 %. Con esta miseria, han quebrado pequeñas y medianas empresas y el consumo privado ha caído un 10 %, ayudando a contener la inflación que, aun así y según afirma el economista Alfredo Serrano Mancilla, en once meses acumula la misma tasa que en los primeros 55 meses del gobierno de Cristina Fernández.
Pero no todo es pena en Argentina; quienes están de fiesta son las grandes empresas: energéticas, petroleras, financieras… que han multiplicado sus beneficios.
Un año de gobierno ultraliberal y el balance no puede ser más boyante para los ricos, ni más trágico para la ciudadanía.
¡Viva la libertad, carajo!
Simplemente patético.