El cártel de la lejía

 

El partido más corruPPto se postula a limpiar la corruPPción

Sostiene “FeiVoox” que el Ejecutivo actual es «el más sucio de la democracia». Estremecedor parte médico. Ante semejante vertedero, la terapia de choque del PP es impecable: entregar la fregona al partido que convirtió la caja B en tradición oral, los juzgados en una sucursal propia y que aplaude a Aldama en manifestaciones contra la corrupción. Para rematar la faena, proponen como encargado de limpieza al socio ultra; ese partido que añora la gestión de Franco.
Resulta enternecedor recibir lecciones de higiene democrática de quienes usaron los resortes del Estado como un arma contra el rival político y destruyeron pruebas incriminatorias. El enigma ya no es la roña, sino quién financia el detergente.
A estas alturas, la trama no va de izquierda o derecha, de rojos contra azules. El guion es más rústico: democracia sí o democracia no. Y cuando la alternativa higiénica al supuesto «gobierno infecto» consiste en un viaje en DeLorean hacia el nacionalcatolicismo, con cementerios y cárceles llenas de opositores y maletas repletas de fajos rumbo a Suiza, la elección es obvia. Entre lo actual o dinamitar los cimientos de convivencia, la elección es clara.

El fascismo galopa con Aznar

 

Aznar, falangista (fascista) joseantoniano confeso

Que José María Aznar, quien se definió como «falangista joseantoniano», afirme: «El que pueda hacer que haga, y ahora, más todavía», no puede interpretarse como una frase inocente ni como una simple consigna política. En un contexto de creciente polarización, esas palabras funcionan como una legitimación implícita de la desobediencia contra el orden democrático y del ataque a las instituciones comunes; como una cínica orden de asalto al orden constitucional y un llamado directo al sabotaje democrático mediante la desestabilización institucional. El fascismo siempre ha operado así: desacreditando las leyes, sembrando odio y alentando la acción individual de fanáticos convencidos de actuar en nombre de una supuesta patria.
No trato de acallar la crítica política —legítima en democracia—, sino de denunciar el intento de sustituir el debate racional por el señalamiento, el linchamiento moral y la intimidación. Cuando se normaliza el “todo vale”, la convivencia queda a merced de la fuerza, del miedo y de la violencia descentralizada. La historia demuestra que el deterioro democrático comienza precisamente cuando dirigentes irresponsables convierten la crispación en estrategia y la agitación en método de poder.

El PP promueve la crispación y arrolla el periodismo

 

El PP se abona a lo que haga falta con tal de lograr un voto

La complicidad del PP con la degradación democrática cruza una línea más. Al enrocarse en defender a los agitadores ultraderechistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo tras su expulsión del Congreso, el PP insulta a la inteligencia ciudadana. Llamar «periodistas» a estos escuadristas neofascistas es una bajeza que repugna a los verdaderos profesionales de la Cámara. Consúltese a cualquier cronista parlamentario: el veredicto es de absoluto escándalo y rechazo unánime.
El periodismo no consiste en provocar, acosar o convertir una institución democrática en un plató de propaganda ultra. El periodismo es rigor, ética y respeto a la verdad. Lo que hace el PP es un burdo ejercicio de vasallaje hacia Vox, demostrando que está dispuesto a proteger a quienes dinamitan la convivencia democrática desde dentro de las instituciones para competir por el aplauso de la derecha extrema. Los ampara porque los financia directamente mediante publicidad institucional y subvenciones en sus feudos autonómicos. Son sus criados mediáticos.
El Congreso, al proteger su espacio, no censura, sino que dignifica la profesión frente a difamadores profesionales.

Israel y la impunidad del más fuerte

El Estado de Israel se está ahogando en sangre de inocentes

 El asalto a la flotilla solidaria en aguas internacionales es una prueba más de que el Gobierno de Israel actúa al margen del derecho internacional. Su conducta demuestras un desprecio absoluto hacia los derechos humanos del pueblo palestino, violando sistemáticamente las Convenciones de Ginebra mediante una política de terror de Estado. El rechazo de la comunidad internacional ante este suceso, sumado al impacto de las imágenes de los detenidos, confirman la gravedad de lo ocurrido.
No se limitaron a bloquear la llegada de ayuda humanitaria indispensable. Convirtieron el castigo en un acto de propaganda, exhibiendo la humillación de los activistas ante los ojos del mundo. Si actúan con este nivel de descaro frente a las cámaras y la prensa internacional, es inevitable preguntarse qué grado de desprotección y violencia sufren los habitantes de Gaza cuando los focos se apagan. Lejos de miradas externas, ejecutan un genocidio institucionalizado.
Mientras tanto, la diplomacia internacional responde con una pasividad que es complicidad. Con esa cobertura, las autoridades israelíes perpetúan un ciclo de bloqueos, detenciones y bombardeos. Se exhiben ante el mundo como si el derecho internacional fuera de obligado cumplimiento para el resto del planeta, pero inexistente para los más fuertes.

¡Cuánto daño habéis hecho!

¡Basta de corrupción!

 Habéis traicionado a la izquierda los Koldo, Ábalos, Zapatero… La izquierda trabaja por lograr un mundo mejor donde exista la justicia social, la coherencia y la defensa del interés común… pero no para una red de privilegios, influencias y discursos vacíos. Quizá algunas conductas sean legales; eso tendrán que decidirlo los tribunales. Pero hay algo políticamente insoportable: sostener en público una cosa mientras en privado se ejecuta exactamente lo contrario.
Los lobbies imponen un modelo que socializa pérdidas y privatiza beneficios con el dinero de todos, mientras quienes prometieron combatirlo terminan parasitando de él y sirviéndole. Y ahí es donde nace la mayor decepción: no la del error, sino la de la hipocresía.
Cuando la izquierda renuncia a sus principios para lograr riqueza propia, deja de representar a los ciudadanos y se integra en el sistema que prometió transformar. Y eso no es una simple contradicción: es una traición política y moral que causa un daño irreparable.
A pesar de los palos, sostengo que ese mundo mejor es posible.

¡Basta de corrupción permitida! ¡Ilegalizad los lobbies ya!

 

Con los lobbies, tanto en España como en Europa, la corrupción campa a sus anchas

La influencia de los grupos de presión en las instituciones europeas debe cesar. En Europa operan unos 35 lobistas por cada eurodiputado: más de 25.000 profesionales dedicados a la defensa de intereses privados frente a solo 720 representantes públicos. No es participación; es metástasis democrática. Estos grupos, financiados por el gran capital, no existirían si no fueran obscenamente rentables. Al ser el brazo ejecutor de una corrupción institucionalizada que pervierte la soberanía popular, cada año aumentan sus presupuestos porque compran voluntades. Es imperativo dejar de disfrazar esta presión económica como «libertad de expresión» o «sociedad civil»: el poder adquisitivo no debe comprar capacidad legislativa.
Es criminal que, mientras la ciencia clama contra el colapso climático, el lobby fósil lograra colar el gas y la nuclear en la “taxonomía verde” de la UE. La derecha aplaude este expolio disfrazado de pragmatismo. La contaminación mata a millones de personas al año, pero el beneficio de las élites pesa más que la vida. Es el capitalismo salvaje elevado a dogma.
Los lobbies no equilibran el debate: lo secuestra. Imponen un modelo que socializa pérdidas y privatiza ganancias. Cuando sus intereses vencen a la salud pública, no hay debate, sino captura del Estado. Regular con tibieza ya no es suficiente. Es hora de llamar a la corrupción por su nombre y extirparla sin contemplaciones.

Togas y naftalina

 

El hedor franquista de la Justicia es inaguantable

La Audiencia Nacional ha suspendido –previa petición de Ayuso, ¡cómo no!– cautelarmente la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, pese a que allí estuvo la Dirección General de Seguridad franquista, donde se practicaron asesinatos –Tomás Centeno, Ruano y tantos otros–, torturas y detenciones políticas. El argumento del auto roza la parodia: colocar una placa podría causar un «perjuicio irreversible» a la reputación institucional de la Comunidad de Madrid. Como si la historia fuese un grafiti y no un hecho documentado.
¿Qué daño irreversible causa un trozo de metal que se puede desatornillar en cinco minutos si un juez cambia de idea?
Resulta enternecedor ver a ciertos jueces preocupados por la sensibilidad de un edificio, pero no por la memoria de quienes pasaron por sus sótanos o salieron con los pies por delante. Debe de ser que las víctimas molestan más que sus verdugos. En España, al parecer, recordar la dictadura daña la convivencia; blanquearla, en cambio, es moderación institucional. 
La derecha política, judicial y mediática lleva años intentando convertir la memoria histórica en un problema de estética. Cambian la toga por la nostalgia y lo llaman neutralidad; la toga por el sesgo ideológico y ya ni lo tapan.