La derecha contra el ciudadano

 

La derecha (la ultra, PP, y la extrema, Vox) decidida a cargarse el Estado de bienestar

Mientras la derecha portuguesa legisla sin tapujos para blindar a los fondos buitre y rentistas, en España el PP y Vox ejecutan una estrategia más sibilina: el silencio y bloqueo absoluto. Desde 2019, el Gobierno central ha aprobado la Ley de Vivienda, frenado desahucios, prorrogado contratos, reformado el marco laboral y subido el SMI, entre otras medidas. Frente a este escudo social, la oposición opera bajo un cálculo perverso. Votan en contra de cada avance en el Congreso, celebrando con aplausos la caída de decretos necesarios, y saboteando deliberadamente las leyes en las comunidades autónomas donde gobiernan.
Esto no es discrepancia ideológica; es asfixia premeditada para servir al poderoso. Obstruyen cualquier alivio familiar con tal de proteger los privilegios de los ricos y desgastar al Ejecutivo, pretendiendo después culpar al Estado de una inacción que ellos mismos provocan. Queman el bienestar público mientras esconden el extintor.
Jugar con el desamparo y el derecho a la vivienda para satisfacer privilegios no es política: es una crueldad intolerable y una traición directa a la ciudadanía. Quienes mercadean con la miseria ajena, boicotean la dignidad humana y condenan al desahucio a las familias no merecen amnesia ni beneficio de la duda. Merecen el repudio absoluto, el desprecio ético y el castigo implacable, definitivo e histórico de las urnas. ¡Fuera de las instituciones!

¿Que las pensiones qué…?

 

Esto es lo que ocurrirá si llegan la ultraderecha (PP) y la derecha extrema (Vox) al gobierno

Llevo oyendo hablar del «colapso inminente» de las pensiones desde que los pantalones de campana comenzaban a estar de moda. También cuando empecé a trabajar a finales de los setenta. Hoy estoy jubilado, cobro mi pensión y la cantinela sigue siendo la misma. Pasan las décadas, mueren dictadores, cambian gobiernos y se jubilan generaciones enteras y las pensiones siguen pagándose. Todo responde a una estrategia burda: sembrar el pánico para trincar un pastel jugoso. Tras hincar el diente a sanidad y educación, el gran capital ansía devorar las pensiones. La derecha insiste en que las pensiones «no se sostienen», «que van a petar» y, acto seguido, sus aliados de la banca ofrecen planes privados con una sonrisa de tiburón para «salvarnos». Un negocio redondo: aterrorizar al trabajador para que entregue sus ahorros a entidades que quiebran y exigen rescates públicos. ¿Quién garantiza un fondo que mañana puede devaluarse por completo?
Debilitar las pensiones públicas para abrir un negocio privado no es salvar a los ciudadanos: es desvalijar sus derechos para ponerlos al servicio de intereses económicos. Quien juegue con el sustento de nuestros mayores para favorecer a la banca no merece su confianza. Es una forma de actuar deleznable, una traición a quienes levantaron España con su sudor. Quien mercadea con la vejez de sus ciudadanos merece el más absoluto desprecio en las urnas. Con el pan del pueblo no se negocia, no se especula y, bajo ningún concepto, se consiente.
Por eso, pensionistas: voten con la cabeza, no con las tripas. Con el actual Ejecutivo, la pensión media ha aumentado casi 500 € al mes, mientras que el modelo del 0,25 % del PP habría sido solo 30 €. Por su parte Abascal dice que «las pensiones se pagarán de la manera que sea, con un sistema u otro». Ese «como sea» quiere decir con rebajas y congelaciones. Y ese «un sistema u otro» quiere decir que serán privatizadas.
Blanco y en botella. Ustedes mismos.

Señalar: la antesala del abismo social

 

¡YA BASTA!

La deriva fascista que presenciamos responde a una estrategia de crispación minuciosamente ejecutada por la derecha y la extrema derecha. Mediante la hipérbole constante, el insulto y el señalamiento público, han inoculado el odio en el tejido social, quebrantando los consensos mínimos de convivencia.
La historia nos advierte con trágica lucidez: todo proceso totalitario comienza con la deshumanización del disidente a través de la palabra. Esta deshumanización crea el marco idóneo para que la violencia física sea percibida como legítima por sectores radicalizados, en el momento en que la dignidad ajena deja de importar. Perseguir a quienes exigen un derecho fundamental plasmado en la Constitución no solo es un ataque a la juventud, sino también un atentado directo contra la base del Estado social. Si permitimos que el odio dicte las reglas y rebase el punto de no retorno, la fractura democrática será irreparable. Llegados a este extremo, la sociedad debe decir basta.

Cuando la bandera necesita chillar

 

¡VIVA ESPAÑA, COÑO!

Hay una paradoja psicológica humana: cuanto más necesita una identidad ser exhibida, más necesita ser confirmada. El patriotismo de pacotilla —ese de España siempre en la boca, la pulserita, la Kalinka cañí del «yo soy español», el berrido futbolero, el ¡Viva España! ante cualquier nimiedad…— esconde un vacío clínico fascinante. La psicología asocia la sobrecompensación con una profunda inseguridad. Quien necesita recordar su procedencia antes del café no sufre de exceso de amor patrio, sino de un pánico atroz a la insignificancia.
Vox, el PP y personajes como Marcos de Quinto operan aquí. La bandera, que debería representar a todos, termina convertida en frontera psicológica porque se blande como porra moral. Convierten el país en una selectividad identitaria donde ellos —«españoles de bien»— ponen la nota.
No hay seguridad tras el grito; hay miedo a que, si callan, alguien les pregunte qué piensan. Si necesitas gritar que eres algo para creértelo, no eres un patriota; eres un paciente necesitado de validación que usa el mapa como frontera psicológica. Tanta purpurina rojigualda solo tapa la grieta de un ego asustado que, sin ruido, queda desnudo.
Mucha «¡ESPAÑA, COÑO!», pero jamás se ponen del lado de los españoles de a pie.

Depredadores de lo público

 

El PP dispuesto a cargarse el Estado de Binestar. Ahora las pensiones

Para el capital y su aliada, la derecha, los derechos no son conquistas sociales, sino nichos de mercado. Tras degradar la sanidad y la educación, la ultraderecha (PP) y la derecha extrema (Vox) apuntan al botín más codiciado: las pensiones. Su estrategia consiste en infundir terror sosteniendo que «el sistema de pensiones es un zombi; lo han quebrado» y que necesita una transición hacia un modelo mixto público-privado.
Se trata de una trampa nefasta. Privatizar las pensiones equivale a transformar un derecho constitucional en una apuesta de casino, a merced de mercados volátiles, comisiones y fondos que, si colapsan, exigen rescates públicos dejando al ciudadano sin su jubilación. Resulta revelador que la supuesta «sostenibilidad» de PP y Vox exija sacrificios al pensionista mientras blinda los beneficios fiscales de las élites y grandes corporaciones. Las pensiones no plantean un problema matemático de escasez, sino de reparto de la riqueza. Lo insostenible no es la vejez de la clase trabajadora; es la codicia de quienes pretenden mercantilizar la incertidumbre de millones de jubilados para engordar el negocio financiero de unos pocos. Las pensiones se defienden, no se venden.
Voten con cabeza.

Nostalgia del pucherazo: tradición patria

 

Cada vez que se ponen las urnas, la ultraderecha (PP) y la derecha extrema (Vox), siembran dudas

Qué enternecedor ver al PP activar su reflejo pavloviano: si hay urnas, se pulsa el botón del fraude. Una estrategia tan vieja como nula es su vocación democrática. Todas sus cabezas: Aznar, Ayuso, Tellado, Feijóo… insisten en sembrar sospechas compulsivas sobre un sistema que la OSCE y la comunidad internacional consideran uno de los más fiables, transparentes y eficaces del mundo. Pero claro, para el trumpismo, versión cañí, si el resultado no gusta, es trampa. La mentira reiterada como mérito para gobernar.
No es un desliz, es su modus operandi para tapar su mala gestión. Lo hemos vivido desde 1993 hasta ahora cada vez que se colocan las urnas. Y de nuevo reinciden intoxicando con el voto por correo, ignorando los férreos controles existentes.
No actúan como partido de Estado, sino como agentes corrosivos que erosionan la democracia. Eso sí, para pucherazo real y con aval institucional, el del Tribunal Supremo al suspender cautelarmente el derecho al voto de españoles nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, en los casos afectados por la llamada «ley de nietos». Pero sigan distrayendo con la papeleta: la sospecha sin pruebas siempre viste más.

Semillas del totalitarismo

La pasividad institucional ante el abuso de la fuerza no es neutralidad; es complicidad. Observar a militares y policías ensañarse con migrantes y ciudadanos indefensos, mientras una parte de la sociedad calla o justifica la agresión, evidencia una alarmante degradación moral. Si el ministro del Interior y la ministra de Defensa creen que callar ante la violencia institucional les otorgará inmunidad o estatus, se equivocan. Esta calaña no tiene lealtades; hoy aplasta al vulnerable, pero mañana irá a por el poder político.
Una democracia real exige un Estado de derecho inflexible. Es intolerable ver a antidisturbios golpear impunemente sin portar sus identificaciones numéricas obligatorias. Si los mandos policiales, militares y políticos amparan esta ilegalidad, prevarican y destruyen el orden constitucional desde dentro. Quien viste uniforme y viola los derechos humanos no es un agente de la ley, sino un criminal amparado por el Estado.
La tolerancia hacia el matonismo es el síntoma inequívoco de una comunidad alienada que camina ciega hacia el fascismo. Quien justifica la brutalidad, hoy, firma su sumisión para el mañana. Frente a la tiranía verde oliva o azul oscuro, el silencio es traición.