Calles de Minneapolis

Donald J. Trump, un auténtico fascista

 «Al volver de la escuela, los niños ya no encuentran a sus padres».
«No respetan a nadie: ancianos, niños, bebés, mujeres embarazadas, enfermos».
«A las familias las separan sin clemencia».
Lo que se observa hoy en barrios y calles de Minneapolis –y en muchas ciudades de EE. UU.–, confirman estas palabras: detenciones arbitrarias, miedo, silencio, angustia. Una violencia ejercida sin miradas, sin explicaciones. Todo está diseñado para destruir vínculos y sembrar el terror.
El despótico Donald Trump ha normalizado y alentado esta lógica deshumanizadora en la que los agentes del ICE siguen el patrón fascista: la elección de un orden jerárquico que ignora el sufrimiento humano y asfixia la compasión. Su identidad depende de la gloria del grupo y de la obediencia ciega. Quien no es aliado es una amenaza. La diversidad les genera ansiedad, el disenso les parece inmoral. Repiten consignas como “nos invaden” o “destruyen nuestra cultura”. Y, de este modo, la violencia se consagra como necesaria y justa, mientras el otro se desdibuja hasta perder su condición de persona para quedar reducido a un peligro.
Solo debo aclarar que el testimonio que da pie a este escrito no se gestó en Minneapolis en 2026; su verdadero eco retumbó en una espectral Ámsterdam sometida al terror nazi en 1943. Fue plasmado en su diario por una lúcida y vitalista niña de 14 años llamada Ana Frank.
Ahora el diario no es de papel, es el asfalto de Minnesota; la tinta ya no es negra, es el terror que recorre el Misisipi. Cambian los nombres y los uniformes, pero el horror es el mismo: el fascismo permanece intacto.

Sanidad pública: saqueo programado

 

La derecha hace negocio de lo público

Bajo los mantras de “colaboración” y “libertad”, la realidad es inflexible: los hospitales públicos pierden recursos mientras los centros de gestión privada los ganan por diseño. No es eficiencia, es un trasvase deliberado. Datos de la Cámara de Cuentas y la ADSP confirman que el coste por tratamiento en el modelo de “colaboración” es mayor, y que el lucro se asegura mediante el “descremado de pacientes”: la privada elige los procesos rentables y deriva la alta complejidad y el paciente costoso a la pública asfixiada.
En 2025, Quirón y Ribera Salud succionaron 250.000 pacientes de la red pública madrileña; solo la Fundación Jiménez Díaz captó a 97.000. Llamar “libertad” a que el sistema te empuje a la privada porque de lo contrario tienes esperas infinitas, es un insulto. Se vacía lo común para alimentar empresas cuyo fin no es cuidar, sino facturar. Es el negocio perfecto: el Estado asume el costo y la empresa privada el beneficio neto.
El resultado es un desguace premeditado. Listas de espera eternas, plantillas exhaustas y mal pagadas son las herramientas para instalar el relato de que “lo público no funciona” y justificar su entrega al mercado cuando la comunidad de Madrid es la que menos invierte per cápita, a pesar de ser la región con mayor PIB. Han convertido un derecho en un mercado cautivo, financiado con tu dinero y explotado por unos pocos. No es gestión: es el desmantelamiento de lo que nos pertenece a todos.

Pensiones: el asalto definitivo de PP y Vox

 

La derecha ahora va a por las pensiones

El Gobierno debe presentar un procedimiento ordinario para blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones conforme al IPC real. No solo sería una medida de justicia social, también sería una jugada táctica maestra que destaparía el cinismo de PP y Vox. Los hechos son tozudos: en 2021 votaron en contra de vincular las pensiones al IPC. No fue un despiste ni un error técnico, fue una declaración política. La derecha practica una ambigüedad deliberadamente obscena: promete dignidad ante las cámaras mientras, con la mentira de que son insostenibles, afila tijeras en los despachos y cuando gobierna las devalúa. Si hoy el PP insinúa que apoyaría un real decreto aislado, no es por convicción, sino por terror al castigo en las urnas; lo haría a regañadientes y tratando de ocultar su programa real.
La verdad es incómoda pero clara: el modelo público les molesta, les estorba, les repugna. Su meta es la privatización sin freno, el negocio redondo para bancos y fondos que ya devoran vivienda, sanidad, educación y residencias. Asfixiar lo público para premiar a las élites fiscales es su prioridad. Su lema no escrito es simple: quien quiera derechos, que se los pague. Eluden, con soberbia insultante, que ya los pagamos con nuestro esfuerzo.
Vox, envuelto en su patriotismo de cartón piedra, siente idéntico desprecio por lo público. Aspira al modelo estadounidense, donde millones de personas se endeudan de por vida para pagar una operación, una carrera universitaria o una residencia digna. Ese es el modelo que callan mientras fingen preocuparse por los pensionistas. Blindar las pensiones no es solo proteger un derecho: es obligarles a quitarse la careta de una vez por todas.

Justicia asimétrica

 

En España la justicia está totalmente sesgada

En la justicia española conviven dos realidades que rara vez se comparan honestamente. Por un lado, si afecta a la izquierda, instrucciones relámpago orquestadas con escasa carga probatoria, pero con desmesurado e inmediato eco mediático. Por otro, si afecta a la derecha, macroprocesos que se eternizan, se fragmentan hasta la irrelevancia, con escasa cobertura mediática que prescriben o se resuelven tan tarde que son irrelevantes.
Cuando se señalan estas diferencias, surge el argumento tranquilizador de los equidistantes: «Pero, al final, la justicia llega a todos, ¿no?». No es cierto, casos como los de Aguirre, Montoro o Cospedal no son anomalías; son el triunfo de un sistema que utiliza el tiempo como escudo. Y aun si lo fuera –que no–, una justicia que tarda más de veinte años en pronunciarse –Ignacio González, PP– deja de cumplir su función básica. En el caso Gürtel, por ejemplo, pasaron más de nueve años desde el inicio de la instrucción hasta la primera gran sentencia, y aun así quedaron responsabilidades políticas fuera del banquillo. La pareja de Ayuso cuyo juicio se celebrará, como pronto, tras las elecciones de 2027, el tiempo no está siendo neutral: juega a favor de la derecha.
Ante semejante panorama, la equidistancia no es neutralidad, es toma de partido, ceguera selectiva y colaboracionismo. Equiparar investigaciones veloces y frágiles con otras lentas y exhaustivas, o asumir como normal que el calendario judicial proteja a ciertos nombres, implica aceptar el sistema tal como está. Y aceptarlo es respaldar sus injusticias.
No se trata de defender siglas, sino principios. Señalar que la toga ha sido sustituida por ideología de derecha no es radicalidad, es la única respuesta democrática posible frente a una judicatura que ha decidido jugar a la política «por la puerta de atrás».

Bajo la bota: la Gestapo de Trump

 

Un fascista (Donald J. Trump) incendia el mundo

Tras el disfraz de la legalidad migratoria, la administración de Donald Trump liberó una fuerza represiva que remite a los capítulos más siniestros del fascismo europeo del siglo XX. El ICE dejó de ser una agencia administrativa para mutar en una policía política: una Gestapo contemporánea que gobierna a través del miedo y la deshumanización.
Como en los regímenes fascistas del siglo pasado, el terror es el método. Agentes irrumpen en hogares sin órdenes judiciales, profanando el espacio íntimo para arrancar padres de los brazos de sus hijos. La vileza alcanza su cima cuando se utilizan menores como cebo: niños de cuatro años, aterrados, obligados a llamar a sus padres para tenderles una trampa. Otros lloran en las aulas porque sus compañeros los señalan como “ilegales”. No es aplicación de la ley: es crueldad institucionalizada.
Esta cacería humana no se detiene ante el dolor. La estela de la política trumpista está manchada de sangre: heridos en redadas violentas y asesinatos a sangre fría que quedan impunes tras la retórica del odio. No son “excesos”; son consecuencias previsibles de una política que deshumaniza a seres humanos y crímenes de Estado contra personas cuyo único delito es buscar un futuro mejor. Cuando se permite que el ICE actúe como una policía política por encima de los derechos humanos, se firma la sentencia de muerte de la democracia.
El fascismo no avisa: llega con uniforme, separa familias y asesina la compasión en nombre de una frontera.  El silencio nos hace cómplices.

Plantarnos ante el fascismo

 

El mundo ya cayó en la garras del fascismo. Para no volver, hay que combatirlo

El fascismo no es una simple ideología autoritaria. Se disfraza de patriotismo, de orden y de defensa de los valores tradicionales, aunque su verdadera naturaleza es el odio. No respeta los derechos humanos: odia al diferente, odia el pensamiento libre, odia todo lo que no puede controlar y quiere imponer un orden político basado en el control total, el rechazo a la pluralidad y la justificación de la violencia como un medio legítimo para lograr sus objetivos. Por tanto, es una atrocidad política y moral que parasita la libertad hasta asfixiarla. Allí donde el fascismo avanza, la verdad retrocede, la cultura se empobrece y la dignidad humana se convierte en un estorbo.
Y, por eso, la frágil democracia no puede ser ingenua ni tolerante con los intolerantes que van a por ella, que quieren destruirla desde dentro. No se defiende la libertad entregándola a sus verdugos, como ha ocurrido en Chile donde un admirador de la dictadura que dejó más de 40.000 víctimas, llega a la presidencia. Frente al fascismo no basta el diálogo ni el silencio: se necesita firmeza, memoria y coraje y, sobre todo, leyes que lo proscriban. Cada concesión, cada ambigüedad, es un paso hacia el abismo; y miren si no a EE. UU.
Protegernos del fascismo significa plantarse ante él. Y proteger la democracia significa respetar los derechos humanos. Así pues, hay que desenmascarar al fascismo que no los respeta, señalarlo sin miedo, combatirlo con razón, leyes y justicia, antes de que vuelva a convertir la mentira en ley y el terror en rutina. Quien es antifascista, defiende la democracia. No se trata de política, se trata de humanidad.

El Premio Nobel

 

Patético Donal J. Trump

La decisión de María Corina Machado de regalar su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump no es solo una bochornosa realidad, es un gesto patético que, por sí solo, evidencia hasta qué punto el galardón ha sido vaciado de sentido y convertido en un instrumento político más. Pero el escándalo no termina en quienes protagonizan el acto; alcanza de lleno a la Fundación Nobel y, especialmente, al Comité Noruego del Nobel que ha demostrado una irresponsable laxitud en la custodia de uno de los premios más prestigiosos del mundo.
Este episodio no surge de la nada. El Nobel de la Paz lleva años acumulando decisiones incomprensibles que han erosionado su autoridad moral. La concesión del premio a figuras cuya trayectoria contradice los valores de paz, diálogo y derechos humanos revela hasta qué punto el dinero de los grupos de presión, intereses geopolíticos y cálculos estratégicos han sustituido a los principios que Alfred Nobel quiso consagrar: la paz, la justicia y, aunque no los mencionó explícitamente pues falleció mucho antes de su proclamación, la defensa incuestionable de los derechos humanos.
Que ahora el galardón sea utilizado como moneda simbólica para legitimar a un personaje como Trump debería servir de escarmiento definitivo. La Fundación no puede dar el Nobel al que presione más ni seguir amparándose en tecnicismos y excusas diplomáticas. Ha fallado, y de forma grave. Si quiere recuperar algo de credibilidad y decencia, deberá hacer una profunda autocrítica y volver a los fundamentos que dieron sentido al Nobel. De lo contrario, el premio corre el riesgo de convertirse en una caricatura de sí mismo, irrelevante y desacreditada.