Depredadores de lo público

 

El PP dispuesto a cargarse el Estado de Binestar. Ahora las pensiones

Para el capital y su aliada, la derecha, los derechos no son conquistas sociales, sino nichos de mercado. Tras degradar la sanidad y la educación, la ultraderecha (PP) y la derecha extrema (Vox) apuntan al botín más codiciado: las pensiones. Su estrategia consiste en infundir terror sosteniendo que «el sistema de pensiones es un zombi; lo han quebrado» y que necesita una transición hacia un modelo mixto público-privado.
Se trata de una trampa nefasta. Privatizar las pensiones equivale a transformar un derecho constitucional en una apuesta de casino, a merced de mercados volátiles, comisiones y fondos que, si colapsan, exigen rescates públicos dejando al ciudadano sin su jubilación. Resulta revelador que la supuesta «sostenibilidad» de PP y Vox exija sacrificios al pensionista mientras blinda los beneficios fiscales de las élites y grandes corporaciones. Las pensiones no plantean un problema matemático de escasez, sino de reparto de la riqueza. Lo insostenible no es la vejez de la clase trabajadora; es la codicia de quienes pretenden mercantilizar la incertidumbre de millones de jubilados para engordar el negocio financiero de unos pocos. Las pensiones se defienden, no se venden.
Voten con cabeza.

Nostalgia del pucherazo: tradición patria

 

Cada vez que se ponen las urnas, la ultraderecha (PP) y la derecha extrema (Vox), siembran dudas

Qué enternecedor ver al PP activar su reflejo pavloviano: si hay urnas, se pulsa el botón del fraude. Una estrategia tan vieja como nula es su vocación democrática. Todas sus cabezas: Aznar, Ayuso, Tellado, Feijóo… insisten en sembrar sospechas compulsivas sobre un sistema que la OSCE y la comunidad internacional consideran uno de los más fiables, transparentes y eficaces del mundo. Pero claro, para el trumpismo, versión cañí, si el resultado no gusta, es trampa. La mentira reiterada como mérito para gobernar.
No es un desliz, es su modus operandi para tapar su mala gestión. Lo hemos vivido desde 1993 hasta ahora cada vez que se colocan las urnas. Y de nuevo reinciden intoxicando con el voto por correo, ignorando los férreos controles existentes.
No actúan como partido de Estado, sino como agentes corrosivos que erosionan la democracia. Eso sí, para pucherazo real y con aval institucional, el del Tribunal Supremo al suspender cautelarmente el derecho al voto de españoles nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, en los casos afectados por la llamada «ley de nietos». Pero sigan distrayendo con la papeleta: la sospecha sin pruebas siempre viste más.

Semillas del totalitarismo

La pasividad institucional ante el abuso de la fuerza no es neutralidad; es complicidad. Observar a militares y policías ensañarse con migrantes y ciudadanos indefensos, mientras una parte de la sociedad calla o justifica la agresión, evidencia una alarmante degradación moral. Si el ministro del Interior y la ministra de Defensa creen que callar ante la violencia institucional les otorgará inmunidad o estatus, se equivocan. Esta calaña no tiene lealtades; hoy aplasta al vulnerable, pero mañana irá a por el poder político.
Una democracia real exige un Estado de derecho inflexible. Es intolerable ver a antidisturbios golpear impunemente sin portar sus identificaciones numéricas obligatorias. Si los mandos policiales, militares y políticos amparan esta ilegalidad, prevarican y destruyen el orden constitucional desde dentro. Quien viste uniforme y viola los derechos humanos no es un agente de la ley, sino un criminal amparado por el Estado.
La tolerancia hacia el matonismo es el síntoma inequívoco de una comunidad alienada que camina ciega hacia el fascismo. Quien justifica la brutalidad, hoy, firma su sumisión para el mañana. Frente a la tiranía verde oliva o azul oscuro, el silencio es traición.

La derecha del dinero y la izquierda fragmentada

 

No vote a la derecha del dinero

El gran problema de la izquierda no es la falta de ideales, sino el camino para alcanzarlos. Cada corriente cree poseer la mejor estrategia, el método más coherente, la hoja de ruta definitiva hacia la justicia social. Esa pluralidad, que es riqueza democrática, por desgracia se convierte en división, debate identitario eterno y parálisis. Mientras tanto la derecha, que solo tiene el principio rector del dinero y como una única meta protegerlo y multiplicarlo, no se pierde en discusiones filosóficas. No hay matices éticos cuando se trata de preservar sus privilegios. Y si para lograrlo debe recortar servicios públicos, precarizar el empleo, privatizar derechos básicos y organizar golpes de Estado, lo hace. La falta de empatía no es un defecto de su programa, es el programa mismo. Gobernar para los ricos implica asumir que la desigualdad es deseable. Según datos de Oxfam Intermón, el 1% más rico de la población mundial acaparó casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde 2020. Esto no es un accidente, es el éxito de una elección política.
La derecha actúa con disciplina porque su ideología es simple y brutal: el mercado manda, y quien no puede pagar, sobra. Frente a esa frialdad calculada, la izquierda discute. Y mientras discute, los ricos siguen ganando.

Mercado o dignidad: urge intervenir la vivienda

 

La vivienda se ha convertido en un lujo solo al alcance de unos pocos privilegiados

La inacción ante la emergencia habitacional es una traición social. Mientras las familias trabajadoras se ahogan con alquileres impagables y precios de compra indecentes, los fondos buitre acaparan impunemente barrios enteros, devorando un derecho básico.
Frente a esta tragedia, las respuestas políticas son radicalmente opuestas. La izquierda ha de aplicar con valentía la Constitución: el artículo 47 proclama el derecho a disfrutar de una vivienda digna y el 128.1 establece que toda la riqueza del país queda subordinada al interés general. No son frases decorativas: son principios que permiten exigir a los poderes públicos que actúen para intervenir un mercado inmobiliario salvaje que tritura vidas.
Por el contrario, la derecha rica se arrodilla ante el dogma de la no intervención, bloqueando cualquier intento de regulación y negándose por puro interés crematístico a aplicar las leyes estatales en sus autonomías. Su complicidad con los especuladores es total. Y, para camuflar su desastrosa sumisión al gran capital y desviar el foco, bombardean a diario con el fantasma mediático de la ocupación.
El voto es nuestra arma y debe servir de forma rotunda para echar a la derecha de las instituciones y recuperar el bienestar común.

La crueldad fascista

 

El fascismo es violento porque carece de empatía

¿Por qué el fascismo es una maquinaria implacable y cruel?
La psicología social lleva décadas tratando de responder. Investigaciones sobre la llamada “personalidad autoritaria”, desarrolladas tras la Segunda Guerra Mundial, mostraron que ciertos individuos tienden a someterse ciegamente a líderes fuertes y a mostrar agresividad contra quienes consideran diferentes o desviados, es decir, obediencia ciega, pensamiento rígido, desactivación de la empatía y desprecio por la debilidad. El fanatismo extremo reduce la capacidad de respuesta ante el sufrimiento ajeno. La violencia se legitima porque el enemigo se deshumaniza. Esta ideología divide el mundo entre “nosotros”, que no es más que el no a los otros, y “ellos” y, así, la empatía deja de aplicarse a quienes quedan fuera del grupo. Investigaciones en psicología política muestran que el tribalismo y la percepción de amenaza aumentan la hostilidad hacia los extraños y facilitan la aceptación de jerarquías duras y castigos severos.
Por eso el fascismo no debe entenderse únicamente como una ideología política, sino también como una dinámica social capaz de movilizar obediencia, conformismo, identificación grupal, miedo y deshumanización.
Cuando el pensamiento crítico se debilita, la propaganda convierte al adversario en una amenaza absoluta, mientras la pertenencia al grupo exige lealtad sin fisuras y presenta la violencia contra personas indefensas, incluso ancianos y niños, como un medio necesario para alcanzar un fin político. La tragedia está precisamente ahí: no hace falta dejar de saber que el otro sufre; basta con convencer a una sociedad de que ese sufrimiento ya no importa moralmente.
Esa es la verdadera maquinaria del autoritarismo.

Ceuta no está al margen de la ley

 

Cada día que pasa Feijóo demuestra lo que es: un demagogo xenófobo inepto oportunista

Hace 3 días, Feijóo en su deriva racista sostuvo que «esto no es inmigración», que esas personas «no vienen a buscar trabajo» y que «vienen a enfrentarse contra el orden público constitucional y contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Y reclamó «la expulsión inmediata y el retorno de todos», incluidos los menores.
Pero conviene recordarle lo que decía Juan Vivas, presidente de Ceuta, el 29 de julio, el día anterior a la entrada masiva: «Con la legislación en la mano sencillamente no se puede hacer». Advirtió de que quien devolviera a esas personas estaría incumpliendo la ley y cometiendo un delito. Y explicó que, si un adulto solicita asilo, no puede ser retornado y que los menores están sometidos a garantías nacionales, europeas e internacionales.
Por eso, solidaridad con Ceuta no es envolverse en la bandera ni convertir a miles de personas en un bloque sin derechos. Es proteger la frontera, garantizar la seguridad y repartir responsablemente la acogida entre todos.
Quien aspira a la presidencia del Gobierno no debe gritar más fuerte que la ley, sino someterse a su imperio, especialmente cuando es difícil. Romper las reglas del juego no es ejercer autoridad; es caer en una irresponsabilidad temeraria que degrada nuestra propia democracia.