Dianas del fascismo: el asedio a la palabra

 

Con el avance del fascismo, contar verdades o ser disidente se está poniendo peligroso

En la España del siglo XXI, el acoso a periodistas, humoristas y medios no es algo del pasado: es una estrategia de intimidación. Profesionales como Héctor de Miguel, Cristina Fallarás, Elena Reinés, Antonio Maestre, Sarah Pérez Santaolalla o Jesús Cintora son señalados, deshumanizados y hostigados por hacer su trabajo: informar, opinar y fomentar el pensamiento crítico.
El fascismo —no como exabrupto, sino como práctica— no tolera la crítica. Se alimenta del miedo, el odio, la mentira y la deshumanización del adversario. Por eso ataca a quienes desmontan sus discursos y evidencian su enorme miseria moral.
Sin embargo, el peligro real no reside solo en el que señala, sino en la mano que blanquea. La neutralidad ante la intolerancia no es objetividad, es complicidad. No cabe la equidistancia cuando lo que se debate no es una idea política, sino la vigencia de los derechos humanos. Financiar, amplificar o normalizar estos discursos bajo el paraguas de la “libertad de expresión” es, en la práctica, cavar la fosa de esa misma libertad.
Las formaciones que socavan los cimientos democráticos no pueden ser tratadas como meros actores del juego parlamentario si su objetivo es romper las reglas de juego. Una democracia madura no es la que se deja tutelar por el miedo, sino la que se defiende con la ley en la mano y la ética como escudo.
Frente al autoritarismo, el silencio no es prudencia, es capitulación. Cada espacio cedido es un derecho perdido. Defender hoy a quienes están en la diana es, sencillamente, defendernos a todos.

Frente democrático

 

Todos a una contra el fascismo

La unidad de izquierdas no debe ser ni consigna romántica ni gesto simbólico, sino una respuesta estratégica ante un panorama político en el que la derecha extrema, blanqueada y asumida por el PP, avanza hacia postulados cada vez más autoritarios.
La división progresista resta escaños, desactiva la esperanza, confunde al electorado y deja el campo libre para que los discursos racistas, antifeministas y autoritarios se vendan bajo un falso barniz de “rebeldía” o “sentido común”, cuando no lo son. Frente a quienes pretenden demoler el Estado social, la izquierda no puede permitirse la introspección narcisista.
Construir una alianza amplia no implica diluir identidades ni renunciar a matices. Implica generosidad política e inteligencia estratégica. Se trata de entender que el bloque reaccionario se nutre de la atomización de sus adversarios. Por el contrario, una cooperación valiente multiplica el entusiasmo, devuelve la esperanza y blinda conquistas colectivas que tanto costó alcanzar.
Una candidatura unitaria tendría la fuerza de movilizar a quienes se sienten desencantados o resignados, ofreciendo un proyecto claro al avance reaccionario. El objetivo es nítido: ganar para impedir que el autoritarismo, disfrazado de gestión institucional, desmantele la convivencia. La historia es implacable en sus lecciones: solo la unidad consciente ha sido capaz de frenar las derivas que amenazan la libertad.
Es hora de que la política de los cuidados empiece a cuidar la herramienta que permite transformar la realidad: la unión.

Calles de Minneapolis

Donald J. Trump, un auténtico fascista

 «Al volver de la escuela, los niños ya no encuentran a sus padres».
«No respetan a nadie: ancianos, niños, bebés, mujeres embarazadas, enfermos».
«A las familias las separan sin clemencia».
Lo que se observa hoy en barrios y calles de Minneapolis –y en muchas ciudades de EE. UU.–, confirman estas palabras: detenciones arbitrarias, miedo, silencio, angustia. Una violencia ejercida sin miradas, sin explicaciones. Todo está diseñado para destruir vínculos y sembrar el terror.
El despótico Donald Trump ha normalizado y alentado esta lógica deshumanizadora en la que los agentes del ICE siguen el patrón fascista: la elección de un orden jerárquico que ignora el sufrimiento humano y asfixia la compasión. Su identidad depende de la gloria del grupo y de la obediencia ciega. Quien no es aliado es una amenaza. La diversidad les genera ansiedad, el disenso les parece inmoral. Repiten consignas como “nos invaden” o “destruyen nuestra cultura”. Y, de este modo, la violencia se consagra como necesaria y justa, mientras el otro se desdibuja hasta perder su condición de persona para quedar reducido a un peligro.
Solo debo aclarar que el testimonio que da pie a este escrito no se gestó en Minneapolis en 2026; su verdadero eco retumbó en una espectral Ámsterdam sometida al terror nazi en 1943. Fue plasmado en su diario por una lúcida y vitalista niña de 14 años llamada Ana Frank.
Ahora el diario no es de papel, es el asfalto de Minnesota; la tinta ya no es negra, es el terror que recorre el Misisipi. Cambian los nombres y los uniformes, pero el horror es el mismo: el fascismo permanece intacto.

Sanidad pública: saqueo programado

 

La derecha hace negocio de lo público

Bajo los mantras de “colaboración” y “libertad”, la realidad es inflexible: los hospitales públicos pierden recursos mientras los centros de gestión privada los ganan por diseño. No es eficiencia, es un trasvase deliberado. Datos de la Cámara de Cuentas y la ADSP confirman que el coste por tratamiento en el modelo de “colaboración” es mayor, y que el lucro se asegura mediante el “descremado de pacientes”: la privada elige los procesos rentables y deriva la alta complejidad y el paciente costoso a la pública asfixiada.
En 2025, Quirón y Ribera Salud succionaron 250.000 pacientes de la red pública madrileña; solo la Fundación Jiménez Díaz captó a 97.000. Llamar “libertad” a que el sistema te empuje a la privada porque de lo contrario tienes esperas infinitas, es un insulto. Se vacía lo común para alimentar empresas cuyo fin no es cuidar, sino facturar. Es el negocio perfecto: el Estado asume el costo y la empresa privada el beneficio neto.
El resultado es un desguace premeditado. Listas de espera eternas, plantillas exhaustas y mal pagadas son las herramientas para instalar el relato de que “lo público no funciona” y justificar su entrega al mercado cuando la comunidad de Madrid es la que menos invierte per cápita, a pesar de ser la región con mayor PIB. Han convertido un derecho en un mercado cautivo, financiado con tu dinero y explotado por unos pocos. No es gestión: es el desmantelamiento de lo que nos pertenece a todos.

Pensiones: el asalto definitivo de PP y Vox

 

La derecha ahora va a por las pensiones

El Gobierno debe presentar un procedimiento ordinario para blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones conforme al IPC real. No solo sería una medida de justicia social, también sería una jugada táctica maestra que destaparía el cinismo de PP y Vox. Los hechos son tozudos: en 2021 votaron en contra de vincular las pensiones al IPC. No fue un despiste ni un error técnico, fue una declaración política. La derecha practica una ambigüedad deliberadamente obscena: promete dignidad ante las cámaras mientras, con la mentira de que son insostenibles, afila tijeras en los despachos y cuando gobierna las devalúa. Si hoy el PP insinúa que apoyaría un real decreto aislado, no es por convicción, sino por terror al castigo en las urnas; lo haría a regañadientes y tratando de ocultar su programa real.
La verdad es incómoda pero clara: el modelo público les molesta, les estorba, les repugna. Su meta es la privatización sin freno, el negocio redondo para bancos y fondos que ya devoran vivienda, sanidad, educación y residencias. Asfixiar lo público para premiar a las élites fiscales es su prioridad. Su lema no escrito es simple: quien quiera derechos, que se los pague. Eluden, con soberbia insultante, que ya los pagamos con nuestro esfuerzo.
Vox, envuelto en su patriotismo de cartón piedra, siente idéntico desprecio por lo público. Aspira al modelo estadounidense, donde millones de personas se endeudan de por vida para pagar una operación, una carrera universitaria o una residencia digna. Ese es el modelo que callan mientras fingen preocuparse por los pensionistas. Blindar las pensiones no es solo proteger un derecho: es obligarles a quitarse la careta de una vez por todas.

Justicia asimétrica

 

En España la justicia está totalmente sesgada

En la justicia española conviven dos realidades que rara vez se comparan honestamente. Por un lado, si afecta a la izquierda, instrucciones relámpago orquestadas con escasa carga probatoria, pero con desmesurado e inmediato eco mediático. Por otro, si afecta a la derecha, macroprocesos que se eternizan, se fragmentan hasta la irrelevancia, con escasa cobertura mediática que prescriben o se resuelven tan tarde que son irrelevantes.
Cuando se señalan estas diferencias, surge el argumento tranquilizador de los equidistantes: «Pero, al final, la justicia llega a todos, ¿no?». No es cierto, casos como los de Aguirre, Montoro o Cospedal no son anomalías; son el triunfo de un sistema que utiliza el tiempo como escudo. Y aun si lo fuera –que no–, una justicia que tarda más de veinte años en pronunciarse –Ignacio González, PP– deja de cumplir su función básica. En el caso Gürtel, por ejemplo, pasaron más de nueve años desde el inicio de la instrucción hasta la primera gran sentencia, y aun así quedaron responsabilidades políticas fuera del banquillo. La pareja de Ayuso cuyo juicio se celebrará, como pronto, tras las elecciones de 2027, el tiempo no está siendo neutral: juega a favor de la derecha.
Ante semejante panorama, la equidistancia no es neutralidad, es toma de partido, ceguera selectiva y colaboracionismo. Equiparar investigaciones veloces y frágiles con otras lentas y exhaustivas, o asumir como normal que el calendario judicial proteja a ciertos nombres, implica aceptar el sistema tal como está. Y aceptarlo es respaldar sus injusticias.
No se trata de defender siglas, sino principios. Señalar que la toga ha sido sustituida por ideología de derecha no es radicalidad, es la única respuesta democrática posible frente a una judicatura que ha decidido jugar a la política «por la puerta de atrás».

Bajo la bota: la Gestapo de Trump

 

Un fascista (Donald J. Trump) incendia el mundo

Tras el disfraz de la legalidad migratoria, la administración de Donald Trump liberó una fuerza represiva que remite a los capítulos más siniestros del fascismo europeo del siglo XX. El ICE dejó de ser una agencia administrativa para mutar en una policía política: una Gestapo contemporánea que gobierna a través del miedo y la deshumanización.
Como en los regímenes fascistas del siglo pasado, el terror es el método. Agentes irrumpen en hogares sin órdenes judiciales, profanando el espacio íntimo para arrancar padres de los brazos de sus hijos. La vileza alcanza su cima cuando se utilizan menores como cebo: niños de cuatro años, aterrados, obligados a llamar a sus padres para tenderles una trampa. Otros lloran en las aulas porque sus compañeros los señalan como “ilegales”. No es aplicación de la ley: es crueldad institucionalizada.
Esta cacería humana no se detiene ante el dolor. La estela de la política trumpista está manchada de sangre: heridos en redadas violentas y asesinatos a sangre fría que quedan impunes tras la retórica del odio. No son “excesos”; son consecuencias previsibles de una política que deshumaniza a seres humanos y crímenes de Estado contra personas cuyo único delito es buscar un futuro mejor. Cuando se permite que el ICE actúe como una policía política por encima de los derechos humanos, se firma la sentencia de muerte de la democracia.
El fascismo no avisa: llega con uniforme, separa familias y asesina la compasión en nombre de una frontera.  El silencio nos hace cómplices.