Pensiones: el asalto definitivo de PP y Vox

 

La derecha ahora va a por las pensiones

El Gobierno debe presentar un procedimiento ordinario para blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones conforme al IPC real. No solo sería una medida de justicia social, también sería una jugada táctica maestra que destaparía el cinismo de PP y Vox. Los hechos son tozudos: en 2021 votaron en contra de vincular las pensiones al IPC. No fue un despiste ni un error técnico, fue una declaración política. La derecha practica una ambigüedad deliberadamente obscena: promete dignidad ante las cámaras mientras, con la excusa de que son insostenibles, afila tijeras en los despachos y cuando gobierna las devalúa. Si hoy el PP insinúa que apoyaría un real decreto aislado, no es por convicción, sino por terror al castigo en las urnas; lo haría a regañadientes y tratando de ocultar su programa real.
La verdad es incómoda pero clara: el modelo público les molesta, les estorba, les repugna. Su meta es la privatización sin freno, el negocio redondo para bancos y fondos que ya devoran vivienda, sanidad, educación y residencias. Asfixiar lo público para premiar a las élites fiscales es su prioridad. Su lema no escrito es simple: quien quiera derechos, que se los pague. Eluden, con soberbia insultante, que ya los pagamos con nuestro esfuerzo.
Vox, envuelto en su patriotismo de cartón piedra, siente idéntico desprecio por lo público. Aspira al modelo estadounidense, donde millones de personas se endeudan de por vida para pagar una operación, una carrera universitaria o una residencia digna. Ese es el modelo que callan mientras fingen preocuparse por los pensionistas. Blindar las pensiones no es solo proteger un derecho: es obligarles a quitarse la careta de una vez por todas.

El Premio Nobel

 

Patético Donal J. Trump

La decisión de María Corina Machado de regalar su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump no es solo una bochornosa realidad, es un gesto patético que, por sí solo, evidencia hasta qué punto el galardón ha sido vaciado de sentido y convertido en un instrumento político más. Pero el escándalo no termina en quienes protagonizan el acto; alcanza de lleno a la Fundación Nobel y, especialmente, al Comité Noruego del Nobel que ha demostrado una irresponsable laxitud en la custodia de uno de los premios más prestigiosos del mundo.
Este episodio no surge de la nada. El Nobel de la Paz lleva años acumulando decisiones incomprensibles que han erosionado su autoridad moral. La concesión del premio a figuras cuya trayectoria contradice los valores de paz, diálogo y derechos humanos revela hasta qué punto el dinero de los grupos de presión, intereses geopolíticos y cálculos estratégicos han sustituido a los principios que Alfred Nobel quiso consagrar: la paz, la justicia y, aunque no los mencionó explícitamente pues falleció mucho antes de su proclamación, la defensa incuestionable de los derechos humanos.
Que ahora el galardón sea utilizado como moneda simbólica para legitimar a un personaje como Trump debería servir de escarmiento definitivo. La Fundación no puede dar el Nobel al que presione más ni seguir amparándose en tecnicismos y excusas diplomáticas. Ha fallado, y de forma grave. Si quiere recuperar algo de credibilidad y decencia, deberá hacer una profunda autocrítica y volver a los fundamentos que dieron sentido al Nobel. De lo contrario, el premio corre el riesgo de convertirse en una caricatura de sí mismo, irrelevante y desacreditada.

Año 2027

 

El ególatra y psicópata Donal J. Trump se pasa el derecho internacional por el forro

Groenlandia llevaba meses siendo el estado 51 de la Unión. Europa reaccionó como dicta su manual de crisis: comunicados “contundentes”, cejas fruncidas y una sanción económica tan devastadora que Trump la colgó en Mar-a-Lago entre el Nobel de la Paz que le regaló María Corina Machado y el título honorífico de “Visionario Global” que él mismo se concedió.
La derecha patria, siempre dispuesta a confundir sumisión con realismo político, volvió a explicar en tertulias que Donald J. Trump no era un vendedor de gorras con botón nuclear, sino un genio estratégico al que había que saber entender. Se pusieron corbatas rojas largas, no por estética, sino para taparse la vergüenza hasta el esternón.
Trump, que nunca se distrae con lo irrelevante, ya tenía en mente otro objetivo. Le pusieron un mapa delante y le señalaron dónde cae Andalucía. Tardó unos segundos en pronunciarlo, pero no en decidirlo. Sacó un grueso rotulador dorado y la rodeó como quien marca una pieza en una subasta.
—Controlar el Estrecho.
La derecha patria, experta en detectar traiciones solo cuando gobiernan otros, no habló de invasión. Habló de salvación, “¡viene a salvarnos del pérfido Sánchez”!. De orden. De inversión extranjera, ¡fuera Ley de Costas!. Descubrió, de pronto, que la soberanía es negociable cuando el invasor promete bajar impuestos.
—El Estrecho es muy estrecho —explicó un diputado con la piel naranja de tanto autobronceador identitario—. Trump lo hará “great again”. Más ancho. Más rentable.
Aplaudieron. Algunos incluso agitaron banderitas, convencidos de que perder territorio es un precio asumible por no perder el relato.
Moraleja: cuando ves a los patriotas aplaudir mientras algunos se reparten el mundo, no es que el derecho internacional esté en peligro. Es que ya lo han vendido.

¿Puede existir mayor miseria moral?

 

El PP dispuesto a desguazar lo público para que sus amigos hagan negocio

Si se analiza la actuación del PP, de Isabel Díaz Ayuso y de la Comunidad de Madrid con las residencias de mayores, la pregunta es retórica. Mientras miles de personas mayores malviven en centros con carencias crónicas de personal, atención sanitaria y mantenimiento degradados, el Gobierno madrileño dejó sin ejecutar 61,5 millones de euros destinados a mejorar su cuidado. No fue un error técnico ni una anécdota presupuestaria: fue una decisión política.
Ese dinero público, que debía servir para dignificar los últimos años de vida de quienes sostuvieron este país, acabó engordando al grupo privado Quirón Salud. Un transvase indecente de recursos de lo común a lo privado, de los vulnerables a los privilegiados. El modelo del PP es este: adelgazar lo público –sanidad, educación, residencias… pensiones aún no porque no pueden– hasta asfixiarlo y después justificar el negocio privado como salvación inevitable. El resultado es devastador, inmoral y aumenta la desigualdad.
Resulta especialmente sospechoso que, en este contexto, empresas muy beneficiadas por la política sanitaria madrileña coloquen a la pareja de la presidenta en un cargo extraordinariamente bien remunerado. El conflicto ético es evidente, aunque se intente maquillar con coartadas legales.
Lo ocurrido en Madrid no es mala gestión, es desprecio social. Es decidir que nuestros mayores estorban –«se iban a morir igual»– y que su cuidado no da votos ni dividendos. Es gobernar contra la dignidad humana. ¡A seguir votándoles!

Un psicópata se autoproclama “rey del mundo”

 

Con el pirado de Donald Trump la mecha se ha prendido

Donald Trump no es una excentricidad política ni un simple error democrático, es una amenaza sistémica. La psicología política lo ha descrito como narcisista maligno, manipulador sin escrúpulos y carente de empatía, pero incluso ese diagnóstico resulta insuficiente frente al daño real que encarna. Su irrupción ha degenerado la democracia estadounidense hasta convertirla en una caricatura autoritaria, gobernada por el berrinche, la mentira y la pulsión de dominio.
Resulta obsceno que el futuro del planeta, el equilibrio económico global y el mayor arsenal nuclear del mundo queden a merced de un individuo emocionalmente inestable, obsesionado consigo mismo y ajeno a cualquier noción de bien común. Bajo su liderazgo, EEUU ha normalizado el odio, la xenofobia y un autoritarismo grotesco que, lejos de ser ridículo, es profundamente destructivo.
Trump no es solo amoral, es un peligro existencial. Ha inoculado el virus del fascismo en las instituciones, ha convertido la ignorancia en bandera, la tranquilidad en miedo y el insulto en método de gobierno. Su ley, la del más fuerte, tiene una hoja de ruta clara: dominar el continente americano expulsando a Rusia y China para enriquecerse y finiquitar la UE. Y, como no estamos ante un bufón inofensivo sino ante un pirómano con acceso al botón nuclear, Europa debería erigir su propia industria de defensa.
El “reinado” de este psicópata no es una anomalía pasajera, sino el síntoma de una civilización que, al encumbrar a un ser tan vil, ha comenzado a devorarse a sí misma sin remedio.

¿Qué otra cosa podíamos esperar?

 

Con tarados como Donald Trump el mundo vuelve a los tiempos de Atila

Tras la voladura del orden internacional y del derecho soberano de las naciones, ahora se invade Venezuela, con asesinato de civiles y militares y el secuestro del presidente y su esposa incluidos. Pero los descolocados patriotas de PP y Vox, ¡cómo no!, sostienen que el Gobierno de España está en el «lado incorrecto» por condenar la violación del derecho internacional, al tiempo que alaban el uso de la fuerza por parte de Donald Trump. Este doble rasero es perverso y peligroso.
Venezuela celebró unas elecciones controvertidas, con probable fraude al no presentar las actas, lo que no justifica en ningún caso la invasión. La crítica constructiva, las exigencias políticas claras y la denuncia de los abusos internos son pasos imprescindibles, pero recurrir a la invasión de un Estado soberano representa un salto cualitativo hacia el caos global –China y Rusia están eufóricas–, un paso que no puede ser justificado en ninguna circunstancia. Lo que se presenta como defensa de la democracia, es en realidad un saqueo programado de recursos y soberanía.
La historia enseña que cuando el orden internacional se debilita y las naciones se ven abandonadas a la ley de la jungla, surgen conflictos destructivos, con terribles consecuencias para todos. ¿Qué país será el siguiente? La Segunda Guerra Mundial o las intervenciones militares más recientes nos recuerdan la importancia de la diplomacia y del respeto al derecho internacional. Sin un orden mundial fundamentado en principios de justicia, solidaridad y paz, el mundo está condenado a vivir bajo el constante riesgo de otro conflicto global. El hecho de que la derecha apoye abiertamente estas prácticas desleales y agresivas es una prueba de su falta de compromiso con la paz y el bienestar global. Es una postura cobarde, mezquina y peligrosa, porque ser demócrata también implica el respeto al derecho internacional.
¡Qué le vamos a hacer! No dan para más.

Público-privada: ¡Exijo sinceridad!

 

PP-Vox: desguace de lo público

¿Es lícito privatizar servicios públicos? Aunque en términos éticos sea una práctica corrupta por los cuatro costados, parece que sí. Y es corrupta porque convertir bienes y servicios construidos con el esfuerzo y dinero de todos en negocio lucrativo de unos pocos es una forma torticera —y cobarde— de expoliar las arcas públicas. No quieren eficiencia, buscan el lucro de accionistas.
Lo más indignante es la deshonestidad de la derecha, que intenta acaramelar la privatización con eufemismos como “colaboración público-privada” o “libertad de elección”, cuando en realidad no es más que el chorreo de dinero público a empresas que solo buscan lucrarse, no bien común. Y lo hacen en servicios esenciales como sanidad, educación o residencias de mayores, donde la lógica del mercado jamás debería marcar el rumbo.
Si tan convencidos están de que su modelo es el mejor, que lo digan sin rodeos, como hago yo reprobándolo. Que los “muy patriotas” de PP y Vox manifiesten, de frente y sin maquillaje, que prefieren un país donde quien más tiene recibe más y quien menos tiene se queda a dos velas. Así, a la hora de votar, nadie podrá alegar engaño. Y, aunque al menos sería un acto de honestidad democrática, su hipocresía no lo posibilitará.

Barra libre a la EPOC

 

Lo que ha aprobado la derecha negacionista europea es un crimen

La UE pretende que sigan circulando motores de gasolina y diésel más allá de 2035. La claudicación ante el lobby automovilístico, petrolero y al PP –seguid votándoles– Europeo es una traición sangrante a la salud de su ciudadanía.
Esta claudicación política no es un detalle técnico: es una sentencia contra la salud pública. La contaminación del aire por partículas finas y dióxido de nitrógeno, producida principalmente por los coches de combustión, causa más de 250.000 muertes prematuras al año en la UE, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, y sigue siendo el principal riesgo medioambiental para la salud humana. 
Estas partículas penetran en los pulmones y pasan al torrente sanguíneo, aumentando drásticamente el riesgo de EPOC, cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares, ictus, demencia y complicaciones en el embarazo. Ya, el 95% de la población que vive en ciudades europeas respira aire con niveles de contaminación muy por encima de lo recomendado por la OMS. No inspiramos aire, respiramos muerte. La UE no solo está vendiendo nuestro bienestar a los negacionistas, sino que está hipotecando la salud pública y el futuro de nuestros pequeños, porque a todo ello hay que añadir la emergencia climática. Esta política renuncia a proteger vidas, favorece la enfermedad crónica mientras fortalece las industrias obsoletas de ricos que deberían haber sido relegadas a los libros de historia.

Corrupción

 

En España, la corrupción es una lacra crónica heredada del franquismo

Hace 3 meses, PP, Vox y Junts unieron fuerzas para tumbar la propuesta del Gobierno que buscaba crear una oficina independiente anticorrupción, dotada de autonomía real, medios suficientes y capacidad para investigar sin injerencias cualquier caso de corrupción que afectara a instituciones públicas, partidos, sindicatos o empresas que reciban dinero público. En un país donde la corrupción es una enfermedad crónica, donde demasiados hacen fortuna al abrigo del contrato público y de favores opacos, cuesta entender —o quizá no— por qué precisamente estos partidos de derechas decidieron bloquear un arma imprescindible para proteger el interés general.
La ley también contemplaba un sistema de alertas tempranas para detectar irregularidades y malas prácticas administrativas, así como la posibilidad de que los funcionarios de la oficina se personaran en cualquier dependencia pública para revisar expedientes, registros, bases de datos o contabilidad in situ, sin pedir permiso a quienes podrían estar implicados.
¿Qué temen exactamente estos partidos que vociferan “¡Corrupción!” mientras boicotean cualquier mecanismo serio de control? ¿Por qué se oponen a una vigilancia que solo debería incomodar a quienes tienen algo que ocultar?
Este rechazo es la prueba tangible de que la derecha, a menudo corrupta en sus prácticas y cómplice por omisión en sus políticas, prefiere la opacidad a rendir cuentas. Su postura boicoteadora es irresponsabilidad política, la vergonzosa defensa corporativista de la impunidad y del statu quo corrupto que les ha beneficiado históricamente.

Cumbre de Brasil 2025: epitafio del planeta

 

Lamento decirlo pero, una Cumbre del Clima más que no servirá para nada

A finales del pasado octubre supimos que, en 2024, nuestro hogar experimentó el mayor aumento de CO₂ en la atmósfera, lo que anticipa más calor extremo con consecuencias nefastas para la vida tal como la conocemos.
En este contexto, se inicia otra cumbre más y, de nuevo, el teatro del compromiso. Mientras los océanos se cuecen, los glaciares se derriten, el aire se vuelve irrespirable y las muertes por contaminantes se disparan, los líderes del mundo volverán a posar entre sonrisas, discursos vacíos y promesas que no comprometen a nada. Brasil 2025 será recordada como el festival de la hipocresía global: acuerdos mezquinos, nimios, diseñados para que todo siga igual. Los mismos países que predican sostenibilidad seguirán subvencionando carbón, petróleo y gas, firmando suculentos contratos mientras fingirán escuchar a la ciencia.
El planeta, exhausto, no puede esperar más, pero ellos sí: esperan el próximo mandato, el próximo dividendo, la próxima foto. Cuando el Amazonas arda y el Atlántico se convierta en un hervidero, maldeciremos sus nombres, los de quienes cambiaron la acción por retórica. Con su inacción criminal, condenan a millones de seres vivos a la extinción y a las generaciones futuras al colapso.
Definitivamente, con esta mezquindad política, la Tierra se va al carajo. ¡Viva la libertad!

Empobrecer lo público, enriquecer lo privado

 

La derecha quiere destrozar todo lo público

La penúltima ocurrencia de Feijóo es un IVA del 0% para autónomos que facturen menos de 85.000 €. Suena bien, pero huele a lo de siempre: menos ingresos públicos, más excusas para seguir destrozando el Estado del bienestar. El PP no busca aliviar al autónomo, sino justificar nuevos recortes. Su modelo es claro: hundir lo público para que florezca lo privado y sus defendidos hagan caja.
Está bien bajar los impuestos a las clases menos favorecidas, pero siempre que, como contrapartida, se les suba a los ricos y grandes empresas que, proporcionalmente pagan menos que ellas. Debemos entender de una vez que, detraer dinero público para dárselo a empresas privadas que persiguen un beneficio que repartir a sus directivos y accionistas–miles de millones en muchos casos–, solo hace que el dinero de nuestras pensiones, educación, sanidad e infraestructuras, vaya al bolsillo de unos pocos.
Feijóo nos quiere con seguros médicos, pensiones, colegios y universidades privadas. Pero ¿y si el sistema colapsa, como en 2008? ¿Quién rescata entonces al ciudadano de a pie? ¿El Estado al que han mermado su capacidad recaudatoria? ¿Tendrán que mendigar los pensionistas en las puertas de las iglesias? No nos dejemos engañar: su plan para España es un traspaso masivo de dinero público al bolsillo de empresas privadas y fondos buitres. Y eso sí que es un abuso que incrementa la brecha social.

Cree el ladrón que…

Miguel Ángel Rodríguez, un sinvergüenza y vividor en la corte de Ayuso

 Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, mano derecha de Ayuso, ha tenido que reconocer ante un juez que mintió deliberadamente al acusar al fiscal general del Estado de recibir «órdenes de arriba» para atacar a su jefa retirando el pacto alcanzado entre el novio de Ayuso e inspección de Hacienda. Esta defensa es grotesca; y, sin rubor, la argumentó así: «llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el ministerio fiscal, que está jerarquizado y colegiado».
Será, claro, por el profundo conocimiento que tiene de los ámbitos políticos que ha frecuentado toda su vida: esos en los que el cinismo y el trapicheo mafioso son norma, y donde la mentira no solo es tolerada, sino elevada a virtud estratégica. Desde el 11-M hasta la DANA, pasando por el cribado de mamografías, la derecha que representa ha hecho de la manipulación una herramienta política esencial para mantener o lograr el poder. Lo de Rodríguez no es intuición, es mentir. Y su declaración ante el juez no es más que la confesión sin pudor de una forma de hacer política basada en la impunidad, el abuso de poder y el más profundo desprecio a los ciudadanos.
Aunque, bien mirado, quizá no tenga tanta culpa. Tal vez simplemente ignora que existen otros mundos —lejanos del suyo— donde rigen la ética, el rigor y la responsabilidad pública.
Porque, como bien dice el refrán: cree el ladrón que todos son de su condición.

Garamendi alimenta los bulos

 

Los bulos del señor Garamendi son un peligro para la paz social

En una entrevista en el programa “Espejo Público” de Antena 3, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, frente a las críticas de Yolanda Díaz sobre su sueldo y jornada por censurar la reducción de jornada, no encontró mejor defensa que propagar temerarias falsedades en un bulo grosero y sin base alguna cruzando una línea inaceptable: «Los altos cargos, vicepresidentes del Gobierno, van a tener un coche hasta que se mueran, con un chófer.» Hizo una pequeña pausa y, con retorcida perversidad, lanzó una pregunta retórica: «¿Eso quién lo paga? Todos. Eso lo pagamos todos y no pasa nada». Ni la periodista al frente del programa, ni nadie del mencionado medio conservador corrigió esa mentira flagrante, lo que agrava aún más el daño.
Es intolerable que alguien con su responsabilidad social difunda bulos que sólo buscan crispar, alimentar el cinismo y debilitar la confianza ciudadana en las instituciones. No solo mintió, sino que lo hizo con plena conciencia de que sus palabras circularían veloz y sin filtro entre quienes buscan justificar su rechazo visceral al Gobierno. Garamendi sabe que solo tendrán chófer y coche hasta que cesen en el cargo. No está defendiendo al empresariado: está utilizando su relevante puesto como altavoz de propaganda para enfrentar a los españoles. Y eso lo deslegitima moralmente como interlocutor público.

Con la derecha sus impuestos van a los ricos

 

El objetivo de la derecha, la ultra (PP) y la extrema (Vox): hacer a los ricos más ricos y agrandar la brecha social

En seis años, el Gobierno central ha transferido 130.000 millones de euros a la Comunidad de Madrid. 43.000 millones más que en los 7 años de Rajoy. Sin embargo, el gobierno regional del PP ha destinado a servicios públicos solo 58.000 millones, mientras que los otros 72.000 millones fueron a parar a manos de empresas privadas y a bajar impuestos a los más ricos. Es la política destructiva que perpetúa la desigualdad y el desmantelamiento de lo público de la derecha.
Madrid, gracias a su capitalidad es la comunidad más rica de España, pero ostenta el vergonzoso título de ser la que menos invierte en sanidad y educación públicas por habitante y año. No es imprevisión, es el desmantelamiento meticuloso de lo público para hacerlo inoperante y arrojar a los ciudadanos a un sistema privado con chantaje implícito: “o pagas, o esto es lo que hay”. La capital tiene el mayor porcentaje de población con seguro médico privado: un 38 %, 14 puntos por encima de la media nacional y en educación se abren tres veces más aulas concertadas que públicas, porque la pública está infrafinanciada, con ratios insoportables que dañan la calidad educativa. Por eso, el negocio de las universidades y colegios privados florecen como en el edén.
Resulta muy preocupante que esta política, que favorece el negocio privado y perpetúa la desigualdad, reciba el apoyo electoral precisamente de quienes más sufren sus consecuencias. La próxima vez que pague impuestos en Madrid o en cualquier otra comunidad gobernada por la derecha, recuerde: una gran parte de su dinero acabará en las cuentas de los ricos.

Ni un paso atrás: agotar la legislatura para frenar la involución

 

El PP ya no disimula

Agotar la legislatura no es solo una necesidad política, es una obligación moral. La alternativa reaccionaria representa un retroceso devastador para la democracia, los derechos sociales y la dignidad de millones de personas. Además, la derecha ha demostrado una preocupante falta de capacidad para gestionar situaciones complejas. Siempre fue incompetente.
El mal llamado “milagro económico” de Aznar fue un espejismo: entrada en el euro, ciclo económico internacional favorable, privatización salvaje del patrimonio nacional y el estallido de una burbuja inmobiliaria alimentada por una ley del suelo irresponsable. A eso se sumaron fondos europeos y bajos precios de materias primas. Un escenario excepcional que no tiene nada que ver con una gestión ejemplar, sino más bien con un saqueo del patrimonio.
Además, cuando les ha tocado gestionar crisis, su respuesta ha sido deficiente: desde la manipulación del 11-M, la catástrofe del Prestige, el escándalo del Yak-42, hasta los recortes de Rajoy y la pérdida de derechos laborales. A esto se suman tragedias como el Madrid Arena, la gestión de las residencias en la pandemia, la DANA valenciana o los recientes incendios. En todos estos casos, la derecha mostró su verdadera cara: desprecio a las víctimas, mentiras sistemáticas, cero rendir cuentas y una arrogancia criminal que jamás asumió responsabilidades. A día de hoy, seguimos esperando una sola disculpa. Jamás llegará, porque mejorar la vida de la gente nunca ha sido su objetivo. Su rechazo al sector público es notorio; su propósito es desgastar a la izquierda con el fin de alcanzar el poder, y una vez lo logran, buscan controlar las instituciones para perpetuar y ampliar las desigualdades sociales. Su enfoque es crear leyes que beneficien a los más poderosos.
No es ficción. Es su historial. Y es una amenaza real. Volverían los recortes, el bloqueo institucional, la precariedad y la propaganda. Volverían los insultos a los sindicatos, el negacionismo climático, la criminalización de la protesta y el retroceso de derechos de mujeres, migrantes y trabajadores.
Por eso, agotar la legislatura es una necesidad estratégica y una declaración de principios. Presentar unos presupuestos valientes, centrados en la justicia social, obligará a retratarse a quienes votan en contra de proteger a la mayoría. Será una herramienta para consolidar un proyecto de país que ha demostrado capacidad de gestión, voluntad de diálogo y compromiso con el futuro.
La derecha ha gobernado, y el resultado fue desolador. No lo olvidamos. Hoy, más que nunca, necesitamos resistencia, pero también ambición. No basta con frenar. Hay que avanzar.
Ni un paso atrás.

Hacienda patriótica

 

PP y Vox siempre besan el culo a los ricos

PP y Vox, cada vez que tocan el poder, amparan a los poderosos: legislan para una minoría privilegiada mientras castigan al resto. Mientras Rajoy en el Consejo de Ministros recortaba el estado de bienestar, la Hacienda dirigida por Cristóbal Montoro, presuntamente se convertía en un lobby para beneficiar a grandes corporaciones. Este caso de corrupción premium, gravísimo y sin parangón, sería otro capítulo del extenso libro de tropelías del PP: hacer leyes a medida desde el Gobierno para desviar miles de millones del bolsillo de los contribuyentes hacia grandes corporaciones. Ese dinero, que debería haberse destinado a sanidad, educación o dependencia, acabó en manos de oligarcas que jamás pagan las consecuencias.
El PP no gobierna: saquea. Sus recortes siempre se ceban con los más vulnerables, mientras sus amnistías fiscales y sus leyes tramposas protegen a poderosos y corruptos. Y todavía tienen la desfachatez de hablar de “corrupción” y “patriotismo”. ¿Defender España? No, solo defienden a los poderosos.
El PP es una maquinaria perfectamente engrasada para saquear lo público, disfrazada de partido político. Una organización criminal, como bien recoge una sentencia. Cada vez que gobiernan, la riqueza fluye hacia arriba y la miseria hacia abajo. No es casualidad. Es su modelo de país. Uno donde siempre mandan los poderosos y el resto paga.
¿Mafia o democracia? ¿Y tú me lo preguntas? Mafia… eres tú.

Combatir la emergencia climática

 

Da la sensación de que no hay solución

Junio ha sido el mes más caluroso jamás registrado, y las evidencias científicas apuntan a que lo peor está aún por llegar. Los veranos en España, además de ser más calurosos, se prolongan 5 semanas más que en los años 80, y así las muertes provocadas por olas de calor se multiplican.
Además de darnos recomendaciones básicas para protegernos —evitar el ejercicio en horas de máximo calor, hidratarnos bien, buscar refugios climáticos…—, ¿haremos algo para evitar este futuro devastador, o ya es tarde?
¿Es que las élites y sus voceros no tienen hijos, sobrinos, nietos? Y aún así, ¿no se conmueven ante el sufrimiento de una infancia que encarará un planeta recalentado, con guerras, sequías, revueltas, hambrunas, recursos agotados e incapaz de sostener cosechas fértiles? Entretanto, Feijóo acusa al Gobierno en el Parlamento de «dogmatismo ambiental». Solo un necio niega sin estar informado.
Si seguimos postergando las decisiones difíciles que podrían protegernos, estaremos cultivando un mañana de ruina. Es hora de actuar con la urgencia que exige la emergencia climática.
Los negacionistas del clima no solo son cerriles: son cómplices de la devastación. La tibieza política frente a la catástrofe ecológica no es neutralidad, es criminalidad por omisión. Quien frena la acción climática, delinque.

Acabar con la corrupción

 

Los corruptores, como los corruptos, deben pagarlo

La corrupción devora lo que con tanto esfuerzo construimos. Se alimenta de egoísmo, ambición desmedida y deseo insaciable de lucro; no respeta a nada ni a nadie. Es una fuerza destructiva que transita por los rincones más oscuros de la sociedad. Se introduce en todos los ámbitos, socava los pilares de la confianza y convierte el servicio público, la promesa de bienestar colectivo, en territorio de saqueo de unos pocos.
El daño causado es incalculable. No solo en términos materiales, donde millones de euros se desvanecen en manos corruptas, sino en lo más profundo: lo humano. Es la desolación que deja detrás, es la desesperanza de los ciudadanos que sufren el abandono de sus derechos básicos, es la creciente desigualdad que genera un sistema donde unos pocos se enriquecen mientras la mayoría se ve condenada a luchar por lo mínimo. Hospitales, educación, agua potable, obra pública… todo se convierten en terreno de saqueo. Hasta las empresas públicas de servicios estratégicos, otrora solventes y orgullo de la nación, se enajenan a intereses privados.
Las instituciones se desmoronan desde dentro y pierden su capacidad para proteger a la ciudadanía. Los recursos que deberían ser destinados al bienestar común son desviados por las manos de quienes no tienen otro objetivo que satisfacer sus ansias de dinero, mientras los ciudadanos se ven indefensos ante el despojo sistemático.
Pasó el momento de hablar con palabras tibias. No sirve, no ayuda. Hay que actuar con una contundencia sin precedentes. Es necesario que corruptores y corruptos enfrenten las consecuencias de sus actos, no solo con penas ejemplares, sino con un verdadero proceso de purga que los obligue a devolver lo robado. El daño causado a las instituciones y a la confianza de la ciudadanía debe ser reparado, aunque en muchos casos las cicatrices no sanarán. Pero no podemos rendirnos. No podemos permitir que esta podredumbre siga infectando nuestra democracia.
Penas más severas, multas exorbitantes, fin de los aforamientos y, lo más importante, prohibir que aquellos que han corrompido el sistema puedan volver a tocar el poder. Las empresas que han participado en prácticas corruptas deben ser expulsadas del proceso de licitación pública para siempre y sin contemplaciones.
España no se renovará por sí sola. La ciudadanía debe ser consciente de que la democracia no es un regalo que se recibe, sino una responsabilidad que se defiende. La indiferencia es uno de los grandes enemigos que tenemos como nación. La lucha contra la corrupción no es solo una cuestión política, sino de ética, de dignidad, de supervivencia.
Mientras no exista renovación verdadera, España seguirá enferma porque la indiferencia ciudadana es uno de los grandes males que descompone a la democracia situándola al borde del abismo fascista populista.

Los “muy patriotas”

 

Los "muy patriotas" usan pulseras con banderitas de paraísos fiscales

Hay una constante inquietante en la trayectoria del Partido Popular: su deslealtad sistemática con España cada vez que no gobierna. España solo importa si ellos mandan. Para el PP, el amor a la patria es selectivo, oportunista y profundamente hipócrita. Mientras se envuelven en banderas y proclaman a los cuatro vientos su supuesta defensa de los intereses nacionales, sus actos desmienten con crudeza esa fachada patriótica. Lo que de verdad defienden —con uñas, dientes y contactos en Bruselas— son los intereses de las grandes empresas, incluso aunque sean extranjeras y su beneficio implique un coste descomunal para los ciudadanos españoles.
El último ejemplo escandaloso lo encontramos en el apoyo del PP a la empresa minera australiana Berkeley, que reclama nada menos que 921 millones de euros al Estado español por no permitirle abrir una mina de uranio en Salamanca. ¿Y quiénes están detrás de esa maniobra de presión contra nuestro país? Nada menos que destacados ex altos cargos del PP, como Jaime García-Legaz y Manuel Lamela, convertidos ahora en lobistas del uranio radiactivo. ¿Dónde queda el interés general? ¿Dónde está el patriotismo?
El PP, que se rasga las vestiduras por cualquier decisión del Gobierno de coalición, se dedica a apoyar una empresa extranjera que pretende sangrar al Estado tras ver frustradas sus ambiciones extractivas gracias a una decisión técnica del Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Quién defiende aquí a España?
Pero el escándalo no se queda en lo económico. Es político y moral. El PP ha convertido en costumbre la deslegitimación constante del Gobierno elegido democráticamente. Allá donde va —sea en el Congreso, en Bruselas o en foros internacionales—, no pierde oportunidad de presentar a España como un país hundido, sin ley, al borde del colapso. Porque para el PP, cuando ellos no gobiernan, España se convierte automáticamente en una nación fallida.
No tienen reparos en cuestionar la democracia, los tribunales o las instituciones si eso debilita al Ejecutivo de turno. Y al mismo tiempo, claman por la unidad y el amor a España. Su patriotismo se ejerce a costa del propio país, siempre que eso los acerque un poco más al poder.
El PP no tiene un problema con el Gobierno. Lo tiene con la democracia cuando no les da la razón. Y lo tiene con España cuando no les pertenece. Lo han demostrado una y otra vez, y lo vuelven a hacer ahora, poniendo los intereses de una multinacional minera australiana por encima del interés general de los españoles.
Hablan de España, pero solo les interesa el reparto. Hablan de patriotismo, pero solo practican el partidismo. Si algo ha quedado claro con el caso de la mina de uranio, es que, para el PP, “España” es solo una excusa cuando está en la oposición, y un botín cuando está en el poder.

Energías renovables: más que nunca

 

Debemos mimar el planeta con renovables o será nuestra perdición

España, gracias al impulso que los gobiernos progresistas han dado a las energías limpias, está a la vanguardia de una revolución energética eficiente y barata que no solo es necesaria para combatir la emergencia climática, sino que también ha permitido que nuestra industria sea muy competitiva, a la vez que hemos reducido significativamente la huella de carbono.
En contraste, si las políticas impulsadas por la derecha española hubieran prevalecido, hoy estaríamos en una situación completamente diferente. El “impuesto al sol” del gobierno de Rajoy, y la privatización del sector energético por Aznar, habrían dificultado el acceso a la energía limpia y habrían incrementado de manera significativa los beneficios de las eléctricas y las facturas de los ciudadanos y el resto de empresas.
Por si fuera poco, la reciente propuesta de Feijóo de promover la energía nuclear como parte del mix energético del país, alargando la vida útil de las centrales nucleares y otorgándoles beneficios fiscales, es un claro retroceso. Esta medida, buena para las energéticas y mala para la ciudadanía por su coste, no solo pone en riesgo la seguridad energética y medioambiental, sino que también olvida el potencial de las energías renovables que son mucho más rentables a largo plazo.
El sol y el viento españoles nos brindan una ventaja natural invaluable, y gracias al desarrollo de estas fuentes renovables, durante la reciente crisis energética fruto de la invasión de Ucrania y el encarecimiento global de los combustibles fósiles, España y Portugal, por su “singularidad ibérica” –un modelo energético con ventajas para ambos países, la misma que denostó el PP–, han mantenido las tarifas de electricidad mucho más baratas que en el resto de Europa.
Los datos son claros: las energías renovables no solo son el futuro, sino el presente y la clave para una transición energética eficiente, justa y económica. La energía solar y eólica son, además, cada vez más accesibles y competitivas frente a otras fuentes de energía tradicionales. Y España con su clima privilegiado y su infraestructura en expansión, tiene todas las condiciones para liderar esta transición en Europa y consolidarse líder en el sector de las energías limpias, lo que nos permitirá seguir disfrutando de una energía barata y accesible, mientras protegemos nuestro planeta para las generaciones futuras.
Por ello, las energías renovables son el camino a seguir. No solo son una solución para la emergencia climática, también la base para una economía más competitiva e independiente de energías contaminantes.