Cuantísima infamia

 

Mazón desconoce la empatía

Otra vez el PP organizó un homenaje a Carlos Mazón. Un acto más de propaganda disfrazado de sensibilidad, pero esta vez con la infamia añadida de celebrarlo en la mañana del primer aniversario de la DANA. Allí, rodeado de cargos del Govern Valencià y habituales palmeros del PP, fue ovacionado mientras pedía «reflexionar ante el desamparo que sintieron muchos valencianos». Lo escuché sin dar crédito. Tuve que volver a oír sus palabras para creer que hablaba en serio, con el gesto impasible y sin un atisbo de vergüenza. ¿Se puede ser más miserable? ¿Acaso no fue él quien dejó sin amparo ni socorro a miles de ciudadanos aquel terrorífico día? ¿Acaso no ha tenido, en un año entero, tiempo de reflexionar sobre su propia responsabilidad? Aunque claro, Mazón no reflexiona: sigue el indigno manual de estilo del PP, ese que enseña a negar, mentir y culpar a las víctimas y a los demás. Lo vimos en el 11-M, en el Prestige, en el Yak-42, en el Metro de Valencia, en las residencias de mayores, en el cribado del cáncer de mama… Una lista interminable de dolor y cinismo.
Mazón no es una excepción: es el ejemplo perfecto de un partido que no siente ni respeta el dolor ajeno mientras recorta y humilla. Cada día que Mazón permanece en el cargo, sostenido por Feijóo y Abascal, su dedo hurga con mayor profundidad la llaga de familiares y amigos de las víctimas. Feijóo calla porque es incapaz de tomar decisiones; Abascal lo sostiene porque suma votos; y el PP, mientras tanto, continúa su liturgia de cinismo y desmemoria.

Señor Peinado: ¿también me demandará?

Una gran parte de la judicatura continúa anclada en el franquismo

 Parece que para el juez Peinado la crítica es un delito. En lugar de garantizar derechos, abre querellas a periodistas, políticos y ciudadanos que se atreven a cuestionar su más que polémicas instrucciones. ¿No es grave que la Audiencia de Madrid le haya corregido más de una decena de veces por imputaciones sin base, registros injustificados o actuaciones desproporcionadas? ¿No es grave que el Supremo haya tumbado su intento de imputar al ministro Bolaños por un informe incompleto?
Peinado no ha rendido cuentas disciplinarias más allá de correcciones procesales y sigue en su puesto, sin sanción notable. Eso demuestra que el sistema tiene fallos estructurales: decisiones judiciales escabrosas, correcciones posteriores, pero ninguna consecuencia real a quien las produce. ¿No es grave el tiempo y dinero público perdido en estas chapuzas? Si estuviera en una empresa privada, le pondrían en la calle.
Peinado ha admitido denuncias sin pruebas, con recortes de prensa derechista como único sustento para iniciar una investigación general y prospectiva –práctica ilegal en el ámbito penal–, mientras tiene “olvidos procesales” que benefician a la derecha. Y, entretanto, se querella contra quien opine. ¿Esto es justicia o activismo togado?
¿Se le puede criticar? Por supuesto. Porque, en democracia, los jueces también deben responder ante la opinión pública cuando su independencia parece mezclarse con ideología que utiliza la justicia como arma mediática; por avanzar investigaciones sin soporte; por tolerar imputaciones irregulares; por prorrogar una y otra vez instrucciones, por ignorar dictámenes de instancias superiores. Lo que algunos jurisconsultos comentan, y lo que yo digo, es menos grave que lo que su historial procesal revela. Se asemeja a un abuso sistemático de una potestad que debería ser moderada, con responsabilidad.

Vuelta a España: estaba cantado

 

Es vomitivo el genocidio que perpetra Israel cada día

¿Qué hace un equipo israelí, financiado por un oligarca amigo personal de Netanyahu y por el Estado que arrasa y extermina a la población de Gaza, con más de 65.000 mil víctimas civiles, incluidos niños, mujeres, periodistas y personal humanitario y señalado por múltiples organismos internacionales de crímenes de guerra, en la Vuelta Ciclista a España? No es deporte lo que hace, sino propaganda para blanquear un régimen genocida acusado de crímenes de guerra por Amnistía Internacional, que en su informe de 2022 ya señalaba un sistema de apartheid estructural contra el pueblo palestino.
Por eso estaba cantado que la gente con dignidad no permitiría esta ignominia a la puerta de su casa. Resulta insoportable que Dirección de Carrera, la Unión Ciclista Internacional y los equipos rivales hayan creído que no habría consecuencias. Ninguno tuvo el coraje moral de exigir su expulsión desde el primer momento.
Ojalá lo sucedido sea la mecha que marque un antes y un después, como ocurrió con el apartheid sudafricano o la invasión rusa de Ucrania: Israel ha de ser excluido de todos los eventos deportivos, culturales e institucionales mientras continúe perpetrando crímenes de lesa humanidad con total impunidad y hasta que Netanyahu sea sentado ante Corte Penal Internacional. Es obsceno el silencio cómplice de gobiernos y organismos internacionales ante la barbarie.
Una vez más, la ciudadanía actúa cuando las instituciones claudican o callan.
Una vez más, me hincha de orgullo la decencia de quienes se rebelan contra el crimen y la continua violación de los derechos humanos y el derecho internacional.
Y, una vez más, siento absoluto desprecio a quienes lo justifican o se indignan por una protesta que tildan de violenta. Perico Delgado, háztelo mirar porque si sentarse en el Paseo del Prado es violencia, ¿cómo califican los continuos crímenes de Israel?

Gaza: el genocidio que el mundo permite

 

Netanyahu, un criminal sin paliativos

Lo que ocurre en Gaza no es una “guerra”, es un genocidio. Más de 60.000 palestinos asesinados, la mayoría mujeres y niños. Hospitales bombardeados, periodistas ajusticiados, familias enteras borradas del mapa. ¿Hasta cuándo el eufemismo? Israel lleva a cabo una limpieza étnica con total impunidad, mientras las potencias occidentales lo avalan con armas, dinero, silencio y blanquean su imagen en acontecimientos deportivos o culturales. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están los principios de humanidad? La comunidad internacional no solo falla, es cómplice. Se criminaliza a quienes denuncian, se castiga la solidaridad, se distorsiona la verdad. Gaza es un infecto matadero a cielo abierto, un territorio devastado y sitiado donde se experimenta con la muerte. Ya no es una cuestión política: es una cuestión moral. Netanyahu es un criminal. No se puede ser neutral. Callar es formar parte de la vileza. Cada vida palestina exterminada bajo la hambruna, las bombas y las balas cae también sobre la conciencia del mundo. Basta de hipocresía. Basta de mirar a otro lado. Se me revuelven las tripas al asistir a este crimen histórico que ni el tiempo podrá borrar. Es el nuevo Holocausto ejecutado, inconcebiblemente, por las víctimas del anterior.

Mujeres en el poder: un mundo mejor

 

Las mujeres harían de este mundo uno mejor

Durante siglos, el poder ha sido mayoritariamente masculino. Las consecuencias son visibles: corrupción sistémica, conflictos armados persistentes y estructuras políticas que privilegian a las élites por encima del bienestar común. Hoy, en un mundo que clama por líderes éticos, transparentes y comprometidos con la justicia social y la paz, surge una verdad avalada por datos y estudios: la participación de mujeres en política reduce significativamente los niveles de corrupción y conflictos.
Varias investigaciones internacionales revelan que donde hay mayor presencia femenina en cargos públicos, los índices de corrupción tienden a disminuir. Y no es casual. Las mujeres, en general, son menos proclives a asumir riesgos innecesarios, rechazan la violencia como mecanismo de poder y privilegian soluciones dialogadas. Además, el haber sido históricamente excluidas de las esferas de decisión, las ha dotado de una perspectiva distinta: luchan por un sistema más justo, transparente e inclusivo, con reglas claras que protejan a todos, especialmente a los más vulnerables.
A diferencia de las estructuras jerárquicas donde priman la competencia y la imposición, el liderazgo femenino suele ser más colaborativo, empático y orientado al trabajo en equipo. Esta forma de gobernar favorece la rendición de cuentas, la gestión ética de los recursos públicos y una relación más cercana entre autoridades y ciudadanía. Es decir, transparencia. Así que, cuando las mujeres gobiernan, hay menos espacio para el clientelismo, el abuso de poder y el desvío de fondos.
No pretendo idealizar ni decir que todas las mujeres son incorruptibles o pacíficas, sino de reconocer la realidad: cuando ellas acceden a posiciones de poder, lo hacen desde una lógica transformadora que cuestiona el viejo orden político. Las mujeres no solo llegan al poder, lo redefinen.
En un momento en que la desconfianza hacia la clase política avanza en todo el mundo, abrir paso a más mujeres en los gobiernos no es solo una cuestión de equidad de género, sino una necesidad urgente para reconstruir la ética pública, devolver legitimidad a las instituciones y pacificar el mundo.
En general, más mujeres en el poder es igual a menos corrupción, más justicia, más bienestar colectivo y más paz. Apostar por ellas es apostar por un futuro más limpio, más humano y más democrático.

Huelga de jueces conservadores

 

Hasta en las huelgas debemos soportar una Justicia de derechas privilegiada

He ido a la huelga varias veces en mi vida. Y siempre me han descontado del salario lo que correspondía: el día no trabajado, la parte proporcional de las pagas extras y dejar de cotizar a la SS. Lo asumí porque así funciona cuando uno ejerce un derecho responsablemente. Pero ahora resulta que los jueces conservadores, los mismos que se llenan la boca hablando de legalidad, de orden y de Estado de derecho, se han puesto en huelga y no han comunicado quiénes han secundado el paro. ¿Por qué? Para que no se les descuente nada. Para seguir cobrando, aunque no trabajen. Para hacer trampas. Esto también es corrupción.
Son unos sinvergüenzas. Así, sin paños calientes. No solo por lo que hacen, sino por lo que representan. Son una élite conservadora que se cree por encima del bien y del mal. Que dicta sentencias, que reparte castigos, pero que se niega a rendir cuentas. Que exige sacrificios al pueblo mientras ellos se cubren de privilegios. Este comportamiento no solo es indecente; es profundamente antidemocrático. Porque no hay justicia posible cuando los jueces se comportan como una casta intocable. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Y lo que llevan haciendo desde el golpe de Estado franquista que acabó con la democracia e instauró una dictadura.

Justicia asimétrica

 

Tenemos una justicia claramente sesgada por la dictadura

En España, la balanza de la justicia no está equilibrada. Hay notorias evidencias de un trato desigual cuando el acusado es una figura de izquierdas frente a una de derechas.
Cincuenta años después de la muerte del dictador Franco, la justicia española arrastra inercias que la vinculan con una estructura de poder profundamente conservadora. Esta doble vara de medir se hace especialmente visible cuando se observan los casos judiciales en los que están implicados políticos progresistas, activistas o representantes sociales.
Los casos en los que políticos de derecha se ven involucrados en presuntos delitos de corrupción, prevaricación o enriquecimiento ilícito suelen archivarse con llamativa rapidez, si es que llegan siquiera a abrirse. Y, cuando se abren, a menudo el proceso se dilata años, se vuelve confuso, prescribe o se resuelve de manera favorable al acusado.
En contraste, cuando la justicia se dirige hacia miembros de la izquierda política, el escenario cambia radicalmente. Los procedimientos se abren con facilidad, aunque no haya base sólida; se alargan durante años con investigaciones prospectivas; y aunque se archiven, se reabren una y otra vez, generando un desgaste personal, político y mediático que es irreversible. Se torna un arma política de destrucción.
Organizaciones como Manos Limpias junto a grupos como Abogados Cristianos, son expertos en utilizar los mecanismos judiciales para perseguir a voces disidentes, especialmente del ámbito progresista, feminista o independentista. A menudo, sus denuncias acaban archivadas, pero no sin antes haber generado titulares, escándalos, presión mediática y desgaste.
Estas entidades aprovechan las debilidades del sistema judicial y la falta de reformas profundas desde la Transición para mantener vivo un aparato judicial en el que muchos jueces, fiscales y magistrados siguen respondiendo a una lógica heredada del franquismo. El “lawfare” —uso de la justicia como herramienta de guerra política— no es solo una realidad importada de América Latina cuando la izquierda lograba el poder; en España, tiene nombres, víctimas y consecuencias.
Es innegable que durante la transición democrática no hubo una depuración del aparato judicial franquista. Muchos jueces educados y promovidos bajo el régimen continuaron en sus cargos, y el espíritu reaccionario se perpetuó en las estructuras del Estado. Esa falta de ruptura ha permitido que aún hoy, en plena democracia, se criminalice con facilidad al adversario político cuando es de izquierdas, mientras se protege a quienes representan o defienden los valores del viejo orden.
Es urgente una reforma profunda del sistema judicial español: despolitización incontestable del Consejo General del Poder Judicial, mecanismos de control ciudadano, transparencia en los nombramientos, becas para acceder a la judicatura que la democratice, y una revisión del papel de los jueces en causas con carga ideológica. La democracia no se defiende solo en las urnas: también se protege en los tribunales.
Porque si la justicia no es igual para todos, entonces no es justicia. Y mientras siga siendo un instrumento al servicio de una parte, seguirá alimentando la desigualdad y el desencanto.

Israel: asesinar con el hambre

 

Netanyahu, un despreciable criminal de guerra

Usar el hambre como arma de guerra es una de las más deleznables violaciones de los derechos humanos, un acto de crueldad extrema que destruye no solo vidas, sino también voluntades y futuros. Los criminales de guerra que recurren a esta práctica, como el autócrata y genocida Netanyahu, no solo están cometiendo crímenes contra la humanidad, sino que eliminan generaciones enteras de un plumazo, sumiéndolas en un sufrimiento inimaginable e innecesario.
La situación en Gaza es un claro ejemplo de esta barbarie. Su población, ya de por sí vulnerable, está siendo sometida a una guerra total, donde la muerte llega tanto por las bombas como por la inanición. Miles de niños han sido asesinados, y otros miles están destinados a un futuro de desesperación y hambre crónica. Aquellos que logren sobrevivir, lo harán marcados para siempre por el daño irreversible que el hambre les habrá acarreado al truncar su desarrollo físico y mental. Las cicatrices serán indelebles.
El hambre como arma no solo es una violación flagrante del derecho internacional, es un genocidio. Asesinar a una población por desnutrición, es una estrategia cruel y despreciable que debe ser condenada enérgicamente por toda la comunidad internacional. La Corte Penal Internacional debe actuar con más firmeza ante estos crímenes de guerra, buscando justicia para las víctimas castigando a los culpables.
Tampoco el mundo puede permitir que este tipo de atrocidades queden impunes. El hambre como táctica de guerra no solo es una agresión fríamente calculada contra un pueblo, sino contra la humanidad misma. Cada día que pasa sin una respuesta contundente es un día más en que reina la injusticia y más vidas se pierden, no solo por las balas, sino por la barbarie de quienes creen que tienen derecho a arbitrar la vida de los demás. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante el genocidio silencioso que está teniendo lugar. La historia recordará a los responsables de esta monstruosidad, y la condena, justa pero implacable, será, con suerte, la más mínima de las penas que habrán de recibir.

La voladura del orden internacional

 

Donald Trump, un peligro que se ha convertido en el perrito faldero de Putin

Hasta hace bien poco había un consenso mundial para respetar países y ser respetado, regular los intereses de los Estados soberanos y su independencia y garantizar, en mayor o menor medida, la paz mundial. Ese mundo de tratados y convenios internacionales, incluso la narración de la historia del mundo, con el arribo de la Internacional Reaccionaria y Fascista, se ha volatilizado. Algunos ejemplos: Ucrania es responsable de la invasión rusa y consecuente guerra y Zelenski –que no Putin– es un dictador; los migrantes son delincuentes, los imperialismos comparten un mismo ideal de anexiones y limpiezas étnicas; los funcionarios y empresas estadounidenses pueden sobornar a gobiernos y empresas extranjeros; la emergencia climática no existe y se puede contaminar sin medida; el libre comercio será un recuerdo del pasado; el derecho internacional y sus organismos carecen de legitimidad; se valida el uso de la fuerza para conquistar territorios; la toponimia de países y accidentes geográficos será la que más convenga; se cambiará el significado de conceptos establecidos como libertad o democracia; se reescribe la historia…
El orden internacional ha sido barrido con un escobazo. ¡Bienvenidos al inquietante desorden internacional!

La nueva Solución Final

 

Son fascistas orgullosos de serlo

Con personajes tan desalmados como Donald Trump y los de la Internacional Reaccionaria y Fascista, carentes del mínimo rasgo de empatía, regresan el supremacismo y el racismo que dan lugar a algo parecidísimo –adaptado a los tiempos– a la execrable “Solución Final” de la Alemania nazi contra muchos colectivos que resultan deshumanizados: los inmigrantes –una plaga, según ellos, que solo trae pobreza y muerte– son considerados delincuentes a los que hay que deportar y encarcelar masivamente; los palestinos son terroristas que no tienen derecho a vivir en su tierra a la que quiere convertir en un resort turístico; los grupos LGBTIQ+ , unos “pervertidos” que van a ser objeto de una cruzada de desprestigio en la que les negarán sus derechos, lo que incrementará la violencia y discriminación en todos los ámbitos aumentando la desigualdad y su aislamiento.
La degeneración moral de esta Internacional Reaccionaria recorre el mundo y trata de suprimir los avances habidos en derechos humanos y políticas de igualdad, que tantas décadas de lucha costaron lograr.
Hay que actuar. No se puede permanecer impasible. No se puede permanecer callado.

Intimidación al periodismo

 

La caverna odia todas las libertades (cualquiera, incluida la de prensa)

El secreto de las fuentes de un periodista es un derecho ciudadano consagrado para tener una prensa libre, veraz y eficaz.
Por eso, la solicitud de la defensa de Alberto González Amador, novio de Ayuso, para investigar los teléfonos de periodistas que desmintieron el gran bulo difundido por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez –amenazador profesional de periodistas–, de que la Fiscalía había ofrecido un pacto al delincuente confeso, es un ataque directo a las leyes que protegen el secreto profesional de todo periodista para poder informar con rigor e independencia sobre corrupción política, delitos fiscales o criminalidad.
Y este ataque parte de la ultraderecha que se infla la boca al pronunciar la palabra “libertad”.
¿Se imaginan un mundo sin periodistas como querría la caverna? La corrupción y la tiranía gubernamental y empresarial camparían a sus anchas.
Para que el poder responda por sus actos, la información no se puede coartar. Si la verdad no puede narrarse con libertad y seguridad, la democracia pierde un pilar fundamental en la forja de ciudadanos libres.

La Justicia y los bulos

 

En España la Justicia no es ciega, mira por el ojo derecho

Lo he dicho muchas veces: la Justicia en España no es ciega. Lleva destapado el ojo derecho y, en esta ocasión, persigue la verdad y no a los emisores de bulos.
Dice el diccionario que quien delinque es un delincuente, y la pareja de Ayuso ha confesado al menos dos delitos fiscales –con origen en un momento muy doloroso de este país para dar “pelotazos”–, que llevaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al jefe de su Gabinete, a lanzar bulos interesados que recogieron medios de la caverna sin contrastar la información, tal como demanda el código ético del sector.
Como el PP convierte cualquier institución del Estado en un campo de batalla para sus objetivos políticos, vomitando odio en sintonía con los medios cavernarios –que son muchos–, y como esto entra dentro de la trama de acoso y derribo al Gobierno –porque solo la derecha tiene el derecho divino a gobernar– usando todos los medios posibles a su alcance, que el fiscal general del Estado dimitiera sería darles la victoria y abriría un camino muy peligroso para la democracia: la judicialización de la política para que cualquiera, poniendo una demanda, deje fuera de juego a quien le molesta.

El que pueda hacer, que haga

 

Dentro de la judicatura sigue quedando mucho franquismo

Para derrocar al Gobierno, «hay que ser agentes activos», «el que pueda hacer que haga». Lo dijo Aznar sin ruborizarse al mostrar su genuina esencia golpista. Por eso el juez Peinado está en lo que está con una instrucción, como mínimo, inusual, desacreditando a la UCO y basado en denuncia falsa sobre unos hechos jurídicos que no se sostienen.
La última extravagancia carente de sentido es su nueva providencia para entregar a Vox y Manos Limpias el video de Pedro Sánchez –se acogió al derecho a no declarar– como testigo en La Moncloa porque, según el juez, se pueden sacar «conclusiones de este silencio». En realidad, lo hace para erosionar a sabiendas de que el video se filtrará; filtración que ni perseguirá, ni castigará.
Y, como según él, se pueden «extraer conclusiones de este silencio», también el resto de mortales podemos extraer conclusiones del mutismo del propio juez, enmudecido ante las opiniones de muchos juristas al ver indicios de presunta prevaricación y claro alistamiento al vandalismo político en el papel de salvapatrias togado.

La paradoja Assange

 

Julian Assange, héroe del periodismo

La liberación de Julian Assange es una gran noticia, pero paradójicamente, al tener que declararse culpable –como la mayoría de nosotros haría tras doce años de privación arbitraria de libertad y sometidos a la tortura de una más que probable condena a 170 años de prisión–, ataca todo aquello de lo que Assange es paradigma: la libertad de información.
La asunción de culpa es una censura encubierta e inadmisible que sitúa al periodismo de investigación bajo la espada de Damocles. Por si fuera poco, los crímenes denunciados que llevaron a Assange a su calvario, han quedado impunes.
Siempre que el poder cometa tropelías y vulnere principios elementales –intrigas, mentiras, asesinatos y conspiraciones–, los ciudadanos como Assange, Katharine Gun, Edward Snowden y otros menos conocidos, son héroes absolutamente esenciales para la sociedad.
Nadie debería ser perseguido en Estados democráticos por destapar los desmanes e incomodar al poder que actúa con iniquidad sin respetar las leyes.

Nacho Cano

 

Nacho Cano, en una imagen de Diario de Madrid

Sostiene Nacho Cano que «nunca seré comunista y de izquierdas porque no soy idiota». Que no es de izquierdas, lo sabemos; lo de la idiotez, está por demostrar; pero lo que sí sabemos es que él, tan de derechas, aunque no lo reconoce –«tengo amigos de izquierdas», a los que, por cierto, acaba de insultar– tacha a la Policía de «criminal», no le gusta pagar impuestos porque no cree en la redistribución de la riqueza y, presuntamente, se aprovecha de trabajadores vulnerables.
Siguiendo el guion populista de su mentora Ayuso, se proclama víctima de una conspiración gubernamental por ser, precisamente, amigo de Ayuso, soslayando que ha sido una trabajadora la que lo denuncia. La policía solo actúa porque Nacho Cano, como cualquiera, no está por encima de la Ley.

Jueces

 

Como buen franquista, el PP añora el control absoluto y eterno de la Justicia

Igual que cada uno de nosotros, los jueces y juezas son personas; y las personas tienen ideología; y como la judicatura es mayoritariamente conservadora, el PP anhela y porfía en el mantra de que «los jueces elijan a los jueces», algo que, además de generar puro corporativismo –cubrirse unos a otros para salvaguardar sus intereses– que no aportaría nada bueno ni a la Justicia ni a la sociedad, tan sólo al PP y a los propios jueces, tampoco cumpliría con el mandato de nuestra Constitución que, ni más ni menos que en su primer artículo, proclama sin lugar a dudas que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» y, por tanto, deberán ser las Cortes Generales, representación de lo que el pueblo ha votado en elecciones libre y democráticas, las que han de elegir a los miembros que conformen dicho poder judicial. Así está mandatado y así debe ser. Lo demás, bagatelas torticeras que solo conducen a la crispación al confundir a los ciudadanos.

El Estado de derecho y el CGJP

 

Me quedo sin palabras para describir la corrupción moral del PP

Feijóo sermonea, una vez más, que «ni los órdagos, ni los chantajes, ni las amenazas se pueden admitir en el Estado derecho».
Pongamos que se lo compro –que no es así–, pero entonces, ¿qué tiene que decir de los secuestros?
Sistemáticamente el PP, cuando ha sido oposición, ha secuestrado el Consejo General del Poder Judicial para seguir controlando la justicia con su mayoría de derechas. Tanto es así que, este poder del Estado, ha permanecido secuestrado por el PP cuando no le tocaba 8 años y medio. Más de dos legislaturas… hasta ahora.
El PP, como siempre, fiel a sus principios: si yo gobierno, bien; pero si no gobierno haré cuanto pueda para retener el poder y derrocar a quien ha elegido el pueblo.
Ahora, de nuevo, pide la mediación europea; pero fue el PP en marzo el que, unilateralmente, decidió anular las reuniones con el comisario de Justicia, Didier Reynders.
Y, por eso, en esta no renovación, que va por cinco años y medio, ya han urdido 30 excusas diferentes para no renovarlo. ¡Ya está bien!

Ganar al margen de las urnas

 

La justicia española aun tiene muchísimos ramalazos franquistas

Desde hace cinco años y medio el PP incumple la Constitución con el bloqueo del CGPJ para politizar la justicia, judicializar la política y doblegar la soberanía popular al margen de las urnas. Por eso el juez Peinado entra ahora en campaña con un procedimiento, cuando menos, inusual basado en denuncia falsa sobre unos hechos jurídicos que no se sostienen. Toda la acción del Gobierno legítimo –al que califican de ilegítimo–, todos los avances, todas las grandes leyes, las medidas progresistas que mejoran la vida –en realidad es lo que no tragan–, de ahora y de siempre –reforma laboral, eutanasia, educación, anti desahucios, ley “trans”, ley “rider”, solo sí es sí, renta mínima, piquetes sindicales, antitabaco, igualdad, carnet por puntos, listas paritarias, matrimonio homosexual…– han sido votadas en contra y recurridas al Constitucional, como lo fueron otras en el pasado.
Mientras no acepten la democracia y pretendan retener lo que constitucionalmente no les corresponde, niegan la naturaleza de la misma democracia: el reconocimiento del resultado electoral.
Creer en la democracia solo cuando les favorece, no los convierte en demócratas.

Justicia franquista

 

Las derechas en general, y el PP en particular, quieren seguir controlando la justicia «por la puerta de atrás»

Buena parte del colectivo judicial es elitista –solo unos pocos pueden permitirse opositar durante 5 años–, conservador, permanece ideologizado y se envalentona con el bloqueo inconstitucional de 6 años que mantiene el PP en el CGPJ de mayoría altamente derechista. Y, por eso, son muchos los togados que aceptan falsas acusaciones basadas en recortes de prensa y bulos que señalan a la izquierda. Esas denuncias, que en países de nuestro entorno no tendrían ningún recorrido judicial, aquí se transforman en arma política.
Mientras algunos jueces usurpan órganos que no les corresponden, la derecha judicializa toda la acción legislativa para llevar a cabo una guerra procesal que inhabilite y provoque, mediante un barniz de legalidad, el repudio social a la izquierda: decenas de querellas inventadas son archivadas años después de corrosivo ataque mediático, ocasionando daños permanentes que perturban el resultado electoral.
En definitiva, jueces que pretenden estar por encima del Legislativo. ¡Y luego hablan de independencia judicial!

¡No pasarán!

 

Pedro Sánchez (foto original sacada de la web oficial de La Moncloa)

Estoy totalmente de acuerdo con la carta del presidente de Gobierno. Es un ataque, que dura décadas, de la carcunda –mediática, judicial, política y económica– contra la democracia porque la aborrecen. Sea quien fuere quien estuviera en el cargo, y no fuera de los suyos, actuarían exactamente igual. Recuerdo como se fueron creciendo y subiendo el tono con González, luego Zapatero y, ahora, enrabietados hasta el paroxismo, contra Sánchez.
Entiendo el desencanto. Sin querer compararme, también soy embestido a diario por mis escritos y, en algún momento de debilidad, he tenido ganas de dejarlo por el insoportable y nauseabundo hedor del albañal en que están convirtiendo la política. Es lo que pretenden. Pero eso, sería darles la victoria.
Sabemos por qué estamos aquí: hacer un mundo mejor y más justo.
Los españoles votamos y salió este Gobierno legítimo. Así, pues, adelante, Presidente. Merece la pena.