Fundación Francisco Franco: anomalía democrática

 

Lo que ocurre en este país y Franco, es de traca

Que la Audiencia Nacional deba tramitar formalmente el recurso de la Fundación Francisco Franco evidencia una alarmante fragilidad en nuestro ordenamiento. Ninguna democracia real debería tolerar que su propio engranaje garantista ampare a entidades que glorifican dictaduras, blanquean crímenes o celebran golpes de Estado. Mientras Alemania persigue y castiga penalmente el nazismo por pura supervivencia institucional, la legislación española exhibe una debilidad jurídica preocupante frente al fascismo, permitiendo que organizaciones de esta naturaleza ralenticen su disolución mediante vericuetos legales.
Validar a este colectivo insulta la memoria de las víctimas y destruye la credibilidad del Estado de derecho. No caben medias tintas ni debates vacíos sobre la libertad de expresión cuando se promueve la represión armada. Y conociendo la Justicia de mi país, su pasado y su presente, no oculto mi escepticismo y dudo firmemente que el desenlace vaya a estar a la altura de esa exigencia.
Permitir la existencia de esta organización es una complicidad intolerable. Un Estado que ampara la exaltación del franquismo deja de ser una democracia legítima para convertirse en un régimen cobarde que nutre la semilla de su propia destrucción.

¡Cuánto daño habéis hecho!

¡Basta de corrupción!

 Habéis traicionado a la izquierda los Koldo, Ábalos, Zapatero… La izquierda trabaja por lograr un mundo mejor donde exista la justicia social, la coherencia y la defensa del interés común… pero no para una red de privilegios, influencias y discursos vacíos. Quizá algunas conductas sean legales; eso tendrán que decidirlo los tribunales. Pero hay algo políticamente insoportable: sostener en público una cosa mientras en privado se ejecuta exactamente lo contrario.
Los lobbies imponen un modelo que socializa pérdidas y privatiza beneficios con el dinero de todos, mientras quienes prometieron combatirlo terminan parasitando de él y sirviéndole. Y ahí es donde nace la mayor decepción: no la del error, sino la de la hipocresía.
Cuando la izquierda renuncia a sus principios para lograr riqueza propia, deja de representar a los ciudadanos y se integra en el sistema que prometió transformar. Y eso no es una simple contradicción: es una traición política y moral que causa un daño irreparable.
A pesar de los palos, sostengo que ese mundo mejor es posible.

Togas y naftalina

 

El hedor franquista de la Justicia es inaguantable

La Audiencia Nacional ha suspendido –previa petición de Ayuso, ¡cómo no!– cautelarmente la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, pese a que allí estuvo la Dirección General de Seguridad franquista, donde se practicaron asesinatos –Tomás Centeno, Ruano y tantos otros–, torturas y detenciones políticas. El argumento del auto roza la parodia: colocar una placa podría causar un «perjuicio irreversible» a la reputación institucional de la Comunidad de Madrid. Como si la historia fuese un grafiti y no un hecho documentado.
¿Qué daño irreversible causa un trozo de metal que se puede desatornillar en cinco minutos si un juez cambia de idea?
Resulta enternecedor ver a ciertos jueces preocupados por la sensibilidad de un edificio, pero no por la memoria de quienes pasaron por sus sótanos o salieron con los pies por delante. Debe de ser que las víctimas molestan más que sus verdugos. En España, al parecer, recordar la dictadura daña la convivencia; blanquearla, en cambio, es moderación institucional. 
La derecha política, judicial y mediática lleva años intentando convertir la memoria histórica en un problema de estética. Cambian la toga por la nostalgia y lo llaman neutralidad; la toga por el sesgo ideológico y ya ni lo tapan.

Que no vuelvan a gobernar

 

Mentir, no asumir responsabilidades, culpar a las víctimas y crispar. No dan para más.

Gobernar es, ante todo, un ejercicio de responsabilidad y respeto a la verdad. Sin embargo, España arrastra una anomalía democrática persistente: un PP que ha convertido la tragedia en su principal activo electoral. Su hoja de ruta es tan previsible como temeraria: cuando gobiernan, la respuesta es el ocultismo, responsabilizar a otros y el desprecio a las víctimas; cuando están en la oposición, el sabotaje y el ruido.
Ejemplos sobran: la manipulación informativa tras el 11-M; el desprecio a las víctimas del metro en Valencia; los “hilillos” del Prestige; las negligencias del Madrid Arena; el boicoteo a la rendición de ETA; el escándalo de las mamografías en Andalucía; el horror del Yak-42; el abandono hasta la muerte en residencias durante la Covid; las mentiras y el desdén a las víctimas de la Dana o el uso del volcán de La Palma para erosionar. Hoy, con el hantavirus, repiten el guion gritando “caos” sin rigor científico alguno, sembrando desasosiego y desconcierto entre la población.
No se trata de una discrepancia ideológica, sino de una degradación ética. Basta de jugar con el miedo y mercadear con las tragedias. La democracia no debe tolerar este asalto constante a la decencia. Quienes azuzan el miedo en lugar de ayudar en las crisis, jamás deberían gobernar.

I+D en Génova: Incitación al Delito

El PP no combate la corrupción, la fomenta

Lo del PP no es falta de voluntad contra la corrupción, sino coherencia con su historial. Su última estrategia procesal es funambulismo jurídico: solicitar una segunda rebaja de pena para Aldama, el «nexo corruptor» del caso Mascarillas. Hay que reconocerles el detalle: intentan evitarle la cárcel al hombre que, supuestamente, engrasó la maquinaria para seguir repartiendo bulos que alimenten su relato político. Eso es lealtad y no la de los boy scouts. Su currículum es imbatible. Siguen sin «conocer» a ese tal M. Rajoy mientras Cospedal y Arenas —aún vinculados al partido— practican la amnesia colectiva en el juicio de la Kitchen. El exministro Fernández Díaz, con peticiones de 15 años de cárcel, sigue manteniendo su carné. Ostentan el récord de ser el único partido cuya financiación irregular ha sido acreditada y condenada, pero para ellos fue una «trama contra el PP». Y no olvidemos la obra cumbre del surrealismo corrupto-laboral: el «despido en diferido» de Bárcenas, con despacho, chófer y 21.300 euros mensuales sin trabajar, pagado con nuestro dinero, para silenciarlo. En Génova, la corrupción no se combate: se tutela y, si el beneficio político lo requiere, se diseña una rebaja de condena a medida.

Aldama: el acusado Schrödinger de la Fiscalía

La Justicia continúa siendo franquista

 ¿Cómo sostiene el fiscal jefe anticorrupción que Aldama ha colaborado ejemplarmente mientras afirma, sin pestañear, que ha mentido para involucrar al presidente? Si se miente, ¿se colabora o se enfanga? En este circo, la verdad no es un valor, sino un chicle que el Ministerio Público estira para pedir una rebaja de pena sobre la rebaja ya concedida –coincidiendo con el PP–, a pesar de que, según la UCO, no ha aportado nada nuevo. Aldama es el acusado Schrödinger: un fabulador compulsivo y un aliado fiable al mismo tiempo. Una dualidad que ni la física cuántica imaginó, pero que nuestra justicia abraza con un entusiasmo que apesta. Esta es la fascinante coreografía: un acusado que engaña, pero merece premio; que desacredita y, aun así, obtiene rebaja de condena por “colaborar”. No se busca la verdad, se premia la utilidad. Lo que nos queda es una Justicia que funciona como una tómbola con toga: aquí el premio no depende de la ética, sino de lo bien que sepas balar la canción que el pastor necesita oír. Sigan aplaudiendo el esperpento; el ridículo es total y la náusea, obligatoria.

La mafia que devoró el Estado

 

Esto sí que es una auténtica MAFIA

Lo del PP no es un episodio aislado, sino un patrón sistémico de degradación. El caso Kitchen reveló una fractura democrática sin precedentes: la movilización de recursos públicos no para servir al ciudadano, sino para obstaculizar la justicia y destruir pruebas del caso Gürtel. Este uso patrimonial del Estado alcanzó su cénit con la fabricación de pruebas falsas —en connivencia con terminales mediáticas— para aniquilar a rivales como Podemos o el independentismo. Es la perversión absoluta de las instituciones al transformarlas en un escudo de impunidad. Es más que corrupción económica, es un asalto al Estado de derecho. Cuando el Ejecutivo manipula los resortes del poder para blindarse, la democracia degenera en una estructura mafiosa.
A esto se suma la sombra del caso Montoro, donde decisiones estratégicas desde el Consejo de Ministros habrían favorecido intereses privados con conexiones directas. El escándalo no es solo la merma recaudatoria sino la perversión del proceso legislativo.
Pese a la contundencia de los hechos, el relato es la negación. Esa desconexión entre la verdad jurídica y el discurso del PP es un desprecio a la ciudadanía. Lo intolerable no es el saqueo sino el esfuerzo coordinado por ocultarlo y negarlo sin pudor —para aferrarse al poder— por parte de quienes deben velar por la ley.

«P’alante»

 

MAR, provocador fascista

Miguel Ángel Rodríguez, ese personaje de modales mafiosos apodado MAR, ha terminado imputado por la misma nadería que le costó el puesto al fiscal general del Estado: revelar datos protegidos. Existen, eso sí, diferencias notables. En el caso del fiscal no había pruebas y negó la mayor. En cambio, MAR, en un rapto de esa embriaguez tabernaria y prepotente que tanto lo define, se jactó de la filtración con la soberbia de quien se sabe intocable. Total, la impunidad es un derecho adquirido, ¿no? 
Ahora llega lo importante. Si el Supremo aplicó aquel rigor detectivesco de «él o alguien de su entorno» –aunque sea inconcebible en un tribunal– para condenar al fiscal por ciencia infusa, con MAR lo tienen en bandeja de plata: el reo confesó el delito entre bravuconadas digitales y hay pruebas. Mismo hecho, mismo destino... ¿verdad? Si MAR se va de rositas tras admitir lo que al fiscal, sin pruebas, le costó «ir p’alante», confirmaremos, una vez más, que en España el Código Penal se aplica según el color del carné.
Pasen y vean: el circo de la justicia a la carta continúa.

Europa: el derecho o el abismo

 

¿Qué está proponiendo Ursula Von der Leyen?

La postura de Ursula von der Leyen no es realismo político; es un acta de sumisión. Afirmar que Europa debe dejar de ser la guardiana del orden internacional porque este se desmorona es una cobardía histórica. En la hora más oscura, la respuesta no es apagar el faro, sino avivar su luz.
El desprecio por las normas que exhiben figuras como Trump, Putin, Netanyahu o Milei no es una “nueva normalidad” a la que adaptarse, sino una patología que combatir. Estos fascistas pretenden sustituir la justicia por el músculo, condenando al planeta a un estado de colisión perpetua. Si Europa renuncia a sus valores bajo el pretexto del pragmatismo, no estará sobreviviendo: estará cavando su propia fosa.
Nuestra identidad se forjó sobre las cenizas de los hornos crematorios y el hedor de las trincheras. Olvidar que el derecho común es el único dique contra el canibalismo entre naciones es un suicidio moral. La adaptación que nos propone es una rendición ante la fuerza bruta. Europa no tiene derecho a capitular. Porque cuando las reglas mueren, lo que emerge no es un orden nuevo, sino el grito de guerra de los tiranos y el silencio de los cementerios. Abdicar de la ley es invitar a la barbarie.

El cinismo como doctrina

El PP:  un cáncer de la democracia

A propósito de la presunta violación atribuida al DAO de la Policía Nacional –un crimen gravísimo–, sostiene Feijóo que «cuesta creer que el ministro no supiera lo que hacía el número uno y el dos de su Policía», y lo considera alarmante porque afecta «a quien debe perseguir delitos». Lo es.
Curiosa súbita fe en la omnisciencia jerárquica. Entonces, M. Rajoy sabía lo que hacía su ministro del Interior cuando se articuló la llamada «policía patriótica», una trama que, envuelta en bandera e himno, utilizó recursos públicos para fabricar pruebas, destruir discos duros y hostigar a adversarios políticos en vez de perseguir delitos o, ¿al ser más difícil de ocultar que lo del DAO, solo era un «verdadero incompetente»? En aquel entonces, esa forma de actuar no fue un desliz, sino un método: degradar las instituciones para golpear a Podemos y al independentismo mientras se protegía la propia corrupción sistémica.
Resulta sencillamente obsceno que quien hoy se rasga sus vestiduras omita la podredumbre institucional que anidó bajo sus propias siglas. Es la hipocresía elevada a razón de Estado.
Que el delfín de M. Rajoy que convirtió Interior en una oficina de extorsión pretenda dar lecciones de moralidad, es una ofensa a la inteligencia. Eso sí es despeñar a España y degradar la democracia hasta el fango. El PP le sobra oportunismo y una memoria selectiva unida a un cinismo patológico que huele a rancio.
Lecciones de moral, todas; responsabilidades, «ya tal».

Dianas del fascismo: el asedio a la palabra

 

Con el avance del fascismo, contar verdades o ser disidente se está poniendo peligroso

En la España del siglo XXI, el acoso a periodistas, humoristas y medios no es algo del pasado: es una estrategia de intimidación. Profesionales como Héctor de Miguel, Cristina Fallarás, Elena Reinés, Antonio Maestre, Sarah Pérez Santaolalla o Jesús Cintora son señalados, deshumanizados y hostigados por hacer su trabajo: informar, opinar y fomentar el pensamiento crítico.
El fascismo —no como exabrupto, sino como práctica— no tolera la crítica. Se alimenta del miedo, el odio, la mentira y la deshumanización del adversario. Por eso ataca a quienes desmontan sus discursos y evidencian su enorme miseria moral.
Sin embargo, el peligro real no reside solo en el que señala, sino en la mano que blanquea. La neutralidad ante la intolerancia no es objetividad, es complicidad. No cabe la equidistancia cuando lo que se debate no es una idea política, sino la vigencia de los derechos humanos. Financiar, amplificar o normalizar estos discursos bajo el paraguas de la “libertad de expresión” es, en la práctica, cavar la fosa de esa misma libertad.
Las formaciones que socavan los cimientos democráticos no pueden ser tratadas como meros actores del juego parlamentario si su objetivo es romper las reglas de juego. Una democracia madura no es la que se deja tutelar por el miedo, sino la que se defiende con la ley en la mano y la ética como escudo.
Frente al autoritarismo, el silencio no es prudencia, es capitulación. Cada espacio cedido es un derecho perdido. Defender hoy a quienes están en la diana es, sencillamente, defendernos a todos.

Justicia asimétrica

 

En España la justicia está totalmente sesgada

En la justicia española conviven dos realidades que rara vez se comparan honestamente. Por un lado, si afecta a la izquierda, instrucciones relámpago orquestadas con escasa carga probatoria, pero con desmesurado e inmediato eco mediático. Por otro, si afecta a la derecha, macroprocesos que se eternizan, se fragmentan hasta la irrelevancia, con escasa cobertura mediática que prescriben o se resuelven tan tarde que son irrelevantes.
Cuando se señalan estas diferencias, surge el argumento tranquilizador de los equidistantes: «Pero, al final, la justicia llega a todos, ¿no?». No es cierto, casos como los de Aguirre, Montoro o Cospedal no son anomalías; son el triunfo de un sistema que utiliza el tiempo como escudo. Y aun si lo fuera –que no–, una justicia que tarda más de veinte años en pronunciarse –Ignacio González, PP– deja de cumplir su función básica. En el caso Gürtel, por ejemplo, pasaron más de nueve años desde el inicio de la instrucción hasta la primera gran sentencia, y aun así quedaron responsabilidades políticas fuera del banquillo. La pareja de Ayuso cuyo juicio se celebrará, como pronto, tras las elecciones de 2027, el tiempo no está siendo neutral: juega a favor de la derecha.
Ante semejante panorama, la equidistancia no es neutralidad, es toma de partido, ceguera selectiva y colaboracionismo. Equiparar investigaciones veloces y frágiles con otras lentas y exhaustivas, o asumir como normal que el calendario judicial proteja a ciertos nombres, implica aceptar el sistema tal como está. Y aceptarlo es respaldar sus injusticias.
No se trata de defender siglas, sino principios. Señalar que la toga ha sido sustituida por ideología de derecha no es radicalidad, es la única respuesta democrática posible frente a una judicatura que ha decidido jugar a la política «por la puerta de atrás».

Quiebra de la Justicia

 

La Justicia, que en España continúa siendo franquista, ya no se esconde

La sentencia es “histórica”, como repite el PP, pero lo es por su monumental infamia, que alcanza máximos en la degradación de un sistema judicial en manos del sector conservador dispuesto a dinamitar sus propios principios con tal de imponer su ideología. Desde ahora, cualquier ciudadano puede descubrir que ya no hacen falta pruebas, ni hechos, ni siquiera indicios razonables: basta con que la derecha judicial construya un relato, lo adorne con sospechas y lo eleve a categoría de verdad. La propia Sala de Apelaciones admitió que el Fiscal, en su nota para desmentir un bulo que dañaba a la institución que tiene que defender, no reveló nada que se acercara a un delito. Pero ahora, como el Fiscal confesó redactar dicho texto —un acto completamente legítimo para desmentir un bulo—, se retuerce la legalidad hasta convertir lo lícito en punible. Esa lógica perversa, donde la conclusión se decide antes que el análisis, revela una justicia que parece servirse de los intereses del PP y no acata la Constitución. Con decisiones así, se vacía de contenido el artículo 24.2 y se abre la puerta a un futuro inquietante, el de una España donde la presunción de inocencia es sustituida por la presunción de culpa cuando conviene a la derecha, y donde la ciudadanía queda a merced de quienes manipulan la ley para proteger su poder.

La Justicia muestra sus cartas marcadas

 

Sin ningún decoro, la Justicia muestra lo que es

La condena al Fiscal General del Estado evidencia inercias de una justicia autoritaria vinculada con la era franquista, y abre una grieta que desborda lo judicial y roza lo impensable en una democracia madura. Las prisas con la que se ha empujado este proceso, y el fallo, sin sentencia, coincidiendo de forma evidente con el 20N, provoca estupor y proyecta la imagen lamentable de un poder judicial, que debiera ser independiente, ansioso por ostentar control antes que por garantizar rigor e imparcialidad.
La sensación que queda es que primero se publicó la condena para poder apañar la motivación a la defensiva ante las evidentes críticas que sea capaz de justificarla.
Este fallo —si finalmente llega a instancias europeas— será tumbado por falta de pruebas condenatorias.
Es lo de siempre: si la derecha no tiene el poder, trata de alcanzarlo de cualquier modo, en este caso mediante un golpe de Estado blando, ejecutado no con tanques, sino con togas ansiosas espoleadas por la carcunda para exhibir su fuerza.
El daño institucional causado es profundo porque, cuando la justicia se transforma en un ariete político, no solo cae la credibilidad de un caso, cae la confianza esencial que sostiene al Estado de derecho.

Cuantísima infamia

 

Mazón desconoce la empatía

Otra vez el PP organizó un homenaje a Carlos Mazón. Un acto más de propaganda disfrazado de sensibilidad, pero esta vez con la infamia añadida de celebrarlo en la mañana del primer aniversario de la DANA. Allí, rodeado de cargos del Govern Valencià y habituales palmeros del PP, fue ovacionado mientras pedía «reflexionar ante el desamparo que sintieron muchos valencianos». Lo escuché sin dar crédito. Tuve que volver a oír sus palabras para creer que hablaba en serio, con el gesto impasible y sin un atisbo de vergüenza. ¿Se puede ser más miserable? ¿Acaso no fue él quien dejó sin amparo ni socorro a miles de ciudadanos aquel terrorífico día? ¿Acaso no ha tenido, en un año entero, tiempo de reflexionar sobre su propia responsabilidad? Aunque claro, Mazón no reflexiona: sigue el indigno manual de estilo del PP, ese que enseña a negar, mentir y culpar a las víctimas y a los demás. Lo vimos en el 11-M, en el Prestige, en el Yak-42, en el Metro de Valencia, en las residencias de mayores, en el cribado del cáncer de mama… Una lista interminable de dolor y cinismo.
Mazón no es una excepción: es el ejemplo perfecto de un partido que no siente ni respeta el dolor ajeno mientras recorta y humilla. Cada día que Mazón permanece en el cargo, sostenido por Feijóo y Abascal, su dedo hurga con mayor profundidad la llaga de familiares y amigos de las víctimas. Feijóo calla porque es incapaz de tomar decisiones; Abascal lo sostiene porque suma votos; y el PP, mientras tanto, continúa su liturgia de cinismo y desmemoria.

Señor Peinado: ¿también me demandará?

Una gran parte de la judicatura continúa anclada en el franquismo

 Parece que para el juez Peinado la crítica es un delito. En lugar de garantizar derechos, abre querellas a periodistas, políticos y ciudadanos que se atreven a cuestionar su más que polémicas instrucciones. ¿No es grave que la Audiencia de Madrid le haya corregido más de una decena de veces por imputaciones sin base, registros injustificados o actuaciones desproporcionadas? ¿No es grave que el Supremo haya tumbado su intento de imputar al ministro Bolaños por un informe incompleto?
Peinado no ha rendido cuentas disciplinarias más allá de correcciones procesales y sigue en su puesto, sin sanción notable. Eso demuestra que el sistema tiene fallos estructurales: decisiones judiciales escabrosas, correcciones posteriores, pero ninguna consecuencia real a quien las produce. ¿No es grave el tiempo y dinero público perdido en estas chapuzas? Si estuviera en una empresa privada, le pondrían en la calle.
Peinado ha admitido denuncias sin pruebas, con recortes de prensa derechista como único sustento para iniciar una investigación general y prospectiva –práctica ilegal en el ámbito penal–, mientras tiene “olvidos procesales” que benefician a la derecha. Y, entretanto, se querella contra quien opine. ¿Esto es justicia o activismo togado?
¿Se le puede criticar? Por supuesto. Porque, en democracia, los jueces también deben responder ante la opinión pública cuando su independencia parece mezclarse con ideología que utiliza la justicia como arma mediática; por avanzar investigaciones sin soporte; por tolerar imputaciones irregulares; por prorrogar una y otra vez instrucciones, por ignorar dictámenes de instancias superiores. Lo que algunos jurisconsultos comentan, y lo que yo digo, es menos grave que lo que su historial procesal revela. Se asemeja a un abuso sistemático de una potestad que debería ser moderada, con responsabilidad.

Vuelta a España: estaba cantado

 

Es vomitivo el genocidio que perpetra Israel cada día

¿Qué hace un equipo israelí, financiado por un oligarca amigo personal de Netanyahu y por el Estado que arrasa y extermina a la población de Gaza, con más de 65.000 mil víctimas civiles, incluidos niños, mujeres, periodistas y personal humanitario y señalado por múltiples organismos internacionales de crímenes de guerra, en la Vuelta Ciclista a España? No es deporte lo que hace, sino propaganda para blanquear un régimen genocida acusado de crímenes de guerra por Amnistía Internacional, que en su informe de 2022 ya señalaba un sistema de apartheid estructural contra el pueblo palestino.
Por eso estaba cantado que la gente con dignidad no permitiría esta ignominia a la puerta de su casa. Resulta insoportable que Dirección de Carrera, la Unión Ciclista Internacional y los equipos rivales hayan creído que no habría consecuencias. Ninguno tuvo el coraje moral de exigir su expulsión desde el primer momento.
Ojalá lo sucedido sea la mecha que marque un antes y un después, como ocurrió con el apartheid sudafricano o la invasión rusa de Ucrania: Israel ha de ser excluido de todos los eventos deportivos, culturales e institucionales mientras continúe perpetrando crímenes de lesa humanidad con total impunidad y hasta que Netanyahu sea sentado ante Corte Penal Internacional. Es obsceno el silencio cómplice de gobiernos y organismos internacionales ante la barbarie.
Una vez más, la ciudadanía actúa cuando las instituciones claudican o callan.
Una vez más, me hincha de orgullo la decencia de quienes se rebelan contra el crimen y la continua violación de los derechos humanos y el derecho internacional.
Y, una vez más, siento absoluto desprecio a quienes lo justifican o se indignan por una protesta que tildan de violenta. Perico Delgado, háztelo mirar porque si sentarse en el Paseo del Prado es violencia, ¿cómo califican los continuos crímenes de Israel?

Gaza: el genocidio que el mundo permite

 

Netanyahu, un criminal sin paliativos

Lo que ocurre en Gaza no es una “guerra”, es un genocidio. Más de 60.000 palestinos asesinados, la mayoría mujeres y niños. Hospitales bombardeados, periodistas ajusticiados, familias enteras borradas del mapa. ¿Hasta cuándo el eufemismo? Israel lleva a cabo una limpieza étnica con total impunidad, mientras las potencias occidentales lo avalan con armas, dinero, silencio y blanquean su imagen en acontecimientos deportivos o culturales. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están los principios de humanidad? La comunidad internacional no solo falla, es cómplice. Se criminaliza a quienes denuncian, se castiga la solidaridad, se distorsiona la verdad. Gaza es un infecto matadero a cielo abierto, un territorio devastado y sitiado donde se experimenta con la muerte. Ya no es una cuestión política: es una cuestión moral. Netanyahu es un criminal. No se puede ser neutral. Callar es formar parte de la vileza. Cada vida palestina exterminada bajo la hambruna, las bombas y las balas cae también sobre la conciencia del mundo. Basta de hipocresía. Basta de mirar a otro lado. Se me revuelven las tripas al asistir a este crimen histórico que ni el tiempo podrá borrar. Es el nuevo Holocausto ejecutado, inconcebiblemente, por las víctimas del anterior.

Mujeres en el poder: un mundo mejor

 

Las mujeres harían de este mundo uno mejor

Durante siglos, el poder ha sido mayoritariamente masculino. Las consecuencias son visibles: corrupción sistémica, conflictos armados persistentes y estructuras políticas que privilegian a las élites por encima del bienestar común. Hoy, en un mundo que clama por líderes éticos, transparentes y comprometidos con la justicia social y la paz, surge una verdad avalada por datos y estudios: la participación de mujeres en política reduce significativamente los niveles de corrupción y conflictos.
Varias investigaciones internacionales revelan que donde hay mayor presencia femenina en cargos públicos, los índices de corrupción tienden a disminuir. Y no es casual. Las mujeres, en general, son menos proclives a asumir riesgos innecesarios, rechazan la violencia como mecanismo de poder y privilegian soluciones dialogadas. Además, el haber sido históricamente excluidas de las esferas de decisión, las ha dotado de una perspectiva distinta: luchan por un sistema más justo, transparente e inclusivo, con reglas claras que protejan a todos, especialmente a los más vulnerables.
A diferencia de las estructuras jerárquicas donde priman la competencia y la imposición, el liderazgo femenino suele ser más colaborativo, empático y orientado al trabajo en equipo. Esta forma de gobernar favorece la rendición de cuentas, la gestión ética de los recursos públicos y una relación más cercana entre autoridades y ciudadanía. Es decir, transparencia. Así que, cuando las mujeres gobiernan, hay menos espacio para el clientelismo, el abuso de poder y el desvío de fondos.
No pretendo idealizar ni decir que todas las mujeres son incorruptibles o pacíficas, sino de reconocer la realidad: cuando ellas acceden a posiciones de poder, lo hacen desde una lógica transformadora que cuestiona el viejo orden político. Las mujeres no solo llegan al poder, lo redefinen.
En un momento en que la desconfianza hacia la clase política avanza en todo el mundo, abrir paso a más mujeres en los gobiernos no es solo una cuestión de equidad de género, sino una necesidad urgente para reconstruir la ética pública, devolver legitimidad a las instituciones y pacificar el mundo.
En general, más mujeres en el poder es igual a menos corrupción, más justicia, más bienestar colectivo y más paz. Apostar por ellas es apostar por un futuro más limpio, más humano y más democrático.

Huelga de jueces conservadores

 

Hasta en las huelgas debemos soportar una Justicia de derechas privilegiada

He ido a la huelga varias veces en mi vida. Y siempre me han descontado del salario lo que correspondía: el día no trabajado, la parte proporcional de las pagas extras y dejar de cotizar a la SS. Lo asumí porque así funciona cuando uno ejerce un derecho responsablemente. Pero ahora resulta que los jueces conservadores, los mismos que se llenan la boca hablando de legalidad, de orden y de Estado de derecho, se han puesto en huelga y no han comunicado quiénes han secundado el paro. ¿Por qué? Para que no se les descuente nada. Para seguir cobrando, aunque no trabajen. Para hacer trampas. Esto también es corrupción.
Son unos sinvergüenzas. Así, sin paños calientes. No solo por lo que hacen, sino por lo que representan. Son una élite conservadora que se cree por encima del bien y del mal. Que dicta sentencias, que reparte castigos, pero que se niega a rendir cuentas. Que exige sacrificios al pueblo mientras ellos se cubren de privilegios. Este comportamiento no solo es indecente; es profundamente antidemocrático. Porque no hay justicia posible cuando los jueces se comportan como una casta intocable. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Y lo que llevan haciendo desde el golpe de Estado franquista que acabó con la democracia e instauró una dictadura.