La Justicia y los bulos

 

En España la Justicia no es ciega, mira por el ojo derecho

Lo he dicho muchas veces: la Justicia en España no es ciega. Lleva destapado el ojo derecho y, en esta ocasión, persigue la verdad y no a los emisores de bulos.
Dice el diccionario que quien delinque es un delincuente, y la pareja de Ayuso ha confesado al menos dos delitos fiscales –con origen en un momento muy doloroso de este país para dar “pelotazos”–, que llevaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al jefe de su Gabinete, a lanzar bulos interesados que recogieron medios de la caverna sin contrastar la información, tal como demanda el código ético del sector.
Como el PP convierte cualquier institución del Estado en un campo de batalla para sus objetivos políticos, vomitando odio en sintonía con los medios cavernarios –que son muchos–, y como esto entra dentro de la trama de acoso y derribo al Gobierno –porque solo la derecha tiene el derecho divino a gobernar– usando todos los medios posibles a su alcance, que el fiscal general del Estado dimitiera sería darles la victoria y abriría un camino muy peligroso para la democracia: la judicialización de la política para que cualquiera, poniendo una demanda, deje fuera de juego a quien le molesta.

El que pueda hacer, que haga

 

Dentro de la judicatura sigue quedando mucho franquismo

Para derrocar al Gobierno, «hay que ser agentes activos», «el que pueda hacer que haga». Lo dijo Aznar sin ruborizarse al mostrar su genuina esencia golpista. Por eso el juez Peinado está en lo que está con una instrucción, como mínimo, inusual, desacreditando a la UCO y basado en denuncia falsa sobre unos hechos jurídicos que no se sostienen.
La última extravagancia carente de sentido es su nueva providencia para entregar a Vox y Manos Limpias el video de Pedro Sánchez –se acogió al derecho a no declarar– como testigo en La Moncloa porque, según el juez, se pueden sacar «conclusiones de este silencio». En realidad, lo hace para erosionar a sabiendas de que el video se filtrará; filtración que ni perseguirá, ni castigará.
Y, como según él, se pueden «extraer conclusiones de este silencio», también el resto de mortales podemos extraer conclusiones del mutismo del propio juez, enmudecido ante las opiniones de muchos juristas al ver indicios de presunta prevaricación y claro alistamiento al vandalismo político en el papel de salvapatrias togado.

La paradoja Assange

 

Julian Assange, héroe del periodismo

La liberación de Julian Assange es una gran noticia, pero paradójicamente, al tener que declararse culpable –como la mayoría de nosotros haría tras doce años de privación arbitraria de libertad y sometidos a la tortura de una más que probable condena a 170 años de prisión–, ataca todo aquello de lo que Assange es paradigma: la libertad de información.
La asunción de culpa es una censura encubierta e inadmisible que sitúa al periodismo de investigación bajo la espada de Damocles. Por si fuera poco, los crímenes denunciados que llevaron a Assange a su calvario, han quedado impunes.
Siempre que el poder cometa tropelías y vulnere principios elementales –intrigas, mentiras, asesinatos y conspiraciones–, los ciudadanos como Assange, Katharine Gun, Edward Snowden y otros menos conocidos, son héroes absolutamente esenciales para la sociedad.
Nadie debería ser perseguido en Estados democráticos por destapar los desmanes e incomodar al poder que actúa con iniquidad sin respetar las leyes.

Nacho Cano

 

Nacho Cano, en una imagen de Diario de Madrid

Sostiene Nacho Cano que «nunca seré comunista y de izquierdas porque no soy idiota». Que no es de izquierdas, lo sabemos; lo de la idiotez, está por demostrar; pero lo que sí sabemos es que él, tan de derechas, aunque no lo reconoce –«tengo amigos de izquierdas», a los que, por cierto, acaba de insultar– tacha a la Policía de «criminal», no le gusta pagar impuestos porque no cree en la redistribución de la riqueza y, presuntamente, se aprovecha de trabajadores vulnerables.
Siguiendo el guion populista de su mentora Ayuso, se proclama víctima de una conspiración gubernamental por ser, precisamente, amigo de Ayuso, soslayando que ha sido una trabajadora la que lo denuncia. La policía solo actúa porque Nacho Cano, como cualquiera, no está por encima de la Ley.

Jueces

 

Como buen franquista, el PP añora el control absoluto y eterno de la Justicia

Igual que cada uno de nosotros, los jueces y juezas son personas; y las personas tienen ideología; y como la judicatura es mayoritariamente conservadora, el PP anhela y porfía en el mantra de que «los jueces elijan a los jueces», algo que, además de generar puro corporativismo –cubrirse unos a otros para salvaguardar sus intereses– que no aportaría nada bueno ni a la Justicia ni a la sociedad, tan sólo al PP y a los propios jueces, tampoco cumpliría con el mandato de nuestra Constitución que, ni más ni menos que en su primer artículo, proclama sin lugar a dudas que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» y, por tanto, deberán ser las Cortes Generales, representación de lo que el pueblo ha votado en elecciones libre y democráticas, las que han de elegir a los miembros que conformen dicho poder judicial. Así está mandatado y así debe ser. Lo demás, bagatelas torticeras que solo conducen a la crispación al confundir a los ciudadanos.

El Estado de derecho y el CGJP

 

Me quedo sin palabras para describir la corrupción moral del PP

Feijóo sermonea, una vez más, que «ni los órdagos, ni los chantajes, ni las amenazas se pueden admitir en el Estado derecho».
Pongamos que se lo compro –que no es así–, pero entonces, ¿qué tiene que decir de los secuestros?
Sistemáticamente el PP, cuando ha sido oposición, ha secuestrado el Consejo General del Poder Judicial para seguir controlando la justicia con su mayoría de derechas. Tanto es así que, este poder del Estado, ha permanecido secuestrado por el PP cuando no le tocaba 8 años y medio. Más de dos legislaturas… hasta ahora.
El PP, como siempre, fiel a sus principios: si yo gobierno, bien; pero si no gobierno haré cuanto pueda para retener el poder y derrocar a quien ha elegido el pueblo.
Ahora, de nuevo, pide la mediación europea; pero fue el PP en marzo el que, unilateralmente, decidió anular las reuniones con el comisario de Justicia, Didier Reynders.
Y, por eso, en esta no renovación, que va por cinco años y medio, ya han urdido 30 excusas diferentes para no renovarlo. ¡Ya está bien!

Ganar al margen de las urnas

 

La justicia española aun tiene muchísimos ramalazos franquistas

Desde hace cinco años y medio el PP incumple la Constitución con el bloqueo del CGPJ para politizar la justicia, judicializar la política y doblegar la soberanía popular al margen de las urnas. Por eso el juez Peinado entra ahora en campaña con un procedimiento, cuando menos, inusual basado en denuncia falsa sobre unos hechos jurídicos que no se sostienen. Toda la acción del Gobierno legítimo –al que califican de ilegítimo–, todos los avances, todas las grandes leyes, las medidas progresistas que mejoran la vida –en realidad es lo que no tragan–, de ahora y de siempre –reforma laboral, eutanasia, educación, anti desahucios, ley “trans”, ley “rider”, solo sí es sí, renta mínima, piquetes sindicales, antitabaco, igualdad, carnet por puntos, listas paritarias, matrimonio homosexual…– han sido votadas en contra y recurridas al Constitucional, como lo fueron otras en el pasado.
Mientras no acepten la democracia y pretendan retener lo que constitucionalmente no les corresponde, niegan la naturaleza de la misma democracia: el reconocimiento del resultado electoral.
Creer en la democracia solo cuando les favorece, no los convierte en demócratas.

Justicia franquista

 

Las derechas en general, y el PP en particular, quieren seguir controlando la justicia «por la puerta de atrás»

Buena parte del colectivo judicial es elitista –solo unos pocos pueden permitirse opositar durante 5 años–, conservador, permanece ideologizado y se envalentona con el bloqueo inconstitucional de 6 años que mantiene el PP en el CGPJ de mayoría altamente derechista. Y, por eso, son muchos los togados que aceptan falsas acusaciones basadas en recortes de prensa y bulos que señalan a la izquierda. Esas denuncias, que en países de nuestro entorno no tendrían ningún recorrido judicial, aquí se transforman en arma política.
Mientras algunos jueces usurpan órganos que no les corresponden, la derecha judicializa toda la acción legislativa para llevar a cabo una guerra procesal que inhabilite y provoque, mediante un barniz de legalidad, el repudio social a la izquierda: decenas de querellas inventadas son archivadas años después de corrosivo ataque mediático, ocasionando daños permanentes que perturban el resultado electoral.
En definitiva, jueces que pretenden estar por encima del Legislativo. ¡Y luego hablan de independencia judicial!

¡No pasarán!

 

Pedro Sánchez (foto original sacada de la web oficial de La Moncloa)

Estoy totalmente de acuerdo con la carta del presidente de Gobierno. Es un ataque, que dura décadas, de la carcunda –mediática, judicial, política y económica– contra la democracia porque la aborrecen. Sea quien fuere quien estuviera en el cargo, y no fuera de los suyos, actuarían exactamente igual. Recuerdo como se fueron creciendo y subiendo el tono con González, luego Zapatero y, ahora, enrabietados hasta el paroxismo, contra Sánchez.
Entiendo el desencanto. Sin querer compararme, también soy embestido a diario por mis escritos y, en algún momento de debilidad, he tenido ganas de dejarlo por el insoportable y nauseabundo hedor del albañal en que están convirtiendo la política. Es lo que pretenden. Pero eso, sería darles la victoria.
Sabemos por qué estamos aquí: hacer un mundo mejor y más justo.
Los españoles votamos y salió este Gobierno legítimo. Así, pues, adelante, Presidente. Merece la pena.

Mónica Oltra: la injusticia una vez más

 

Hartos de la Justicia lenta y sesgada

Cuando por ética, esa de la que la derecha carece, en 2022 dimitió ya lo advirtió: «Esto pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática». El juez, dos años después, no ha encontrado «un solo indicio de que se dictaran instrucciones u órdenes para ocultar los hechos».
Mónica Oltra, azote del corrupto PP valenciano, fue sometida sin ningún indicio a un linchamiento moral público por la totalidad de la caverna más reaccionaria política, mediática y judicial, que la consideró un objetivo más –ya ocurrió con Victoria Rosell, Alberto Rodríguez, Podemos…– para obtener el poder.
El daño está hecho y es imposible repararlo. Tanto, que tuvo consecuencias electorales. Al archivo de la causa, deberían dedicarle las mismas portadas, titulares y tiempo de tertulias que en su día a la ignominia. ¿Pedirán perdón? Es retórica pura, claro que no. Jamás lo hacen.
La justicia no actuó igual con un tal “M. Rajoy”, del que jamás se supo quién era. Así, lenta y sesgada, la justicia no es justicia.

Una corporación profesional de parte

 

ICAM, un colegio de abogados de pasado franquistas

De parte de la derecha más rancia: el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) apesta a pura ideología. Veamos:
¿Por qué si fue el entorno de Ayuso quien primero filtró un correo electrónico con medias verdades –que es lo mismo que mentir– y falsedades para tratar de dar la vuelta a la noticia periodística sobre las trampas fiscales de su pareja, que vive con ella en un piso comprado con dinero procedente de delito fiscal y utilizan un Maserati y un Porsche pagado de igual modo, el ICAM no se querella en los tribunales por esta filtración interesada para tratar de identificar a su autor?
Fue el desconcierto de los medios de comunicación por este bulo, lo que llevó a la Fiscalía a emitir un comunicado de prensa para aclarar que fue el abogado de la pareja de Ayuso quien propuso un acuerdo reconociendo los delitos y no al revés.
¿Por qué no actúa con igual rotundidad en las filtraciones del caso Koldo que, además, vulneran información de números de teléfonos personales? ¿Por qué quieren amparar al abogado de la pareja de Ayuso, aunque él ha rechazado acudir a los tribunales? ¿Por qué no amparan a otros abogados sometidos a campañas de desprestigio bestiales, como puede ser Gonzalo Boyé? ¿Por qué no se querellan cuando se filtran datos de gente anónima? ¿Por qué el ICAM acaba de nombrar al Abogado General de la Comunidad de Madrid y alto cargo de Ayuso, Luis Banciella, como su Secretario General? ¿Por qué públicamente, aunque deben mantener neutralidad política, se han mostrado contrarios al acuerdo de PSOE con Junts? ¿Por qué el ICAM organiza charlas contra la amnistía en las que solo se debate el punto de vista del PP, sin admitir discrepancias?
El ICAM rinde pleitesía a los abanderados de la derecha, como no puede ser de otra manera en un país que viene de una dictadura fascista.

¡Poned coto al tabaco!

 

Exigimos aire sin cáncer

Dado que el tabaco mata a quien lo fuma y a quien lo respira –22.500 personas al día en todo el mundo–, contamina y contribuye a la emergencia climática –284.200 toneladas diarias de CO2–, si no existiera y un botánico genético concibiera la planta para comercializarla, las autoridades sanitarias lo denegarían.
Para ser coherentes, ha llegado la hora de poner coto a esta perniciosa lacra. Terrazas, parques, estadios, paradas y calles, donde los fumadores exhalan su carga cancerígena, se hacen insoportables a muchos ciudadanos. Y no es que el humo moleste, que lo hace, es que siembra y cosecha una muerte lenta, dañando órganos internos, en especial pulmón, corazón y cerebro; y eso sin tener en cuenta sus casi setenta sustancias químicas cancerígenas ni el alquitrán que bloquea los bronquios de quienes lo respiran.
El derecho a fumar termina donde comienza el de los demás a respirar aire sin cáncer. Que fumen en sus casas y pagando cuantiosos impuestos para financiar la tan maltratada sanidad.

Feijóo: ¡Firme, ar!

 

PP un partido HIPÓCRITA

Y no lo digo yo. Lo dice Isabel Díaz Ayuso.
Ante el anuncio de Puigdemont de desvelar las conversaciones para investir a Feijóo, 16 medios de comunicación, de diferentes líneas editoriales, fueron convocados por un alto cargo del PP –¿el mismo Feijóo?– a una reunión para esclarecerlo. Allí se reconoció que habían estudiado la amnistía durante 24 horas –si es tan inmoral como nos han vendido, ¿había algo que estudiar?–, y que la descartaron por inconstitucional. Que se propuso un indulto –que tanto han denostado– condicionado para buscar «la reconciliación». Asimismo, confesó que sería muy difícil condenar a Puigdemont por terrorismo –algo que el PP no para de repetir–.
Ante el desconcierto creado en sus propias filas, Feijóo sostuvo que «no se da ninguna condición para indultos», dando a entender que si las hubiera sí habría indulto; y cuando Ayuso afirmó «que indultos de ninguna de las maneras» y acusó a la prensa de malinterpretar la reunión y montar una «campaña orquestada» al servicio del Gobierno narrando «secretos de Estado» –o sea, que 16 medios se han puesto de acuerdo en conspirar contra el PP y el PP no convocó ninguna reunión con la prensa–, Feijóo, acobardado, ha vuelto a desmentirse a sí mismo para proclamar «que indultos nunca».
También se confirmó que ERC recibió una llamada para pactar –el PP ya dijo en agosto que reuniría con todos excepto Bildu–; pero ahora, lo niega.
¡Hipócritas!

Incumpliendo la Constitución

 

Lo del PP no es política, es desfachatez.

Excusas peregrinas y más excusas, que han ido variando con el tiempo –hasta 21 si no he perdido la cuenta–, para incumplir la Constitución. Ésta mandata renovar el CGPJ cada 5 años, sí o sí, sin condiciones. Pero el PP, ahora con el pretexto de que debe reformarse la ley, bloquea la renovación cuando es oposición, pero no la toca, porque la ley es suya, cuando tiene mayoría absoluta.
Además, se enroca bajo el mantra de «que los jueces elijan a los jueces». Ya lo hacen. Las asociaciones de jueces pueden presentar candidatos y, sobre ellos decide, como no puede ser de otra manera, el Parlamento, órgano de la soberanía nacional. ¿O es que quieren que los jueces, en su mayoría de ideología conservadora y lazos con el franquismo, se elijan a sí mismos sin respetar lo votado democráticamente por el pueblo?
El PP bloquea su renovación porque goza de una cómoda mayoría conservadora instalada en tesis cercanas a Vox, y no por otra causa. Con sus bloqueos anticonstitucionales, ha dirigido el gobierno de los jueces durante 20 de los últimos 27 años, habiendo gobernado la izquierda más de la mitad del tiempo.
Lo del PP no es política, es desfachatez.

Separación de poderes

 

El PP, con sus vocales en CGPJ, pretende desestabilizar la democracia

Ocho vocales, deshonestos y reaccionarios, del CGPJ –en realidad insurrectos constitucionales pues su mandato caducó hace cinco años– nombrados a proposición del PP, y que siguen los dictados de Génova al pie de la letra para desestabilizar la convivencia, quieren sacar adelante una declaración institucional contra la ley de Amnistía que planteará el Gobierno. Se trata de una acción política para deslegitimar a un Gobierno legítimo, una clara injerencia del Poder Judicial en asuntos que competen al Legislativo, arrasando, como Atila, con la separación de poderes.
En su escrito dicen barbaridades de todo tipo: desde que se abole el Estado de Derecho, pasando porque Sánchez confunde el interés de España con el suyo para evitar un gobierno de derechas, hasta establecer, sin tener competencias ni esperar al Constitucional, la inconstitucionalidad de una proposición de ley que desconocen y que tendrá que debatir y aprobar el Parlamento. De salir adelante, será con la mayoría de la Cámara, representante de la soberanía nacional.
Estos jueces, con su hipocresía y pancismo, son indignos. Y ahí siguen, cinco años después, para no perder sus privilegios.

La codicia de las petroleras

Las petroleras encendieron la mecha, ¿se podrá apagar?

 Desde la década de los 50 del pasado siglo, las petroleras saben que la quema de combustibles fósiles causa daños irreversibles a nuestro planeta y sus moradores y, en lugar de alertar del ecocidio planetario, pagaron a lobbies para negar sus efectos.
Y, por participar en una «campaña de décadas de engaño» sobre el cambio climático y el coste de decenas de miles de millones de dólares que las autoridades estatales han tenido que abonar para hacer frente a los daños provocados al medio ambiente y la salud de las personas, el estado de California demanda en los tribunales a cinco de las mayores compañías de petróleo y gas del mundo.
Esta demanda abre el camino a que otros países acusen a sus petroleras para que sean ellas las que sufraguen el cambio a las energías verdes, al margen de posibles y multimillonarias indemnizaciones por el daño causado.
Aunque, opuesta a la implacable realidad, gran parte de la derecha mundial ansia revertir las políticas climáticas (“dictadura activista” las tildó Feijóo en su debate “embestidura”, ¡anda que si llega a salir!) –y en Europa lo están logrando con ayuda de los lobbies–.
Las autoridades nacionales, autonómicas y locales deberían ir poniéndose las pilas para no ser ellas las próximas demandadas si no hacen nada para proteger la salud pública.

¡Estoy harto de la política!

 

La continua bronca de la derecha desmoviliza a mucha gente de la política

Cada vez que se oye esta matraca, seguida de la desmotivadora frase de «todos son iguales», se insinúa que dará igual quién salga de las urnas, favoreciendo la abstención y el voto tradicionalista que beneficiará a los conservadores. Detrás se percibe la excelente tarea de desprestigio institucional que lleva a cabo toda la derecha –«política, judicial y mediática»–. Es una labor quirúrgica de desinformación que, cual «tortura de la gota china», erosiona y daña incesantemente la confianza en los políticos sabiendo que la derecha, por muy harta que esté, siempre vota. Solo le importa lograr el poder a toda costa. Y si para ello hay que jugar con pólvora y deteriorar la democracia, que no les gusta –hay tantas pruebas: deslegitimar al Gobierno, incumplir la Constitución, ensalzar el franquismo…–, el posible fin lo considerarán simple «daño colateral». Cuando se embarra todo, el hastío ciudadano alimenta la abstención que corroe las instituciones.
Las fake news, infundios, farsas y sandeces que cada día pueblan las redes por millares son manipulaciones de engatusadores ideológicos para apartar y no debatir de lo que importa a la gente.

Llamar a las cosas por su nombre

 

PP y Vox siguen la máxima de "lo que no se nombra, no existe"

Para defender su pacto con Vox, Feijóo sostiene «que da igual que se destierre el término de violencia machista, porque es obvio que existe» –pues si es tan obvio, no le cambie el nombre–. Aunque lo más alucinante es que, de remate, quien aspira a ser presidente del Gobierno de España, excusa al maltratador de Valencia porque «se estaba divorciando».
Para expresar pensamientos y sentimientos nos comunicamos mediante el lenguaje. Y es tan trascendente que, para que los interlocutores se entiendan en el diálogo, requiere que todo tenga nombre para citarlo, identificarlo y visibilizarlo.
Hace tiempo que en España se llegó a un consenso y se tipificó, para frenar y definir sus efectos y consecuencias, una serie de conductas bárbaras y agresivas como son las violencias de género y machista. Y como Vox, el otro actor del pacto, cree que no existen –barrunto que también muchos en el PP–, Feijóo debería ser rotundo y dejar prístino en los acuerdos su existencia.
Si se prostituye el lenguaje, entramos en terrenos farragosos y corremos el riesgo de poner en peligro a las mujeres pues, como ya advirtió el filósofo George Steiner, «lo que no se nombra, no existe».

Que lo paguen PP y Vox

 

El sectarismo de PP y Vox se paga con dinero público

PP y Vox retiraron los nombres de Largo Caballero e Indalecio Prieto de las calles de la capital de España y quitaron una placa, así como una estatua. Ahora, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma las sentencias previas y obliga al Ayuntamiento a restituir y reponer los nombres de las calles.
Cuando lo hicieron con el dinero público de todos, sabíamos que era un atropello. Ahora que la justicia reintegra la razón y la cordura, confío que sendas facturas, la de la retirada, la de la reposición y los costes de los tribunales, las abonen conjuntamente quienes cometieron esta tropelía y no tengamos que asumir entre todos los costes de sus caprichos sectarios.

Señores fiscales conservadores:

 

Vaya manía, y manera, que tiene el PP de instrumentalizar y manosear la Justicia

La reunión entre Feijóo y ustedes, debería haber sido institucionalmente normal. Sin embargo, al hacerla clandestinamente para instrumentalizar la Justicia y maniobrar contra el Gobierno, entró en el terreno de la anomalía democrática.
Allí le transmitieron su inquietud por las alianzas actuales con «partidos filoetarras» –estudien la Constitución–, su anhelo por la llegada al poder del PP –sigan esperando– y le animaron a derogar leyes progresistas –velen por su cumplimiento, y punto–. Feijóo se comprometió a ello y a seguir incumpliendo la Constitución para no renovar el CGPJ.
Me pregunto: ¿es este su innegable compromiso de mantener la lealtad institucional? ¿Esta reunión fortalece la confianza en la Justicia? ¿Se abstuvieron de hacer comentarios que afectaran su independencia e imparcialidad?
Como las cuestiones retóricas planteadas tienen por respuesta un rotundo no, asuman su responsabilidad y dimitan por vulnerar a sabiendas el código ético de la Fiscalía.
Los demócratas, ante tan lamentable contubernio, debemos permanecer alerta.