Justicia franquista

 

Las derechas en general, y el PP en particular, quieren seguir controlando la justicia «por la puerta de atrás»

Buena parte del colectivo judicial es elitista –solo unos pocos pueden permitirse opositar durante 5 años–, conservador, permanece ideologizado y se envalentona con el bloqueo inconstitucional de 6 años que mantiene el PP en el CGPJ de mayoría altamente derechista. Y, por eso, son muchos los togados que aceptan falsas acusaciones basadas en recortes de prensa y bulos que señalan a la izquierda. Esas denuncias, que en países de nuestro entorno no tendrían ningún recorrido judicial, aquí se transforman en arma política.
Mientras algunos jueces usurpan órganos que no les corresponden, la derecha judicializa toda la acción legislativa para llevar a cabo una guerra procesal que inhabilite y provoque, mediante un barniz de legalidad, el repudio social a la izquierda: decenas de querellas inventadas son archivadas años después de corrosivo ataque mediático, ocasionando daños permanentes que perturban el resultado electoral.
En definitiva, jueces que pretenden estar por encima del Legislativo. ¡Y luego hablan de independencia judicial!

¡No pasarán!

 

Pedro Sánchez (foto original sacada de la web oficial de La Moncloa)

Estoy totalmente de acuerdo con la carta del presidente de Gobierno. Es un ataque, que dura décadas, de la carcunda –mediática, judicial, política y económica– contra la democracia porque la aborrecen. Sea quien fuere quien estuviera en el cargo, y no fuera de los suyos, actuarían exactamente igual. Recuerdo como se fueron creciendo y subiendo el tono con González, luego Zapatero y, ahora, enrabietados hasta el paroxismo, contra Sánchez.
Entiendo el desencanto. Sin querer compararme, también soy embestido a diario por mis escritos y, en algún momento de debilidad, he tenido ganas de dejarlo por el insoportable y nauseabundo hedor del albañal en que están convirtiendo la política. Es lo que pretenden. Pero eso, sería darles la victoria.
Sabemos por qué estamos aquí: hacer un mundo mejor y más justo.
Los españoles votamos y salió este Gobierno legítimo. Así, pues, adelante, Presidente. Merece la pena.

Mónica Oltra: la injusticia una vez más

 

Hartos de la Justicia lenta y sesgada

Cuando por ética, esa de la que la derecha carece, en 2022 dimitió ya lo advirtió: «Esto pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática». El juez, dos años después, no ha encontrado «un solo indicio de que se dictaran instrucciones u órdenes para ocultar los hechos».
Mónica Oltra, azote del corrupto PP valenciano, fue sometida sin ningún indicio a un linchamiento moral público por la totalidad de la caverna más reaccionaria política, mediática y judicial, que la consideró un objetivo más –ya ocurrió con Victoria Rosell, Alberto Rodríguez, Podemos…– para obtener el poder.
El daño está hecho y es imposible repararlo. Tanto, que tuvo consecuencias electorales. Al archivo de la causa, deberían dedicarle las mismas portadas, titulares y tiempo de tertulias que en su día a la ignominia. ¿Pedirán perdón? Es retórica pura, claro que no. Jamás lo hacen.
La justicia no actuó igual con un tal “M. Rajoy”, del que jamás se supo quién era. Así, lenta y sesgada, la justicia no es justicia.

Una corporación profesional de parte

 

ICAM, un colegio de abogados de pasado franquistas

De parte de la derecha más rancia: el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) apesta a pura ideología. Veamos:
¿Por qué si fue el entorno de Ayuso quien primero filtró un correo electrónico con medias verdades –que es lo mismo que mentir– y falsedades para tratar de dar la vuelta a la noticia periodística sobre las trampas fiscales de su pareja, que vive con ella en un piso comprado con dinero procedente de delito fiscal y utilizan un Maserati y un Porsche pagado de igual modo, el ICAM no se querella en los tribunales por esta filtración interesada para tratar de identificar a su autor?
Fue el desconcierto de los medios de comunicación por este bulo, lo que llevó a la Fiscalía a emitir un comunicado de prensa para aclarar que fue el abogado de la pareja de Ayuso quien propuso un acuerdo reconociendo los delitos y no al revés.
¿Por qué no actúa con igual rotundidad en las filtraciones del caso Koldo que, además, vulneran información de números de teléfonos personales? ¿Por qué quieren amparar al abogado de la pareja de Ayuso, aunque él ha rechazado acudir a los tribunales? ¿Por qué no amparan a otros abogados sometidos a campañas de desprestigio bestiales, como puede ser Gonzalo Boyé? ¿Por qué no se querellan cuando se filtran datos de gente anónima? ¿Por qué el ICAM acaba de nombrar al Abogado General de la Comunidad de Madrid y alto cargo de Ayuso, Luis Banciella, como su Secretario General? ¿Por qué públicamente, aunque deben mantener neutralidad política, se han mostrado contrarios al acuerdo de PSOE con Junts? ¿Por qué el ICAM organiza charlas contra la amnistía en las que solo se debate el punto de vista del PP, sin admitir discrepancias?
El ICAM rinde pleitesía a los abanderados de la derecha, como no puede ser de otra manera en un país que viene de una dictadura fascista.

¡Poned coto al tabaco!

 

Exigimos aire sin cáncer

Dado que el tabaco mata a quien lo fuma y a quien lo respira –22.500 personas al día en todo el mundo–, contamina y contribuye a la emergencia climática –284.200 toneladas diarias de CO2–, si no existiera y un botánico genético concibiera la planta para comercializarla, las autoridades sanitarias lo denegarían.
Para ser coherentes, ha llegado la hora de poner coto a esta perniciosa lacra. Terrazas, parques, estadios, paradas y calles, donde los fumadores exhalan su carga cancerígena, se hacen insoportables a muchos ciudadanos. Y no es que el humo moleste, que lo hace, es que siembra y cosecha una muerte lenta, dañando órganos internos, en especial pulmón, corazón y cerebro; y eso sin tener en cuenta sus casi setenta sustancias químicas cancerígenas ni el alquitrán que bloquea los bronquios de quienes lo respiran.
El derecho a fumar termina donde comienza el de los demás a respirar aire sin cáncer. Que fumen en sus casas y pagando cuantiosos impuestos para financiar la tan maltratada sanidad.

Feijóo: ¡Firme, ar!

 

PP un partido HIPÓCRITA

Y no lo digo yo. Lo dice Isabel Díaz Ayuso.
Ante el anuncio de Puigdemont de desvelar las conversaciones para investir a Feijóo, 16 medios de comunicación, de diferentes líneas editoriales, fueron convocados por un alto cargo del PP –¿el mismo Feijóo?– a una reunión para esclarecerlo. Allí se reconoció que habían estudiado la amnistía durante 24 horas –si es tan inmoral como nos han vendido, ¿había algo que estudiar?–, y que la descartaron por inconstitucional. Que se propuso un indulto –que tanto han denostado– condicionado para buscar «la reconciliación». Asimismo, confesó que sería muy difícil condenar a Puigdemont por terrorismo –algo que el PP no para de repetir–.
Ante el desconcierto creado en sus propias filas, Feijóo sostuvo que «no se da ninguna condición para indultos», dando a entender que si las hubiera sí habría indulto; y cuando Ayuso afirmó «que indultos de ninguna de las maneras» y acusó a la prensa de malinterpretar la reunión y montar una «campaña orquestada» al servicio del Gobierno narrando «secretos de Estado» –o sea, que 16 medios se han puesto de acuerdo en conspirar contra el PP y el PP no convocó ninguna reunión con la prensa–, Feijóo, acobardado, ha vuelto a desmentirse a sí mismo para proclamar «que indultos nunca».
También se confirmó que ERC recibió una llamada para pactar –el PP ya dijo en agosto que reuniría con todos excepto Bildu–; pero ahora, lo niega.
¡Hipócritas!

Incumpliendo la Constitución

 

Lo del PP no es política, es desfachatez.

Excusas peregrinas y más excusas, que han ido variando con el tiempo –hasta 21 si no he perdido la cuenta–, para incumplir la Constitución. Ésta mandata renovar el CGPJ cada 5 años, sí o sí, sin condiciones. Pero el PP, ahora con el pretexto de que debe reformarse la ley, bloquea la renovación cuando es oposición, pero no la toca, porque la ley es suya, cuando tiene mayoría absoluta.
Además, se enroca bajo el mantra de «que los jueces elijan a los jueces». Ya lo hacen. Las asociaciones de jueces pueden presentar candidatos y, sobre ellos decide, como no puede ser de otra manera, el Parlamento, órgano de la soberanía nacional. ¿O es que quieren que los jueces, en su mayoría de ideología conservadora y lazos con el franquismo, se elijan a sí mismos sin respetar lo votado democráticamente por el pueblo?
El PP bloquea su renovación porque goza de una cómoda mayoría conservadora instalada en tesis cercanas a Vox, y no por otra causa. Con sus bloqueos anticonstitucionales, ha dirigido el gobierno de los jueces durante 20 de los últimos 27 años, habiendo gobernado la izquierda más de la mitad del tiempo.
Lo del PP no es política, es desfachatez.

Separación de poderes

 

El PP, con sus vocales en CGPJ, pretende desestabilizar la democracia

Ocho vocales, deshonestos y reaccionarios, del CGPJ –en realidad insurrectos constitucionales pues su mandato caducó hace cinco años– nombrados a proposición del PP, y que siguen los dictados de Génova al pie de la letra para desestabilizar la convivencia, quieren sacar adelante una declaración institucional contra la ley de Amnistía que planteará el Gobierno. Se trata de una acción política para deslegitimar a un Gobierno legítimo, una clara injerencia del Poder Judicial en asuntos que competen al Legislativo, arrasando, como Atila, con la separación de poderes.
En su escrito dicen barbaridades de todo tipo: desde que se abole el Estado de Derecho, pasando porque Sánchez confunde el interés de España con el suyo para evitar un gobierno de derechas, hasta establecer, sin tener competencias ni esperar al Constitucional, la inconstitucionalidad de una proposición de ley que desconocen y que tendrá que debatir y aprobar el Parlamento. De salir adelante, será con la mayoría de la Cámara, representante de la soberanía nacional.
Estos jueces, con su hipocresía y pancismo, son indignos. Y ahí siguen, cinco años después, para no perder sus privilegios.

La codicia de las petroleras

Las petroleras encendieron la mecha, ¿se podrá apagar?

 Desde la década de los 50 del pasado siglo, las petroleras saben que la quema de combustibles fósiles causa daños irreversibles a nuestro planeta y sus moradores y, en lugar de alertar del ecocidio planetario, pagaron a lobbies para negar sus efectos.
Y, por participar en una «campaña de décadas de engaño» sobre el cambio climático y el coste de decenas de miles de millones de dólares que las autoridades estatales han tenido que abonar para hacer frente a los daños provocados al medio ambiente y la salud de las personas, el estado de California demanda en los tribunales a cinco de las mayores compañías de petróleo y gas del mundo.
Esta demanda abre el camino a que otros países acusen a sus petroleras para que sean ellas las que sufraguen el cambio a las energías verdes, al margen de posibles y multimillonarias indemnizaciones por el daño causado.
Aunque, opuesta a la implacable realidad, gran parte de la derecha mundial ansia revertir las políticas climáticas (“dictadura activista” las tildó Feijóo en su debate “embestidura”, ¡anda que si llega a salir!) –y en Europa lo están logrando con ayuda de los lobbies–.
Las autoridades nacionales, autonómicas y locales deberían ir poniéndose las pilas para no ser ellas las próximas demandadas si no hacen nada para proteger la salud pública.

¡Estoy harto de la política!

 

La continua bronca de la derecha desmoviliza a mucha gente de la política

Cada vez que se oye esta matraca, seguida de la desmotivadora frase de «todos son iguales», se insinúa que dará igual quién salga de las urnas, favoreciendo la abstención y el voto tradicionalista que beneficiará a los conservadores. Detrás se percibe la excelente tarea de desprestigio institucional que lleva a cabo toda la derecha –«política, judicial y mediática»–. Es una labor quirúrgica de desinformación que, cual «tortura de la gota china», erosiona y daña incesantemente la confianza en los políticos sabiendo que la derecha, por muy harta que esté, siempre vota. Solo le importa lograr el poder a toda costa. Y si para ello hay que jugar con pólvora y deteriorar la democracia, que no les gusta –hay tantas pruebas: deslegitimar al Gobierno, incumplir la Constitución, ensalzar el franquismo…–, el posible fin lo considerarán simple «daño colateral». Cuando se embarra todo, el hastío ciudadano alimenta la abstención que corroe las instituciones.
Las fake news, infundios, farsas y sandeces que cada día pueblan las redes por millares son manipulaciones de engatusadores ideológicos para apartar y no debatir de lo que importa a la gente.

Llamar a las cosas por su nombre

 

PP y Vox siguen la máxima de "lo que no se nombra, no existe"

Para defender su pacto con Vox, Feijóo sostiene «que da igual que se destierre el término de violencia machista, porque es obvio que existe» –pues si es tan obvio, no le cambie el nombre–. Aunque lo más alucinante es que, de remate, quien aspira a ser presidente del Gobierno de España, excusa al maltratador de Valencia porque «se estaba divorciando».
Para expresar pensamientos y sentimientos nos comunicamos mediante el lenguaje. Y es tan trascendente que, para que los interlocutores se entiendan en el diálogo, requiere que todo tenga nombre para citarlo, identificarlo y visibilizarlo.
Hace tiempo que en España se llegó a un consenso y se tipificó, para frenar y definir sus efectos y consecuencias, una serie de conductas bárbaras y agresivas como son las violencias de género y machista. Y como Vox, el otro actor del pacto, cree que no existen –barrunto que también muchos en el PP–, Feijóo debería ser rotundo y dejar prístino en los acuerdos su existencia.
Si se prostituye el lenguaje, entramos en terrenos farragosos y corremos el riesgo de poner en peligro a las mujeres pues, como ya advirtió el filósofo George Steiner, «lo que no se nombra, no existe».

Que lo paguen PP y Vox

 

El sectarismo de PP y Vox se paga con dinero público

PP y Vox retiraron los nombres de Largo Caballero e Indalecio Prieto de las calles de la capital de España y quitaron una placa, así como una estatua. Ahora, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma las sentencias previas y obliga al Ayuntamiento a restituir y reponer los nombres de las calles.
Cuando lo hicieron con el dinero público de todos, sabíamos que era un atropello. Ahora que la justicia reintegra la razón y la cordura, confío que sendas facturas, la de la retirada, la de la reposición y los costes de los tribunales, las abonen conjuntamente quienes cometieron esta tropelía y no tengamos que asumir entre todos los costes de sus caprichos sectarios.

Señores fiscales conservadores:

 

Vaya manía, y manera, que tiene el PP de instrumentalizar y manosear la Justicia

La reunión entre Feijóo y ustedes, debería haber sido institucionalmente normal. Sin embargo, al hacerla clandestinamente para instrumentalizar la Justicia y maniobrar contra el Gobierno, entró en el terreno de la anomalía democrática.
Allí le transmitieron su inquietud por las alianzas actuales con «partidos filoetarras» –estudien la Constitución–, su anhelo por la llegada al poder del PP –sigan esperando– y le animaron a derogar leyes progresistas –velen por su cumplimiento, y punto–. Feijóo se comprometió a ello y a seguir incumpliendo la Constitución para no renovar el CGPJ.
Me pregunto: ¿es este su innegable compromiso de mantener la lealtad institucional? ¿Esta reunión fortalece la confianza en la Justicia? ¿Se abstuvieron de hacer comentarios que afectaran su independencia e imparcialidad?
Como las cuestiones retóricas planteadas tienen por respuesta un rotundo no, asuman su responsabilidad y dimitan por vulnerar a sabiendas el código ético de la Fiscalía.
Los demócratas, ante tan lamentable contubernio, debemos permanecer alerta.

Denunciar la corrupción

 

La corrupción es una lacra que se lleva 90.000 millones de euros al año

España, que en la clasificación de la eurozona corrupta ocupa el cuarto lugar, pierde más de 90.000 millones de euros anuales por esta lacra: 1.900 euros por habitante y año. Este inmenso sobrecoste económico, moral y humano carcome la democracia tensándola al borde de la fractura y nos sitúa, en el ranking de percepción de la corrupción que publica la ONG Transparencia Internacional, con la misma puntuación que Botsuana o Cabo Verde.
Aunque con carencias, la ley de protección al denunciante, aprobada recientemente por el Gobierno con los votos en contra de la ultraderecha –PP, Navarra Suma– aliada de la derecha extrema –Vox–, es un paso esencial para acabar con este azote que corroe la nación, tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas. La ley, además de proteger al denunciante, cuenta con buzones anónimos para denunciar y multas a quienes represalien a los informantes.
Aunque es un hito más en el haber de la izquierda, hay que seguir trabajando para mejorarla.

Los militares del Bruc y la prostituta

 

Puerta principal del cuartel del Bruc

A pesar de que la ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas tipifica como falta muy grave «realizar, ordenar o tolerar actos que afecten a la libertad sexual de las personas», en el cuartel militar del Bruc se pretendía realizar un sorteo para contratar los servicios de una prostituta. En los mensajes publicados del grupo soldados que optaban al premio y que hemos conocido, babeaban. Cuando se conoció el caso, se suspendió la rifa.
El Jefe del Regimiento lo denunció; pero, según el juez no existe delito «porque nunca se llegó a contratar a la prostituta».
¿Cómo? ¿O sea que si planeo un atraco al Banco de España o un golpe de Estado y me descubren antes de cometerlos tampoco hay delito porque nunca llegué a dar ninguno de los dos golpes? ¡Venga ya! Si esto es así, apañados estamos.

Las cloacas y el CGPJ

 

El presunto grado de podredumbre en la cúpula judicial es de traca

Los whatsapp que se cruzaron el ex número dos de Interior del PP y el Presidente de la Audiencia Nacional, demuestran la percepción de impunidad de sus actores y el control sobre las instituciones del Estado por los que predican las virtudes de la separación de poderes.
Mientras, el CGPJ, que permanece usurpado e incumple el precepto constitucional de renovarse cada cinco años desde hace más de cuatro para apropiarse indebidamente de la gestión administrativa y gubernativa de la Justicia que no debería estar bajo su mando, calla ante la gran ignominia y no abre expediente al Presidente de la Audiencia Nacional.
Y el PP, que paraliza la renovación para mantener en la cúpula judicial la mayoría absoluta que carece en el Parlamento y mangonear sus casos de corrupción, es culpable del descrédito judicial que sitúa a esta institución como una de las peor valoradas por la ciudadanía. Y todo para seguir controlando la Justicia como sea: «por la puerta de atrás», como dijo el senador del PP Cosidó, o por la de delante, como ya hace con absoluta impudicia.

Una deriva cada vez más peligrosa

 

El PP, siguiendo a Trump, se ha convertido en un partido antisistema

Desde que debutó en la escena política el maníaco fascista, machista recalcitrante, xenófobo empedernido y mentiroso compulsivo, Donald Trump, el Trio de Colón, como tantas derechas por el mundo, decidió emularlo y zarpó a surcar las turbulentas aguas de la corriente antisistema.
Desde entonces el PP, sin importarle prender la llama de la insurrección, ha ido subiendo el tono hasta internarse en un terreno desalentador y nocivo para la convivencia: cuestiona la validez del sistema, niega la pluralidad, el recuento electoral, las estadísticas del paro, la legitimidad democrática del gobernante, los pactos de legislatura y deshumaniza al contrario.
Y si además del esperpéntico desvarío, destacados dirigentes proclaman que el «amoral Gobierno», que da «golpes de Estado» cada día, no es de los españoles y «quiere matarlos y meterlos en la cárcel», promueven la rebelión contra un Presidente democrático rozando la tragedia. Es lo que hace Ayuso con su séquito de palmeros mientras Feijóo, acogotado, agacha las orejas.
Si a mí me alertaran –y me creyera la sandez– de que el PP pretende matar y encarcelar a los demócratas, me defendería. Es temeraria y bárbara la deriva populista y polarizadora de los populares.

Golpe al Legislativo

 

El pasado franquista del PP lo mantiene atenazado

Está claro que para el PP el único partido con legitimidad para gobernar España es el suyo. ¿Alguien lo duda?
Aunque se le infle la boca de constitucionalismo, si se siente perjudicado no respeta las normas. La democracia funciona cuando se cumplen las reglas. Si el PP las infringe y la Justicia no actúa, solo queda cambiarlas democráticamente en el Parlamento.
El PP, genéticamente es franquista, por eso es antidemocrático e intransigente. Su totalitarismo le lleva, cuando es oposición, a deslegitimar al Gobierno desde el primer minuto –González, Zapatero y Sánchez–, zancadillear todas sus iniciativas legislativas –en España y en el extranjero– bloquear, poner recursos, hacer irrespirable la democracia, dinamitar sus instituciones y, como no sabe dialogar sino imponer, jamás pacta. Y, cuando gobierna, nunca llega a acuerdos, solo impone.
Pero lo de acallar preventivamente la sede de la soberanía popular, es el no va más.
Por cierto, las instituciones las deslegitiman quienes no cumplen la Constitución y quienes formando parte de las mismas no dimiten una vez finiquitado el tiempo marcado.

La conjura de las derechas

 

Las derechas en general, y el PP en particular, quieren seguir controlando la justicia «por la puerta de atrás»

Parafraseando a John Kennedy Toole, «cuando en el mundo aparece la izquierda, puede identificársela por este signo: todos los poderes se conjuran contra ella». Y, para secuestrar la voluntad popular, lo hacen negando desde el minuto uno su legitimidad democrática. Ahí están Lula da Silva, Evo Morales, Allende… Sánchez.
La acción del poder económico o el mediático es evidente; el judicial, es más sibilino e instrumentaliza la Justicia de forma abusiva controlando órganos (CGPJ, TC) que no le corresponden –usurpación– para iniciar una “lawfare” o guerra judicial que inhabilite y provoque, mediante un barniz de legalidad, el repudio social del oponente: decenas de querellas inventadas y archivadas años después de corrosivo ataque mediático que dejan daños permanentes al grabarse en el subconsciente de la gente o las constantes zancadillas de inconstitucionalidad a leyes democráticas y legítimas por órganos judiciales caducos. Y hablan de independencia.
Derechas: Cumplan la ley y hagan política, no cochambre.

Cuatro años usurpando el CGPJ

El CGPJ se encuentra secuestrado por usurpadores

El pasado día 4 se cumplieron cuatro años desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGJP) debería haberse renovado.
Hablemos claro: según la Real Academia Española, la segunda acepción de usurpar es «Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios». La primera acepción, que también encaja, es aún más dura.
Si analizamos lo que está haciendo el caduco CGPJ no es más que apropiarse indebidamente de la gestión administrativa y gubernativa de la Justicia que no debería estar bajo su mando. En román paladino, está usurpando el derecho legítimo de otros y conculcando el precepto constitucional de renovarse cada cinco años.
En total, y siempre que el PP ha sido oposición –jamás con el PSOE–, este poder del Estado, ha permanecido usurpado/secuestrado 7 años… hasta ahora.
¿El PP un partido de Estado y constitucional? ¡Venga ya!
¿Y qué decir de los jueces? Pues que deberían haber dimitido hace 4 años, cuando caducó su mandato constitucional. Nunca es tarde.