Que no te compren por 36 €

 

El voto es tu arma más poderosa: Que no te compren

Las rebajas fiscales que propone la derecha esconde un modelo que beneficia mucho más a los ricos: 36 € al mes para un salario de 30.000 €, frente a 17.000 € mensuales para uno de un millón. ¿El precio? Recortes y servicios públicos devastados. ¿Para qué sirven esos 36 € si tienes que pagarte la sanidad, la educación y tu pensión?
Se propone avanzar hacia un sistema mixto de pensiones público-privado, permitir que las mutuas patronales gestionen las bajas médicas, frenar la regulación del alquiler, derogar la Ley de Memoria Democrática y leyes de igualdad, diversidad, aborto y eutanasia. También se plantea restringir la libertad cultural –ya está pasando donde gobiernan– y docente, derogar la reforma laboral, ilegalizar partidos independentistas, eliminar leyes climáticas, continuar la demolición de educación y sanidad, abandonar el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, suprimir las zonas de bajas emisiones, recuperar el delito de sedición, deportar masivamente a inmigrantes –al estilo Trump– y agilizar los desahucios.
Es un asunto capital: están en juego derechos, libertades y conquistas sociales que han costado décadas conquistar.
Votar sin pensar en las consecuencias es abrir la puerta a perder lo que hoy damos por garantizado. Y cuando se debilitan los derechos de la mayoría para favorecer a unos pocos, no estamos ante un simple cambio político: estamos ante un retroceso que golpea a los ciudadanos de a pie. Es una forma de actuar inaceptable, profundamente irresponsable y socialmente deleznable. Quien desprecia los derechos conquistados no merece que, con el voto, le entreguemos el futuro.

De patriotas y tijeras

 

¡Menudos patriotas!

Resulta paradójico que los «muy patriotas» aplaudan los insultos de «motosierra Milei» a nuestro –sí, de todos– presidente, mostrando un flagrante ejercicio de vasallaje voluntario en el Nueva Economía Fórum. En su afán por hacer de palmeros del argentino, han convertido la dignidad institucional —y nacional— en su felpudo. Prueba de ello es el escandaloso silencio de la cuarta autoridad del Estado, Pedro Rollán (PP). ¡Qué memoria tan corta y sesgada! ¿Recuerdan cuando Hugo Chávez intentó humillar a Aznar? En aquel momento, Zapatero saltó a defenderlo y exigió respeto por haber sido elegido democráticamente. Aquello fue patriotismo de Estado; lo de ahora es sectarismo barato. Su amor a la patria es una farsa que se desvanece en cuanto aparece un adversario al que linchar. Mucho golpe de pecho, pero ningún respeto por la democracia o los ciudadanos.
Y mientras presumen de bandera, afilan las tijeras contra lo social. Sanidad y educación públicas sufren recortes allí donde gobiernan, y ahora las pensiones entran en el negocio. Para lo social, tijeras; para la defensa, más gasto. Para proteger a la ciudadanía, excusas; para su agenda militar y policial, barra libre. Ese es su patriotismo de escaparate: exigir sacrificios a la gente mientras engordan las partidas de defensa. Menos banderas como coartada y más compromiso con la gente, porque amar a España no consiste en gritar su nombre, sino en cuidar a quienes la levantan cada día.

¡¿Queréis callar hasta que cierren las urnas?!

 

La derecha va a por el negocio de las pensiones privatizándolas

Mientras Vox presume de que la motosierra de Milei «se va a quedar en nada» y amenaza con un «¡Bulldozer!» cuando alcancen la mayoría absoluta, altavoces mediáticos exigen al PP que calle sobre las pensiones hasta después de las elecciones: «Que hablen cuando ya estén formando Gobierno; pero antes, por favor, que estén callados». Es decir, pretenden, de forma maquiavélica, ocultar sus planes hasta que las urnas estén precintadas.
¿Quieren camuflar la realidad para que diez millones de pensionistas voten a ciegas, hurtándoles el derecho a saber qué pasará con el esfuerzo de toda su vida? Ocultar los planes por temor a perder votos no es prudencia; es una emboscada electoralista y una cobardía política. Quien pretenda decidir sobre el dinero de los demás tiene la obligación moral de explicarse antes de que se vote, nunca después.
Esta forma de actuar es deleznable. Va directamente contra los ciudadanos de a pie. Jugar con el sustento ajeno mediante el engaño y el ocultamiento deliberado es una traición intolerable. Quien esconde sus planes hoy, os saqueará mañana.

La derecha contra el ciudadano

 

La derecha (la ultra, PP, y la extrema, Vox) decidida a cargarse el Estado de bienestar

Mientras la derecha portuguesa legisla sin tapujos para blindar a los fondos buitre y rentistas, en España el PP y Vox ejecutan una estrategia más sibilina: el silencio y bloqueo absoluto. Desde 2019, el Gobierno central ha aprobado la Ley de Vivienda, frenado desahucios, prorrogado contratos, reformado el marco laboral y subido el SMI, entre otras medidas. Frente a este escudo social, la oposición opera bajo un cálculo perverso. Votan en contra de cada avance en el Congreso, celebrando con aplausos la caída de decretos necesarios, y saboteando deliberadamente las leyes en las comunidades autónomas donde gobiernan.
Esto no es discrepancia ideológica; es asfixia premeditada para servir al poderoso. Obstruyen cualquier alivio familiar con tal de proteger los privilegios de los ricos y desgastar al Ejecutivo, pretendiendo después culpar al Estado de una inacción que ellos mismos provocan. Queman el bienestar público mientras esconden el extintor.
Jugar con el desamparo y el derecho a la vivienda para satisfacer privilegios no es política: es una crueldad intolerable y una traición directa a la ciudadanía. Quienes mercadean con la miseria ajena, boicotean la dignidad humana y condenan al desahucio a las familias no merecen amnesia ni beneficio de la duda. Merecen el repudio absoluto, el desprecio ético y el castigo implacable, definitivo e histórico de las urnas. ¡Fuera de las instituciones!

¿Que las pensiones qué…?

 

Esto es lo que ocurrirá si llegan la ultraderecha (PP) y la derecha extrema (Vox) al gobierno

Llevo oyendo hablar del «colapso inminente» de las pensiones desde que los pantalones de campana comenzaban a estar de moda. También cuando empecé a trabajar a finales de los setenta. Hoy estoy jubilado, cobro mi pensión y la cantinela sigue siendo la misma. Pasan las décadas, mueren dictadores, cambian gobiernos y se jubilan generaciones enteras y las pensiones siguen pagándose. Todo responde a una estrategia burda: sembrar el pánico para trincar un pastel jugoso. Tras hincar el diente a sanidad y educación, el gran capital ansía devorar las pensiones. La derecha insiste en que las pensiones «no se sostienen», «que van a petar» y, acto seguido, sus aliados de la banca ofrecen planes privados con una sonrisa de tiburón para «salvarnos». Un negocio redondo: aterrorizar al trabajador para que entregue sus ahorros a entidades que quiebran y exigen rescates públicos. ¿Quién garantiza un fondo que mañana puede devaluarse por completo?
Debilitar las pensiones públicas para abrir un negocio privado no es salvar a los ciudadanos: es desvalijar sus derechos para ponerlos al servicio de intereses económicos. Quien juegue con el sustento de nuestros mayores para favorecer a la banca no merece su confianza. Es una forma de actuar deleznable, una traición a quienes levantaron España con su sudor. Quien mercadea con la vejez de sus ciudadanos merece el más absoluto desprecio en las urnas. Con el pan del pueblo no se negocia, no se especula y, bajo ningún concepto, se consiente.
Por eso, pensionistas: voten con la cabeza, no con las tripas. Con el actual Ejecutivo, la pensión media ha aumentado casi 500 € al mes, mientras que el modelo del 0,25 % del PP habría sido solo 30 €. Por su parte Abascal dice que «las pensiones se pagarán de la manera que sea, con un sistema u otro». Ese «como sea» quiere decir con rebajas y congelaciones. Y ese «un sistema u otro» quiere decir que serán privatizadas.
Blanco y en botella. Ustedes mismos.

Depredadores de lo público

 

El PP dispuesto a cargarse el Estado de Binestar. Ahora las pensiones

Para el capital y su aliada, la derecha, los derechos no son conquistas sociales, sino nichos de mercado. Tras degradar la sanidad y la educación, la ultraderecha (PP) y la derecha extrema (Vox) apuntan al botín más codiciado: las pensiones. Su estrategia consiste en infundir terror sosteniendo que «el sistema de pensiones es un zombi; lo han quebrado» y que necesita una transición hacia un modelo mixto público-privado.
Se trata de una trampa nefasta. Privatizar las pensiones equivale a transformar un derecho constitucional en una apuesta de casino, a merced de mercados volátiles, comisiones y fondos que, si colapsan, exigen rescates públicos dejando al ciudadano sin su jubilación. Resulta revelador que la supuesta «sostenibilidad» de PP y Vox exija sacrificios al pensionista mientras blinda los beneficios fiscales de las élites y grandes corporaciones. Las pensiones no plantean un problema matemático de escasez, sino de reparto de la riqueza. Lo insostenible no es la vejez de la clase trabajadora; es la codicia de quienes pretenden mercantilizar la incertidumbre de millones de jubilados para engordar el negocio financiero de unos pocos. Las pensiones se defienden, no se venden.
Voten con cabeza.

Latrocinio: factura proforma

 Hay una estirpe de delincuentes que no necesita pasamontañas para desvalijarnos; les basta con servilismo, mantel y papel térmico. Son los defraudadores de la hostelería —esa minoría tóxica que urge denunciar—, sujetos que han convertido la «factura proforma» en una herramienta para ocultar operaciones que deberían quedar documentadas.
Cuando, después de cobrarte, te entregan una proforma como si fuera la factura, no es un simple descuido administrativo: es utilizar un documento sin validez fiscal como sustituto de la factura correspondiente.
Si esa práctica se utiliza deliberadamente para no registrar o declarar una venta, hablamos de fraude fiscal y dinero negro. No es picaresca; es un latrocinio social perpetrado por quienes confunden la codicia con la astucia.
Estos sinvergüenzas exigen seguridad y sanidad de calidad, pero algunos pretenden ahorrarse su obligación de contribuir a sostenerlas. Mientras el ciudadano honrado cumple, quienes ocultan ventas trasladan su carga al resto de la sociedad.
Basta de eufemismos. Una proforma puede servir como documento previo, pero no puede sustituir a la factura que corresponde por una operación ya realizada y cobrada.
Ante el fraude, tolerancia cero: si después de pagar le entregan únicamente una proforma, conserve el documento y denuncie los hechos.
Porque pagar impuestos no debe ser opcional para unos mientras los demás cumplen.

El eclipse que da luz

 

¿Cómo se puede votar a PP y Vox para que te machaquen?

Gracias al eclipse he comprendido, por fin, uno de los grandes misterios de nuestra civilización.
Para conducir un coche hay que tener más de 18 años. Para votar, también. Hasta aquí, perfecto: la democracia y la carretera exigen cierta madurez.
Pero llega el eclipse y ¡zas!, la DGT y la Guardia Civil nos advierten solemnemente de que está prohibido conducir con las gafas del eclipse puestas.
Bien, teniendo en cuenta esta prohibición, ahora me explico cómo, si alrededor del 10% de la humanidad acapara aproximadamente el 76% de la riqueza mundial, mientras el otro 90% se reparte las sobras, no hay ningún misterio en que la derecha gane elecciones prometiendo, básicamente, que los de arriba van a seguir viviendo a cuerpo de rey.
Visto lo visto, muchos llevan años votando en democracia con las gafas del eclipse puestas.

La corrupción se viste de privatización

 

Cada vez que abre la boca, Feijóo se desinfla

Feijóo afirmó hace pocos días que «es corrupción usar el poder para beneficiar a unos pocos en perjuicio del conjunto». Es una frase impecable. Precisamente por eso debería recordársela a los presidentes y presidentas autonómicos de su propio partido que cada vez que impulsan nuevas privatizaciones en la sanidad y la educación públicas aplican este saqueo sistemático.
Cuando se derivan recursos públicos hacia empresas privadas para gestionar servicios esenciales, el interés general queda subordinado al negocio de unos pocos. Los beneficios empresariales no aparecen por arte de magia: salen, en última instancia, del dinero que aportan todos los contribuyentes. Cada euro destinado a retribuir a accionistas o engrosar márgenes empresariales es un euro que no se invierte en contratar más profesionales, reducir listas de espera, modernizar infraestructuras o reforzar la enseñanza pública.
Garantizar unos servicios públicos fuertes no debería ser una disputa partidista, sino una prioridad de eficiencia, equidad y responsabilidad fiscal. Si el PP sostiene que favorecer a una minoría a costa de la mayoría es una forma de corrupción, debería revisar sus políticas de privatización, que son el mejor ejemplo de esa contradicción al desmantelar el Estado de bienestar para convertir derechos fundamentales en un negocio rentable para muy pocos.

Privatizaciones: seré conciso

Fuera vuestras sucias manos de lo púbico

 —Cuando una empresa privada entra en la sanidad, la educación o las residencias públicas, ¿lo hace por altruismo o para obtener beneficios?
—Para obtener beneficios.
—Y esos beneficios, ¿de dónde salen?
—De los presupuestos públicos.
—Entonces coincidimos en lo esencial: dinero de todos acaba en entidades privadas con ánimo de lucro.
—Así es.
—Si ese dinero se destinara íntegramente a reforzar lo público, ¿mejorarían la sanidad, la educación y el cuidado de nuestros mayores, en lugar de engordar beneficios privados?
—Sin duda.
—Luego la privatización no es una solución, sino la transferencia de recursos públicos a intereses privados. ¿Queda claro por qué nunca es positiva?
—Meridianamente claro.
Conclusión: Como Madrid es la región que menos invierte por habitante en servicios públicos esenciales, es donde más crece el negocio privado de la sanidad, la educación y las residencias.

Pensiones: el asalto definitivo de PP y Vox

 

La derecha ahora va a por las pensiones

El Gobierno debe presentar un procedimiento ordinario para blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones conforme al IPC real. No solo sería una medida de justicia social, también sería una jugada táctica maestra que destaparía el cinismo de PP y Vox. Los hechos son tozudos: en 2021 votaron en contra de vincular las pensiones al IPC. No fue un despiste ni un error técnico, fue una declaración política. La derecha practica una ambigüedad deliberadamente obscena: promete dignidad ante las cámaras mientras, con la mentira de que son insostenibles, afila tijeras en los despachos y cuando gobierna las devalúa. Si hoy el PP insinúa que apoyaría un real decreto aislado, no es por convicción, sino por terror al castigo en las urnas; lo haría a regañadientes y tratando de ocultar su programa real.
La verdad es incómoda pero clara: el modelo público les molesta, les estorba, les repugna. Su meta es la privatización sin freno, el negocio redondo para bancos y fondos que ya devoran vivienda, sanidad, educación y residencias. Asfixiar lo público para premiar a las élites fiscales es su prioridad. Su lema no escrito es simple: quien quiera derechos, que se los pague. Eluden, con soberbia insultante, que ya los pagamos con nuestro esfuerzo.
Vox, envuelto en su patriotismo de cartón piedra, siente idéntico desprecio por lo público. Aspira al modelo estadounidense, donde millones de personas se endeudan de por vida para pagar una operación, una carrera universitaria o una residencia digna. Ese es el modelo que callan mientras fingen preocuparse por los pensionistas. Blindar las pensiones no es solo proteger un derecho: es obligarles a quitarse la careta de una vez por todas.

¿Puede existir mayor miseria moral?

 

El PP dispuesto a desguazar lo público para que sus amigos hagan negocio

Si se analiza la actuación del PP, de Isabel Díaz Ayuso y de la Comunidad de Madrid con las residencias de mayores, la pregunta es retórica. Mientras miles de personas mayores malviven en centros con carencias crónicas de personal, atención sanitaria y mantenimiento degradados, el Gobierno madrileño dejó sin ejecutar 61,5 millones de euros destinados a mejorar su cuidado. No fue un error técnico ni una anécdota presupuestaria: fue una decisión política.
Ese dinero público, que debía servir para dignificar los últimos años de vida de quienes sostuvieron este país, acabó engordando al grupo privado Quirón Salud. Un transvase indecente de recursos de lo común a lo privado, de los vulnerables a los privilegiados. El modelo del PP es este: adelgazar lo público –sanidad, educación, residencias… pensiones aún no porque no pueden– hasta asfixiarlo y después justificar el negocio privado como salvación inevitable. El resultado es devastador, inmoral y aumenta la desigualdad.
Resulta especialmente sospechoso que, en este contexto, empresas muy beneficiadas por la política sanitaria madrileña coloquen a la pareja de la presidenta en un cargo extraordinariamente bien remunerado. El conflicto ético es evidente, aunque se intente maquillar con coartadas legales.
Lo ocurrido en Madrid no es mala gestión, es desprecio social. Es decidir que nuestros mayores estorban –«se iban a morir igual»– y que su cuidado no da votos ni dividendos. Es gobernar contra la dignidad humana. ¡A seguir votándoles!

Público-privada: ¡Exijo sinceridad!

 

PP-Vox: desguace de lo público

¿Es lícito privatizar servicios públicos? Aunque en términos éticos sea una práctica corrupta por los cuatro costados, parece que sí. Y es corrupta porque convertir bienes y servicios construidos con el esfuerzo y dinero de todos en negocio lucrativo de unos pocos es una forma torticera —y cobarde— de expoliar las arcas públicas. No quieren eficiencia, buscan el lucro de accionistas.
Lo más indignante es la deshonestidad de la derecha, que intenta acaramelar la privatización con eufemismos como “colaboración público-privada” o “libertad de elección”, cuando en realidad no es más que el chorreo de dinero público a empresas que solo buscan lucrarse, no bien común. Y lo hacen en servicios esenciales como sanidad, educación o residencias de mayores, donde la lógica del mercado jamás debería marcar el rumbo.
Si tan convencidos están de que su modelo es el mejor, que lo digan sin rodeos, como hago yo reprobándolo. Que los “muy patriotas” de PP y Vox manifiesten, de frente y sin maquillaje, que prefieren un país donde quien más tiene recibe más y quien menos tiene se queda a dos velas. Así, a la hora de votar, nadie podrá alegar engaño. Y, aunque al menos sería un acto de honestidad democrática, su hipocresía no lo posibilitará.

La factura oculta de las privatizaciones

 

Privatizar es regalar el dinero de todos a los millonarios

¡Qué escándalo!... es ironía, por si no se me entiende.
Cuando un servicio público se entrega a manos privadas, el interés común queda relegado a un segundo plano. La empresa privada busca maximizar beneficios, no garantizar derechos básicos como salud, educación o dignidad. Lo que hay en los modelos privatizadores del PP en sanidad, educación o residencias de mayores es el negocio empresarial condicionando decisiones que deberían responder exclusivamente a criterios éticos. Así, alargar las listas de espera no es solo mala gestión, es un acto criminal que permite que las enfermedades progresen, que los diagnósticos lleguen tarde y que los pacientes mueran por una estrategia de rentabilidad disfrazada de eficiencia a la vez que suben los seguros privados.
Cuando los derechos se convierten en negocio, se subastan en mercados donde la calidad se mide en ahorro y no en bienestar. La ciudadanía paga dos veces: con impuestos y con el destrozo de la atención.
Y recalco que, el dinero público convertido en dividendo empresarial para unos pocos potentados, debería haber sido usado para mejorar los servicios, no para llenar sus bolsillos. Y mientras tanto, quienes promueven estas políticas se escudan en discursos de modernización que solo encubren un chorreo constante de recursos públicos hacia intereses privados de sus defendidos: los ricos.

Feijóo y los subsidios

 

El PP está dispuesto para destrozarlo todo

¿A qué llama exactamente Feijóo «subsidios» cuando lanza sus críticas, plagiando sin disimulo el discurso tóxico de VOX y sus «paguitas»? ¿Se refiere al derecho al desempleo, una conquista social que protege a quienes pierden su trabajo? ¿O al ingreso mínimo vital, una medida mínima de dignidad que asiste a quienes no tienen absolutamente nada? Que hable claro. Que no esconda su habitual cobardía tras vaguedades calculadas.
Feijóo ha decidido abrazar la deriva más reaccionaria sin tapujos, creyendo ingenuamente que puede competir con la ultraderecha en su terreno. Pero quien juega a parecerse a VOX acaba siendo arrasado por VOX. Los resultados de los sondeos son evidentes: entre el original y la copia, la gente elige al original.
Este PP, desnortado y sin principios, ha perdido su alma. Ya no propone, solo reacciona. Ya no lidera, solo imita. Cree que endurecer el lenguaje le hará ganar votos, pero lo único que logra es hundirse en su irrelevancia. Con Feijóo al mando, el PP ya no es una alternativa de gobierno, sino una sombra acomplejada que ha renunciado a la moderación, al pensamiento propio y, lo que es peor, al coraje moral.

Ni un paso atrás: agotar la legislatura para frenar la involución

 

El PP ya no disimula

Agotar la legislatura no es solo una necesidad política, es una obligación moral. La alternativa reaccionaria representa un retroceso devastador para la democracia, los derechos sociales y la dignidad de millones de personas. Además, la derecha ha demostrado una preocupante falta de capacidad para gestionar situaciones complejas. Siempre fue incompetente.
El mal llamado “milagro económico” de Aznar fue un espejismo: entrada en el euro, ciclo económico internacional favorable, privatización salvaje del patrimonio nacional y el estallido de una burbuja inmobiliaria alimentada por una ley del suelo irresponsable. A eso se sumaron fondos europeos y bajos precios de materias primas. Un escenario excepcional que no tiene nada que ver con una gestión ejemplar, sino más bien con un saqueo del patrimonio.
Además, cuando les ha tocado gestionar crisis, su respuesta ha sido deficiente: desde la manipulación del 11-M, la catástrofe del Prestige, el escándalo del Yak-42, hasta los recortes de Rajoy y la pérdida de derechos laborales. A esto se suman tragedias como el Madrid Arena, la gestión de las residencias en la pandemia, la DANA valenciana o los recientes incendios. En todos estos casos, la derecha mostró su verdadera cara: desprecio a las víctimas, mentiras sistemáticas, cero rendir cuentas y una arrogancia criminal que jamás asumió responsabilidades. A día de hoy, seguimos esperando una sola disculpa. Jamás llegará, porque mejorar la vida de la gente nunca ha sido su objetivo. Su rechazo al sector público es notorio; su propósito es desgastar a la izquierda con el fin de alcanzar el poder, y una vez lo logran, buscan controlar las instituciones para perpetuar y ampliar las desigualdades sociales. Su enfoque es crear leyes que beneficien a los más poderosos.
No es ficción. Es su historial. Y es una amenaza real. Volverían los recortes, el bloqueo institucional, la precariedad y la propaganda. Volverían los insultos a los sindicatos, el negacionismo climático, la criminalización de la protesta y el retroceso de derechos de mujeres, migrantes y trabajadores.
Por eso, agotar la legislatura es una necesidad estratégica y una declaración de principios. Presentar unos presupuestos valientes, centrados en la justicia social, obligará a retratarse a quienes votan en contra de proteger a la mayoría. Será una herramienta para consolidar un proyecto de país que ha demostrado capacidad de gestión, voluntad de diálogo y compromiso con el futuro.
La derecha ha gobernado, y el resultado fue desolador. No lo olvidamos. Hoy, más que nunca, necesitamos resistencia, pero también ambición. No basta con frenar. Hay que avanzar.
Ni un paso atrás.

Acabar con la corrupción

 

Los corruptores, como los corruptos, deben pagarlo

La corrupción devora lo que con tanto esfuerzo construimos. Se alimenta de egoísmo, ambición desmedida y deseo insaciable de lucro; no respeta a nada ni a nadie. Es una fuerza destructiva que transita por los rincones más oscuros de la sociedad. Se introduce en todos los ámbitos, socava los pilares de la confianza y convierte el servicio público, la promesa de bienestar colectivo, en territorio de saqueo de unos pocos.
El daño causado es incalculable. No solo en términos materiales, donde millones de euros se desvanecen en manos corruptas, sino en lo más profundo: lo humano. Es la desolación que deja detrás, es la desesperanza de los ciudadanos que sufren el abandono de sus derechos básicos, es la creciente desigualdad que genera un sistema donde unos pocos se enriquecen mientras la mayoría se ve condenada a luchar por lo mínimo. Hospitales, educación, agua potable, obra pública… todo se convierten en terreno de saqueo. Hasta las empresas públicas de servicios estratégicos, otrora solventes y orgullo de la nación, se enajenan a intereses privados.
Las instituciones se desmoronan desde dentro y pierden su capacidad para proteger a la ciudadanía. Los recursos que deberían ser destinados al bienestar común son desviados por las manos de quienes no tienen otro objetivo que satisfacer sus ansias de dinero, mientras los ciudadanos se ven indefensos ante el despojo sistemático.
Pasó el momento de hablar con palabras tibias. No sirve, no ayuda. Hay que actuar con una contundencia sin precedentes. Es necesario que corruptores y corruptos enfrenten las consecuencias de sus actos, no solo con penas ejemplares, sino con un verdadero proceso de purga que los obligue a devolver lo robado. El daño causado a las instituciones y a la confianza de la ciudadanía debe ser reparado, aunque en muchos casos las cicatrices no sanarán. Pero no podemos rendirnos. No podemos permitir que esta podredumbre siga infectando nuestra democracia.
Penas más severas, multas exorbitantes, fin de los aforamientos y, lo más importante, prohibir que aquellos que han corrompido el sistema puedan volver a tocar el poder. Las empresas que han participado en prácticas corruptas deben ser expulsadas del proceso de licitación pública para siempre y sin contemplaciones.
España no se renovará por sí sola. La ciudadanía debe ser consciente de que la democracia no es un regalo que se recibe, sino una responsabilidad que se defiende. La indiferencia es uno de los grandes enemigos que tenemos como nación. La lucha contra la corrupción no es solo una cuestión política, sino de ética, de dignidad, de supervivencia.
Mientras no exista renovación verdadera, España seguirá enferma porque la indiferencia ciudadana es uno de los grandes males que descompone a la democracia situándola al borde del abismo fascista populista.

Si quiere impuestos justos vote con cabeza

 

Votar es un acto cívico que requiere una gran responsabilidad

Los impuestos no son un castigo: son la base de una sociedad más justa. Por eso el mantra populista de bajar impuestos que la derecha repite infatigablemente, es una trampa. Aunque reducir impuestos a las clases trabajadoras es más que deseable, solo debe hacerse cuando las grandes fortunas y corporaciones tributen de forma justa y efectiva como el común de los mortales. Según el informe Oxfam Intermón de 2023, publicado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con datos proporcionados por UBS, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 95%.
Ante semejante obscenidad, cabe preguntarse: ¿por qué quienes más sufren la precariedad respaldan opciones políticas que encubren recortes al Estado de bienestar?
La respuesta está en el discurso, seductor pero engañoso, que los conservadores usan como bandera sobre la bajada de impuestos; pero omiten que los recortes afectan a servicios fundamentales como la sanidad, la educación o las pensiones con efectos devastadores para la mayoría. Por tanto, no debemos votar a quienes nos bajan unas migajas en impuestos, mientras perdonan ingentes cantidades a los más poderosos a base de recortar servicios. Tenemos que entender que con los impuestos se financian hospitales, colegios, pensiones, infraestructuras, programas de desempleo y políticas de igualdad. Y, sobre todo, debemos votar con conciencia a aquellos que defienden que los grandes poderes –empresas e individuos– que más tienen –y tienen más porque obtienen beneficios desproporcionados a través de prácticas abusivas, fijando precios muy por encima de lo ético por sus productos, de ahí las cifras milmillonarias–, contribuyan de manera justa y en mucha mayor medida a fortalecer el Estado de bienestar, tal y como establece el principio de progresividad fiscal recogido en el artículo 31 de nuestra Constitución.
Solo así construiremos una sociedad en la que los derechos no dependan del bolsillo, sino del compromiso colectivo con la justicia redistributiva.

El PP de nuevo arrastra los pies

 

El PP no vota por convicción, vota por cobardía a las urnas

No es que al PP le haya dado un ataque de responsable sensatez, o vote por convicción siendo como es partidario de privatizar las pensiones, es que cuando ya no era necesario su voto para aprobar el paquete social –subida de pensiones, ayudas a los damnificados y al transporte, bono social eléctrico…–, tras mucho pensárselo, se traga lo argumentado al tumbarlo una semana antes –la restitución del palacete en París al PNV que atacaron con vehemencia y tildaron de «regalo»– y cambia su sentido del voto para no perder en las urnas.
Una vez más, se ve arrastrado por los acontecimientos y, como no lo queda otra para no verse retratado junto a Vox votando no como le gustaría, arrastra los pies y agacha la cabeza. Si Junts hubiese seguido en el no –le hubiera encantado a Feijóo–, el PP seguiría en el no. Definitivamente no fue la cordura.

Y usted, ¿no es de izquierdas?

 

La izquierda busca el avance de la sociedad. La derecha, no

Desde el retorno de la democracia a España, jamás ninguna transformación social –y ha habido muchas– ha venido de la derecha. Y si en alguna ocasión, en lugar de recurrir los avances aprobados por el progresismo al Constitucional como suele hacer, ha votado a favor, lo ha hecho de mala gana y por mero cálculo electoral.
Por ello, y como viví la dictadura de verdad, la de Franco,  y como denuncio que los que más tienen cada día tengan más porque pagan impuestos irrisorios y no contribuyen a la justicia social; defiendo a muerte los derechos humanos –para todos, incluso terroristas–; me agrada el progreso y la reducción de la jornada laboral; soy solidario y empático; abrazo la lucha feminista; abogo por la justicia social; respaldo la sanidad universal y gratuita frente a la privada –mucho más cara a quien la pueda pagar– y la educación pública –ídem–; me solidarizo con los migrantes –recuerdo nuestro pasado aspirando a un futuro mejor, como ahora los que vienen–; apoyo un sistema público de pensiones; una vivienda pública digna y blindada que cumpla con el mandato constitucional; me gusta impulsar la ciencia; el cuidado de nuestros mayores… y todo ello financiado con una fiscalidad progresiva donde pague más quien más tiene, soy de izquierdas.
Si fuera por la derecha, continuaríamos anclados en la Edad Media, con todos los privilegios de los señores feudales en vigor, aferrados al poder para satisfacer su codicia y ser más opulentos que ahora. Es ingenuo creer que por sí mismos hubieran renunciado a sus prerrogativas.
Sabiendo esto, ¿por qué usted no es de izquierdas? ¿Le gusta, por ejemplo, que se apliquen políticas privatizadoras encubiertas con dinero de todos en detrimento de la educación y la sanidad pública como ocurre en Madrid? Entonces, ¿por qué vota a la derecha?