Que no te compren por 36 €

 

El voto es tu arma más poderosa: Que no te compren

Las rebajas fiscales que propone la derecha esconde un modelo que beneficia mucho más a los ricos: 36 € al mes para un salario de 30.000 €, frente a 17.000 € mensuales para uno de un millón. ¿El precio? Recortes y servicios públicos devastados. ¿Para qué sirven esos 36 € si tienes que pagarte la sanidad, la educación y tu pensión?
Se propone avanzar hacia un sistema mixto de pensiones público-privado, permitir que las mutuas patronales gestionen las bajas médicas, frenar la regulación del alquiler, derogar la Ley de Memoria Democrática y leyes de igualdad, diversidad, aborto y eutanasia. También se plantea restringir la libertad cultural –ya está pasando donde gobiernan– y docente, derogar la reforma laboral, ilegalizar partidos independentistas, eliminar leyes climáticas, continuar la demolición de educación y sanidad, abandonar el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, suprimir las zonas de bajas emisiones, recuperar el delito de sedición, deportar masivamente a inmigrantes –al estilo Trump– y agilizar los desahucios.
Es un asunto capital: están en juego derechos, libertades y conquistas sociales que han costado décadas conquistar.
Votar sin pensar en las consecuencias es abrir la puerta a perder lo que hoy damos por garantizado. Y cuando se debilitan los derechos de la mayoría para favorecer a unos pocos, no estamos ante un simple cambio político: estamos ante un retroceso que golpea a los ciudadanos de a pie. Es una forma de actuar inaceptable, profundamente irresponsable y socialmente deleznable. Quien desprecia los derechos conquistados no merece que, con el voto, le entreguemos el futuro.

La derecha contra el ciudadano

 

La derecha (la ultra, PP, y la extrema, Vox) decidida a cargarse el Estado de bienestar

Mientras la derecha portuguesa legisla sin tapujos para blindar a los fondos buitre y rentistas, en España el PP y Vox ejecutan una estrategia más sibilina: el silencio y bloqueo absoluto. Desde 2019, el Gobierno central ha aprobado la Ley de Vivienda, frenado desahucios, prorrogado contratos, reformado el marco laboral y subido el SMI, entre otras medidas. Frente a este escudo social, la oposición opera bajo un cálculo perverso. Votan en contra de cada avance en el Congreso, celebrando con aplausos la caída de decretos necesarios, y saboteando deliberadamente las leyes en las comunidades autónomas donde gobiernan.
Esto no es discrepancia ideológica; es asfixia premeditada para servir al poderoso. Obstruyen cualquier alivio familiar con tal de proteger los privilegios de los ricos y desgastar al Ejecutivo, pretendiendo después culpar al Estado de una inacción que ellos mismos provocan. Queman el bienestar público mientras esconden el extintor.
Jugar con el desamparo y el derecho a la vivienda para satisfacer privilegios no es política: es una crueldad intolerable y una traición directa a la ciudadanía. Quienes mercadean con la miseria ajena, boicotean la dignidad humana y condenan al desahucio a las familias no merecen amnesia ni beneficio de la duda. Merecen el repudio absoluto, el desprecio ético y el castigo implacable, definitivo e histórico de las urnas. ¡Fuera de las instituciones!

Señalar: la antesala del abismo social

 

¡YA BASTA!

La deriva fascista que presenciamos responde a una estrategia de crispación minuciosamente ejecutada por la derecha y la extrema derecha. Mediante la hipérbole constante, el insulto y el señalamiento público, han inoculado el odio en el tejido social, quebrantando los consensos mínimos de convivencia.
La historia nos advierte con trágica lucidez: todo proceso totalitario comienza con la deshumanización del disidente a través de la palabra. Esta deshumanización crea el marco idóneo para que la violencia física sea percibida como legítima por sectores radicalizados, en el momento en que la dignidad ajena deja de importar. Perseguir a quienes exigen un derecho fundamental plasmado en la Constitución no solo es un ataque a la juventud, sino también un atentado directo contra la base del Estado social. Si permitimos que el odio dicte las reglas y rebase el punto de no retorno, la fractura democrática será irreparable. Llegados a este extremo, la sociedad debe decir basta.

Semillas del totalitarismo

La pasividad institucional ante el abuso de la fuerza no es neutralidad; es complicidad. Observar a militares y policías ensañarse con migrantes y ciudadanos indefensos, mientras una parte de la sociedad calla o justifica la agresión, evidencia una alarmante degradación moral. Si el ministro del Interior y la ministra de Defensa creen que callar ante la violencia institucional les otorgará inmunidad o estatus, se equivocan. Esta calaña no tiene lealtades; hoy aplasta al vulnerable, pero mañana irá a por el poder político.
Una democracia real exige un Estado de derecho inflexible. Es intolerable ver a antidisturbios golpear impunemente sin portar sus identificaciones numéricas obligatorias. Si los mandos policiales, militares y políticos amparan esta ilegalidad, prevarican y destruyen el orden constitucional desde dentro. Quien viste uniforme y viola los derechos humanos no es un agente de la ley, sino un criminal amparado por el Estado.
La tolerancia hacia el matonismo es el síntoma inequívoco de una comunidad alienada que camina ciega hacia el fascismo. Quien justifica la brutalidad, hoy, firma su sumisión para el mañana. Frente a la tiranía verde oliva o azul oscuro, el silencio es traición.

La derecha del dinero y la izquierda fragmentada

 

No vote a la derecha del dinero

El gran problema de la izquierda no es la falta de ideales, sino el camino para alcanzarlos. Cada corriente cree poseer la mejor estrategia, el método más coherente, la hoja de ruta definitiva hacia la justicia social. Esa pluralidad, que es riqueza democrática, por desgracia se convierte en división, debate identitario eterno y parálisis. Mientras tanto la derecha, que solo tiene el principio rector del dinero y como una única meta protegerlo y multiplicarlo, no se pierde en discusiones filosóficas. No hay matices éticos cuando se trata de preservar sus privilegios. Y si para lograrlo debe recortar servicios públicos, precarizar el empleo, privatizar derechos básicos y organizar golpes de Estado, lo hace. La falta de empatía no es un defecto de su programa, es el programa mismo. Gobernar para los ricos implica asumir que la desigualdad es deseable. Según datos de Oxfam Intermón, el 1% más rico de la población mundial acaparó casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde 2020. Esto no es un accidente, es el éxito de una elección política.
La derecha actúa con disciplina porque su ideología es simple y brutal: el mercado manda, y quien no puede pagar, sobra. Frente a esa frialdad calculada, la izquierda discute. Y mientras discute, los ricos siguen ganando.

Mercado o dignidad: urge intervenir la vivienda

 

La vivienda se ha convertido en un lujo solo al alcance de unos pocos privilegiados

La inacción ante la emergencia habitacional es una traición social. Mientras las familias trabajadoras se ahogan con alquileres impagables y precios de compra indecentes, los fondos buitre acaparan impunemente barrios enteros, devorando un derecho básico.
Frente a esta tragedia, las respuestas políticas son radicalmente opuestas. La izquierda ha de aplicar con valentía la Constitución: el artículo 47 proclama el derecho a disfrutar de una vivienda digna y el 128.1 establece que toda la riqueza del país queda subordinada al interés general. No son frases decorativas: son principios que permiten exigir a los poderes públicos que actúen para intervenir un mercado inmobiliario salvaje que tritura vidas.
Por el contrario, la derecha rica se arrodilla ante el dogma de la no intervención, bloqueando cualquier intento de regulación y negándose por puro interés crematístico a aplicar las leyes estatales en sus autonomías. Su complicidad con los especuladores es total. Y, para camuflar su desastrosa sumisión al gran capital y desviar el foco, bombardean a diario con el fantasma mediático de la ocupación.
El voto es nuestra arma y debe servir de forma rotunda para echar a la derecha de las instituciones y recuperar el bienestar común.

El eclipse que da luz

 

¿Cómo se puede votar a PP y Vox para que te machaquen?

Gracias al eclipse he comprendido, por fin, uno de los grandes misterios de nuestra civilización.
Para conducir un coche hay que tener más de 18 años. Para votar, también. Hasta aquí, perfecto: la democracia y la carretera exigen cierta madurez.
Pero llega el eclipse y ¡zas!, la DGT y la Guardia Civil nos advierten solemnemente de que está prohibido conducir con las gafas del eclipse puestas.
Bien, teniendo en cuenta esta prohibición, ahora me explico cómo, si alrededor del 10% de la humanidad acapara aproximadamente el 76% de la riqueza mundial, mientras el otro 90% se reparte las sobras, no hay ningún misterio en que la derecha gane elecciones prometiendo, básicamente, que los de arriba van a seguir viviendo a cuerpo de rey.
Visto lo visto, muchos llevan años votando en democracia con las gafas del eclipse puestas.

El pisito

 

Y no solo, el victimismo también.

Lo fascinante del “pisito” de 485 metros cuadrados no es su tamaño, sino el tierno esmero con el que intentaron ocultarlo. De no ser porque un periodista husmeó en el Registro de la Propiedad, tres meses después de la firma secreta, hoy estaríamos financiando una majestuosa residencia a Ayuso pagada con el dinero de todos los madrileños, pero camuflada en los presupuestos como “almacén de fotocopiadoras” o “archivo de folletos turísticos” a unos metros de casa de sus padres.
Cuando el escándalo saltó por los aires, la primera pirueta argumental de la factoría de ficción de la Comunidad de Madrid rozó la genialidad: afirmaron que la lideresa necesitaba urgentemente ese espacio como despacho temporal. ¡Claro que sí! Ideal para recibir autoridades en la terraza de 200 metros cuadrados, porque los acuerdos mejoran sustancialmente si se hacen con un buen cóctelito al aire libre y vistas VIP a Chamberí. Qué mejor sitio para firmar un decreto que junto a una barbacoa en la terraza.
El problema es que, como el Plan Urbanístico prohíbe las oficinas allí arriba, cambiaron el libreto de excusas por algunas delirantes y victimizantes: que si los incendios, que si el sueldo congelado, que no sabemos para qué será… Y, redoble de tambor, como guinda final se vende para ayudar a los de los incendios. Patético uso de las víctimas.
El verdadero milagro de la presidenta no es obrar el prodigio de encontrar un pisito enfrente de la casa de sus padres, sino lograr que la justicia sufra de repentina presbicia. Mientras a unos les inspeccionan hasta los calzoncillos que llevan, los de derechas se van de rositas. Aquí los tribunales mirarán hacia otro lado con total elegancia. En Madrid, la Diosa Temis no solo es ciega, sino que parece estar esperando pacientemente a que la inviten al cóctel de inauguración.
¡Y pensar en la que le montaron a Sánchez por cambiar un colchón que llevaba siete años con Rajoy!

El PP es así

Esto es el PP: lobos con piel de cordero

 De los creadores de «¡vete al médico!», «agarrarse a una coleta», «los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a sus padres solo cuando hay subvenciones», «por ser la mujer de…», llega ahora «tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses» en alusión a sus futbolistas negros. Confunden nacionalidad con raza. Amparar comentarios discriminatorios bajo la etiqueta de «sarcasmo» contribuye a normalizarlos, a llegar al racismo, al machismo, a la aporofobia…
Cuando dejan de medir sus palabras y están eufóricos, les brota del alma su rancia visión del mundo un día y otro día… y es que en la dirección del PP estas expresiones aparecen con demasiada frecuencia para considerarlas simples lapsus. No pueden evitarlo; es su pensamiento.
Lo comprendo, a mí me pasa igual. Desde lo más impenetrable de mi sistema límbico, me brota la subida de impuestos a los ricos, la defensa de las pensiones o revertir los recortes en sanidad y educación. Imposible remediarlo.
Y es notorio que en el PP no las condenan, las minimizan o las justifican; en el fondo les agradan estas salidas de pata de banco de sus compañeros. Solo unos pocos, muy pocos, se echan las manos a la cabeza. A la mayoría, procedente de un frente nacional fundado por siete altos cargos franquistas, entre ellos ministros, con ideario inflexible sobre la unidad de la patria, la educación privada, la libre empresa, la defensa a ultranza de la familia patriarcal y del orden y de la moral pública, les suena bien porque está profundamente arraigado en su cultura política. Les sale sin pensar.

Privatizaciones: seré conciso

Fuera vuestras sucias manos de lo púbico

 —Cuando una empresa privada entra en la sanidad, la educación o las residencias públicas, ¿lo hace por altruismo o para obtener beneficios?
—Para obtener beneficios.
—Y esos beneficios, ¿de dónde salen?
—De los presupuestos públicos.
—Entonces coincidimos en lo esencial: dinero de todos acaba en entidades privadas con ánimo de lucro.
—Así es.
—Si ese dinero se destinara íntegramente a reforzar lo público, ¿mejorarían la sanidad, la educación y el cuidado de nuestros mayores, en lugar de engordar beneficios privados?
—Sin duda.
—Luego la privatización no es una solución, sino la transferencia de recursos públicos a intereses privados. ¿Queda claro por qué nunca es positiva?
—Meridianamente claro.
Conclusión: Como Madrid es la región que menos invierte por habitante en servicios públicos esenciales, es donde más crece el negocio privado de la sanidad, la educación y las residencias.

Ni un paso atrás: agotar la legislatura para frenar la involución

 

El PP ya no disimula

Agotar la legislatura no es solo una necesidad política, es una obligación moral. La alternativa reaccionaria representa un retroceso devastador para la democracia, los derechos sociales y la dignidad de millones de personas. Además, la derecha ha demostrado una preocupante falta de capacidad para gestionar situaciones complejas. Siempre fue incompetente.
El mal llamado “milagro económico” de Aznar fue un espejismo: entrada en el euro, ciclo económico internacional favorable, privatización salvaje del patrimonio nacional y el estallido de una burbuja inmobiliaria alimentada por una ley del suelo irresponsable. A eso se sumaron fondos europeos y bajos precios de materias primas. Un escenario excepcional que no tiene nada que ver con una gestión ejemplar, sino más bien con un saqueo del patrimonio.
Además, cuando les ha tocado gestionar crisis, su respuesta ha sido deficiente: desde la manipulación del 11-M, la catástrofe del Prestige, el escándalo del Yak-42, hasta los recortes de Rajoy y la pérdida de derechos laborales. A esto se suman tragedias como el Madrid Arena, la gestión de las residencias en la pandemia, la DANA valenciana o los recientes incendios. En todos estos casos, la derecha mostró su verdadera cara: desprecio a las víctimas, mentiras sistemáticas, cero rendir cuentas y una arrogancia criminal que jamás asumió responsabilidades. A día de hoy, seguimos esperando una sola disculpa. Jamás llegará, porque mejorar la vida de la gente nunca ha sido su objetivo. Su rechazo al sector público es notorio; su propósito es desgastar a la izquierda con el fin de alcanzar el poder, y una vez lo logran, buscan controlar las instituciones para perpetuar y ampliar las desigualdades sociales. Su enfoque es crear leyes que beneficien a los más poderosos.
No es ficción. Es su historial. Y es una amenaza real. Volverían los recortes, el bloqueo institucional, la precariedad y la propaganda. Volverían los insultos a los sindicatos, el negacionismo climático, la criminalización de la protesta y el retroceso de derechos de mujeres, migrantes y trabajadores.
Por eso, agotar la legislatura es una necesidad estratégica y una declaración de principios. Presentar unos presupuestos valientes, centrados en la justicia social, obligará a retratarse a quienes votan en contra de proteger a la mayoría. Será una herramienta para consolidar un proyecto de país que ha demostrado capacidad de gestión, voluntad de diálogo y compromiso con el futuro.
La derecha ha gobernado, y el resultado fue desolador. No lo olvidamos. Hoy, más que nunca, necesitamos resistencia, pero también ambición. No basta con frenar. Hay que avanzar.
Ni un paso atrás.

Mujeres en el poder: un mundo mejor

 

Las mujeres harían de este mundo uno mejor

Durante siglos, el poder ha sido mayoritariamente masculino. Las consecuencias son visibles: corrupción sistémica, conflictos armados persistentes y estructuras políticas que privilegian a las élites por encima del bienestar común. Hoy, en un mundo que clama por líderes éticos, transparentes y comprometidos con la justicia social y la paz, surge una verdad avalada por datos y estudios: la participación de mujeres en política reduce significativamente los niveles de corrupción y conflictos.
Varias investigaciones internacionales revelan que donde hay mayor presencia femenina en cargos públicos, los índices de corrupción tienden a disminuir. Y no es casual. Las mujeres, en general, son menos proclives a asumir riesgos innecesarios, rechazan la violencia como mecanismo de poder y privilegian soluciones dialogadas. Además, el haber sido históricamente excluidas de las esferas de decisión, las ha dotado de una perspectiva distinta: luchan por un sistema más justo, transparente e inclusivo, con reglas claras que protejan a todos, especialmente a los más vulnerables.
A diferencia de las estructuras jerárquicas donde priman la competencia y la imposición, el liderazgo femenino suele ser más colaborativo, empático y orientado al trabajo en equipo. Esta forma de gobernar favorece la rendición de cuentas, la gestión ética de los recursos públicos y una relación más cercana entre autoridades y ciudadanía. Es decir, transparencia. Así que, cuando las mujeres gobiernan, hay menos espacio para el clientelismo, el abuso de poder y el desvío de fondos.
No pretendo idealizar ni decir que todas las mujeres son incorruptibles o pacíficas, sino de reconocer la realidad: cuando ellas acceden a posiciones de poder, lo hacen desde una lógica transformadora que cuestiona el viejo orden político. Las mujeres no solo llegan al poder, lo redefinen.
En un momento en que la desconfianza hacia la clase política avanza en todo el mundo, abrir paso a más mujeres en los gobiernos no es solo una cuestión de equidad de género, sino una necesidad urgente para reconstruir la ética pública, devolver legitimidad a las instituciones y pacificar el mundo.
En general, más mujeres en el poder es igual a menos corrupción, más justicia, más bienestar colectivo y más paz. Apostar por ellas es apostar por un futuro más limpio, más humano y más democrático.

Si quiere impuestos justos vote con cabeza

 

Votar es un acto cívico que requiere una gran responsabilidad

Los impuestos no son un castigo: son la base de una sociedad más justa. Por eso el mantra populista de bajar impuestos que la derecha repite infatigablemente, es una trampa. Aunque reducir impuestos a las clases trabajadoras es más que deseable, solo debe hacerse cuando las grandes fortunas y corporaciones tributen de forma justa y efectiva como el común de los mortales. Según el informe Oxfam Intermón de 2023, publicado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con datos proporcionados por UBS, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 95%.
Ante semejante obscenidad, cabe preguntarse: ¿por qué quienes más sufren la precariedad respaldan opciones políticas que encubren recortes al Estado de bienestar?
La respuesta está en el discurso, seductor pero engañoso, que los conservadores usan como bandera sobre la bajada de impuestos; pero omiten que los recortes afectan a servicios fundamentales como la sanidad, la educación o las pensiones con efectos devastadores para la mayoría. Por tanto, no debemos votar a quienes nos bajan unas migajas en impuestos, mientras perdonan ingentes cantidades a los más poderosos a base de recortar servicios. Tenemos que entender que con los impuestos se financian hospitales, colegios, pensiones, infraestructuras, programas de desempleo y políticas de igualdad. Y, sobre todo, debemos votar con conciencia a aquellos que defienden que los grandes poderes –empresas e individuos– que más tienen –y tienen más porque obtienen beneficios desproporcionados a través de prácticas abusivas, fijando precios muy por encima de lo ético por sus productos, de ahí las cifras milmillonarias–, contribuyan de manera justa y en mucha mayor medida a fortalecer el Estado de bienestar, tal y como establece el principio de progresividad fiscal recogido en el artículo 31 de nuestra Constitución.
Solo así construiremos una sociedad en la que los derechos no dependan del bolsillo, sino del compromiso colectivo con la justicia redistributiva.

El gen necio XIII

 

Los necios: un peligro para las democracias

El virus de la desinformación se propaga cual plaga sin escrúpulos, y así el gen necio se expande y multiplica por el mundo.
…
–Este Gobierno pretende intervenir el mercado de la vivienda y pisotea la libertad de mercado. El mercado se regula a sí mismo.
–Oye, el derecho a una vivienda digna no es algo negociable. Se recoge en nuestra Constitución y los poderes públicos deben luchar contra la especulación. Todos los seres humanos han de tener acceso a un lugar donde vivir sin tener que enfrentarse a precios desorbitados que los obliguen subsistir en condiciones impropias. La vivienda no puede ser vista como simple mercancía y, aún menos, como producto de lujo. Es un derecho básico que está fundamentalmente ligado al bienestar y la seguridad de las personas. Por eso es urgente limitar los precios e instituir políticas públicas que regulen el mercado y promuevan viviendas sociales.
–No, la solución no está en intervenir el mercado. Si se lo deja funcionar libremente, los precios se ajustarán. La competencia genera eficiencia y, al final, si hay más demanda de viviendas, los promotores construirán más, lo que hará que los precios bajen.
–El mercado solo se preocupa por maximizar las ganancias. Y lo que estamos viendo desde hace décadas es una especulación inmobiliaria infernal que está dejando a miles de personas sin acceso a una vivienda. Los precios suben sin control, mientras los salarios no siguen el ritmo.
–Lo mejor es un mercado libre para permitir la entrada de constructores privados, que son los que pueden generar soluciones más rápidas y efectivas.
–Hoy tenemos un problema estructural profundo que requiere soluciones urgentes y políticas públicas claras. Si seguimos esperando a que el mercado se “ajuste”, habrá más gente sin casa. La vivienda digna debe ser un derecho para todos, no una mercancía para unos pocos.
–No estoy de acuerdo. ¡Viva la libertad de mercado!
…
Lo dicho: el gen necio.

Feijóo ante el problemón de la vivienda

 

En cualquier asunto, Feijóo y el PP, solo se mueven por tacticismo electoral o para beneficio de las élites

Sostiene Feijóo que, en materia de vivienda, «no se puede perder un minuto más». Pues ya va, al menos, con 8 meses de retraso.
Tras las críticas a su reciente plan, que consideraba la vivienda como un negocio y no como un derecho, ahora quiere presentar una ley que es parecidísima a la que el PSOE consensuó con ayuntamientos y comunidades autónomas, y que hace 8 meses él mismo tumbó pocos minutos antes del pleno que la iba a tramitar. En aquel momento Feijóo, y como hace siempre, pensó más en sí mismo, para infligir la primera derrota al Gobierno, en lugar de pensar en la gente.
Al igual que con el reciente decreto ómnibus –del latín, que significa “para todos”–, a Feijóo –a quien cada día sus halcones le mueven más la silla– no le importan nada los problemas de los ciudadanos y se mueve por puro tacticismo electoral.

PP: cómo gestar otra burbuja inmobiliaria

 

Feijóo dispuesto a crear otra burbuja inmobiliaria

Como para el PP la vivienda es un negocio especulativo y no un derecho constitucional, Feijóo propone una receta ultraliberal y prácticamente idéntica a la que nos llevó al pelotazo y posterior estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 con su correspondiente crisis: bajar impuestos en la compra –incrementa el precio y trasvasa dinero de todos a manos privadas–, liberalizar el suelo, facilitar la privatización de vivienda pública y libre mercado.
En resumen, a pesar de los agobios de la gente para lograr vivienda por el alza generalizada y desorbitada de precios, los principales ingredientes de su rancia receta son los pelotazos: que usted quiere construir, tranquilo, nosotros le damos suelo público y abaratamos sus costes; que usted quiere comprar, no se preocupe, nosotros le ayudamos tenuemente y que la ayuda se la lleve el que vende porque sube el precio; y, por si quedan dudas, que la ley de la oferta y la demanda impere en el mercado, como hasta ahora con el resultado conocido de los ricos… más ricos.
De nuevo el PP se aleja del modelo europeo y abraza el neoliberal –que solo funciona para potentados– de Milei.

Garamendi, ultraliberal 2.0

 

Garamendi 2.0 (ultra... liberal)

Reclama Garamendi «en interés de la transparencia, que los trabajadores deberían recibir sus cotizaciones e ingresarlas en la Seguridad Social». En el fondo de estas palabras pronunciadas por el alto representante de la patronal, subyace un viejo adagio del ideario ultraliberal: el fomento del negocio privado por encima de todo, aún a costa de la salud y la vida de la gente.  Es decir, lo que abogan los ultraliberales es fuera impuestos, yo le pago, y usted cotice y contrate con quien quiera –costoso para el ciudadano, boyante para los negocios, como se demuestra en EE.UU.– y, si el día de mañana enferma y tiene que vender su casa para pagar el hospital, o solicitar un crédito para que su hija vaya a la universidad, o que cuando se jubile se convierta en pobre de solemnidad, o…, es su problema.
Ya que estamos abogando por la «transparencia», ¿por qué no se ingresa en la nómina de los trabajadores los beneficios empresariales y que estos los abonen a sus empresas para que «sean conscientes» de cómo, en demasiadas ocasiones, los sangran?
Menos demagogia, señor Garamendi.

¡Estoy harto de la política!

 

La continua bronca de la derecha desmoviliza a mucha gente de la política

Cada vez que se oye esta matraca, seguida de la desmotivadora frase de «todos son iguales», se insinúa que dará igual quién salga de las urnas, favoreciendo la abstención y el voto tradicionalista que beneficiará a los conservadores. Detrás se percibe la excelente tarea de desprestigio institucional que lleva a cabo toda la derecha –«política, judicial y mediática»–. Es una labor quirúrgica de desinformación que, cual «tortura de la gota china», erosiona y daña incesantemente la confianza en los políticos sabiendo que la derecha, por muy harta que esté, siempre vota. Solo le importa lograr el poder a toda costa. Y si para ello hay que jugar con pólvora y deteriorar la democracia, que no les gusta –hay tantas pruebas: deslegitimar al Gobierno, incumplir la Constitución, ensalzar el franquismo…–, el posible fin lo considerarán simple «daño colateral». Cuando se embarra todo, el hastío ciudadano alimenta la abstención que corroe las instituciones.
Las fake news, infundios, farsas y sandeces que cada día pueblan las redes por millares son manipulaciones de engatusadores ideológicos para apartar y no debatir de lo que importa a la gente.

Pactos para avanzar… pactos para involucionar

 

PP y Vox nos quieren retrotraer a la noche de los tiempos

Lo importante de un acuerdo es el contenido pactado; pero no es menos trascendente conocer bien con quién se firma la alianza; porque si se pacta con formaciones reaccionarias que, aunque dicen respetar los derechos humanos lo disimulan muy mal, querrán hacer políticas que retiren derechos y libertades conquistadas tras décadas de lucha. Así, trabajadores, mujeres, migrantes, sindicatos… estarán en el punto de mira de la reacción.
Ha habido un Gobierno de coalición que, con pactos de alto contenido social, ha mejorado España como nunca antes. Pero ahora, de ganar la derecha y por lo que estamos conociendo de boca de PP y Vox, habrá un pacto para destrozar y retroceder décadas de conquistas sociales y políticas; porque en comunidades y ayuntamientos se han firmado acuerdos entre la ultraderecha y la derecha extrema para retroceder. Ya están estigmatizando al colectivo LGTBI, quitando derechos a las mujeres, eliminando carriles bici a costa de nuestra salud y censurando la cultura. Y no van a parar ahí, después vendrán el pin medieval, la negación climática…
Escojan qué España quieren.

El PSOE y las subvenciones

 

Hay que construir vivienda pública, las subvenciones encarecen el mercado

El PSOE no aprende y cae, una y otra vez, en las añagazas económicas liberales que le tiende el PP. Tras subvencionar los combustibles o los alimentos, medidas que solo sirvieron para que los distribuidores ganaran más con el dinero de todos, ahora pretende beneficiar el negocio privado de los bancos y las constructoras, avalando el 20 % de los créditos hipotecarios a jóvenes. Es una medida que se ha demostrado contraproducente –véase informe del Parlamento Británico– y que escalará precios. Ni siquiera beneficiará a quienes va dirigida al encarecer la compra. La solución válida es construir vivienda social de alquiler a bajo precio para erigir un gran parque público que siempre sea propiedad del Estado.
Subvencionar la compra de casas, revaloriza el disparatado mercado que ya, de por sí, está disparado. Esta decisión, lamentablemente camina en la dirección contraria a la reciente Ley de la Vivienda: destina fondos públicos a financiar negocios privados.