Garamendi, ultraliberal 2.0

 

Garamendi 2.0 (ultra... liberal)

Reclama Garamendi «en interés de la transparencia, que los trabajadores deberían recibir sus cotizaciones e ingresarlas en la Seguridad Social». En el fondo de estas palabras pronunciadas por el alto representante de la patronal, subyace un viejo adagio del ideario ultraliberal: el fomento del negocio privado por encima de todo, aún a costa de la salud y la vida de la gente.  Es decir, lo que abogan los ultraliberales es fuera impuestos, yo le pago, y usted cotice y contrate con quien quiera –costoso para el ciudadano, boyante para los negocios, como se demuestra en EE.UU.– y, si el día de mañana enferma y tiene que vender su casa para pagar el hospital, o solicitar un crédito para que su hija vaya a la universidad, o que cuando se jubile se convierta en pobre de solemnidad, o…, es su problema.
Ya que estamos abogando por la «transparencia», ¿por qué no se ingresa en la nómina de los trabajadores los beneficios empresariales y que estos los abonen a sus empresas para que «sean conscientes» de cómo, en demasiadas ocasiones, los sangran?
Menos demagogia, señor Garamendi.

¡Estoy harto de la política!

 

La continua bronca de la derecha desmoviliza a mucha gente de la política

Cada vez que se oye esta matraca, seguida de la desmotivadora frase de «todos son iguales», se insinúa que dará igual quién salga de las urnas, favoreciendo la abstención y el voto tradicionalista que beneficiará a los conservadores. Detrás se percibe la excelente tarea de desprestigio institucional que lleva a cabo toda la derecha –«política, judicial y mediática»–. Es una labor quirúrgica de desinformación que, cual «tortura de la gota china», erosiona y daña incesantemente la confianza en los políticos sabiendo que la derecha, por muy harta que esté, siempre vota. Solo le importa lograr el poder a toda costa. Y si para ello hay que jugar con pólvora y deteriorar la democracia, que no les gusta –hay tantas pruebas: deslegitimar al Gobierno, incumplir la Constitución, ensalzar el franquismo…–, el posible fin lo considerarán simple «daño colateral». Cuando se embarra todo, el hastío ciudadano alimenta la abstención que corroe las instituciones.
Las fake news, infundios, farsas y sandeces que cada día pueblan las redes por millares son manipulaciones de engatusadores ideológicos para apartar y no debatir de lo que importa a la gente.

Pactos para avanzar… pactos para involucionar

 

PP y Vox nos quieren retrotraer a la noche de los tiempos

Lo importante de un acuerdo es el contenido pactado; pero no es menos trascendente conocer bien con quién se firma la alianza; porque si se pacta con formaciones reaccionarias que, aunque dicen respetar los derechos humanos lo disimulan muy mal, querrán hacer políticas que retiren derechos y libertades conquistadas tras décadas de lucha. Así, trabajadores, mujeres, migrantes, sindicatos… estarán en el punto de mira de la reacción.
Ha habido un Gobierno de coalición que, con pactos de alto contenido social, ha mejorado España como nunca antes. Pero ahora, de ganar la derecha y por lo que estamos conociendo de boca de PP y Vox, habrá un pacto para destrozar y retroceder décadas de conquistas sociales y políticas; porque en comunidades y ayuntamientos se han firmado acuerdos entre la ultraderecha y la derecha extrema para retroceder. Ya están estigmatizando al colectivo LGTBI, quitando derechos a las mujeres, eliminando carriles bici a costa de nuestra salud y censurando la cultura. Y no van a parar ahí, después vendrán el pin medieval, la negación climática…
Escojan qué España quieren.

El PSOE y las subvenciones

 

Hay que construir vivienda pública, las subvenciones encarecen el mercado

El PSOE no aprende y cae, una y otra vez, en las añagazas económicas liberales que le tiende el PP. Tras subvencionar los combustibles o los alimentos, medidas que solo sirvieron para que los distribuidores ganaran más con el dinero de todos, ahora pretende beneficiar el negocio privado de los bancos y las constructoras, avalando el 20 % de los créditos hipotecarios a jóvenes. Es una medida que se ha demostrado contraproducente –véase informe del Parlamento Británico– y que escalará precios. Ni siquiera beneficiará a quienes va dirigida al encarecer la compra. La solución válida es construir vivienda social de alquiler a bajo precio para erigir un gran parque público que siempre sea propiedad del Estado.
Subvencionar la compra de casas, revaloriza el disparatado mercado que ya, de por sí, está disparado. Esta decisión, lamentablemente camina en la dirección contraria a la reciente Ley de la Vivienda: destina fondos públicos a financiar negocios privados.

El derecho a la vivienda

 

La vivienda debe pasar a ser un derecho de verdad

Por primera vez en la España democrática el Gobierno legislará la materia. Y lo único que se le ocurre a Feijóo es reprochar con mentiras –«Zapatero eliminó la deducción de vivienda habitual» cuando fue Rajoy– y plantear una receta fallida –«Construir más vivienda porque, a más vivienda, más bajan los precios»–.
Entre 2005 y 2007 se edificó en España más que en el resto de la UE y el resultado lo conocemos: el precio de la vivienda subió como la espuma y el pelotazo inmobiliario llevó a una de las peores crisis económicas motivado por el estallido de la burbuja que había creado.
En los ochenta casi la mitad de la vivienda construida era social. Con la llegada de Aznar al poder en el 96 y su privatizadora Ley del Suelo del 98, se paraliza la construcción de vivienda social y el precio de los hogares, que se erigen a raudales, no para de subir al percibirse como inversión especulativa.
Todos los países de nuestro entorno tienen muchísima más vivienda social. Para alcanzarlos, no debería subvencionarse la compra de casas –encarece el mercado–, y destinar ese dinero a levantar vivienda social, penando la venta de la misma a fondos buitres como sí hizo el PP y topar los pisos turísticos.

Una ley necesaria

 

La población es casi unánime: hay que poner coto al mercadeo inmobiliario

El otro día escuchaba la SER y me quedé desconcertado por la rotundidad de los datos que brotaban del barómetro de opinión que habían realizado sobre la vivienda. Independientemente de a quien vote cada cual, y contrariamente a lo que yo pensaba, resulta que entre la población hay bastante sintonía: el 86% apoya que se instaure un gran parque de vivienda social de alquiler; el 81% que se intervenga el mercado de la vivienda y el 75% está de acuerdo en limitar precio del alquiler.
Con tan rotundos datos, la Ley de vivienda que se aprobará debe recoger las demandas ciudadanas. Seguro que si se la escucha encontrará su aprobación y tendrá correspondiente reflejo en las urnas.
A por ello con arrojo, sin dudarlo y legislando con mucha valentía y absoluta cautela para evitar efectos no buscados.

Vivienda, ¿mercancía especulativa o derecho?

 

Es hora, y vamos tarde, de dar sentido al derecho recogido en nuestra Constitución

Cuando el capitalismo ignora la ética y su ansia de dinero no conoce límites, es oportuno ponerle coto. En España, gran parte de la vivienda va a parar a oportunistas fondos de inversión y a manos extranjeras que, al considerarla una mercancía más, adulteran el mercado para especular y recolectar rentabilidades desorbitadas.
La escalada vertical de los precios que conlleva, tanto de alquiler como de compra, hace que el acceso de la gente corriente a un hogar se torne inalcanzable.
Con el fin de controlar estas alzas manipuladas que imposibilitan la consecución de un derecho, Nueva Zelanda y Holanda hace tiempo y Canadá recientemente, han prohibido adquirir bienes inmuebles a los extranjeros no residentes. La izquierda portuguesa hará lo mismo.
Urge un remedio para que lo constitucional deje de ser utopía. La ley de vivienda que se apruebe ha de ser valiente, y acompañarla de un gran parque de pisos públicos que rebaje los precios y retorne el sentido al derecho recogido en nuestra Constitución.

Ley de la Vivienda y anticonstitucionalistas

 

Garamendi y Casado: dos anticonstitucionalistas

No solo nuestra Constitución en su artículo 47 recoge el «derecho a disfrutar de una vivienda digna», sino que siendo más explícita insta a que «los poderes públicos promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacerlo efectivo». También, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25.1, que España se comprometió a acatar, aboga por asegurar la vivienda. Además, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, artículo 34.3 reconoce el derecho a ayudas para la vivienda.
Así que no, señores Garamendi y Casado, no digan que la nueva Ley de Vivienda «atenta contra el derecho a la propiedad, reconocido en la Constitución». Todo lo contrario. Lo que la Ley de la Vivienda anhela, es garantizar el cumplimiento del mandato constitucional. No sean anticonstitucionalistas. Saben que la Carta Magna, en su artículo 128, determina asimismo que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general».

Ley de Vivienda

 

El Estado necesita tener músculo financiero. No se puede regalar dinero a quien más tiene

A pesar de que nuestra Carta Magna aboga por una vivienda digna, la contundente realidad es que, con los alquileres de grandes y pequeños inversores a la caza de rentabilidades desorbitadas, el desbocado sector inmobiliario está por las nubes imposibilitando el techo a mucha gente. Por eso España es el país europeo donde más tarde se independizan los jóvenes –32 años vs 26 de la media europea–. Para poner fin a este atropello, debe aprobarse leyes regulatorias, como en Europa, y ejecutar un gran parque de vivienda pública a un coste muy por debajo del lucrativo abuso inversor que fuerce a bajar precios.
Lo que no es de recibo, ya que España recauda 7 puntos menos del PIB que la media de la UE, 12 menos que Francia, o 6 menos que el dechado alemán, es que el Estado regale 1.000 millones a quienes tienen pisos para alquilar, porque cuando vienen mal dadas como ahora, no puede hacer frente a las muchas necesidades, como sí hacen Alemania o Francia, países con poderoso músculo fiscal.