El pisito

 

Y no solo, el victimismo también.

Lo fascinante del “pisito” de 485 metros cuadrados no es su tamaño, sino el tierno esmero con el que intentaron ocultarlo. De no ser porque un periodista husmeó en el Registro de la Propiedad, tres meses después de la firma secreta, hoy estaríamos financiando una majestuosa residencia a Ayuso pagada con el dinero de todos los madrileños, pero camuflada en los presupuestos como “almacén de fotocopiadoras” o “archivo de folletos turísticos” a unos metros de casa de sus padres.
Cuando el escándalo saltó por los aires, la primera pirueta argumental de la factoría de ficción de la Comunidad de Madrid rozó la genialidad: afirmaron que la lideresa necesitaba urgentemente ese espacio como despacho temporal. ¡Claro que sí! Ideal para recibir autoridades en la terraza de 200 metros cuadrados, porque los acuerdos mejoran sustancialmente si se hacen con un buen cóctelito al aire libre y vistas VIP a Chamberí. Qué mejor sitio para firmar un decreto que junto a una barbacoa en la terraza.
El problema es que, como el Plan Urbanístico prohíbe las oficinas allí arriba, cambiaron el libreto de excusas por algunas delirantes y victimizantes: que si los incendios, que si el sueldo congelado, que no sabemos para qué será… Y, redoble de tambor, como guinda final se vende para ayudar a los de los incendios. Patético uso de las víctimas.
El verdadero milagro de la presidenta no es obrar el prodigio de encontrar un pisito enfrente de la casa de sus padres, sino lograr que la justicia sufra de repentina presbicia. Mientras a unos les inspeccionan hasta los calzoncillos que llevan, los de derechas se van de rositas. Aquí los tribunales mirarán hacia otro lado con total elegancia. En Madrid, la Diosa Temis no solo es ciega, sino que parece estar esperando pacientemente a que la inviten al cóctel de inauguración.
¡Y pensar en la que le montaron a Sánchez por cambiar un colchón que llevaba siete años con Rajoy!

Golpes de Estado: de los tanques al asedio judicial y civil

 

Los golpes de Estado ahora se llevan a cabo desde los tribunales y los medios

Los golpes de Estado del siglo XXI ya no necesitan tanques ni militares en las calles. Ahora se orquestan desde tribunales, platós televisivos y redes sociales. La subversión democrática ha evolucionado. El clásico golpe de 1936 ha dado paso a fórmulas sutiles pero demoledoras: el “lawfare” y la insurrección civil inducida.
Hoy la guerra política instrumentaliza el aparato judicial, económico y mediático para asfixiar gobiernos y destruir reputaciones. España vivió un ejemplo de manual con la persecución sistemática a Podemos: una avalancha de macrocausas basadas en informes falsos que, tras años de titulares estridentes, terminaron archivadas en la nada. El desgaste político ya estaba hecho. Se logró por vías espurias lo que los votos no otorgaron. Ahora les toca a otros.
Si el acoso institucional no basta, el nuevo golpismo moviliza masas radicalizadas mediante el odio digital, como en el asalto al Capitolio en 2021 o en Brasil en 2023. Ya no son generales sublevados. Son ciudadanos convertidos en tropas de choque por la propaganda fascista.
La esencia es idéntica a la de hace noventa años: el pánico de sectores reaccionarios ante democracias que amenazan sus privilegios perpetuos. Ayer fueron fusiles y la retórica del caos; hoy son querellas prefabricadas, falsedades masivas y asedio institucional.

Confiar en la Justicia

 

La derecha confía en una Justicia franquista

La derecha mediática y política repite el mantra de «confiar en la Justicia». Sin embargo, este dogma ignora la raíz histórica y sociológica de la judicatura en España. El país no transitó hacia la democracia mediante una ruptura total con la dictadura, sino a través de una reforma en la que los jueces del régimen franquista permanecieron en sus cargos sin depuración alguna, lo que consolidó dinámicas familiares que se han extendido durante décadas.
A este factor histórico se suma la evidente barrera de clase actual: preparar las oposiciones a la judicatura exige años de dedicación exclusiva, manuales costosos y preparadores privados; un respaldo económico que la clase trabajadora difícilmente puede asumir. El resultado es un cuerpo judicial reclutado de forma mayoritaria entre familias acomodadas de perfil sociológico muy conservador. Este sesgo ideológico contamina fallos judiciales con un evidente tinte tradicionalista (y de las JONS). Confiemos en que las becas públicas de apoyo a opositores, ampliamente criticadas por los sectores conservadores –¿por qué será?–, logren democratizar el acceso y corregir este sesgo socioeconómico.
Es lógico que la derecha pida confiar en la Justicia; el sistema actual está diseñado para proteger sus privilegios. Si yo fuera de derechas también confiaría ciegamente en la Justicia.

Libertad de expresión con lanzallamas

 

Lo de los fascista de Vox es de traca

Es desternillante. Vox organiza unas jornadas en el Congreso sobre “libertad de expresión” y, en un alarde de humor involuntario, los invitados estrella son Vito Quiles y Bertrand Ndongo tras haber sido expulsados del Parlamento. Solo falta Torquemada sirviendo los cafés para cerrar el círculo del cinismo. Es fascinante ver a los herederos del franquismo, cuyo ADN político se resume en el «de esto no se habla», convertidos de pronto en monaguillos del librepensamiento. Afirman, con una ausencia total de vergüenza, que hay censura mientras señalan a periodistas, insultan a medios y confunden la crítica con la persecución. Son vulgares pirómanos dictando un curso de prevención de incendios. Eso sí, su idilio con la libertad es tierno: la defienden con fervor, siempre que sea la suya propia, blindada con dinero público y cara de mártir. Sabemos que sueñan con entrar en TVE si gobiernan: no como gestores, sino como en Hiroshima, armados con bombas atómicas, motosierras y lanzallamas, usando la Constitución de posavasos. Entrañable paradoja: predican la palabra libre mientras sacan lustre al arsenal.

El PP promueve la crispación y arrolla el periodismo

 

El PP se abona a lo que haga falta con tal de lograr un voto

La complicidad del PP con la degradación democrática cruza una línea más. Al enrocarse en defender a los agitadores ultraderechistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo tras su expulsión del Congreso, el PP insulta a la inteligencia ciudadana. Llamar «periodistas» a estos escuadristas neofascistas es una bajeza que repugna a los verdaderos profesionales de la Cámara. Consúltese a cualquier cronista parlamentario: el veredicto es de absoluto escándalo y rechazo unánime.
El periodismo no consiste en provocar, acosar o convertir una institución democrática en un plató de propaganda ultra. El periodismo es rigor, ética y respeto a la verdad. Lo que hace el PP es un burdo ejercicio de vasallaje hacia Vox, demostrando que está dispuesto a proteger a quienes dinamitan la convivencia democrática desde dentro de las instituciones para competir por el aplauso de la derecha extrema. Los ampara porque los financia directamente mediante publicidad institucional y subvenciones en sus feudos autonómicos. Son sus criados mediáticos.
El Congreso, al proteger su espacio, no censura, sino que dignifica la profesión frente a difamadores profesionales.

23-F. La sombra persiste

 

45 años después, la duda sigue ahí

En los documentos desclasificados sobre el 23-F, los propios militares implicados atribuyeron parte del fracaso a «haber dejado al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero». La expresión no es un exabrupto: es una confesión. “Caballero” no remite solo a la cortesía, sino a alguien honorable, previsible, fiel a su palabra. En suma, alguien en quien se puede confiar.
Al señalar ese supuesto error estratégico, los golpistas revelan algo más que torpeza: delatan una expectativa. Esperaban complicidad tácita o, al menos, una neutralidad benévola por parte del monarca. Su lamento sugiere desengaño, no sorpresa.
Pero la sombra en la noche de los transistores se alarga especialmente tras el discurso televisado. Al terminar, el rey se dirigió a Milans del Bosch con una frase que abre un abismo: «Después de esto, ya no puedo volverme atrás». La frase, lejos de disipar dudas, las concentra. ¿Dónde había estado hasta entonces? ¿Desde qué posición ya no podía retroceder? Si no podía “volver”, es porque hasta ese instante existía, al menos en teoría, un margen.
Persiste así la sombra: ¿fue la firmeza real una convicción democrática desde el primer minuto o el resultado de un cálculo, una espera prudente hasta comprobar la correlación de fuerzas? La ambivalencia de ciertos silencios —y la secuencia temporal de los gestos— alimenta la sospecha.
En cualquier caso, el golpe además de la derrota de los insurrectos, fue también la victoria del miedo. Inoculó en la sociedad y en el inminente gobierno socialista la conciencia de que la democracia era un préstamo, no un derecho, y que tenía los límites trazados con sable. Y esa pedagogía del temor, silenciosa pero eficaz, dejó una huella más duradera que los tanques en las calles.

Dianas del fascismo: el asedio a la palabra

 

Con el avance del fascismo, contar verdades o ser disidente se está poniendo peligroso

En la España del siglo XXI, el acoso a periodistas, humoristas y medios no es algo del pasado: es una estrategia de intimidación. Profesionales como Héctor de Miguel, Cristina Fallarás, Elena Reinés, Antonio Maestre, Sarah Pérez Santaolalla o Jesús Cintora son señalados, deshumanizados y hostigados por hacer su trabajo: informar, opinar y fomentar el pensamiento crítico.
El fascismo —no como exabrupto, sino como práctica— no tolera la crítica. Se alimenta del miedo, el odio, la mentira y la deshumanización del adversario. Por eso ataca a quienes desmontan sus discursos y evidencian su enorme miseria moral.
Sin embargo, el peligro real no reside solo en el que señala, sino en la mano que blanquea. La neutralidad ante la intolerancia no es objetividad, es complicidad. No cabe la equidistancia cuando lo que se debate no es una idea política, sino la vigencia de los derechos humanos. Financiar, amplificar o normalizar estos discursos bajo el paraguas de la “libertad de expresión” es, en la práctica, cavar la fosa de esa misma libertad.
Las formaciones que socavan los cimientos democráticos no pueden ser tratadas como meros actores del juego parlamentario si su objetivo es romper las reglas de juego. Una democracia madura no es la que se deja tutelar por el miedo, sino la que se defiende con la ley en la mano y la ética como escudo.
Frente al autoritarismo, el silencio no es prudencia, es capitulación. Cada espacio cedido es un derecho perdido. Defender hoy a quienes están en la diana es, sencillamente, defendernos a todos.

Feijóo y la televisión democrática

 

El PP, heredero de Franco, jamás ha entendido qué significa una televisión plural

Solo hay que fijarse en VOX para saber que repetirá el PP en pocas horas, como si fuera doctrina propia. El último ejemplo es lo ocurrido en su ofensiva contra RTVE, una cruzada que va del insulto a la amenaza. La derecha extrema habla de «entrar con lanzallamas y motosierra» para arrasar la televisión pública, y Feijóo, en lugar de frenar la deriva, se une al corifeo y llama a TVE «Telepedro», acusándola de ser una «fábrica de mentiras». Es grotesco que el líder de un partido que ha hundido televisiones autonómicas al quedarse sin audiencia de puro tendenciosas y culpable de corrupción endémica pretenda dar lecciones de ética periodística.
RTVE, junto con La Sexta, siguen siendo los medios generalistas más plurales de España, los únicos donde conviven voces de todas las sensibilidades y eso les duele. RTVE bajo el gobierno de Zapatero logró premios y alcanzó liderazgo y prestigio internacional, reconocida incluso por organismos que situaban sus informativos al nivel de la BBC. Pero cada vez que el PP pisa Moncloa, el pluralismo se evapora: expulsan a profesionales y regresan los censores, los vetos, la propaganda partidista… Lo mismo sucede en las autonomías que gobierna, solo o con VOX, donde manipulan y vacían de credibilidad los medios públicos. En el fondo, lo que les molesta no es TVE, sino la democracia informativa: esa que ni entienden ni soportan.

El gran fraude de lo concertado

 

La ultraderecha (PP) y la derecha extrema (VOX) pretenden destrozar el Estado de bienestar

¿Por qué desviar dinero público al sector privado si su objetivo es el beneficio, no el bienestar?
Escucho a muchos tertulianos preguntar qué hay de malo en la cooperación, según ellos positiva, público/privada. Parecen no entender que cuando se deriva dinero público a empresas privadas –colegios, universidades, hospitales todos ellos concertados–, una parte considerable del montante ya no se invierte en mejorar los servicios, sino que pasa a ser beneficios de las sociedades mercantiles que acaba en los bolsillos de directivos e inversores particulares. Así, la supuesta cooperación se trueca en parasitismo. De igual forma, quien ha contratado un seguro médico privado tendrá los servicios que su póliza cubre; pero no recibirá el tratamiento más adecuado a su dolencia: prima el coste y la cobertura pactada, no la necesidad médica real.
Estos tertulianos argumentan con malicia que se ha incrementado el presupuesto en sanidad. No me vale pues ese aumento también irá a accionistas privados.
Y, con la enseñanza, lo mismo. Los centros privados, al responder a la lógica de mercado, priorizan el beneficio económico. Esto choca con el objetivo principal de un servicio público: garantizar el acceso y la calidad para todos.
Cuando lo público se privatiza, el derecho se convierte en negocio. Y en los negocios, el beneficio importa más que las personas.
Tertulianos de derechas, ¿lo entendéis ahora?

Garamendi alimenta los bulos

 

Los bulos del señor Garamendi son un peligro para la paz social

En una entrevista en el programa “Espejo Público” de Antena 3, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, frente a las críticas de Yolanda Díaz sobre su sueldo y jornada por censurar la reducción de jornada, no encontró mejor defensa que propagar temerarias falsedades en un bulo grosero y sin base alguna cruzando una línea inaceptable: «Los altos cargos, vicepresidentes del Gobierno, van a tener un coche hasta que se mueran, con un chófer.» Hizo una pequeña pausa y, con retorcida perversidad, lanzó una pregunta retórica: «¿Eso quién lo paga? Todos. Eso lo pagamos todos y no pasa nada». Ni la periodista al frente del programa, ni nadie del mencionado medio conservador corrigió esa mentira flagrante, lo que agrava aún más el daño.
Es intolerable que alguien con su responsabilidad social difunda bulos que sólo buscan crispar, alimentar el cinismo y debilitar la confianza ciudadana en las instituciones. No solo mintió, sino que lo hizo con plena conciencia de que sus palabras circularían veloz y sin filtro entre quienes buscan justificar su rechazo visceral al Gobierno. Garamendi sabe que solo tendrán chófer y coche hasta que cesen en el cargo. No está defendiendo al empresariado: está utilizando su relevante puesto como altavoz de propaganda para enfrentar a los españoles. Y eso lo deslegitima moralmente como interlocutor público.

Gaza: el genocidio que el mundo permite

 

Netanyahu, un criminal sin paliativos

Lo que ocurre en Gaza no es una “guerra”, es un genocidio. Más de 60.000 palestinos asesinados, la mayoría mujeres y niños. Hospitales bombardeados, periodistas ajusticiados, familias enteras borradas del mapa. ¿Hasta cuándo el eufemismo? Israel lleva a cabo una limpieza étnica con total impunidad, mientras las potencias occidentales lo avalan con armas, dinero, silencio y blanquean su imagen en acontecimientos deportivos o culturales. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están los principios de humanidad? La comunidad internacional no solo falla, es cómplice. Se criminaliza a quienes denuncian, se castiga la solidaridad, se distorsiona la verdad. Gaza es un infecto matadero a cielo abierto, un territorio devastado y sitiado donde se experimenta con la muerte. Ya no es una cuestión política: es una cuestión moral. Netanyahu es un criminal. No se puede ser neutral. Callar es formar parte de la vileza. Cada vida palestina exterminada bajo la hambruna, las bombas y las balas cae también sobre la conciencia del mundo. Basta de hipocresía. Basta de mirar a otro lado. Se me revuelven las tripas al asistir a este crimen histórico que ni el tiempo podrá borrar. Es el nuevo Holocausto ejecutado, inconcebiblemente, por las víctimas del anterior.

Congreso: plató de los agitadores

 

PP y Vox con los agitadores coartando la libertad

La tensión en los pasillos del Congreso no nace de la constante provocación verbal de la derecha, sino de un fenómeno igual de nocivo: la invasión de agitadores. Gente que se infiltra entre las columnas del cuarto poder, y no para informar, sino para intoxicar. No para cuestionar con argumentos, sino para reventar con consignas. Han cambiado el micrófono por el garrote verbal; la libreta por el panfleto digital; el oficio de periodista por el rol de provocador político. ¡Basta ya!
Lo ocurrido con Antonio Maestre –todo mi respeto y solidaridad– es solo la punta del iceberg. No es solo una agresión verbal y una coacción sino una estridente señal de alarma que debería hacer reaccionar a todos los que aún creen en el periodismo como garante de la democracia. Porque cuando un periodista es intimidado, hostigado y empujado por hacer su trabajo, todos estamos en peligro. Y si quienes lo hacen no son ciudadanos anónimos, sino personas acreditadas en el propio Congreso, el escándalo ya no es anecdótico sino institucional.
No hablo de discrepancias editoriales ni de debates ideológicos. Hablo de pura violencia. De odio planificado. De campañas de acoso que no surgen del error, sino como táctica del terror. Esta gente no entra en el Congreso para informar, sino para coaccionar, difamar y dinamitar. No hacen preguntas, lanzan eslóganes disfrazados de interrogantes. No buscan la verdad: buscan el “like” viral. Para ellos el respeto, la ética y el código deontológico del periodismo son basura.
No son periodistas. Son provocadores políticos que utilizan la apariencia de la prensa para camuflar la agresión. Saben que la acreditación les abre puertas para agredir con sus arietes. Su objetivo no es la transparencia, sino la intimidación. No quieren que la ciudadanía esté informada, quieren que esté enfadada. Aterrada. Dividida.
Y mientras tanto, los auténticos periodistas —los que contrastan, los que preguntan con respeto, los que escuchan— ven su espacio reducido, su seguridad tambalearse, su voz opacada por la estridencia.
La connivencia de PP y Vox no queriendo ponerles límites es inaceptable. No es cuestión de ideología, sino de principios democráticos básicos. Si permitimos que el templo del diálogo se convierta en circo de hostilidad, si dejamos que los matones de la desinformación ganen terreno, el periodismo habrá perdido. Y con él, la sociedad.
Porque cuando calla la prensa libre, grita el autoritarismo.
Y últimamente, ese maldito grito es ensordecedor.

El novio y el fiscal

 

Quien lanza bulos institucionales queda libre de sospecha. El mundo al revés

En lo más terrible de la pandemia, con muchos de nosotros torturados y afligidos por el miedo a perder seres queridos y mientras suspirábamos por mascarillas, hubo varios sinvergüenzas que aprovecharon la desgracia para forrarse. Uno de ellos fue el codicioso novio de Ayuso, que vendiendo mascarillas a la Comunidad de Madrid dio un pelotazo de dos millones de euros en comisiones de intermediario, emitió facturas falsas para tratar de no pagar a Hacienda y desembolsó 500.000 euros para comprar una empresa sin valor a la mujer de su jefe, Fernando Camino, ejecutivo de Quirón Prevención, con quien la Comunidad de Madrid ha duplicado las adjudicaciones desde que es pareja de Ayuso. También, Alberto González Amador, o Alberto Quirón para los íntimos, contrató obras ilegales en su vivienda. El personaje es una auténtica joyita.
Pero, en este mundo al revés, el perseguido es quien desmonta –sin dar ningún dato personal que no se conociera– un bulo institucional intencionado y peligroso de la Comunidad de Madrid que perjudica a la Fiscalía. En lugar de ir a por quien lo lanza, se va a por quien lo desmonta.
Así se acaba con la democracia.

VOX, de nuevo, incita al odio

Este es el vomitivo tuit de Vox

 VOX propone a sus partidarios que cuando vean a periodistas de La Sexta, TVE, Cadena SER o Canal Red –¿quién será el siguiente en entrar en la lista?– informando, los insulten y les quiten de las manos los micrófonos lanzándolos lejos, todo ello «en directo a ser posible».
Hasta donde yo sé eso se llama “incitación al odio”, y lo contempla el artículo 510 del Código Penal con penas para «quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio», que pueden ir de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses.
La libertad de prensa en un pilar fundamental de toda democracia y, precisamente por eso, los órganos judiciales a los que se confía la defensa del interés público, ya están tardando en actuar de oficio sin necesidad de esperar a que alguien lo denuncie.

El gen necio III

 

Con tantas pantallas el cerebro se está atrofiando

El virus de la desinformación se propaga cual plaga sin escrúpulos, y así el gen necio se expande y multiplica por el mundo.
…
–¿Cómo se puede sostener que este Gobierno es ilegítimo?
–¡Hombre!, es que no ha ganado las elecciones y gobierna.
–¿Y no será que gobierna porque nuestra Constitución proclama que gobernará quien en una sesión de investidura logre la mayoría del Congreso?
–No, no. En España siempre ha gobernado quien ha ganado las elecciones.
–Entonces, ¿por qué cuando el PSOE ganó las elecciones en 2019 con 1.745.159 votos más que el PP –ahora el PP le saca solo 330.870–, tuvimos cuatro años de gobierno ilegítimo, okupa, traidor, felón, mentiroso, Frankenstein y otras bajezas, como el bloqueo constitucional e institucional?
–¡Oye!, no te vayas por las ramas. Estamos hablando del Gobierno actual, no del de 2019.
…
Lo dicho: el gen necio.

Mazón, nueva versión arriesgada

 

Sosteniendo lo insostenible (Carlos Mazón), Feijóo se sigue desinflando

Para no presentar la factura de la comida del fatídico día de la DANA que le solicita la oposición, Carlos Mazón se mete en un lío al argumentar que no la presenta porque en dicha comida no estaba en calidad de presidente de la Generalitat Valenciana, sino como presidente del Partido Popular valenciano.
¿Puede, entonces, un presidente de cualquier formación ofrecer un cargo público –la dirección de la radiotelevisión valenciana– a una periodista?

Intimidación al periodismo

 

La caverna odia todas las libertades (cualquiera, incluida la de prensa)

El secreto de las fuentes de un periodista es un derecho ciudadano consagrado para tener una prensa libre, veraz y eficaz.
Por eso, la solicitud de la defensa de Alberto González Amador, novio de Ayuso, para investigar los teléfonos de periodistas que desmintieron el gran bulo difundido por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez –amenazador profesional de periodistas–, de que la Fiscalía había ofrecido un pacto al delincuente confeso, es un ataque directo a las leyes que protegen el secreto profesional de todo periodista para poder informar con rigor e independencia sobre corrupción política, delitos fiscales o criminalidad.
Y este ataque parte de la ultraderecha que se infla la boca al pronunciar la palabra “libertad”.
¿Se imaginan un mundo sin periodistas como querría la caverna? La corrupción y la tiranía gubernamental y empresarial camparían a sus anchas.
Para que el poder responda por sus actos, la información no se puede coartar. Si la verdad no puede narrarse con libertad y seguridad, la democracia pierde un pilar fundamental en la forja de ciudadanos libres.

El peligro de las redes sociales y Ayuso

 

Las redes sociales son lugares de desinformación

Según recientes investigaciones, la casi totalidad de jóvenes españoles solamente se informan a través de las redes sociales –donde abundan los contenidos falsos y los discursos de odio– y, sin contrastar la veracidad, con gran celeridad rebotan estas (des)informaciones para hacerlas virales. También, dichos estudios, dejan patente que las redes sociales no son un lugar fiable para buscar una información veraz.
Por eso Ayuso, una “trumpista” empedernida amante de falsedades, durante la presentación de su Plan Regional contra las Drogas en un Instituto de Enseñanza Secundaria, conminó a los jóvenes a informarse sobre el peligro de las drogas en el no menos pernicioso, y a menudo tóxico, océano de las redes sociales.

Feijóo y los bulos

 

Sea quién sea el que lidera el PP, se comporta como una fascista descerebrado

El debate para luchar contra la desinformación está motivado porque con tanto bulo, la misma democracia está en peligro. Por ello alarma que Feijóo no plantee alternativas y sostenga que ese plan «es el mayor ataque a la libertad de información de la democracia», y otras lindezas que nada tienen que ver con el asunto. En el fondo, Feijóo es coherente: al frente de la Xunta mantuvo un férreo control de los medios públicos de comunicación en Galicia al tiempo que financiaba generosamente los privados afines. Y eso por no hablar de Ayuso y el control –aún mayor que el de Esperanza Aguirre, que ya es decir– de Telemadrid fomentando la desinformación, o del cierre de la Radio Televisión Valenciana tras la estampida de su audiencia por la reiterada manipulación informativa por parte del PP, o de la manipulación sectaria de TVE por el Gobierno de Rajoy pisoteando lo que debe ser una cadena pública financiada con el dinero de todos.
¿Por qué ponen tantas pegas a combatir bulos? ¿Acaso les beneficia?

La paradoja Assange

 

Julian Assange, héroe del periodismo

La liberación de Julian Assange es una gran noticia, pero paradójicamente, al tener que declararse culpable –como la mayoría de nosotros haría tras doce años de privación arbitraria de libertad y sometidos a la tortura de una más que probable condena a 170 años de prisión–, ataca todo aquello de lo que Assange es paradigma: la libertad de información.
La asunción de culpa es una censura encubierta e inadmisible que sitúa al periodismo de investigación bajo la espada de Damocles. Por si fuera poco, los crímenes denunciados que llevaron a Assange a su calvario, han quedado impunes.
Siempre que el poder cometa tropelías y vulnere principios elementales –intrigas, mentiras, asesinatos y conspiraciones–, los ciudadanos como Assange, Katharine Gun, Edward Snowden y otros menos conocidos, son héroes absolutamente esenciales para la sociedad.
Nadie debería ser perseguido en Estados democráticos por destapar los desmanes e incomodar al poder que actúa con iniquidad sin respetar las leyes.