Muertos por la industria automovilística y la dejación de las autoridades

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente en un reciente estudio se da cuenta de que anualmente al menos 27.000 ciudadanos españoles mueren prematuramente a causa de la elevada contaminación medioambiental. También, y según la Organización Mundial de la Salud, no menos de 44,7 millones de españoles respiramos aire contaminado durante el pasado año. El 95% de la población española respira aire con niveles superiores a las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido principalmente al tráfico en las zonas metropolitanas. En mi ciudad, Madrid, en demasiadas ocasiones las partículas en suspensión llegan a superar con creces (hasta 10 veces) los límites permitidos por las normativas de Salud Ambiental sin que se tomen medidas para invertir esta malsana situación y lograr que se mantengan dentro de los límites establecidos en la actual legislación. Ante estos demoledores resultados, se ve claramente que son necesarias actuaciones urgentes encaminadas a velar por la salud de los urbanitas y a cumplir la normativa referente a reducir la contaminación que origina el tráfico rodado procedente de la combustión de las gasolinas.

Cielo contaminado sobre Madrid

Por otro lado, los muertos en accidentes de tráfico en España el año pasado ascendieron a la lamentable cifra de 1.131 víctimas. Las autoridades, que siempre están salvaguardando la contaminante industria automovilística con incentivos a la compra de coches, no paran de hacer costosas campañas publicitarias llamando a la conducción responsable y al uso del cinturón de seguridad para tratar de reducir el número de bajas en la carretera, lo que me parece correcto, pero que contrasta sorprendentemente con la inacción para prohibir el uso del vehículo privado en las ciudades, responsable por sus nocivos efectos de un número de fallecimientos 24 veces superior al que se cobra el asfalto. Parece que hacer algo en este sentido no sería rentable políticamente hablando. Pero, en mi caso particular, prefiero morir instantáneamente en un accidente de tráfico que padecer una lenta agonía, para mí y mis familiares, debido a un cáncer de pulmón.

Por ello, tocaré la única fibra sensible que les queda a nuestras autoridades haciéndoles ver que, según un reciente estudio de la OMS, los costes sanitarios que se derivan de estas enfermedades originadas por respirar altas concentraciones de contaminantes provinientes de los combustibles fósiles, representan entre el 2,8% y el 4,6% del PIB español, lo que puede suponer en torno a unos 46.000 millones de euros de nada, y eso sin tener en cuenta las más que posibles demandas millonarias interpuestas por los familiares de fallecidos por problemas respiratorios a que puedan hacer frente, debido a su negligencia en velar por un aire mínimamente respirable.

Está claro que los planes de mejora de calidad del aire en nuestro país son prácticamente inexistentes por falta de voluntad política y que en esta materia las leyes están hechas para no cumplirse y acallar conciencias. Pienso que muchos ciudadanos veríamos con buenos ojos que las ciudades volvieran a ser un lugar de encuentro para disfrutar y vivir, donde los peatones fueran, junto a las bicicletas y los vehículos limpios que usan energías alternativas, los auténticos dueños de las urbes, y no para sufrirlas por los humeantes coches que han invadido todas las parcelas que deberían ocupar las personas de a pie. Además, si se cumpliera la normativa respecto a la calidad del aire, con toda seguridad se rebajaría también la contaminación acústica (otro gravísimo problema ya que también se ha publicado en repetidas ocasiones que Madrid es una de las ciudades más ruidosas del mundo), que va absolutamente emparejada a la lacra ambiental que padecemos. Podríamos copiar a la ciudad alemana de Hamburgo, entre otras, que pretende convertirse en una ciudad verde y eliminar los coches de la ciudad en unos 15 años.