Tragedia migratoria: crueldad e hipocresía derechista

Esta es la trágica realidad de las migraciones forzadas, no el relato de PP y Vox

 Detrás de cada migrante hay sufrimiento. Muy pocas personas arriesgan su vida y abandonan su hogar si creen tener una alternativa digna. Huyen de la miseria, el hambre, la guerra, la falta de oportunidades... Por ello, resulta alarmante que la derecha deshumanice estas vidas con bulos mezquinos, tachando de “invasión” o “ataque” la pura supervivencia. La inmensa mayoría no son delincuentes, sino personas indefensas, utilizadas en una guerra híbrida, que añoran un futuro mejor, como usted querría para los suyos.
La frontera entre España y Marruecos separa dos realidades socioeconómicas marcadas por una profunda brecha de ingresos y oportunidades. Ante este desafío, la respuesta puramente punitiva o de rechazo carece de viabilidad a largo plazo. Es intolerable pretender que Marruecos actúe como gendarme; ninguna dictadura debe custodiar derechos humanos. Si no queremos migración forzada, la solución pasa por impulsar el desarrollo, la estabilidad y las oportunidades en los países de origen, en lugar de explotar el racismo y el miedo con fines electorales. Es urgente exigir a la oposición liderazgos responsables orientados a resolver los problemas de fondo y a preservar la convivencia social. Un mundo mejor es posible.
Marruecos utiliza los flujos migratorios como arma geopolítica para desestabilizar la democracia española, alentado por EE.UU. e Israel. Esta estrategia cruel ya ha costado decenas de muertes trágicas. Lo más cínico es que estos tres Estados –el Congreso de EE.UU. llegó a describir Ceuta y Melilla como ciudades situadas en territorio marroquí– sostienen que Ceuta y Melilla son marroquíes, mientras los supuestos “patriotas” de la derecha española callan sumisos. Su patriotismo es una farsa xenófoba.

Comunidad Valenciana: Del tabú a la norma

 

Vox atrapa al PP en los vericuetos del fascismo

La Ventana de Overton explica cómo una idea que antes era inaceptable para la sociedad puede acabar considerándose normal si se introduce de forma gradual en el debate público. Primero es impensable por el rechazo que provoca, después pasa a ser radical, luego, a ser debatida, aceptada, considerada sensata y, finalmente, incorporada a las instituciones.
Ese mecanismo ayuda a entender cómo la llamada «prioridad nacional», defendida durante años por la derecha extrema, ha terminado reflejada en los presupuestos de la Comunidad Valenciana de PP y Vox. Lo que antes era impensable y un discurso fascista hoy es política oficial que supedita las ayudas de vivienda y servicios sociales al origen y arraigo.
La historia ofrece trágicos ejemplos similares: discursos antes marginales que acabaron legitimando discriminaciones por origen, religión o etnia. Cuando una democracia maquilla la exclusión y la convierte en ley presupuestaria, el peligro ya no es una mera provocación retórica. Es una degradación institucional irreversible. El racismo de Estado comienza cuando la discriminación se financia con dinero público para señalar al diferente.

Golpes de Estado: de los tanques al asedio judicial y civil

 

Los golpes de Estado ahora se llevan a cabo desde los tribunales y los medios

Los golpes de Estado del siglo XXI ya no necesitan tanques ni militares en las calles. Ahora se orquestan desde tribunales, platós televisivos y redes sociales. La subversión democrática ha evolucionado. El clásico golpe de 1936 ha dado paso a fórmulas sutiles pero demoledoras: el “lawfare” y la insurrección civil inducida.
Hoy la guerra política instrumentaliza el aparato judicial, económico y mediático para asfixiar gobiernos y destruir reputaciones. España vivió un ejemplo de manual con la persecución sistemática a Podemos: una avalancha de macrocausas basadas en informes falsos que, tras años de titulares estridentes, terminaron archivadas en la nada. El desgaste político ya estaba hecho. Se logró por vías espurias lo que los votos no otorgaron. Ahora les toca a otros.
Si el acoso institucional no basta, el nuevo golpismo moviliza masas radicalizadas mediante el odio digital, como en el asalto al Capitolio en 2021 o en Brasil en 2023. Ya no son generales sublevados. Son ciudadanos convertidos en tropas de choque por la propaganda fascista.
La esencia es idéntica a la de hace noventa años: el pánico de sectores reaccionarios ante democracias que amenazan sus privilegios perpetuos. Ayer fueron fusiles y la retórica del caos; hoy son querellas prefabricadas, falsedades masivas y asedio institucional.

El PP es así

Esto es el PP: lobos con piel de cordero

 De los creadores de «¡vete al médico!», «agarrarse a una coleta», «los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a sus padres solo cuando hay subvenciones», «por ser la mujer de…», llega ahora «tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses» en alusión a sus futbolistas negros. Confunden nacionalidad con raza. Amparar comentarios discriminatorios bajo la etiqueta de «sarcasmo» contribuye a normalizarlos, a llegar al racismo, al machismo, a la aporofobia…
Cuando dejan de medir sus palabras y están eufóricos, les brota del alma su rancia visión del mundo un día y otro día… y es que en la dirección del PP estas expresiones aparecen con demasiada frecuencia para considerarlas simples lapsus. No pueden evitarlo; es su pensamiento.
Lo comprendo, a mí me pasa igual. Desde lo más impenetrable de mi sistema límbico, me brota la subida de impuestos a los ricos, la defensa de las pensiones o revertir los recortes en sanidad y educación. Imposible remediarlo.
Y es notorio que en el PP no las condenan, las minimizan o las justifican; en el fondo les agradan estas salidas de pata de banco de sus compañeros. Solo unos pocos, muy pocos, se echan las manos a la cabeza. A la mayoría, procedente de un frente nacional fundado por siete altos cargos franquistas, entre ellos ministros, con ideario inflexible sobre la unidad de la patria, la educación privada, la libre empresa, la defensa a ultranza de la familia patriarcal y del orden y de la moral pública, les suena bien porque está profundamente arraigado en su cultura política. Les sale sin pensar.

90 años del golpe oligárquico contra la democracia

Lo que les molesta es la democracia

En 1936, sectores de la derecha radical y las élites decidieron destruir por la fuerza a la Segunda República Española. Las causas reales del golpe no fueron el “caos” ni una supuesta revolución inminente, sino el pánico de las élites terratenientes, financieras y eclesiásticas ante reformas que amenazaban sus privilegios: la reforma agraria, la subordinación del Ejército al poder civil, la educación laica e igualitaria y la ampliación de derechos sociales.
La investigación histórica rigurosa ha desmontado los mitos de la propaganda dictatorial. Los historiadores Paul Preston y Ángel Viñas han demostrado que la conspiración fue planificada mucho antes de julio de 1936 por generales como Emilio Mola y culminada por Francisco Franco. No fue una reacción improvisada, ni el asesinato de Calvo Sotelo, sino un golpe preventivo contra la modernización social de un gobierno legítimo salido de las urnas en febrero de 1936.
La derecha golpista utilizó el miedo al comunismo como coartada para justificar una sublevación que fracturó al país y desencadenó una guerra devastadora abriendo paso a cuarenta años de dictadura. Un sistema de opresión que hundió a España en la autarquía, el crimen de Estado, la miseria y el silencio impuesto. Hablar de “alzamiento” es blanquear lo que fue: una traición armada contra la soberanía popular. Las excusas fueron propaganda; la verdad, la defensa feroz de privilegios históricos frente a una democracia que pretendía modernizar el país.

PP: En ruta a la derecha extrema

 

La deriva extremista del PP es alarmante

Del «quien pueda hacer, que haga» al «hay que evitarlo como sea». Ese es el recorrido del PP de “FeiVoox”, un partido que ha renunciado a la moderación para competir en el terreno de la confrontación permanente.
Al ser preguntado por la presencia de Begoña Gómez en la cumbre de la OTAN, Feijóo sostuvo que había que «evitarlo como sea» porque perjudicaría la imagen de España. Lo hizo con un lenguaje corporal y un tono que destilaban animadversión, más que sentido institucional. Obvia que los cónyuges habitualmente asisten a estos foros por su rol institucional. Es algo que ocurre independientemente de sus situaciones judiciales o de las polémicas internas de sus países.
Pero surgen cuestiones inevitables: en primer lugar, si la imagen exterior de España también se resiente cuando quien representa a la oposición es el propio Feijóo, dado el persistente recuerdo de sus fotografías junto al narcotraficante Marcial Dorado. En segundo lugar, el argumento quiebra al mirar el panorama internacional: ningún foro de la OTAN o del G7 ha planteado jamás la exclusión de mandatarios o cónyuges por sus procesos judiciales, como evidencia el caso de Donald Trump en Estados Unidos.
Lo preocupante no es solo la contradicción, sino la decisión del PP de competir directamente en el terreno de la agitación. Esta estrategia erosiona el sistema y es ineficaz, pues en la retórica de máximos Vox siempre irá aún más allá.

El veneno de socavar las urnas

Si se comportan como fascistas, ¿será porque lo son?

 Resulta alarmante que, cuando las expectativas propias flaquean, el PP siembre sospechas sobre el sistema electoral –¿será que no se creen ni sus propias encuestas?– sin aportar una sola prueba. Y cuando la reacción social evidencia el despropósito, pretenda negar lo que dijo con absoluta claridad. No es la primera vez que ocurre.
¿De verdad creen que la ciudadanía no recuerda? El sistema democrático español cuenta con un engranaje de garantías judiciales, técnicas y administrativas sólidas que protegen la soberanía popular desde la Transición. Cuestionar de manera sistemática este pilar solo busca justificar la desobediencia o el asalto futuro al orden constitucional.
Quien incide en la estrategia de la sospecha asume una responsabilidad histórica nefasta. Jugar a la conspiración electoral es cruzar una línea de no retorno. La agresión verbal a las urnas abre de par en par las puertas al fascismo. No hay neutralidad posible: quien desacredita la democracia para mantenerse a flote está legitimando su destrucción.

Mercaderes del miedo: la infamia del PP

 

Lo que estos partidos juegan con las personas es puro fascismo

La regularización extraordinaria de migrantes que ya conviven y trabajan con nosotros —no de quienes llegarán— sería la octava de la democracia. El PP de Aznar ejecutó tres de ellas, otorgando papeles a más de 520.000 personas en procesos que tildaban de ejemplares. La iniciativa actual emana de una ILP avalada por 700.000 firmas, sindicatos, patronal y la propia Iglesia. Sin embargo, el PP actual, por puro oportunismo y pánico electoral ante Vox, abraza una demagogia xenófoba repugnante y vende la medida como una «perversión» del censo electoral. Mienten sin pudor y pretenden llevar el asunto a Europa pese a que la propia Unión Europea siempre ha delegado esta competencia en cada Estado. Para colmo, tras el acoso de la derecha, el Tribunal Supremo abre la puerta a paralizar el proceso por supuestas dudas normativas. Una maniobra mezquina que, me temo, dejará a un millón de personas en un limbo legal despótico.
Es una absoluta vergüenza. El PP pisotea su propia historia legislativa, renuncia a la mínima coherencia y secuestra la moralidad pública por un puñado de votos. Una oposición desalmada que trafica con el miedo y destruye la cohesión social no merece la confianza de los ciudadanos. ¡Vergüenza!

PP: de defender el derecho a propagar el bulo

 

Vox dirige el pensamiento del PP

La estrategia del PP, copiada de Vox, de agitar la sombra del fraude electoral ante el voto de los descendientes del exilio franquista, cruza una línea roja en la responsabilidad democrática. Calificar de amenaza o manipulación el reconocimiento de la nacionalidad a hijos y nietos de quienes huyeron de la dictadura no solo ataca la reparación histórica; adopta una retórica de deslegitimación institucional de tintes trumpistas que erosiona deliberadamente la confianza en el sistema electoral.
La contradicción del PP es absoluta. Esta medida figuraba en su programa electoral de 2023 y, durante décadas, la formación exigió facilitar el sufragio de los españoles en el exterior. Este doble rasero destapa un sesgo oportunista y una instrumentalización del origen que divide a la ciudadanía, sugiriendo que existen españoles de primera con derechos garantizados y ciudadanos de segunda cuya voz incomoda según el origen de sus familias.
Sembrar sospechas sobre el censo electoral sin aportar una sola prueba no es fiscalizar el poder; es degradar las reglas del juego democrático. Sugerir alteraciones en los resultados cuando las urnas no son favorables demuestra un preocupante rechazo a la pluralidad soberana. Utilizar el bulo del fraude exterior como herramienta política retrata el nulo compromiso democrático de un bloque obsesionado con el poder y dispuesto a fracturar la convivencia por cálculo electoral.

Confiar en la Justicia

 

La derecha confía en una Justicia franquista

La derecha mediática y política repite el mantra de «confiar en la Justicia». Sin embargo, este dogma ignora la raíz histórica y sociológica de la judicatura en España. El país no transitó hacia la democracia mediante una ruptura total con la dictadura, sino a través de una reforma en la que los jueces del régimen franquista permanecieron en sus cargos sin depuración alguna, lo que consolidó dinámicas familiares que se han extendido durante décadas.
A este factor histórico se suma la evidente barrera de clase actual: preparar las oposiciones a la judicatura exige años de dedicación exclusiva, manuales costosos y preparadores privados; un respaldo económico que la clase trabajadora difícilmente puede asumir. El resultado es un cuerpo judicial reclutado de forma mayoritaria entre familias acomodadas de perfil sociológico muy conservador. Este sesgo ideológico contamina fallos judiciales con un evidente tinte tradicionalista (y de las JONS). Confiemos en que las becas públicas de apoyo a opositores, ampliamente criticadas por los sectores conservadores –¿por qué será?–, logren democratizar el acceso y corregir este sesgo socioeconómico.
Es lógico que la derecha pida confiar en la Justicia; el sistema actual está diseñado para proteger sus privilegios. Si yo fuera de derechas también confiaría ciegamente en la Justicia.

Fundación Francisco Franco: anomalía democrática

 

Lo que ocurre en este país y Franco, es de traca

Que la Audiencia Nacional deba tramitar formalmente el recurso de la Fundación Francisco Franco evidencia una alarmante fragilidad en nuestro ordenamiento. Ninguna democracia real debería tolerar que su propio engranaje garantista ampare a entidades que glorifican dictaduras, blanquean crímenes o celebran golpes de Estado. Mientras Alemania persigue y castiga penalmente el nazismo por pura supervivencia institucional, la legislación española exhibe una debilidad jurídica preocupante frente al fascismo, permitiendo que organizaciones de esta naturaleza ralenticen su disolución mediante vericuetos legales.
Validar a este colectivo insulta la memoria de las víctimas y destruye la credibilidad del Estado de derecho. No caben medias tintas ni debates vacíos sobre la libertad de expresión cuando se promueve la represión armada. Y conociendo la Justicia de mi país, su pasado y su presente, no oculto mi escepticismo y dudo firmemente que el desenlace vaya a estar a la altura de esa exigencia.
Permitir la existencia de esta organización es una complicidad intolerable. Un Estado que ampara la exaltación del franquismo deja de ser una democracia legítima para convertirse en un régimen cobarde que nutre la semilla de su propia destrucción.

¡Qué dirá el Santo Padre!

 

El farisaico PP atrapado en la anticristiana "prioridad nacional"

Resulta de una finura intelectual conmovedora observar a PP y Vox aplaudir con fervor el discurso humanista del Papa en el Congreso. Sostener que suscriben «de la A a la Z» un mensaje de respeto al migrante y al derecho internacional, de rechazo a la guerra y de concordia, mientras ejercen una praxis política diametralmente opuesta, es un ejercicio de funambulismo moral digno de estudio.
Es de admirar cómo concilian la doctrina pontificia con la promoción de la «prioridad nacional», el indisimulado anhelo de alinearse con Trump o Netanyahu, el refinado uso del insulto al presidente del Gobierno y la deshumanización del adversario. Especial mención merece la elegancia retórica de Feijóo al equiparar migración con «violaciones y machetazos».
Si estos autoproclamados custodios de la fe escucharan de verdad al pontífice, su autoridad suprema en la tierra, su agenda colapsaría. Su virtuosismo consiste en revestirse de piedad e instrumentalizar el miedo, vaciando de contenido los valores que dicen defender. Aplaudir la máxima de que «discrepar no es humillar» requiere, desde luego, un cinismo exquisito.
El mensaje papal no es revolucionario; es, sencillamente, una reafirmación de derechos humanos elementales. Que algunos lo perciban como revolucionario revela hasta qué punto se ha desplazado el marco político hacia posiciones insolidarias.
¡Fariseos 2.0!

Libertad de expresión con lanzallamas

 

Lo de los fascista de Vox es de traca

Es desternillante. Vox organiza unas jornadas en el Congreso sobre “libertad de expresión” y, en un alarde de humor involuntario, los invitados estrella son Vito Quiles y Bertrand Ndongo tras haber sido expulsados del Parlamento. Solo falta Torquemada sirviendo los cafés para cerrar el círculo del cinismo. Es fascinante ver a los herederos del franquismo, cuyo ADN político se resume en el «de esto no se habla», convertidos de pronto en monaguillos del librepensamiento. Afirman, con una ausencia total de vergüenza, que hay censura mientras señalan a periodistas, insultan a medios y confunden la crítica con la persecución. Son vulgares pirómanos dictando un curso de prevención de incendios. Eso sí, su idilio con la libertad es tierno: la defienden con fervor, siempre que sea la suya propia, blindada con dinero público y cara de mártir. Sabemos que sueñan con entrar en TVE si gobiernan: no como gestores, sino como en Hiroshima, armados con bombas atómicas, motosierras y lanzallamas, usando la Constitución de posavasos. Entrañable paradoja: predican la palabra libre mientras sacan lustre al arsenal.

El cártel de la lejía

 

El partido más corruPPto se postula a limpiar la corruPPción

Sostiene “FeiVoox” que el Ejecutivo actual es «el más sucio de la democracia». Estremecedor parte médico. Ante semejante vertedero, la terapia de choque del PP es impecable: entregar la fregona al partido que convirtió la caja B en tradición oral, los juzgados en una sucursal propia y que aplaude a Aldama en manifestaciones contra la corrupción. Para rematar la faena, proponen como encargado de limpieza al socio ultra; ese partido que añora la gestión de Franco.
Resulta enternecedor recibir lecciones de higiene democrática de quienes usaron los resortes del Estado como un arma contra el rival político y destruyeron pruebas incriminatorias. El enigma ya no es la roña, sino quién financia el detergente.
A estas alturas, la trama no va de izquierda o derecha, de rojos contra azules. El guion es más rústico: democracia sí o democracia no. Y cuando la alternativa higiénica al supuesto «gobierno infecto» consiste en un viaje en DeLorean hacia el nacionalcatolicismo, con cementerios y cárceles llenas de opositores y maletas repletas de fajos rumbo a Suiza, la elección es obvia. Entre lo actual o dinamitar los cimientos de convivencia, la elección es clara.

El fascismo galopa con Aznar

 

Aznar, falangista (fascista) joseantoniano confeso

Que José María Aznar, quien se definió como «falangista joseantoniano», afirme: «El que pueda hacer que haga, y ahora, más todavía», no puede interpretarse como una frase inocente ni como una simple consigna política. En un contexto de creciente polarización, esas palabras funcionan como una legitimación implícita de la desobediencia contra el orden democrático y del ataque a las instituciones comunes; como una cínica orden de asalto al orden constitucional y un llamado directo al sabotaje democrático mediante la desestabilización institucional. El fascismo siempre ha operado así: desacreditando las leyes, sembrando odio y alentando la acción individual de fanáticos convencidos de actuar en nombre de una supuesta patria.
No trato de acallar la crítica política —legítima en democracia—, sino de denunciar el intento de sustituir el debate racional por el señalamiento, el linchamiento moral y la intimidación. Cuando se normaliza el “todo vale”, la convivencia queda a merced de la fuerza, del miedo y de la violencia descentralizada. La historia demuestra que el deterioro democrático comienza precisamente cuando dirigentes irresponsables convierten la crispación en estrategia y la agitación en método de poder.

El PP promueve la crispación y arrolla el periodismo

 

El PP se abona a lo que haga falta con tal de lograr un voto

La complicidad del PP con la degradación democrática cruza una línea más. Al enrocarse en defender a los agitadores ultraderechistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo tras su expulsión del Congreso, el PP insulta a la inteligencia ciudadana. Llamar «periodistas» a estos escuadristas neofascistas es una bajeza que repugna a los verdaderos profesionales de la Cámara. Consúltese a cualquier cronista parlamentario: el veredicto es de absoluto escándalo y rechazo unánime.
El periodismo no consiste en provocar, acosar o convertir una institución democrática en un plató de propaganda ultra. El periodismo es rigor, ética y respeto a la verdad. Lo que hace el PP es un burdo ejercicio de vasallaje hacia Vox, demostrando que está dispuesto a proteger a quienes dinamitan la convivencia democrática desde dentro de las instituciones para competir por el aplauso de la derecha extrema. Los ampara porque los financia directamente mediante publicidad institucional y subvenciones en sus feudos autonómicos. Son sus criados mediáticos.
El Congreso, al proteger su espacio, no censura, sino que dignifica la profesión frente a difamadores profesionales.

Togas y naftalina

 

El hedor franquista de la Justicia es inaguantable

La Audiencia Nacional ha suspendido –previa petición de Ayuso, ¡cómo no!– cautelarmente la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, pese a que allí estuvo la Dirección General de Seguridad franquista, donde se practicaron asesinatos –Tomás Centeno, Ruano y tantos otros–, torturas y detenciones políticas. El argumento del auto roza la parodia: colocar una placa podría causar un «perjuicio irreversible» a la reputación institucional de la Comunidad de Madrid. Como si la historia fuese un grafiti y no un hecho documentado.
¿Qué daño irreversible causa un trozo de metal que se puede desatornillar en cinco minutos si un juez cambia de idea?
Resulta enternecedor ver a ciertos jueces preocupados por la sensibilidad de un edificio, pero no por la memoria de quienes pasaron por sus sótanos o salieron con los pies por delante. Debe de ser que las víctimas molestan más que sus verdugos. En España, al parecer, recordar la dictadura daña la convivencia; blanquearla, en cambio, es moderación institucional. 
La derecha política, judicial y mediática lleva años intentando convertir la memoria histórica en un problema de estética. Cambian la toga por la nostalgia y lo llaman neutralidad; la toga por el sesgo ideológico y ya ni lo tapan.

Charlotada en México

 

Delirios y charlotadas: Ayuso y MÁR campeones del mundo

La intrépida Ayuso fue a México en misión de torpedera suicida: pontificar sobre Hernán Cortés ante los descendientes de sus tropelías, dinamitar puentes internacionales y colgarse medallitas de hojalata financiadas por el contribuyente madrileño. La misma diplomacia que la de una despedida de soltero en un convento. Y, eso sí, el trasfondo era noble: ejercer de comercial de lujo para Nacho Cano, el gurú de una Hispanidad de purpurina, tablao y mamandurria.
Y como su viaje hacía aguas, hubo que idear un esperpento: Ayuso imaginó una delirante persecución digna de culebrón de sobremesa y denunció un «boicot» –representando el papel de influencer acosada– mientras volvía a sentenciar que México es un narcoestado «muy peligroso». ¿Y qué hace una mártir de la libertad ante el peligro extremo? ¿Huir? ¡Qué va! Se condenó a cuatro días de exilio forzoso en una tumbona del Caribe. No hay grito de auxilio más desgarrador que el de alguien pidiendo otra margarita mientras el sol de la Riviera Maya broncea su indignación. Un auténtico espectáculo de humor negro donde el “todo incluido” no se perdona. Sobrevivir al horror nunca fue tan refrescante ni dejó un moreno tan uniforme.

I+D en Génova: Incitación al Delito

El PP no combate la corrupción, la fomenta

Lo del PP no es falta de voluntad contra la corrupción, sino coherencia con su historial. Su última estrategia procesal es funambulismo jurídico: solicitar una segunda rebaja de pena para Aldama, el «nexo corruptor» del caso Mascarillas. Hay que reconocerles el detalle: intentan evitarle la cárcel al hombre que, supuestamente, engrasó la maquinaria para seguir repartiendo bulos que alimenten su relato político. Eso es lealtad y no la de los boy scouts. Su currículum es imbatible. Siguen sin «conocer» a ese tal M. Rajoy mientras Cospedal y Arenas —aún vinculados al partido— practican la amnesia colectiva en el juicio de la Kitchen. El exministro Fernández Díaz, con peticiones de 15 años de cárcel, sigue manteniendo su carné. Ostentan el récord de ser el único partido cuya financiación irregular ha sido acreditada y condenada, pero para ellos fue una «trama contra el PP». Y no olvidemos la obra cumbre del surrealismo corrupto-laboral: el «despido en diferido» de Bárcenas, con despacho, chófer y 21.300 euros mensuales sin trabajar, pagado con nuestro dinero, para silenciarlo. En Génova, la corrupción no se combate: se tutela y, si el beneficio político lo requiere, se diseña una rebaja de condena a medida.

Aldama: el acusado Schrödinger de la Fiscalía

La Justicia continúa siendo franquista

 ¿Cómo sostiene el fiscal jefe anticorrupción que Aldama ha colaborado ejemplarmente mientras afirma, sin pestañear, que ha mentido para involucrar al presidente? Si se miente, ¿se colabora o se enfanga? En este circo, la verdad no es un valor, sino un chicle que el Ministerio Público estira para pedir una rebaja de pena sobre la rebaja ya concedida –coincidiendo con el PP–, a pesar de que, según la UCO, no ha aportado nada nuevo. Aldama es el acusado Schrödinger: un fabulador compulsivo y un aliado fiable al mismo tiempo. Una dualidad que ni la física cuántica imaginó, pero que nuestra justicia abraza con un entusiasmo que apesta. Esta es la fascinante coreografía: un acusado que engaña, pero merece premio; que desacredita y, aun así, obtiene rebaja de condena por “colaborar”. No se busca la verdad, se premia la utilidad. Lo que nos queda es una Justicia que funciona como una tómbola con toga: aquí el premio no depende de la ética, sino de lo bien que sepas balar la canción que el pastor necesita oír. Sigan aplaudiendo el esperpento; el ridículo es total y la náusea, obligatoria.