Feijóo: Ríndase a la democracia, no a la mentira

 

Feijóo no abandona el guion ultraderechista

España votó. Y votó plural. Votó por la convivencia, por la diversidad ideológica, por una democracia que, aunque imperfecta, sigue siendo el único sistema que garantiza libertades, derechos y justicia social. Quien aún no lo ha entendido, o se niega a aceptarlo, es el PP. Parafraseando a su propio líder: quien debe «rendirse a la democracia» es el PP. Porque rendirse a la democracia no es claudicar, es aceptar que no se puede deslegitimar a diario lo que emana de las urnas solo porque no te favorece.
El PP ha convertido la crítica política legítima en corrosión constante de las instituciones. No aceptan al Gobierno porque no lo lideran. Llaman ilegítimo a lo que es legal. Hablan de libertad, pero pactan con quienes recortan derechos. Alimentan el odio territorial para ocultar su falta de proyecto de país. No hacen oposición, siembran odio, desafección, ruido y desconfianza en la democracia misma. Son el «verdadero peligro para la democracia».
Y también es alarmante el papel de Ayuso, presidenta madrileña, que ha decidido importar las peores tácticas del “trumpismo”. Lo que pretende con su nueva normativa es reprimir la disidencia, amordazar a los jóvenes y convertir las universidades en espacios controlados por el miedo. Multas de hasta 100.000 euros por protestar sin permiso, de hasta 15.000 por una pancarta, y hasta un millón de euros en casos extremos. Es un delirio autoritario impropio de una democracia europea. ¿Qué será lo siguiente, perseguir el pensamiento crítico como si fuera un delito?
Y Vox, con su agenda reaccionaria, no solo no desentona en este escenario, sino que lo lidera. Negacionismo climático, censura cultural, ataques a colectivos vulnerables, y un desprecio total por la memoria democrática. Y el PP, lejos de frenarlo, lo respalda y le abre la puerta del poder en ayuntamientos y comunidades. ¿A cambio de qué? ¿De una alcaldía? ¿De un presupuesto? ¿De una falsa apariencia de estabilidad?
La democracia no es solo votar. Es sobre todo respeto al resultado. Es garantizar la libertad de expresión, incluso cuando molesta. Es permitir la protesta, incluso cuando incomoda. Es entender que el poder no da derecho a imponer el silencio, sino la responsabilidad de proteger el diálogo.
A la derecha, que cada día intenta socavar la democracia desde las instituciones que deberían defenderla, hay que decirle claro: ríndanse a la democracia. Acepten las reglas del juego o admitan de una vez que lo que quieren es romper el tablero.
La ciudadanía les observa. La historia también.

Justicia asimétrica

 

Tenemos una justicia claramente sesgada por la dictadura

En España, la balanza de la justicia no está equilibrada. Hay notorias evidencias de un trato desigual cuando el acusado es una figura de izquierdas frente a una de derechas.
Cincuenta años después de la muerte del dictador Franco, la justicia española arrastra inercias que la vinculan con una estructura de poder profundamente conservadora. Esta doble vara de medir se hace especialmente visible cuando se observan los casos judiciales en los que están implicados políticos progresistas, activistas o representantes sociales.
Los casos en los que políticos de derecha se ven involucrados en presuntos delitos de corrupción, prevaricación o enriquecimiento ilícito suelen archivarse con llamativa rapidez, si es que llegan siquiera a abrirse. Y, cuando se abren, a menudo el proceso se dilata años, se vuelve confuso, prescribe o se resuelve de manera favorable al acusado.
En contraste, cuando la justicia se dirige hacia miembros de la izquierda política, el escenario cambia radicalmente. Los procedimientos se abren con facilidad, aunque no haya base sólida; se alargan durante años con investigaciones prospectivas; y aunque se archiven, se reabren una y otra vez, generando un desgaste personal, político y mediático que es irreversible. Se torna un arma política de destrucción.
Organizaciones como Manos Limpias junto a grupos como Abogados Cristianos, son expertos en utilizar los mecanismos judiciales para perseguir a voces disidentes, especialmente del ámbito progresista, feminista o independentista. A menudo, sus denuncias acaban archivadas, pero no sin antes haber generado titulares, escándalos, presión mediática y desgaste.
Estas entidades aprovechan las debilidades del sistema judicial y la falta de reformas profundas desde la Transición para mantener vivo un aparato judicial en el que muchos jueces, fiscales y magistrados siguen respondiendo a una lógica heredada del franquismo. El “lawfare” —uso de la justicia como herramienta de guerra política— no es solo una realidad importada de América Latina cuando la izquierda lograba el poder; en España, tiene nombres, víctimas y consecuencias.
Es innegable que durante la transición democrática no hubo una depuración del aparato judicial franquista. Muchos jueces educados y promovidos bajo el régimen continuaron en sus cargos, y el espíritu reaccionario se perpetuó en las estructuras del Estado. Esa falta de ruptura ha permitido que aún hoy, en plena democracia, se criminalice con facilidad al adversario político cuando es de izquierdas, mientras se protege a quienes representan o defienden los valores del viejo orden.
Es urgente una reforma profunda del sistema judicial español: despolitización incontestable del Consejo General del Poder Judicial, mecanismos de control ciudadano, transparencia en los nombramientos, becas para acceder a la judicatura que la democratice, y una revisión del papel de los jueces en causas con carga ideológica. La democracia no se defiende solo en las urnas: también se protege en los tribunales.
Porque si la justicia no es igual para todos, entonces no es justicia. Y mientras siga siendo un instrumento al servicio de una parte, seguirá alimentando la desigualdad y el desencanto.

La paletería de Ayuso

 

Ayuso, aconstitucional y una gran paleta

Pocas veces una figura pública tan expuesta parece tan orgullosa de exhibir su ignorancia como Isabel Díaz Ayuso. Su última pataleta hacia la Conferencia de Presidentes, es un ejemplo de desdén, provincianismo intelectual y desprecio a la diversidad que, precisamente, consagra nuestra Constitución.
Afirma la presidenta madrileña, con ese tono que mezcla desparpajo y prepotencia, que «lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro, en el mismo idioma, o me saldré». Dice también que no usará los pinganillos —herramienta básica de cortesía y comprensión en un país plural— y remata su boutade acusando a quienes hablan catalán de hacer «provincianismo con el secesionismo».
Hay que tener muy poca cultura política, o directamente una actitud antidemocrática, para despreciar así a las lenguas cooficiales reconocidas por la Constitución de 1978. Porque no es una moda de “Pedro Sánchez”, como insinúa Ayuso, sino una obligación legal y moral que dimana del artículo 3 de nuestra Carta Magna que reza: «el castellano –que no el español ya que este término abarca un significado más amplio, incluyendo los dialectos y variantes del idioma hablados en España y América Latina– es la lengua española oficial del Estado», que las «demás lenguas españolas serán también oficiales un patrimonio cultural» y «serán objeto de especial respeto y protección».
La actitud de Ayuso no solo es un insulto a catalanes, gallegos o vascoparlantes, sino una afrenta directa a ese mandato constitucional. Convertir el uso de una lengua en una provocación es una forma de negarle legitimidad al otro; es sembrar la división donde debería haber entendimiento. Y todo esto con el cinismo de quien gobierna la comunidad más rica de España, pero insiste en victimizarse constantemente, como si ella, y solo ella, representara la voz legítima de lo español.
Lo verdaderamente paleto no es hablar catalán, gallego o euskera. Lo paleto es reducir España al castellano, como si el resto de las lenguas y culturas que la componen fueran adornos prescindibles. Lo paleto es encerrarse en un nacionalismo de baratillo disfrazado de cosmopolitismo de tablao. Lo paleto es negar la riqueza de lo diverso y comportarse como si el país empezara y terminara en la Puerta del Sol.
La ignorancia no es una virtud, y mucho menos en alguien que preside una comunidad autónoma y se sienta a representar a millones de ciudadanos en una Conferencia de Presidentes. Ayuso no solo exhibe una preocupante falta de respeto institucional y educación democrática, sino que además se muestra orgullosa de ello, como si fuera una medalla.
Ese populismo ramplón, que se disfraza de sentido común pero que no conoce la Constitución que dice defender, es una amenaza para la convivencia. Porque niega la pluralidad, desprecia lo diferente y convierte el diálogo en imposición.
Y sí, señora Ayuso: si no quiere ponerse el pinganillo, no se lo ponga. Pero al menos tenga la decencia de no insultar a quienes hablan su lengua con orgullo, amparados por la misma Constitución que usted invoca para negarles su sitio.

Congreso: plató de los agitadores

 

PP y Vox con los agitadores coartando la libertad

La tensión en los pasillos del Congreso no nace de la constante provocación verbal de la derecha, sino de un fenómeno igual de nocivo: la invasión de agitadores. Gente que se infiltra entre las columnas del cuarto poder, y no para informar, sino para intoxicar. No para cuestionar con argumentos, sino para reventar con consignas. Han cambiado el micrófono por el garrote verbal; la libreta por el panfleto digital; el oficio de periodista por el rol de provocador político. ¡Basta ya!
Lo ocurrido con Antonio Maestre –todo mi respeto y solidaridad– es solo la punta del iceberg. No es solo una agresión verbal y una coacción sino una estridente señal de alarma que debería hacer reaccionar a todos los que aún creen en el periodismo como garante de la democracia. Porque cuando un periodista es intimidado, hostigado y empujado por hacer su trabajo, todos estamos en peligro. Y si quienes lo hacen no son ciudadanos anónimos, sino personas acreditadas en el propio Congreso, el escándalo ya no es anecdótico sino institucional.
No hablo de discrepancias editoriales ni de debates ideológicos. Hablo de pura violencia. De odio planificado. De campañas de acoso que no surgen del error, sino como táctica del terror. Esta gente no entra en el Congreso para informar, sino para coaccionar, difamar y dinamitar. No hacen preguntas, lanzan eslóganes disfrazados de interrogantes. No buscan la verdad: buscan el “like” viral. Para ellos el respeto, la ética y el código deontológico del periodismo son basura.
No son periodistas. Son provocadores políticos que utilizan la apariencia de la prensa para camuflar la agresión. Saben que la acreditación les abre puertas para agredir con sus arietes. Su objetivo no es la transparencia, sino la intimidación. No quieren que la ciudadanía esté informada, quieren que esté enfadada. Aterrada. Dividida.
Y mientras tanto, los auténticos periodistas —los que contrastan, los que preguntan con respeto, los que escuchan— ven su espacio reducido, su seguridad tambalearse, su voz opacada por la estridencia.
La connivencia de PP y Vox no queriendo ponerles límites es inaceptable. No es cuestión de ideología, sino de principios democráticos básicos. Si permitimos que el templo del diálogo se convierta en circo de hostilidad, si dejamos que los matones de la desinformación ganen terreno, el periodismo habrá perdido. Y con él, la sociedad.
Porque cuando calla la prensa libre, grita el autoritarismo.
Y últimamente, ese maldito grito es ensordecedor.

Manifestaciones del odio

 

Ultraderecha (PP) y derecha extrema (Vox): unidos por el odio

Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia en 2018, la ultraderecha y la derecha extrema iniciaron una ofensiva sistemática contra el Gobierno legítimamente elegido. El Partido Popular y Vox, aliados en lo ideológico y en lo estratégico, han rechazado de plano los resultados democráticos, etiquetando al Ejecutivo como “ilegítimo”, “okupa” y deshumanizando a su presidente con discursos cargados de odio. Este rechazo constante al resultado de las urnas y alianzas no es oposición política: es un vil ataque directo al corazón de la democracia.
En lugar de dialogar o proponer y construir alternativas, ambos partidos hermanados han encontrado en el odio y la antipolítica visceral un cemento eficaz para movilizar a sus bases. Y, bajo esta premisa, han convocado manifestaciones para sembrar crispación ciudadana y desgaste institucional. La connivencia entre una ultraderecha que se dice “moderada” y una derecha extrema que niega consensos básicos, resulta no solo antidemocrática, sino profundamente perjudicial para la paz social.
Cuando se normaliza el discurso del odio, se deslegitima el diálogo y se degrada la convivencia. Y eso es tan sumamente peligroso que, en democracia, jamás puede ser el camino.

Si quiere impuestos justos vote con cabeza

 

Votar es un acto cívico que requiere una gran responsabilidad

Los impuestos no son un castigo: son la base de una sociedad más justa. Por eso el mantra populista de bajar impuestos que la derecha repite infatigablemente, es una trampa. Aunque reducir impuestos a las clases trabajadoras es más que deseable, solo debe hacerse cuando las grandes fortunas y corporaciones tributen de forma justa y efectiva como el común de los mortales. Según el informe Oxfam Intermón de 2023, publicado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con datos proporcionados por UBS, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 95%.
Ante semejante obscenidad, cabe preguntarse: ¿por qué quienes más sufren la precariedad respaldan opciones políticas que encubren recortes al Estado de bienestar?
La respuesta está en el discurso, seductor pero engañoso, que los conservadores usan como bandera sobre la bajada de impuestos; pero omiten que los recortes afectan a servicios fundamentales como la sanidad, la educación o las pensiones con efectos devastadores para la mayoría. Por tanto, no debemos votar a quienes nos bajan unas migajas en impuestos, mientras perdonan ingentes cantidades a los más poderosos a base de recortar servicios. Tenemos que entender que con los impuestos se financian hospitales, colegios, pensiones, infraestructuras, programas de desempleo y políticas de igualdad. Y, sobre todo, debemos votar con conciencia a aquellos que defienden que los grandes poderes –empresas e individuos– que más tienen –y tienen más porque obtienen beneficios desproporcionados a través de prácticas abusivas, fijando precios muy por encima de lo ético por sus productos, de ahí las cifras milmillonarias–, contribuyan de manera justa y en mucha mayor medida a fortalecer el Estado de bienestar, tal y como establece el principio de progresividad fiscal recogido en el artículo 31 de nuestra Constitución.
Solo así construiremos una sociedad en la que los derechos no dependan del bolsillo, sino del compromiso colectivo con la justicia redistributiva.

El gen necio XIII

 

Los necios: un peligro para las democracias

El virus de la desinformación se propaga cual plaga sin escrúpulos, y así el gen necio se expande y multiplica por el mundo.
…
–Este Gobierno pretende intervenir el mercado de la vivienda y pisotea la libertad de mercado. El mercado se regula a sí mismo.
–Oye, el derecho a una vivienda digna no es algo negociable. Se recoge en nuestra Constitución y los poderes públicos deben luchar contra la especulación. Todos los seres humanos han de tener acceso a un lugar donde vivir sin tener que enfrentarse a precios desorbitados que los obliguen subsistir en condiciones impropias. La vivienda no puede ser vista como simple mercancía y, aún menos, como producto de lujo. Es un derecho básico que está fundamentalmente ligado al bienestar y la seguridad de las personas. Por eso es urgente limitar los precios e instituir políticas públicas que regulen el mercado y promuevan viviendas sociales.
–No, la solución no está en intervenir el mercado. Si se lo deja funcionar libremente, los precios se ajustarán. La competencia genera eficiencia y, al final, si hay más demanda de viviendas, los promotores construirán más, lo que hará que los precios bajen.
–El mercado solo se preocupa por maximizar las ganancias. Y lo que estamos viendo desde hace décadas es una especulación inmobiliaria infernal que está dejando a miles de personas sin acceso a una vivienda. Los precios suben sin control, mientras los salarios no siguen el ritmo.
–Lo mejor es un mercado libre para permitir la entrada de constructores privados, que son los que pueden generar soluciones más rápidas y efectivas.
–Hoy tenemos un problema estructural profundo que requiere soluciones urgentes y políticas públicas claras. Si seguimos esperando a que el mercado se “ajuste”, habrá más gente sin casa. La vivienda digna debe ser un derecho para todos, no una mercancía para unos pocos.
–No estoy de acuerdo. ¡Viva la libertad de mercado!
…
Lo dicho: el gen necio.

China y el PP

 

Pedro Sánchez, presidente de una España soberana

Hace meses que Pedro Sánchez tenía previsto su viaje oficial a China. No fue improvisado. No responde a ninguna provocación geopolítica repentina. Sin embargo, un beligerante y vengativo Trump cambió el contexto. En medio del aumento de tensiones comerciales entre Estados Unidos y el resto del mundo, especialmente con el gigante asiático —con advertencias tan torpes como la del secretario de Estado estadounidense, quien aseguró que «acercarse a China sería como cortarse el cuello»—, la visita del presidente español se ha convertido para los carcas en una supuesta traición a los intereses occidentales.
Se olvidan de que España es un país soberano. Y lo sigue siendo gobierne quien gobierne. No puede —ni debe— plegarse a los designios de ninguna potencia extranjera, por muy aliada que sea. Lo que hace Pedro Sánchez no es otra cosa que ejercer una política exterior autónoma, responsable, y en este caso, también alineada con la UE, como abanderado de una posición común europea, en contacto directo con la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, que pronto también visitará China.
No es la primera vez que un presidente del Gobierno español pisa suelo chino para reforzar lazos comerciales. Aznar lo hizo. También Rajoy. Incluso Feijóo, cuando era presidente de Galicia, viajó para buscar acuerdos e inversiones. Ninguno de esos periplos fue tildado de sumisión ni de error estratégico. ¡Ah!, pero cuando lo hace la izquierda, las voces del PP se alzan con hipocresía, mentiras y sumisión al poderoso.
La crítica no se basa en el fondo, sino en el autor. Si Sánchez hubiera cancelado el viaje por presión estadounidense, también lo habrían acusado de rendir la soberanía española a intereses ajenos. Y eso es precisamente lo que está en pasando: una visión instrumental de la política exterior, utilizada como munición para el combate interno. El PP siempre tiene que criticar.
Es muy preocupante el tic automático con el que el PP responde a cada movimiento del Ejecutivo. No hay análisis, ni propuesta alternativa. Solo crítica automática, desgaste constante, falta de respeto, búsqueda del titular fácil. A esto se suma el discurso aún más estridente de Ayuso, que convierte todo en nauseabundo campo de batalla ideológico, donde rinde pleitesía al poderoso y pisotea al débil.
España no puede permitirse ese tipo de política. Y menos cuando el tablero internacional exige inteligencia estratégica, autonomía y visión a largo plazo. En lugar de arrastrarse ante las amenazas de Washington o de usar cada viaje para desgastar al rival político, haríamos bien en exigir altura de miras a quienes aspiran a gobernar.
Porque la soberanía se defiende con hechos, no con discursos huecos, banderitas ni pulseritas.

¿Dónde están los airados manifestantes del PP?

 

Creen que solo ellos tienen que gobernar

El PP siempre, y con vehemencia, ha sostenido que el PSOE «carece de legitimidad para acordar con Puigdemont por tener causas pendientes con la justicia y, además, los independentistas deberían disolverse por deslealtad constitucional». Pero ahora, olvidándose de sus “principios porque tiene otros”, se le hace la boca agua pensando en un pacto con Junts para tumbar leyes e, incluso, presentar una moción de censura.
¿Dónde están aquellos miles de manifestantes tan indignados, incluyendo a la belicosa Esperanza Aguirre, que el PP sacó a la calle fines de semanas y festivos para protestar por la ley de amnistía y los pactos con Junts? Es mera retórica: el PP hace lo que hace consciente de que sus votantes de derechas se lo perdonan todo.
La lógica de la derecha: los únicos que pueden hacer lo que quieran son ellos, y pueden hacerlo porque cuentan con… la gracia de Dios.

Feijóo ante el problemón de la vivienda

 

En cualquier asunto, Feijóo y el PP, solo se mueven por tacticismo electoral o para beneficio de las élites

Sostiene Feijóo que, en materia de vivienda, «no se puede perder un minuto más». Pues ya va, al menos, con 8 meses de retraso.
Tras las críticas a su reciente plan, que consideraba la vivienda como un negocio y no como un derecho, ahora quiere presentar una ley que es parecidísima a la que el PSOE consensuó con ayuntamientos y comunidades autónomas, y que hace 8 meses él mismo tumbó pocos minutos antes del pleno que la iba a tramitar. En aquel momento Feijóo, y como hace siempre, pensó más en sí mismo, para infligir la primera derrota al Gobierno, en lugar de pensar en la gente.
Al igual que con el reciente decreto ómnibus –del latín, que significa “para todos”–, a Feijóo –a quien cada día sus halcones le mueven más la silla– no le importan nada los problemas de los ciudadanos y se mueve por puro tacticismo electoral.

Y usted, ¿no es de izquierdas?

 

La izquierda busca el avance de la sociedad. La derecha, no

Desde el retorno de la democracia a España, jamás ninguna transformación social –y ha habido muchas– ha venido de la derecha. Y si en alguna ocasión, en lugar de recurrir los avances aprobados por el progresismo al Constitucional como suele hacer, ha votado a favor, lo ha hecho de mala gana y por mero cálculo electoral.
Por ello, y como viví la dictadura de verdad, la de Franco,  y como denuncio que los que más tienen cada día tengan más porque pagan impuestos irrisorios y no contribuyen a la justicia social; defiendo a muerte los derechos humanos –para todos, incluso terroristas–; me agrada el progreso y la reducción de la jornada laboral; soy solidario y empático; abrazo la lucha feminista; abogo por la justicia social; respaldo la sanidad universal y gratuita frente a la privada –mucho más cara a quien la pueda pagar– y la educación pública –ídem–; me solidarizo con los migrantes –recuerdo nuestro pasado aspirando a un futuro mejor, como ahora los que vienen–; apoyo un sistema público de pensiones; una vivienda pública digna y blindada que cumpla con el mandato constitucional; me gusta impulsar la ciencia; el cuidado de nuestros mayores… y todo ello financiado con una fiscalidad progresiva donde pague más quien más tiene, soy de izquierdas.
Si fuera por la derecha, continuaríamos anclados en la Edad Media, con todos los privilegios de los señores feudales en vigor, aferrados al poder para satisfacer su codicia y ser más opulentos que ahora. Es ingenuo creer que por sí mismos hubieran renunciado a sus prerrogativas.
Sabiendo esto, ¿por qué usted no es de izquierdas? ¿Le gusta, por ejemplo, que se apliquen políticas privatizadoras encubiertas con dinero de todos en detrimento de la educación y la sanidad pública como ocurre en Madrid? Entonces, ¿por qué vota a la derecha?

VOX, de nuevo, incita al odio

Este es el vomitivo tuit de Vox

 VOX propone a sus partidarios que cuando vean a periodistas de La Sexta, TVE, Cadena SER o Canal Red –¿quién será el siguiente en entrar en la lista?– informando, los insulten y les quiten de las manos los micrófonos lanzándolos lejos, todo ello «en directo a ser posible».
Hasta donde yo sé eso se llama “incitación al odio”, y lo contempla el artículo 510 del Código Penal con penas para «quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio», que pueden ir de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses.
La libertad de prensa en un pilar fundamental de toda democracia y, precisamente por eso, los órganos judiciales a los que se confía la defensa del interés público, ya están tardando en actuar de oficio sin necesidad de esperar a que alguien lo denuncie.

PP: cómo gestar otra burbuja inmobiliaria

 

Feijóo dispuesto a crear otra burbuja inmobiliaria

Como para el PP la vivienda es un negocio especulativo y no un derecho constitucional, Feijóo propone una receta ultraliberal y prácticamente idéntica a la que nos llevó al pelotazo y posterior estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 con su correspondiente crisis: bajar impuestos en la compra –incrementa el precio y trasvasa dinero de todos a manos privadas–, liberalizar el suelo, facilitar la privatización de vivienda pública y libre mercado.
En resumen, a pesar de los agobios de la gente para lograr vivienda por el alza generalizada y desorbitada de precios, los principales ingredientes de su rancia receta son los pelotazos: que usted quiere construir, tranquilo, nosotros le damos suelo público y abaratamos sus costes; que usted quiere comprar, no se preocupe, nosotros le ayudamos tenuemente y que la ayuda se la lleve el que vende porque sube el precio; y, por si quedan dudas, que la ley de la oferta y la demanda impere en el mercado, como hasta ahora con el resultado conocido de los ricos… más ricos.
De nuevo el PP se aleja del modelo europeo y abraza el neoliberal –que solo funciona para potentados– de Milei.

Intimidación al periodismo

 

La caverna odia todas las libertades (cualquiera, incluida la de prensa)

El secreto de las fuentes de un periodista es un derecho ciudadano consagrado para tener una prensa libre, veraz y eficaz.
Por eso, la solicitud de la defensa de Alberto González Amador, novio de Ayuso, para investigar los teléfonos de periodistas que desmintieron el gran bulo difundido por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez –amenazador profesional de periodistas–, de que la Fiscalía había ofrecido un pacto al delincuente confeso, es un ataque directo a las leyes que protegen el secreto profesional de todo periodista para poder informar con rigor e independencia sobre corrupción política, delitos fiscales o criminalidad.
Y este ataque parte de la ultraderecha que se infla la boca al pronunciar la palabra “libertad”.
¿Se imaginan un mundo sin periodistas como querría la caverna? La corrupción y la tiranía gubernamental y empresarial camparían a sus anchas.
Para que el poder responda por sus actos, la información no se puede coartar. Si la verdad no puede narrarse con libertad y seguridad, la democracia pierde un pilar fundamental en la forja de ciudadanos libres.

España en libertad: 50 años sin Franco

 

El PP debería romper con el franquismo

En las redes sociales, y para consumo de jóvenes que no la vivieron, se está produciendo una idealización romántica de la criminal dictadura franquista y de su tirano el golpista Franco. Y como sin verdad, y decenas de miles de ejecutados aún en las cunetas, no hay concordia ni justicia, para que el revisionismo del fratricida, sanguinario y corrupto Franco no pueda repetirse hay que crear una comisión de la verdad, como han hecho tantos países, para analizar los antecedentes, el golpe de Estado, la tenebrosa guerra, la oscura posguerra, la represiva y perversa dictadura, y la transición. Así en los libros escolares habría un relato común, sin absurdos y vergonzantes revisionismos derechistas que fomenten el odio y la tendenciosa y mendaz propaganda ultra de endulzado y reescritura de la etapa más tenebrosa de nuestra historia. Y al igual que Alemania prohíbe la producción, distribución, exhibición y glorificación del nazismo, España debería hacer lo mismo con el franquismo.
Y por eso, ante el ascenso del fascismo y el blanqueo del franquismo –PP incluido, con una enajenada Ayuso atacando el proyecto de conmemoración de “España 50 años en libertad”, el revisionista Almeida cambiando de nombre la Avenida de la Memoria por la Concordia y en Cantabria cargándose la ley de Memoria–, la democracia y la libertad necesitan un recordatorio de la criminal realidad franquista. Y los 50 años sin dictador, será una buena ocasión para la pedagogía. Algo que todo demócrata –de cualquier signo– siempre aprobará.

La democracia en gravísimo peligro

 

PP y Vox alimentan el fascismo manipulador y descarnado

Con el regreso descarnado del fascismo, el mundo se polariza. Y no es casualidad. Hace tiempo que la derecha extrema advirtió querer entrar en las instituciones para despedazárlas desde dentro, y de buena fe que lo está consiguiendo.
Con sus odios y bulos sobre hechos comprobados, lanzados sin cesar sobre todo en redes sociales, germina la polarización que persigue el hartazgo de la ciudadanía y su desafección por la política. Si lo logran –están en la senda– y la gente engañada por sus bulos acaba por votar antipolítica, se dañará a sí misma tal y como advirtió el historiador británico Arnold J. Toynbee: «El mayor castigo que sufrirán quienes no se interesen por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesarán».
Los “interesados” son los que siembran bulos, esparcen odio y cuestionan la política para que los intoxicados por tanto engaño les voten y, una vez aferrados al poder, implantar sus autocracias.
No todos los políticos son iguales, ni mucho menos. Amparar la buena política –la que de verdad se preocupa por la gente y no el populismo– para combatir el rampante fascismo es lo único que nos salvará del negro averno del totalitarismo. Pero mientras persigamos a quienes revelan la verdad y no a los que avientan bulos, se lo estaremos poniendo a huevo a aquellos que pretenden cargarse la democracia.

El PP polariza Europa

 

Feijóo polariza Europa con mentiras

El PP, para quitar el foco de Carlos Mazón, apunta a Teresa Rivera y, aliándose con Vox, lleva su polarización nacional a Europa. Sigue su tozuda y ridícula cruzada de embarrar la política con relatos alternativos. Y, en Europa, según las crónicas, se han quedado boquiabiertos –parece mentira que aún no los conozcan–. La oposición del PP es depravada, además de insolvente.
Feijóo quería cortarle la cabeza a Mazón. Al no poder, y para tapar su falta de liderazgo, gira el timón llevando su guerra a Europa, incluso a costa de sabotear a España y conspirar contra Von der Leyen, dejando el nonato Gobierno europeo en la cuerda floja. Nada nuevo. Continúa con la vieja táctica: «Que caiga España que ya la levantaremos nosotros» (Montoro).
En ninguna otra nación de la UE el jefe de la oposición es tan desleal y mezquino que quiere que su país no funcione. Es desolador. Ya está bien salvapatrias “constitucionalistas” que denigran a España en el extranjero dando una imagen de país impresentable.

Alta política de Estado o traición

 

Y, además, el comodín de Venezuela

Si quien exige «un nuevo sistema de financiación singular en Cataluña» para lograr «la gestión, recaudación, liquidación e inspección de la totalidad de los impuestos propios, cedidos y transferidos» con el «objetivo de resolver el problema sistemático [sic] (¿tal vez sistémico?) de insuficiencia financiera de la Generalitat para atender a sus competencias», es el PP de Alicia Sánchez-Camacho, candidata a la Generalitat de Cataluña en 2012, se trata de alta política de Estado; pero si lo hace otro partido –¡sólo faltaba!–, es alta traición, desigualdad, cesión, venta de España...
No solo ella, también en 2012, Feijóo en Galicia prometía «no descansar hasta lograr una nueva financiación autonómica», y en 2016 reiteraba que era difícil «explicar que a Cataluña no se le dé un concierto económico cuando lo tienen vascos y navarros».
Lo que hace la derecha –política, judicial, económica y mediática– es retorcido y abyecto. Es su último hálito por mantener vivo el independentismo. Son mezquinos… y lo peor que su gente se lo compra. ¿Su único plan para España es el cainismo crispado y divisor?
Por el contrario, la altura de miras en la búsqueda de un futuro mejor para España que hace la izquierda, con tremendo desgaste en el presente, debería ser digna de elogios.

¡Despreciables escorias!

 

En igualdad, no me cansaré de decirlo, queda muchísimo camino por recorrer

Es tan irracional que, cuando me lo relataron, no lo pude creer. Pensé que era un bulo; pero no… Aún quedan bazofias como Antonio Martín Hernández, alcalde de Vita del grupo municipal del PP –representante público que debería dar ejemplo–, que en las fiestas del pueblo se subió al escenario para cantar una inmunda tonada apologética de la pederastia. ¡Miserable!, tanto como la mayoría de espectadores que, animada por este regidor, en lugar de correrlo a gorrazos, rio, entonó y aplaudió la atroz cantinela de esta escoria.
En esta localidad se visibilizó la enfermedad que aún reina en esta sociedad sexista, y tan inmadura que se mofa y normaliza la violencia sexual contra niñas y mujeres. Con alimañas como esta, no es de extrañar que tengan miedo a correr solas, a volver a casa de noche, a cruzarse con un hombre en un callejón…
Conductas así son un ataque en toda regla a la igualdad. Y como la igualdad no es asunto de mujeres sino de toda la sociedad, de una vez por todas y con dureza, la violencia de género debe ser erradicada de nuestras vidas.
Confío que lo pague.

Ayuso: culpar al migrante

 

Los fascistas siempre buscan un cabeza de turco

Con una arenga que se graba a sangre y fuego en el subconsciente, el fascismo siempre ha necesitado de un cabeza de turco al que culpar para alimentar el discurso del odio. Por eso, Isabel Díaz Ayuso sostiene que «la inmigración amenaza los servicios públicos».
La realidad es que ella, en Madrid y amparada en la capitalidad que le otorga un tremendo poder recaudatorio, rebaja impuestos –más de 1.200 millones al 0,2% más rico–, detrae recursos de sanidad y educación públicas –cada vez más hundidas en la miseria– para trasvasarlo al negocio privado y tratar que los usuarios, hartos de sufrir el deterioro de servicios, se apunten a pólizas médicas y lleven a sus hijos a colegios concertados echando la culpa al migrante. Es de miserables privatizar por la puerta de atrás agitando el fantasma –y sabemos que los fantasmas no existen– de la inmigración.
El fenómeno migratorio, además de necesario para mantener el sistema, debe dimensionarse en su auténtica magnitud –sin demagogias, bulos ni buenismo– y, desterrando discursos fascistas, tener humanidad. Detrás de las cifras hay seres humanos, ni más, ni menos. Y todos nosotros, en idénticas circunstancias, haríamos lo mismo para huir de la guerra, la miseria, el hambre o la emergencia climática generada por el primer mundo.