Pensiones: el asalto definitivo de PP y Vox

 

La derecha ahora va a por las pensiones

El Gobierno debe presentar un procedimiento ordinario para blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones conforme al IPC real. No solo sería una medida de justicia social, también sería una jugada táctica maestra que destaparía el cinismo de PP y Vox. Los hechos son tozudos: en 2021 votaron en contra de vincular las pensiones al IPC. No fue un despiste ni un error técnico, fue una declaración política. La derecha practica una ambigüedad deliberadamente obscena: promete dignidad ante las cámaras mientras, con la excusa de que son insostenibles, afila tijeras en los despachos y cuando gobierna las devalúa. Si hoy el PP insinúa que apoyaría un real decreto aislado, no es por convicción, sino por terror al castigo en las urnas; lo haría a regañadientes y tratando de ocultar su programa real.
La verdad es incómoda pero clara: el modelo público les molesta, les estorba, les repugna. Su meta es la privatización sin freno, el negocio redondo para bancos y fondos que ya devoran vivienda, sanidad, educación y residencias. Asfixiar lo público para premiar a las élites fiscales es su prioridad. Su lema no escrito es simple: quien quiera derechos, que se los pague. Eluden, con soberbia insultante, que ya los pagamos con nuestro esfuerzo.
Vox, envuelto en su patriotismo de cartón piedra, siente idéntico desprecio por lo público. Aspira al modelo estadounidense, donde millones de personas se endeudan de por vida para pagar una operación, una carrera universitaria o una residencia digna. Ese es el modelo que callan mientras fingen preocuparse por los pensionistas. Blindar las pensiones no es solo proteger un derecho: es obligarles a quitarse la careta de una vez por todas.

Justicia asimétrica

 

En España la justicia está totalmente sesgada

En la justicia española conviven dos realidades que rara vez se comparan honestamente. Por un lado, si afecta a la izquierda, instrucciones relámpago orquestadas con escasa carga probatoria, pero con desmesurado e inmediato eco mediático. Por otro, si afecta a la derecha, macroprocesos que se eternizan, se fragmentan hasta la irrelevancia, con escasa cobertura mediática que prescriben o se resuelven tan tarde que son irrelevantes.
Cuando se señalan estas diferencias, surge el argumento tranquilizador de los equidistantes: «Pero, al final, la justicia llega a todos, ¿no?». No es cierto, casos como los de Aguirre, Montoro o Cospedal no son anomalías; son el triunfo de un sistema que utiliza el tiempo como escudo. Y aun si lo fuera –que no–, una justicia que tarda más de veinte años en pronunciarse –Ignacio González, PP– deja de cumplir su función básica. En el caso Gürtel, por ejemplo, pasaron más de nueve años desde el inicio de la instrucción hasta la primera gran sentencia, y aun así quedaron responsabilidades políticas fuera del banquillo. La pareja de Ayuso cuyo juicio se celebrará, como pronto, tras las elecciones de 2027, el tiempo no está siendo neutral: juega a favor de la derecha.
Ante semejante panorama, la equidistancia no es neutralidad, es toma de partido, ceguera selectiva y colaboracionismo. Equiparar investigaciones veloces y frágiles con otras lentas y exhaustivas, o asumir como normal que el calendario judicial proteja a ciertos nombres, implica aceptar el sistema tal como está. Y aceptarlo es respaldar sus injusticias.
No se trata de defender siglas, sino principios. Señalar que la toga ha sido sustituida por ideología de derecha no es radicalidad, es la única respuesta democrática posible frente a una judicatura que ha decidido jugar a la política «por la puerta de atrás».

Plantarnos ante el fascismo

 

El mundo ya cayó en la garras del fascismo. Para no volver, hay que combatirlo

El fascismo no es una simple ideología autoritaria. Se disfraza de patriotismo, de orden y de defensa de los valores tradicionales, aunque su verdadera naturaleza es el odio. No respeta los derechos humanos: odia al diferente, odia el pensamiento libre, odia todo lo que no puede controlar y quiere imponer un orden político basado en el control total, el rechazo a la pluralidad y la justificación de la violencia como un medio legítimo para lograr sus objetivos. Por tanto, es una atrocidad política y moral que parasita la libertad hasta asfixiarla. Allí donde el fascismo avanza, la verdad retrocede, la cultura se empobrece y la dignidad humana se convierte en un estorbo.
Y, por eso, la frágil democracia no puede ser ingenua ni tolerante con los intolerantes que van a por ella, que quieren destruirla desde dentro. No se defiende la libertad entregándola a sus verdugos, como ha ocurrido en Chile donde un admirador de la dictadura que dejó más de 40.000 víctimas, llega a la presidencia. Frente al fascismo no basta el diálogo ni el silencio: se necesita firmeza, memoria y coraje y, sobre todo, leyes que lo proscriban. Cada concesión, cada ambigüedad, es un paso hacia el abismo; y miren si no a EE. UU.
Protegernos del fascismo significa plantarse ante él. Y proteger la democracia significa respetar los derechos humanos. Así pues, hay que desenmascarar al fascismo que no los respeta, señalarlo sin miedo, combatirlo con razón, leyes y justicia, antes de que vuelva a convertir la mentira en ley y el terror en rutina. Quien es antifascista, defiende la democracia. No se trata de política, se trata de humanidad.

Año 2027

 

El ególatra y psicópata Donal J. Trump se pasa el derecho internacional por el forro

Groenlandia llevaba meses siendo el estado 51 de la Unión. Europa reaccionó como dicta su manual de crisis: comunicados “contundentes”, cejas fruncidas y una sanción económica tan devastadora que Trump la colgó en Mar-a-Lago entre el Nobel de la Paz que le regaló María Corina Machado y el título honorífico de “Visionario Global” que él mismo se concedió.
La derecha patria, siempre dispuesta a confundir sumisión con realismo político, volvió a explicar en tertulias que Donald J. Trump no era un vendedor de gorras con botón nuclear, sino un genio estratégico al que había que saber entender. Se pusieron corbatas rojas largas, no por estética, sino para taparse la vergüenza hasta el esternón.
Trump, que nunca se distrae con lo irrelevante, ya tenía en mente otro objetivo. Le pusieron un mapa delante y le señalaron dónde cae Andalucía. Tardó unos segundos en pronunciarlo, pero no en decidirlo. Sacó un grueso rotulador dorado y la rodeó como quien marca una pieza en una subasta.
—Controlar el Estrecho.
La derecha patria, experta en detectar traiciones solo cuando gobiernan otros, no habló de invasión. Habló de salvación, “¡viene a salvarnos del pérfido Sánchez”!. De orden. De inversión extranjera, ¡fuera Ley de Costas!. Descubrió, de pronto, que la soberanía es negociable cuando el invasor promete bajar impuestos.
—El Estrecho es muy estrecho —explicó un diputado con la piel naranja de tanto autobronceador identitario—. Trump lo hará “great again”. Más ancho. Más rentable.
Aplaudieron. Algunos incluso agitaron banderitas, convencidos de que perder territorio es un precio asumible por no perder el relato.
Moraleja: cuando ves a los patriotas aplaudir mientras algunos se reparten el mundo, no es que el derecho internacional esté en peligro. Es que ya lo han vendido.

Tendenciosa equidistancia

 

Crispar, crispar y crispar. La estrategia de la derecha

¿Es honesta la equidistancia política? ¿Quién comenzó la crispación? Solo hay que retrotraerse a 2019 para comprobar que desde el primer minuto PP y VOX no buscaron fiscalizar la gestión, sino tildar al Gobierno de «ilegítimo» y «okupa» para reventar la convivencia. Rencor, insultos, bulos cuyo propósito jamás es debatir sobre el comer, sino polarizar y degradar la democracia para que los votantes de izquierda se queden en casa. Y, sin embargo, tantos periodistas y tertulianos siguen repartiendo culpas por igual. ¡Como si la responsabilidad fuese compartida!
¿Por qué tanta cobardía? ¿Quién empezó a insultar? ¿Por qué ese miedo a señalar a quien dinamita la política con odio? ¿Por perder las subvenciones que les regala la derecha? Esa equidistancia hipócrita no es prudencia, es complicidad; no modera, blanquea y legitima al camorrista mientras dinamita la democracia.
La derecha ha hecho de la bronca su estrategia. No buscan acuerdos ni estabilidad, sino ruido para destrozar el diálogo, para que la ciudadanía, asqueada del albañal, se aparte de la política. Y ahí, los equidistantes actúan como sus mejores aliados: mientras lavan culpas, sostienen al que crispa. No hay neutralidad posible entre el que quiere destruir y el que intenta construir. Ya basta de titulares tan ambiguos como “algunos políticos” o “todos son iguales”. Seamos claros, la crispación tiene nombre y siglas: la derecha —PP y VOX, la ultra y la extrema—. Si eres equidistante en casos injustos, estás apoyando al malo. Al César lo que es del César.

Público-privada: ¡Exijo sinceridad!

 

PP-Vox: desguace de lo público

¿Es lícito privatizar servicios públicos? Aunque en términos éticos sea una práctica corrupta por los cuatro costados, parece que sí. Y es corrupta porque convertir bienes y servicios construidos con el esfuerzo y dinero de todos en negocio lucrativo de unos pocos es una forma torticera —y cobarde— de expoliar las arcas públicas. No quieren eficiencia, buscan el lucro de accionistas.
Lo más indignante es la deshonestidad de la derecha, que intenta acaramelar la privatización con eufemismos como “colaboración público-privada” o “libertad de elección”, cuando en realidad no es más que el chorreo de dinero público a empresas que solo buscan lucrarse, no bien común. Y lo hacen en servicios esenciales como sanidad, educación o residencias de mayores, donde la lógica del mercado jamás debería marcar el rumbo.
Si tan convencidos están de que su modelo es el mejor, que lo digan sin rodeos, como hago yo reprobándolo. Que los “muy patriotas” de PP y Vox manifiesten, de frente y sin maquillaje, que prefieren un país donde quien más tiene recibe más y quien menos tiene se queda a dos velas. Así, a la hora de votar, nadie podrá alegar engaño. Y, aunque al menos sería un acto de honestidad democrática, su hipocresía no lo posibilitará.

Dictadura de mierda

 

Ayuso, una payasa que acusa de vivir en una dictadura

Asombra ver a la derecha patria, esa que aún tiene la foto de Paquito en el salón, lloriqueando desde hace años por los rincones y llamando dictador al presidente Sánchez que no puede aprobar unos presupuestos que serían buenos para todos. ¡Qué tirano más inútil, oigan! En las dictaduras de verdad, las que tanto añoran cuando se ponen nostálgicos, no te organizan una romería diaria de la indignación frente a Ferraz, ni te insultan en el Templo de Debod, en el Congreso o desde los medios como si fuera deporte olímpico. ¡Vaya dictadura de opereta nos han vendido los profetas del apocalipsis del PP y VOX!
Es tan surrealista que ni André Breton, hasta las trancas de absenta, podría haber imaginado una tiranía donde el caudillo carece de poder autonómico, la judicatura va a por él a diario y la oposición berrea libertad mientras quiere secuestrar la democracia y asaltar el poder por las bravas. Es cómico ver a quienes redactarían su Constitución en papel higiénico, dándonos lecciones de salud democrática. Solo en mentes muy alucinadas por los vapores del incienso y obnubiladas con el aguilucho cabe que España sea un régimen opresor.
¡Menuda estafa de autocracia! Si esto es una dictadura, que venga Franco y lo vea. Infartaría al contemplar tanto seguidor con pulserita de España disfrutando de la libertad que él suprimió.
¡Vaya mierda de dictadura!

Cuestionar el sistema electoral

 

El PP es un cáncer para la democracia

No es nuevo ni casual. En el PP cuestionar el sistema electoral se ha convertido en un reflejo automático cada vez que se colocan las urnas. Es una estrategia vieja, irresponsable y profundamente antidemocrática. Que un aspirante a presidente del Gobierno como Feijóo siembre dudas de forma compulsiva sobre el proceso electoral español —reconocido por organismos internacionales como uno de los más fiables y transparentes del mundo— no es un desliz sino una conducta grave que debería tener castigo político. ¿Desde cuándo la mentira reiterada es un mérito para gobernar? El ruido lo montan para acallar la mala gestión.
Premiar ese comportamiento es premiar el trumpismo patrio: la deslegitimación preventiva, la sospecha sin pruebas, el “si no gano es fraude”. España ya ha vivido este bochorno. En 1993 el PP habló de pucherazo sin evidencias; en 2004 mintió conscientemente sobre el 11M para aferrarse al poder. En 2023 lo mismo. Hoy Aznar, Feijóo y su coro —Ayuso, Guardiola, Tellado…— reinciden con la misma irresponsabilidad, sabiendo que el sistema funciona y funciona bien.
No es crítica democrática, es intoxicación deliberada. El PP no es un partido de Estado, es un agente corrosivo. No defiende la democracia, la erosiona.

El falso constitucionalismo del PP

 

Miguel Tellado, impenitente chaquetero

Sin pudor alguno, Miguel Tellado no solo osa proclamar que el PP es «el único partido constitucionalista», sino que agita con «orgullo» un supuesto legado reconciliador que su propio partido traicionó desde el origen. Resulta grotesco escuchar semejante arrogancia de quien pertenece a un partido marcado por la corrupción, que cuestiona resultados electorales y tilda de «ilegítimo» a quien gobierna –si no son ellos, claro–, progenitor de la Operación Kitchen, la policía patriótica y que, además, emplea toda la maquinaria de Estado convertida en cloaca para perseguir a la oposición, elaborar pruebas falsas y obstaculizar a la justicia.
Veamos, constitucionalistas del PP, en la aprobación parlamentaria de la Constitución, de los 16 diputados de Alianza Popular, embrión del PP, 3 se abstuvieron y 5 votaron en contra. Los 6 votos en contrarios que obtuvo la Constitución fueron los suyos, más uno de Euskadiko Ezkerra, a quien tildaban de «terrorista». Además, una parte significativa de su militancia votó “no” en el referéndum de 1978.
Que ahora pretendan erigirse en guardianes de la Constitución no es ya cinismo, sino una burla a la inteligencia colectiva. ¿Constitucionalistas? ¡Ja!

Quiebra de la Justicia

 

La Justicia, que en España continúa siendo franquista, ya no se esconde

La sentencia es “histórica”, como repite el PP, pero lo es por su monumental infamia, que alcanza máximos en la degradación de un sistema judicial en manos del sector conservador dispuesto a dinamitar sus propios principios con tal de imponer su ideología. Desde ahora, cualquier ciudadano puede descubrir que ya no hacen falta pruebas, ni hechos, ni siquiera indicios razonables: basta con que la derecha judicial construya un relato, lo adorne con sospechas y lo eleve a categoría de verdad. La propia Sala de Apelaciones admitió que el Fiscal, en su nota para desmentir un bulo que dañaba a la institución que tiene que defender, no reveló nada que se acercara a un delito. Pero ahora, como el Fiscal confesó redactar dicho texto —un acto completamente legítimo para desmentir un bulo—, se retuerce la legalidad hasta convertir lo lícito en punible. Esa lógica perversa, donde la conclusión se decide antes que el análisis, revela una justicia que parece servirse de los intereses del PP y no acata la Constitución. Con decisiones así, se vacía de contenido el artículo 24.2 y se abre la puerta a un futuro inquietante, el de una España donde la presunción de inocencia es sustituida por la presunción de culpa cuando conviene a la derecha, y donde la ciudadanía queda a merced de quienes manipulan la ley para proteger su poder.

La Justicia muestra sus cartas marcadas

 

Sin ningún decoro, la Justicia muestra lo que es

La condena al Fiscal General del Estado evidencia inercias de una justicia autoritaria vinculada con la era franquista, y abre una grieta que desborda lo judicial y roza lo impensable en una democracia madura. Las prisas con la que se ha empujado este proceso, y el fallo, sin sentencia, coincidiendo de forma evidente con el 20N, provoca estupor y proyecta la imagen lamentable de un poder judicial, que debiera ser independiente, ansioso por ostentar control antes que por garantizar rigor e imparcialidad.
La sensación que queda es que primero se publicó la condena para poder apañar la motivación a la defensiva ante las evidentes críticas que sea capaz de justificarla.
Este fallo —si finalmente llega a instancias europeas— será tumbado por falta de pruebas condenatorias.
Es lo de siempre: si la derecha no tiene el poder, trata de alcanzarlo de cualquier modo, en este caso mediante un golpe de Estado blando, ejecutado no con tanques, sino con togas ansiosas espoleadas por la carcunda para exhibir su fuerza.
El daño institucional causado es profundo porque, cuando la justicia se transforma en un ariete político, no solo cae la credibilidad de un caso, cae la confianza esencial que sostiene al Estado de derecho.

Feijóo y la televisión democrática

 

El PP, heredero de Franco, jamás ha entendido qué significa una televisión plural

Solo hay que fijarse en VOX para saber que repetirá el PP en pocas horas, como si fuera doctrina propia. El último ejemplo es lo ocurrido en su ofensiva contra RTVE, una cruzada que va del insulto a la amenaza. La derecha extrema habla de «entrar con lanzallamas y motosierra» para arrasar la televisión pública, y Feijóo, en lugar de frenar la deriva, se une al corifeo y llama a TVE «Telepedro», acusándola de ser una «fábrica de mentiras». Es grotesco que el líder de un partido que ha hundido televisiones autonómicas al quedarse sin audiencia de puro tendenciosas y culpable de corrupción endémica pretenda dar lecciones de ética periodística.
RTVE, junto con La Sexta, siguen siendo los medios generalistas más plurales de España, los únicos donde conviven voces de todas las sensibilidades y eso les duele. RTVE bajo el gobierno de Zapatero logró premios y alcanzó liderazgo y prestigio internacional, reconocida incluso por organismos que situaban sus informativos al nivel de la BBC. Pero cada vez que el PP pisa Moncloa, el pluralismo se evapora: expulsan a profesionales y regresan los censores, los vetos, la propaganda partidista… Lo mismo sucede en las autonomías que gobierna, solo o con VOX, donde manipulan y vacían de credibilidad los medios públicos. En el fondo, lo que les molesta no es TVE, sino la democracia informativa: esa que ni entienden ni soportan.

El PP y el franquismo

 

El PP es franquista hasta las trancas

Ignorando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el «supremo recurso» a la rebelión frente a la tiranía y la opresión, el Partido Popular se negó a asistir a un acto en el Congreso en memoria de los últimos fusilados por la dictadura de Francisco Franco, condenados en un juicio sin garantías, alegando que «eran terroristas». La excusa no sorprende: hablamos de un partido fundado por siete ministros del dictador, moldeado ideológicamente en la defensa de la unidad sagrada de la patria, la educación elitista, la libre empresa sin freno y la moral pública impuesta de la derecha más rancia. En esencia, el mismo credo ideológico del franquismo, pero con otro nombre y otro logo.
Su ADN político sigue anclado en la negación de la memoria, en el desprecio a las víctimas del franquismo y en la glorificación implícita de un pasado criminal. El PP no ha roto con esa herencia, la ha maquillado. Y mientras rehúye homenajes a los asesinados por el dictador, protege y pacta con quienes aún justifican aquella barbarie; incluso pone en sus manos el destino de la Comunidad Valenciana. El PP, no solo demuestra que proviene del franquismo, sino que respira su fratricida aliento, justifica su represión y perpetua, bajo la máscara democrática, la sombra de un régimen que nunca ha dejado de venerar.

El gran fraude de lo concertado

 

La ultraderecha (PP) y la derecha extrema (VOX) pretenden destrozar el Estado de bienestar

¿Por qué desviar dinero público al sector privado si su objetivo es el beneficio, no el bienestar?
Escucho a muchos tertulianos preguntar qué hay de malo en la cooperación, según ellos positiva, público/privada. Parecen no entender que cuando se deriva dinero público a empresas privadas –colegios, universidades, hospitales todos ellos concertados–, una parte considerable del montante ya no se invierte en mejorar los servicios, sino que pasa a ser beneficios de las sociedades mercantiles que acaba en los bolsillos de directivos e inversores particulares. Así, la supuesta cooperación se trueca en parasitismo. De igual forma, quien ha contratado un seguro médico privado tendrá los servicios que su póliza cubre; pero no recibirá el tratamiento más adecuado a su dolencia: prima el coste y la cobertura pactada, no la necesidad médica real.
Estos tertulianos argumentan con malicia que se ha incrementado el presupuesto en sanidad. No me vale pues ese aumento también irá a accionistas privados.
Y, con la enseñanza, lo mismo. Los centros privados, al responder a la lógica de mercado, priorizan el beneficio económico. Esto choca con el objetivo principal de un servicio público: garantizar el acceso y la calidad para todos.
Cuando lo público se privatiza, el derecho se convierte en negocio. Y en los negocios, el beneficio importa más que las personas.
Tertulianos de derechas, ¿lo entendéis ahora?

Feijóo y los subsidios

 

El PP está dispuesto para destrozarlo todo

¿A qué llama exactamente Feijóo «subsidios» cuando lanza sus críticas, plagiando sin disimulo el discurso tóxico de VOX y sus «paguitas»? ¿Se refiere al derecho al desempleo, una conquista social que protege a quienes pierden su trabajo? ¿O al ingreso mínimo vital, una medida mínima de dignidad que asiste a quienes no tienen absolutamente nada? Que hable claro. Que no esconda su habitual cobardía tras vaguedades calculadas.
Feijóo ha decidido abrazar la deriva más reaccionaria sin tapujos, creyendo ingenuamente que puede competir con la ultraderecha en su terreno. Pero quien juega a parecerse a VOX acaba siendo arrasado por VOX. Los resultados de los sondeos son evidentes: entre el original y la copia, la gente elige al original.
Este PP, desnortado y sin principios, ha perdido su alma. Ya no propone, solo reacciona. Ya no lidera, solo imita. Cree que endurecer el lenguaje le hará ganar votos, pero lo único que logra es hundirse en su irrelevancia. Con Feijóo al mando, el PP ya no es una alternativa de gobierno, sino una sombra acomplejada que ha renunciado a la moderación, al pensamiento propio y, lo que es peor, al coraje moral.

Señor Peinado: ¿también me demandará?

Una gran parte de la judicatura continúa anclada en el franquismo

 Parece que para el juez Peinado la crítica es un delito. En lugar de garantizar derechos, abre querellas a periodistas, políticos y ciudadanos que se atreven a cuestionar su más que polémicas instrucciones. ¿No es grave que la Audiencia de Madrid le haya corregido más de una decena de veces por imputaciones sin base, registros injustificados o actuaciones desproporcionadas? ¿No es grave que el Supremo haya tumbado su intento de imputar al ministro Bolaños por un informe incompleto?
Peinado no ha rendido cuentas disciplinarias más allá de correcciones procesales y sigue en su puesto, sin sanción notable. Eso demuestra que el sistema tiene fallos estructurales: decisiones judiciales escabrosas, correcciones posteriores, pero ninguna consecuencia real a quien las produce. ¿No es grave el tiempo y dinero público perdido en estas chapuzas? Si estuviera en una empresa privada, le pondrían en la calle.
Peinado ha admitido denuncias sin pruebas, con recortes de prensa derechista como único sustento para iniciar una investigación general y prospectiva –práctica ilegal en el ámbito penal–, mientras tiene “olvidos procesales” que benefician a la derecha. Y, entretanto, se querella contra quien opine. ¿Esto es justicia o activismo togado?
¿Se le puede criticar? Por supuesto. Porque, en democracia, los jueces también deben responder ante la opinión pública cuando su independencia parece mezclarse con ideología que utiliza la justicia como arma mediática; por avanzar investigaciones sin soporte; por tolerar imputaciones irregulares; por prorrogar una y otra vez instrucciones, por ignorar dictámenes de instancias superiores. Lo que algunos jurisconsultos comentan, y lo que yo digo, es menos grave que lo que su historial procesal revela. Se asemeja a un abuso sistemático de una potestad que debería ser moderada, con responsabilidad.

Feijóo totalmente desquiciado

 

El PP de Feijóo sigue cayendo en la trampa que le teje VOX

Hace unos días, en un acto del Partido Popular Europeo celebrado en Barcelona, Feijóo soltó, sin rubor y dejando atónito al auditorio, que «Europa ha despertado. Ha salido de la cárcel ideológica de una izquierda que le vendía que era bueno empobrecerse y que era buena la democracia más que la prosperidad».
¿Cómo puede sostener eso? ¿Qué clase de disparate es contraponer democracia y prosperidad, como si fueran incompatibles? ¿La prosperidad de quién? ¿De los ricos? ¿Quién en su sano juicio insinúa que el bienestar económico debe prevalecer sobre los valores democráticos? Señor Feijóo: sin democracia no hay prosperidad que valga.
Hace tiempo que Feijóo cruzó una línea peligrosa. Su más que evidente deriva ultraderechista es, además de un retorno sin rodeos a la génesis del PP, una amenaza directa al marco democrático. Lejos de marcar distancias con la derecha extrema, la emula con entusiasmo, compitiendo con VOX en un terreno donde solo puede perder porque VOX siempre envidará más y en el que solo crecen el odio, el autoritarismo y la mentira.
Definitivamente ha perdido el norte, arrojando al PP a una senda sin rumbo, sin proyecto, y sin alma. En su ciega necedad por su obsesión al poder, renuncia a cualquier atisbo de responsabilidad institucional, abandona la derecha democrática y abraza un populismo rancio, peligroso y profundamente reaccionario. Feijóo ya no disimula: ansia el poder aun a costa de dinamitar los cimientos de la misma democracia.

Penalizar las falsedades

 

Las maquinaciones corren como la pólvora y jamás se terminan de desmontar

La mentira circula con infinita rapidez, fluidez y descaro. La verdad, no. Las redes sociales, algunos medios y también las instituciones patrimonializadas por la derecha se han convertido, a menudo, en canales para difundir falsedades meticulosamente diseñadas. Y así muchas personas no logran distinguir lo verdadero de lo falso.
Detrás de estos engaños hay intereses: políticos para manipular, doblegar las urnas, sembrar confusión y odio y particulares que buscan lucrarse a cualquier precio. En todos los casos, las consecuencias no son menores. Una mentira arruina reputaciones, polariza la sociedad, erosiona la confianza pública, da un vuelco electoral y pone en riesgo incluso la salud o la seguridad de las personas; y jamás se desmonta del todo.
Ante esta realidad, cabe una pregunta incómoda pero necesaria: ¿hasta qué punto debemos tolerar la impunidad de quienes mienten meditada y deliberadamente para obtener ventaja o hacer daño? Sin duda la libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestras democracias, sí. Pero la libertad de mentir sin consecuencias nunca debería serlo.
Es el momento de abrir un debate serio –sé que con el PP es una quimera, pues es de los que más tergiversan– sobre la necesidad de establecer límites legales a la difusión intencionada de falsedades lesivas. No se trata de censurar opiniones ni de castigar errores inocentes, sino de enfrentar con firmeza la desinformación que se propaga veloz con cálculo, con malicia y con un objetivo claro: manipular, destruir o hacer caja.
Porque si dejamos que la mentira se convierta en norma, será la verdad —y con ella la convivencia, la justicia y la democracia— la que pague el precio.
Costó demasiado conquistar la libertad democrática para dejar que la escupan a la cara conspiradores y mentirosos.

La perversión del lenguaje

 

La derecha sabe muy bien cómo prostituir todo: hasta el lenguaje

Los regímenes autoritarios saben del poder del lenguaje y que su manipulación moldea la realidad, desvirtúa conceptos y vacía de contenido las ideas que se oponen a sus intereses. Y, de mano de PP y Vox, vemos la endiablada alteración del lenguaje con el fin de transformar las verdades en mentiras y, lo que es peor, reescribir la historia en beneficio propio.
La perversión del lenguaje no es trivial ni puede considerarse mera disputa semántica. La historia enseña que los regímenes autoritarios y fascistas se han valido del lenguaje para instaurar un clima de confusión, desinformación y, en última instancia, opresión. La mejor representación de cómo una dictadura puede reducir y controlar el pensamiento humano a través del control de las palabras, es la “neolengua” en la novela 1984 de Orwell. Un concepto con una carga de significado profundo y trascendente, se reduce a una etiqueta vacía, desprovista de su esencia. En ese contexto, la palabra libertad se convierte en sinónimo de represión, y los discursos se transforman en justificación de la tiranía.
Cuando PP y Vox usan los términos de “libertad”, “dictadura” o “tiranía”, se percibe la manipulación. La libertad, que en su concepto más puro y democrático implica autonomía, justicia e igualdad, es secuestrada por estos partidos y transformada en un término vacío, utilizado para legitimar políticas regresivas, discriminatorias y autoritarias. La “libertad” que promueven es una falacia que se sirve de la ignorancia y de la desinformación para avanzar en su agenda de asalto al poder.
Alarma ver cómo, con la excusa de “defender la libertad”, se atacan derechos fundamentales como los de las mujeres, la comunidad LGTBI+ o los inmigrantes, bajo el falso discurso de que las políticas de igualdad son una “dictadura del pensamiento”. Lo que antes era un esfuerzo por lograr una sociedad justa y equitativa, hoy se presenta como una amenaza a la “libertad” que ellos mismos –legatarios de la dictadura franquista– dicen defender. Pero esta “libertad” que invocan está lejos de ser libertad real. Es una máscara que oculta opresión, discriminación, miedo y añoranza a tiempos pretéritos.
Tampoco podemos obviar cómo el término “dictadura” es diluido y retorcido. En lugar de ser una denuncia a la intolerancia y el abuso de poder, se utiliza como una etiqueta para descalificar a quienes se oponen a sus políticas. Vox y el PP nos intentan convencer de que las voces democráticas, las que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales, son las verdaderas dictaduras, mientras que sus propios métodos de control, censura y acoso se presentan como medidas legítimas para “proteger la democracia”. Se manifiestan diciendo que esto es una dictadura, envueltos en banderas de una dictadura despiadada y real. Es un juego de espejos que desarma el sentido común.
Al prostituir el lenguaje ponen en peligro el futuro de la sociedad. Y si dejamos que sigan alterando el significado de nuestras palabras, si no nos enfrentamos a esta manipulación, nos encontraremos viviendo en una sociedad donde las mentiras se convierten en verdades y las verdades en delirio.
PP y Vox pervierten las palabras que han dado forma a nuestra historia y que son el pilar de nuestros derechos. Si no reaccionamos las consecuencias pueden ser irreversibles. La historia nos enseña que los regímenes que distorsionan el lenguaje terminan por destruir lo que queda de libertad y democracia. Si no afrontamos esta distorsión, perderemos la esencia misma de lo que significa ser libres.
Es hora de dejar de jugar con las palabras y empezar a defender el verdadero significado de la libertad. Para ello, necesitamos claridad, consciencia y coraje. Pero lo más importante es que todos comprendamos lo que Tony Judt nos enseñó: que el control sobre el lenguaje es un control sobre la realidad misma.
No nos dejemos engañar. La lucha por la democracia comienza con la resistencia frente al discurso manipulado. Es hora de actuar con claridad, conciencia y valentía.

Hacienda patriótica

 

PP y Vox siempre besan el culo a los ricos

PP y Vox, cada vez que tocan el poder, amparan a los poderosos: legislan para una minoría privilegiada mientras castigan al resto. Mientras Rajoy en el Consejo de Ministros recortaba el estado de bienestar, la Hacienda dirigida por Cristóbal Montoro, presuntamente se convertía en un lobby para beneficiar a grandes corporaciones. Este caso de corrupción premium, gravísimo y sin parangón, sería otro capítulo del extenso libro de tropelías del PP: hacer leyes a medida desde el Gobierno para desviar miles de millones del bolsillo de los contribuyentes hacia grandes corporaciones. Ese dinero, que debería haberse destinado a sanidad, educación o dependencia, acabó en manos de oligarcas que jamás pagan las consecuencias.
El PP no gobierna: saquea. Sus recortes siempre se ceban con los más vulnerables, mientras sus amnistías fiscales y sus leyes tramposas protegen a poderosos y corruptos. Y todavía tienen la desfachatez de hablar de “corrupción” y “patriotismo”. ¿Defender España? No, solo defienden a los poderosos.
El PP es una maquinaria perfectamente engrasada para saquear lo público, disfrazada de partido político. Una organización criminal, como bien recoge una sentencia. Cada vez que gobiernan, la riqueza fluye hacia arriba y la miseria hacia abajo. No es casualidad. Es su modelo de país. Uno donde siempre mandan los poderosos y el resto paga.
¿Mafia o democracia? ¿Y tú me lo preguntas? Mafia… eres tú.