La perversión del lenguaje

 

La derecha sabe muy bien cómo prostituir todo: hasta el lenguaje

Los regímenes autoritarios saben del poder del lenguaje y que su manipulación moldea la realidad, desvirtúa conceptos y vacía de contenido las ideas que se oponen a sus intereses. Y, de mano de PP y Vox, vemos la endiablada alteración del lenguaje con el fin de transformar las verdades en mentiras y, lo que es peor, reescribir la historia en beneficio propio.
La perversión del lenguaje no es trivial ni puede considerarse mera disputa semántica. La historia enseña que los regímenes autoritarios y fascistas se han valido del lenguaje para instaurar un clima de confusión, desinformación y, en última instancia, opresión. La mejor representación de cómo una dictadura puede reducir y controlar el pensamiento humano a través del control de las palabras, es la “neolengua” en la novela 1984 de Orwell. Un concepto con una carga de significado profundo y trascendente, se reduce a una etiqueta vacía, desprovista de su esencia. En ese contexto, la palabra libertad se convierte en sinónimo de represión, y los discursos se transforman en justificación de la tiranía.
Cuando PP y Vox usan los términos de “libertad”, “dictadura” o “tiranía”, se percibe la manipulación. La libertad, que en su concepto más puro y democrático implica autonomía, justicia e igualdad, es secuestrada por estos partidos y transformada en un término vacío, utilizado para legitimar políticas regresivas, discriminatorias y autoritarias. La “libertad” que promueven es una falacia que se sirve de la ignorancia y de la desinformación para avanzar en su agenda de asalto al poder.
Alarma ver cómo, con la excusa de “defender la libertad”, se atacan derechos fundamentales como los de las mujeres, la comunidad LGTBI+ o los inmigrantes, bajo el falso discurso de que las políticas de igualdad son una “dictadura del pensamiento”. Lo que antes era un esfuerzo por lograr una sociedad justa y equitativa, hoy se presenta como una amenaza a la “libertad” que ellos mismos –legatarios de la dictadura franquista– dicen defender. Pero esta “libertad” que invocan está lejos de ser libertad real. Es una máscara que oculta opresión, discriminación, miedo y añoranza a tiempos pretéritos.
Tampoco podemos obviar cómo el término “dictadura” es diluido y retorcido. En lugar de ser una denuncia a la intolerancia y el abuso de poder, se utiliza como una etiqueta para descalificar a quienes se oponen a sus políticas. Vox y el PP nos intentan convencer de que las voces democráticas, las que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales, son las verdaderas dictaduras, mientras que sus propios métodos de control, censura y acoso se presentan como medidas legítimas para “proteger la democracia”. Se manifiestan diciendo que esto es una dictadura, envueltos en banderas de una dictadura despiadada y real. Es un juego de espejos que desarma el sentido común.
Al prostituir el lenguaje ponen en peligro el futuro de la sociedad. Y si dejamos que sigan alterando el significado de nuestras palabras, si no nos enfrentamos a esta manipulación, nos encontraremos viviendo en una sociedad donde las mentiras se convierten en verdades y las verdades en delirio.
PP y Vox pervierten las palabras que han dado forma a nuestra historia y que son el pilar de nuestros derechos. Si no reaccionamos las consecuencias pueden ser irreversibles. La historia nos enseña que los regímenes que distorsionan el lenguaje terminan por destruir lo que queda de libertad y democracia. Si no afrontamos esta distorsión, perderemos la esencia misma de lo que significa ser libres.
Es hora de dejar de jugar con las palabras y empezar a defender el verdadero significado de la libertad. Para ello, necesitamos claridad, consciencia y coraje. Pero lo más importante es que todos comprendamos lo que Tony Judt nos enseñó: que el control sobre el lenguaje es un control sobre la realidad misma.
No nos dejemos engañar. La lucha por la democracia comienza con la resistencia frente al discurso manipulado. Es hora de actuar con claridad, conciencia y valentía.

Hacienda patriótica

 

PP y Vox siempre besan el culo a los ricos

PP y Vox, cada vez que tocan el poder, amparan a los poderosos: legislan para una minoría privilegiada mientras castigan al resto. Mientras Rajoy en el Consejo de Ministros recortaba el estado de bienestar, la Hacienda dirigida por Cristóbal Montoro, presuntamente se convertía en un lobby para beneficiar a grandes corporaciones. Este caso de corrupción premium, gravísimo y sin parangón, sería otro capítulo del extenso libro de tropelías del PP: hacer leyes a medida desde el Gobierno para desviar miles de millones del bolsillo de los contribuyentes hacia grandes corporaciones. Ese dinero, que debería haberse destinado a sanidad, educación o dependencia, acabó en manos de oligarcas que jamás pagan las consecuencias.
El PP no gobierna: saquea. Sus recortes siempre se ceban con los más vulnerables, mientras sus amnistías fiscales y sus leyes tramposas protegen a poderosos y corruptos. Y todavía tienen la desfachatez de hablar de “corrupción” y “patriotismo”. ¿Defender España? No, solo defienden a los poderosos.
El PP es una maquinaria perfectamente engrasada para saquear lo público, disfrazada de partido político. Una organización criminal, como bien recoge una sentencia. Cada vez que gobiernan, la riqueza fluye hacia arriba y la miseria hacia abajo. No es casualidad. Es su modelo de país. Uno donde siempre mandan los poderosos y el resto paga.
¿Mafia o democracia? ¿Y tú me lo preguntas? Mafia… eres tú.

Igualdad ciudadana

 

Feijóo miente más que habla

Sostiene Feijóo que «la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos no puede depender del código postal». Coincido, pero es un discurso tramposo porque el PP y sus aliados solo miran los intereses de los ricos. Madrid, la comunidad más adinerada de España, también es la que menos invierte en sanidad por habitante, con un sistema colapsado que arroja a más del 38% de la población al negocio de la sanidad privada, 14 puntos por encima de la media. ¿Eso es igualdad?
Y, en educación, lo mismo. Madrid lidera el ranking de comunidades que menos invierten por estudiante, con unas ratios por profesor insoportables. Mientras tanto, el Gobierno de Ayuso abre tres veces más aulas concertadas que públicas, lo que significa más dinero público destinado a financiar colegios privados. Si los 1.500 millones de euros anuales que se destinan a la concertada se invirtieran en la pública, Madrid tendría un sistema educativo de calidad para todos, no solo para los que pueden permitírselo. ¿Eso es igualdad?
Señor Feijóo: Piense antes de hablar. Los que habitamos en códigos postales que comienzan por 28, sufrimos un sistema público quemado por pura ideología ultraliberal del PP, que recorta en servicios esenciales para bajar impuestos a los ricos y fomentar el negocio privado. Y usted, con su doble vara de medir, no hace más que esconder esta realidad. Los intereses de los más poderosos están por encima de la igualdad y la justicia social, y eso no se soluciona con discursos de tahúr.

¡Envido más!

 

Es casi imposible diferenciar al PP de Vox

Feijóo, en su congreso de deriva reaccionaria, calca el discurso xenófobo de Vox y promete que si gobiernan «vamos a reducir la inmigración ilegal». Este gran estratega ignora que si te pones a la altura de Vox, Vox, fiel al manual de Trump y Le Pen, sube la apuesta. Por eso Rocío de Meer envida más y proclama sin tapujos deportar a ocho millones de seres humanos en un «proceso extraordinariamente complejo de remigración» para mantener su versión rancia y excluyente de la «identidad española». Incluso plantea negar la nacionalidad a niños nacidos aquí si sus padres son extranjeros. Lo dice, por cierto, alguien con apellido holandés que, aplicando su propio delirio, no sería considerada española.
Pero lo verdaderamente grave es la claudicación moral del PP, que ha dejado de ser la derecha para convertirse en la muleta blanqueadora de la derecha extrema. ¿Qué esperaba el PP al competir en odio con Vox? ¿Que los ultras le cedieran el protagonismo? Es ingenuidad e irresponsabilidad, porque si juegas con ideas reaccionarias, te quemas. ¿Qué hará ahora Feijóo? ¿Seguir hundiéndose en el fango fascista?
La historia es clara: por el mismo precio, entre el original y la copia, el electorado escoge el original. El PP regala votos a Vox mientras dilapida la poca dignidad, los pocos principios y la poca vergüenza que le quedaba.

Los españoles

El PP, con menos cerebro que un mosquito, cae continuamente en las trampas que le teje Vox

En su congreso, un eufórico Feijóo sostuvo que cuando él gobierne «en España mandarán los españoles». Y tan orgulloso de su absurda perogrullada. ¿O tal vez insinúa que en España gobiernan los norteamericanos? ¿O que catalanes y vascos no son españoles?
Es retórica; sé que Feijóo profundiza en la exclusión y el ultranacionalismo porque abraza el discurso más rancio y divisivo del espectro político. Su retórica de «los españoles» es chovinismo y no política inclusiva.
El PP, bajo su mando, ha dado un giro derechista tan abrupto como peligroso. Sin rubor abraza el neofascismo de Vox en lugar de desmarcarse de la derecha extrema. Opta por unirse a ellos en su cruzada contra todo lo que huela a pluralismo y a diversidad. Y, en su afán por ganar apoyos de la derecha más radical, demuestra no importarle fragmentar el país con tal de avivar su ansia de poder. Se cree un cid dispuesto a enterrar cualquier vestigio de progresismo en nombre del anacrónico «nacionalismo español» que no tiene cabida en una sociedad moderna y diversa.
Al abrazar los postulados de Vox, Feijóo traiciona a la España plural que somos y contribuye a erosionar la convivencia entre territorios, lenguas y culturas. Si este es el futuro que Feijóo promete, debemos esperar una España rota y dividida.

Huelga de jueces conservadores

 

Hasta en las huelgas debemos soportar una Justicia de derechas privilegiada

He ido a la huelga varias veces en mi vida. Y siempre me han descontado del salario lo que correspondía: el día no trabajado, la parte proporcional de las pagas extras y dejar de cotizar a la SS. Lo asumí porque así funciona cuando uno ejerce un derecho responsablemente. Pero ahora resulta que los jueces conservadores, los mismos que se llenan la boca hablando de legalidad, de orden y de Estado de derecho, se han puesto en huelga y no han comunicado quiénes han secundado el paro. ¿Por qué? Para que no se les descuente nada. Para seguir cobrando, aunque no trabajen. Para hacer trampas. Esto también es corrupción.
Son unos sinvergüenzas. Así, sin paños calientes. No solo por lo que hacen, sino por lo que representan. Son una élite conservadora que se cree por encima del bien y del mal. Que dicta sentencias, que reparte castigos, pero que se niega a rendir cuentas. Que exige sacrificios al pueblo mientras ellos se cubren de privilegios. Este comportamiento no solo es indecente; es profundamente antidemocrático. Porque no hay justicia posible cuando los jueces se comportan como una casta intocable. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Y lo que llevan haciendo desde el golpe de Estado franquista que acabó con la democracia e instauró una dictadura.

El PP: cáncer de la democracia

 

El PP corroe la democracia

El PP asume que el poder le pertenece por la gracia de Dios, convencido de que las instituciones del Estado son su coto privado. No importa si gobierna o no: siembra dudas, manipula a la opinión pública y cuestiona la legitimidad de las instituciones que deben servir a todos los ciudadanos. Vayamos por partes. En 1993, varios sondeos privados daban al PP una victoria mínima, pero cuando se cerraron las urnas, los entonces líderes del partido, Arenas y Gallardón, no dudaron en denunciar un supuesto “pucherazo” orquestado por el Gobierno socialista. Fue necesario que el Rey Juan Carlos I telefoneara a Aznar para poner fin a semejante despropósito. En 2004, para intentar retener el poder a toda costa, el PP mintió a sabiendas al atribuir la autoría de los atentados del 11M a ETA. Ahora, Aznar, Feijóo y toda su cúpula hacen declaraciones incendiarias sembrando la sospecha sobre la integridad de nuestro sistema electoral, sin presentar una solo prueba, sabiendo perfectamente que el nuestro es uno de los más transparentes y rigurosos del mundo. El PP no solo desprecia la verdad, sino que manipula a la ciudadanía para alimentar sus propios intereses. Son lo peor de la política, la encarnación del trumpismo.
No es un partido de Estado, es un cáncer de la democracia.

Feijóo: Ríndase a la democracia, no a la mentira

 

Feijóo no abandona el guion ultraderechista

España votó. Y votó plural. Votó por la convivencia, por la diversidad ideológica, por una democracia que, aunque imperfecta, sigue siendo el único sistema que garantiza libertades, derechos y justicia social. Quien aún no lo ha entendido, o se niega a aceptarlo, es el PP. Parafraseando a su propio líder: quien debe «rendirse a la democracia» es el PP. Porque rendirse a la democracia no es claudicar, es aceptar que no se puede deslegitimar a diario lo que emana de las urnas solo porque no te favorece.
El PP ha convertido la crítica política legítima en corrosión constante de las instituciones. No aceptan al Gobierno porque no lo lideran. Llaman ilegítimo a lo que es legal. Hablan de libertad, pero pactan con quienes recortan derechos. Alimentan el odio territorial para ocultar su falta de proyecto de país. No hacen oposición, siembran odio, desafección, ruido y desconfianza en la democracia misma. Son el «verdadero peligro para la democracia».
Y también es alarmante el papel de Ayuso, presidenta madrileña, que ha decidido importar las peores tácticas del “trumpismo”. Lo que pretende con su nueva normativa es reprimir la disidencia, amordazar a los jóvenes y convertir las universidades en espacios controlados por el miedo. Multas de hasta 100.000 euros por protestar sin permiso, de hasta 15.000 por una pancarta, y hasta un millón de euros en casos extremos. Es un delirio autoritario impropio de una democracia europea. ¿Qué será lo siguiente, perseguir el pensamiento crítico como si fuera un delito?
Y Vox, con su agenda reaccionaria, no solo no desentona en este escenario, sino que lo lidera. Negacionismo climático, censura cultural, ataques a colectivos vulnerables, y un desprecio total por la memoria democrática. Y el PP, lejos de frenarlo, lo respalda y le abre la puerta del poder en ayuntamientos y comunidades. ¿A cambio de qué? ¿De una alcaldía? ¿De un presupuesto? ¿De una falsa apariencia de estabilidad?
La democracia no es solo votar. Es sobre todo respeto al resultado. Es garantizar la libertad de expresión, incluso cuando molesta. Es permitir la protesta, incluso cuando incomoda. Es entender que el poder no da derecho a imponer el silencio, sino la responsabilidad de proteger el diálogo.
A la derecha, que cada día intenta socavar la democracia desde las instituciones que deberían defenderla, hay que decirle claro: ríndanse a la democracia. Acepten las reglas del juego o admitan de una vez que lo que quieren es romper el tablero.
La ciudadanía les observa. La historia también.

Justicia asimétrica

 

Tenemos una justicia claramente sesgada por la dictadura

En España, la balanza de la justicia no está equilibrada. Hay notorias evidencias de un trato desigual cuando el acusado es una figura de izquierdas frente a una de derechas.
Cincuenta años después de la muerte del dictador Franco, la justicia española arrastra inercias que la vinculan con una estructura de poder profundamente conservadora. Esta doble vara de medir se hace especialmente visible cuando se observan los casos judiciales en los que están implicados políticos progresistas, activistas o representantes sociales.
Los casos en los que políticos de derecha se ven involucrados en presuntos delitos de corrupción, prevaricación o enriquecimiento ilícito suelen archivarse con llamativa rapidez, si es que llegan siquiera a abrirse. Y, cuando se abren, a menudo el proceso se dilata años, se vuelve confuso, prescribe o se resuelve de manera favorable al acusado.
En contraste, cuando la justicia se dirige hacia miembros de la izquierda política, el escenario cambia radicalmente. Los procedimientos se abren con facilidad, aunque no haya base sólida; se alargan durante años con investigaciones prospectivas; y aunque se archiven, se reabren una y otra vez, generando un desgaste personal, político y mediático que es irreversible. Se torna un arma política de destrucción.
Organizaciones como Manos Limpias junto a grupos como Abogados Cristianos, son expertos en utilizar los mecanismos judiciales para perseguir a voces disidentes, especialmente del ámbito progresista, feminista o independentista. A menudo, sus denuncias acaban archivadas, pero no sin antes haber generado titulares, escándalos, presión mediática y desgaste.
Estas entidades aprovechan las debilidades del sistema judicial y la falta de reformas profundas desde la Transición para mantener vivo un aparato judicial en el que muchos jueces, fiscales y magistrados siguen respondiendo a una lógica heredada del franquismo. El “lawfare” —uso de la justicia como herramienta de guerra política— no es solo una realidad importada de América Latina cuando la izquierda lograba el poder; en España, tiene nombres, víctimas y consecuencias.
Es innegable que durante la transición democrática no hubo una depuración del aparato judicial franquista. Muchos jueces educados y promovidos bajo el régimen continuaron en sus cargos, y el espíritu reaccionario se perpetuó en las estructuras del Estado. Esa falta de ruptura ha permitido que aún hoy, en plena democracia, se criminalice con facilidad al adversario político cuando es de izquierdas, mientras se protege a quienes representan o defienden los valores del viejo orden.
Es urgente una reforma profunda del sistema judicial español: despolitización incontestable del Consejo General del Poder Judicial, mecanismos de control ciudadano, transparencia en los nombramientos, becas para acceder a la judicatura que la democratice, y una revisión del papel de los jueces en causas con carga ideológica. La democracia no se defiende solo en las urnas: también se protege en los tribunales.
Porque si la justicia no es igual para todos, entonces no es justicia. Y mientras siga siendo un instrumento al servicio de una parte, seguirá alimentando la desigualdad y el desencanto.

La paletería de Ayuso

 

Ayuso, aconstitucional y una gran paleta

Pocas veces una figura pública tan expuesta parece tan orgullosa de exhibir su ignorancia como Isabel Díaz Ayuso. Su última pataleta hacia la Conferencia de Presidentes, es un ejemplo de desdén, provincianismo intelectual y desprecio a la diversidad que, precisamente, consagra nuestra Constitución.
Afirma la presidenta madrileña, con ese tono que mezcla desparpajo y prepotencia, que «lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro, en el mismo idioma, o me saldré». Dice también que no usará los pinganillos —herramienta básica de cortesía y comprensión en un país plural— y remata su boutade acusando a quienes hablan catalán de hacer «provincianismo con el secesionismo».
Hay que tener muy poca cultura política, o directamente una actitud antidemocrática, para despreciar así a las lenguas cooficiales reconocidas por la Constitución de 1978. Porque no es una moda de “Pedro Sánchez”, como insinúa Ayuso, sino una obligación legal y moral que dimana del artículo 3 de nuestra Carta Magna que reza: «el castellano –que no el español ya que este término abarca un significado más amplio, incluyendo los dialectos y variantes del idioma hablados en España y América Latina– es la lengua española oficial del Estado», que las «demás lenguas españolas serán también oficiales un patrimonio cultural» y «serán objeto de especial respeto y protección».
La actitud de Ayuso no solo es un insulto a catalanes, gallegos o vascoparlantes, sino una afrenta directa a ese mandato constitucional. Convertir el uso de una lengua en una provocación es una forma de negarle legitimidad al otro; es sembrar la división donde debería haber entendimiento. Y todo esto con el cinismo de quien gobierna la comunidad más rica de España, pero insiste en victimizarse constantemente, como si ella, y solo ella, representara la voz legítima de lo español.
Lo verdaderamente paleto no es hablar catalán, gallego o euskera. Lo paleto es reducir España al castellano, como si el resto de las lenguas y culturas que la componen fueran adornos prescindibles. Lo paleto es encerrarse en un nacionalismo de baratillo disfrazado de cosmopolitismo de tablao. Lo paleto es negar la riqueza de lo diverso y comportarse como si el país empezara y terminara en la Puerta del Sol.
La ignorancia no es una virtud, y mucho menos en alguien que preside una comunidad autónoma y se sienta a representar a millones de ciudadanos en una Conferencia de Presidentes. Ayuso no solo exhibe una preocupante falta de respeto institucional y educación democrática, sino que además se muestra orgullosa de ello, como si fuera una medalla.
Ese populismo ramplón, que se disfraza de sentido común pero que no conoce la Constitución que dice defender, es una amenaza para la convivencia. Porque niega la pluralidad, desprecia lo diferente y convierte el diálogo en imposición.
Y sí, señora Ayuso: si no quiere ponerse el pinganillo, no se lo ponga. Pero al menos tenga la decencia de no insultar a quienes hablan su lengua con orgullo, amparados por la misma Constitución que usted invoca para negarles su sitio.

Congreso: plató de los agitadores

 

PP y Vox con los agitadores coartando la libertad

La tensión en los pasillos del Congreso no nace de la constante provocación verbal de la derecha, sino de un fenómeno igual de nocivo: la invasión de agitadores. Gente que se infiltra entre las columnas del cuarto poder, y no para informar, sino para intoxicar. No para cuestionar con argumentos, sino para reventar con consignas. Han cambiado el micrófono por el garrote verbal; la libreta por el panfleto digital; el oficio de periodista por el rol de provocador político. ¡Basta ya!
Lo ocurrido con Antonio Maestre –todo mi respeto y solidaridad– es solo la punta del iceberg. No es solo una agresión verbal y una coacción sino una estridente señal de alarma que debería hacer reaccionar a todos los que aún creen en el periodismo como garante de la democracia. Porque cuando un periodista es intimidado, hostigado y empujado por hacer su trabajo, todos estamos en peligro. Y si quienes lo hacen no son ciudadanos anónimos, sino personas acreditadas en el propio Congreso, el escándalo ya no es anecdótico sino institucional.
No hablo de discrepancias editoriales ni de debates ideológicos. Hablo de pura violencia. De odio planificado. De campañas de acoso que no surgen del error, sino como táctica del terror. Esta gente no entra en el Congreso para informar, sino para coaccionar, difamar y dinamitar. No hacen preguntas, lanzan eslóganes disfrazados de interrogantes. No buscan la verdad: buscan el “like” viral. Para ellos el respeto, la ética y el código deontológico del periodismo son basura.
No son periodistas. Son provocadores políticos que utilizan la apariencia de la prensa para camuflar la agresión. Saben que la acreditación les abre puertas para agredir con sus arietes. Su objetivo no es la transparencia, sino la intimidación. No quieren que la ciudadanía esté informada, quieren que esté enfadada. Aterrada. Dividida.
Y mientras tanto, los auténticos periodistas —los que contrastan, los que preguntan con respeto, los que escuchan— ven su espacio reducido, su seguridad tambalearse, su voz opacada por la estridencia.
La connivencia de PP y Vox no queriendo ponerles límites es inaceptable. No es cuestión de ideología, sino de principios democráticos básicos. Si permitimos que el templo del diálogo se convierta en circo de hostilidad, si dejamos que los matones de la desinformación ganen terreno, el periodismo habrá perdido. Y con él, la sociedad.
Porque cuando calla la prensa libre, grita el autoritarismo.
Y últimamente, ese maldito grito es ensordecedor.

Manifestaciones del odio

 

Ultraderecha (PP) y derecha extrema (Vox): unidos por el odio

Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia en 2018, la ultraderecha y la derecha extrema iniciaron una ofensiva sistemática contra el Gobierno legítimamente elegido. El Partido Popular y Vox, aliados en lo ideológico y en lo estratégico, han rechazado de plano los resultados democráticos, etiquetando al Ejecutivo como “ilegítimo”, “okupa” y deshumanizando a su presidente con discursos cargados de odio. Este rechazo constante al resultado de las urnas y alianzas no es oposición política: es un vil ataque directo al corazón de la democracia.
En lugar de dialogar o proponer y construir alternativas, ambos partidos hermanados han encontrado en el odio y la antipolítica visceral un cemento eficaz para movilizar a sus bases. Y, bajo esta premisa, han convocado manifestaciones para sembrar crispación ciudadana y desgaste institucional. La connivencia entre una ultraderecha que se dice “moderada” y una derecha extrema que niega consensos básicos, resulta no solo antidemocrática, sino profundamente perjudicial para la paz social.
Cuando se normaliza el discurso del odio, se deslegitima el diálogo y se degrada la convivencia. Y eso es tan sumamente peligroso que, en democracia, jamás puede ser el camino.

Si quiere impuestos justos vote con cabeza

 

Votar es un acto cívico que requiere una gran responsabilidad

Los impuestos no son un castigo: son la base de una sociedad más justa. Por eso el mantra populista de bajar impuestos que la derecha repite infatigablemente, es una trampa. Aunque reducir impuestos a las clases trabajadoras es más que deseable, solo debe hacerse cuando las grandes fortunas y corporaciones tributen de forma justa y efectiva como el común de los mortales. Según el informe Oxfam Intermón de 2023, publicado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con datos proporcionados por UBS, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 95%.
Ante semejante obscenidad, cabe preguntarse: ¿por qué quienes más sufren la precariedad respaldan opciones políticas que encubren recortes al Estado de bienestar?
La respuesta está en el discurso, seductor pero engañoso, que los conservadores usan como bandera sobre la bajada de impuestos; pero omiten que los recortes afectan a servicios fundamentales como la sanidad, la educación o las pensiones con efectos devastadores para la mayoría. Por tanto, no debemos votar a quienes nos bajan unas migajas en impuestos, mientras perdonan ingentes cantidades a los más poderosos a base de recortar servicios. Tenemos que entender que con los impuestos se financian hospitales, colegios, pensiones, infraestructuras, programas de desempleo y políticas de igualdad. Y, sobre todo, debemos votar con conciencia a aquellos que defienden que los grandes poderes –empresas e individuos– que más tienen –y tienen más porque obtienen beneficios desproporcionados a través de prácticas abusivas, fijando precios muy por encima de lo ético por sus productos, de ahí las cifras milmillonarias–, contribuyan de manera justa y en mucha mayor medida a fortalecer el Estado de bienestar, tal y como establece el principio de progresividad fiscal recogido en el artículo 31 de nuestra Constitución.
Solo así construiremos una sociedad en la que los derechos no dependan del bolsillo, sino del compromiso colectivo con la justicia redistributiva.

El gen necio XIII

 

Los necios: un peligro para las democracias

El virus de la desinformación se propaga cual plaga sin escrúpulos, y así el gen necio se expande y multiplica por el mundo.
…
–Este Gobierno pretende intervenir el mercado de la vivienda y pisotea la libertad de mercado. El mercado se regula a sí mismo.
–Oye, el derecho a una vivienda digna no es algo negociable. Se recoge en nuestra Constitución y los poderes públicos deben luchar contra la especulación. Todos los seres humanos han de tener acceso a un lugar donde vivir sin tener que enfrentarse a precios desorbitados que los obliguen subsistir en condiciones impropias. La vivienda no puede ser vista como simple mercancía y, aún menos, como producto de lujo. Es un derecho básico que está fundamentalmente ligado al bienestar y la seguridad de las personas. Por eso es urgente limitar los precios e instituir políticas públicas que regulen el mercado y promuevan viviendas sociales.
–No, la solución no está en intervenir el mercado. Si se lo deja funcionar libremente, los precios se ajustarán. La competencia genera eficiencia y, al final, si hay más demanda de viviendas, los promotores construirán más, lo que hará que los precios bajen.
–El mercado solo se preocupa por maximizar las ganancias. Y lo que estamos viendo desde hace décadas es una especulación inmobiliaria infernal que está dejando a miles de personas sin acceso a una vivienda. Los precios suben sin control, mientras los salarios no siguen el ritmo.
–Lo mejor es un mercado libre para permitir la entrada de constructores privados, que son los que pueden generar soluciones más rápidas y efectivas.
–Hoy tenemos un problema estructural profundo que requiere soluciones urgentes y políticas públicas claras. Si seguimos esperando a que el mercado se “ajuste”, habrá más gente sin casa. La vivienda digna debe ser un derecho para todos, no una mercancía para unos pocos.
–No estoy de acuerdo. ¡Viva la libertad de mercado!
…
Lo dicho: el gen necio.

China y el PP

 

Pedro Sánchez, presidente de una España soberana

Hace meses que Pedro Sánchez tenía previsto su viaje oficial a China. No fue improvisado. No responde a ninguna provocación geopolítica repentina. Sin embargo, un beligerante y vengativo Trump cambió el contexto. En medio del aumento de tensiones comerciales entre Estados Unidos y el resto del mundo, especialmente con el gigante asiático —con advertencias tan torpes como la del secretario de Estado estadounidense, quien aseguró que «acercarse a China sería como cortarse el cuello»—, la visita del presidente español se ha convertido para los carcas en una supuesta traición a los intereses occidentales.
Se olvidan de que España es un país soberano. Y lo sigue siendo gobierne quien gobierne. No puede —ni debe— plegarse a los designios de ninguna potencia extranjera, por muy aliada que sea. Lo que hace Pedro Sánchez no es otra cosa que ejercer una política exterior autónoma, responsable, y en este caso, también alineada con la UE, como abanderado de una posición común europea, en contacto directo con la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, que pronto también visitará China.
No es la primera vez que un presidente del Gobierno español pisa suelo chino para reforzar lazos comerciales. Aznar lo hizo. También Rajoy. Incluso Feijóo, cuando era presidente de Galicia, viajó para buscar acuerdos e inversiones. Ninguno de esos periplos fue tildado de sumisión ni de error estratégico. ¡Ah!, pero cuando lo hace la izquierda, las voces del PP se alzan con hipocresía, mentiras y sumisión al poderoso.
La crítica no se basa en el fondo, sino en el autor. Si Sánchez hubiera cancelado el viaje por presión estadounidense, también lo habrían acusado de rendir la soberanía española a intereses ajenos. Y eso es precisamente lo que está en pasando: una visión instrumental de la política exterior, utilizada como munición para el combate interno. El PP siempre tiene que criticar.
Es muy preocupante el tic automático con el que el PP responde a cada movimiento del Ejecutivo. No hay análisis, ni propuesta alternativa. Solo crítica automática, desgaste constante, falta de respeto, búsqueda del titular fácil. A esto se suma el discurso aún más estridente de Ayuso, que convierte todo en nauseabundo campo de batalla ideológico, donde rinde pleitesía al poderoso y pisotea al débil.
España no puede permitirse ese tipo de política. Y menos cuando el tablero internacional exige inteligencia estratégica, autonomía y visión a largo plazo. En lugar de arrastrarse ante las amenazas de Washington o de usar cada viaje para desgastar al rival político, haríamos bien en exigir altura de miras a quienes aspiran a gobernar.
Porque la soberanía se defiende con hechos, no con discursos huecos, banderitas ni pulseritas.

¿Dónde están los airados manifestantes del PP?

 

Creen que solo ellos tienen que gobernar

El PP siempre, y con vehemencia, ha sostenido que el PSOE «carece de legitimidad para acordar con Puigdemont por tener causas pendientes con la justicia y, además, los independentistas deberían disolverse por deslealtad constitucional». Pero ahora, olvidándose de sus “principios porque tiene otros”, se le hace la boca agua pensando en un pacto con Junts para tumbar leyes e, incluso, presentar una moción de censura.
¿Dónde están aquellos miles de manifestantes tan indignados, incluyendo a la belicosa Esperanza Aguirre, que el PP sacó a la calle fines de semanas y festivos para protestar por la ley de amnistía y los pactos con Junts? Es mera retórica: el PP hace lo que hace consciente de que sus votantes de derechas se lo perdonan todo.
La lógica de la derecha: los únicos que pueden hacer lo que quieran son ellos, y pueden hacerlo porque cuentan con… la gracia de Dios.

Feijóo ante el problemón de la vivienda

 

En cualquier asunto, Feijóo y el PP, solo se mueven por tacticismo electoral o para beneficio de las élites

Sostiene Feijóo que, en materia de vivienda, «no se puede perder un minuto más». Pues ya va, al menos, con 8 meses de retraso.
Tras las críticas a su reciente plan, que consideraba la vivienda como un negocio y no como un derecho, ahora quiere presentar una ley que es parecidísima a la que el PSOE consensuó con ayuntamientos y comunidades autónomas, y que hace 8 meses él mismo tumbó pocos minutos antes del pleno que la iba a tramitar. En aquel momento Feijóo, y como hace siempre, pensó más en sí mismo, para infligir la primera derrota al Gobierno, en lugar de pensar en la gente.
Al igual que con el reciente decreto ómnibus –del latín, que significa “para todos”–, a Feijóo –a quien cada día sus halcones le mueven más la silla– no le importan nada los problemas de los ciudadanos y se mueve por puro tacticismo electoral.

Y usted, ¿no es de izquierdas?

 

La izquierda busca el avance de la sociedad. La derecha, no

Desde el retorno de la democracia a España, jamás ninguna transformación social –y ha habido muchas– ha venido de la derecha. Y si en alguna ocasión, en lugar de recurrir los avances aprobados por el progresismo al Constitucional como suele hacer, ha votado a favor, lo ha hecho de mala gana y por mero cálculo electoral.
Por ello, y como viví la dictadura de verdad, la de Franco,  y como denuncio que los que más tienen cada día tengan más porque pagan impuestos irrisorios y no contribuyen a la justicia social; defiendo a muerte los derechos humanos –para todos, incluso terroristas–; me agrada el progreso y la reducción de la jornada laboral; soy solidario y empático; abrazo la lucha feminista; abogo por la justicia social; respaldo la sanidad universal y gratuita frente a la privada –mucho más cara a quien la pueda pagar– y la educación pública –ídem–; me solidarizo con los migrantes –recuerdo nuestro pasado aspirando a un futuro mejor, como ahora los que vienen–; apoyo un sistema público de pensiones; una vivienda pública digna y blindada que cumpla con el mandato constitucional; me gusta impulsar la ciencia; el cuidado de nuestros mayores… y todo ello financiado con una fiscalidad progresiva donde pague más quien más tiene, soy de izquierdas.
Si fuera por la derecha, continuaríamos anclados en la Edad Media, con todos los privilegios de los señores feudales en vigor, aferrados al poder para satisfacer su codicia y ser más opulentos que ahora. Es ingenuo creer que por sí mismos hubieran renunciado a sus prerrogativas.
Sabiendo esto, ¿por qué usted no es de izquierdas? ¿Le gusta, por ejemplo, que se apliquen políticas privatizadoras encubiertas con dinero de todos en detrimento de la educación y la sanidad pública como ocurre en Madrid? Entonces, ¿por qué vota a la derecha?

VOX, de nuevo, incita al odio

Este es el vomitivo tuit de Vox

 VOX propone a sus partidarios que cuando vean a periodistas de La Sexta, TVE, Cadena SER o Canal Red –¿quién será el siguiente en entrar en la lista?– informando, los insulten y les quiten de las manos los micrófonos lanzándolos lejos, todo ello «en directo a ser posible».
Hasta donde yo sé eso se llama “incitación al odio”, y lo contempla el artículo 510 del Código Penal con penas para «quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio», que pueden ir de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses.
La libertad de prensa en un pilar fundamental de toda democracia y, precisamente por eso, los órganos judiciales a los que se confía la defensa del interés público, ya están tardando en actuar de oficio sin necesidad de esperar a que alguien lo denuncie.

PP: cómo gestar otra burbuja inmobiliaria

 

Feijóo dispuesto a crear otra burbuja inmobiliaria

Como para el PP la vivienda es un negocio especulativo y no un derecho constitucional, Feijóo propone una receta ultraliberal y prácticamente idéntica a la que nos llevó al pelotazo y posterior estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 con su correspondiente crisis: bajar impuestos en la compra –incrementa el precio y trasvasa dinero de todos a manos privadas–, liberalizar el suelo, facilitar la privatización de vivienda pública y libre mercado.
En resumen, a pesar de los agobios de la gente para lograr vivienda por el alza generalizada y desorbitada de precios, los principales ingredientes de su rancia receta son los pelotazos: que usted quiere construir, tranquilo, nosotros le damos suelo público y abaratamos sus costes; que usted quiere comprar, no se preocupe, nosotros le ayudamos tenuemente y que la ayuda se la lleve el que vende porque sube el precio; y, por si quedan dudas, que la ley de la oferta y la demanda impere en el mercado, como hasta ahora con el resultado conocido de los ricos… más ricos.
De nuevo el PP se aleja del modelo europeo y abraza el neoliberal –que solo funciona para potentados– de Milei.