Fundación Francisco Franco: anomalía democrática

 

Lo que ocurre en este país y Franco, es de traca

Que la Audiencia Nacional deba tramitar formalmente el recurso de la Fundación Francisco Franco evidencia una alarmante fragilidad en nuestro ordenamiento. Ninguna democracia real debería tolerar que su propio engranaje garantista ampare a entidades que glorifican dictaduras, blanquean crímenes o celebran golpes de Estado. Mientras Alemania persigue y castiga penalmente el nazismo por pura supervivencia institucional, la legislación española exhibe una debilidad jurídica preocupante frente al fascismo, permitiendo que organizaciones de esta naturaleza ralenticen su disolución mediante vericuetos legales.
Validar a este colectivo insulta la memoria de las víctimas y destruye la credibilidad del Estado de derecho. No caben medias tintas ni debates vacíos sobre la libertad de expresión cuando se promueve la represión armada. Y conociendo la Justicia de mi país, su pasado y su presente, no oculto mi escepticismo y dudo firmemente que el desenlace vaya a estar a la altura de esa exigencia.
Permitir la existencia de esta organización es una complicidad intolerable. Un Estado que ampara la exaltación del franquismo deja de ser una democracia legítima para convertirse en un régimen cobarde que nutre la semilla de su propia destrucción.

¡Qué dirá el Santo Padre!

 

El farisaico PP atrapado en la anticristiana "prioridad nacional"

Resulta de una finura intelectual conmovedora observar a PP y Vox aplaudir con fervor el discurso humanista del Papa en el Congreso. Sostener que suscriben «de la A a la Z» un mensaje de respeto al migrante y al derecho internacional, de rechazo a la guerra y de concordia, mientras ejercen una praxis política diametralmente opuesta, es un ejercicio de funambulismo moral digno de estudio.
Es de admirar cómo concilian la doctrina pontificia con la promoción de la «prioridad nacional», el indisimulado anhelo de alinearse con Trump o Netanyahu, el refinado uso del insulto al presidente del Gobierno y la deshumanización del adversario. Especial mención merece la elegancia retórica de Feijóo al equiparar migración con «violaciones y machetazos».
Si estos autoproclamados custodios de la fe escucharan de verdad al pontífice, su autoridad suprema en la tierra, su agenda colapsaría. Su virtuosismo consiste en revestirse de piedad e instrumentalizar el miedo, vaciando de contenido los valores que dicen defender. Aplaudir la máxima de que «discrepar no es humillar» requiere, desde luego, un cinismo exquisito.
El mensaje papal no es revolucionario; es, sencillamente, una reafirmación de derechos humanos elementales. Que algunos lo perciban como revolucionario revela hasta qué punto se ha desplazado el marco político hacia posiciones insolidarias.
¡Fariseos 2.0!

Togas y naftalina

 

El hedor franquista de la Justicia es inaguantable

La Audiencia Nacional ha suspendido –previa petición de Ayuso, ¡cómo no!– cautelarmente la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, pese a que allí estuvo la Dirección General de Seguridad franquista, donde se practicaron asesinatos –Tomás Centeno, Ruano y tantos otros–, torturas y detenciones políticas. El argumento del auto roza la parodia: colocar una placa podría causar un «perjuicio irreversible» a la reputación institucional de la Comunidad de Madrid. Como si la historia fuese un grafiti y no un hecho documentado.
¿Qué daño irreversible causa un trozo de metal que se puede desatornillar en cinco minutos si un juez cambia de idea?
Resulta enternecedor ver a ciertos jueces preocupados por la sensibilidad de un edificio, pero no por la memoria de quienes pasaron por sus sótanos o salieron con los pies por delante. Debe de ser que las víctimas molestan más que sus verdugos. En España, al parecer, recordar la dictadura daña la convivencia; blanquearla, en cambio, es moderación institucional. 
La derecha política, judicial y mediática lleva años intentando convertir la memoria histórica en un problema de estética. Cambian la toga por la nostalgia y lo llaman neutralidad; la toga por el sesgo ideológico y ya ni lo tapan.

Aldama: el acusado Schrödinger de la Fiscalía

La Justicia continúa siendo franquista

 ¿Cómo sostiene el fiscal jefe anticorrupción que Aldama ha colaborado ejemplarmente mientras afirma, sin pestañear, que ha mentido para involucrar al presidente? Si se miente, ¿se colabora o se enfanga? En este circo, la verdad no es un valor, sino un chicle que el Ministerio Público estira para pedir una rebaja de pena sobre la rebaja ya concedida –coincidiendo con el PP–, a pesar de que, según la UCO, no ha aportado nada nuevo. Aldama es el acusado Schrödinger: un fabulador compulsivo y un aliado fiable al mismo tiempo. Una dualidad que ni la física cuántica imaginó, pero que nuestra justicia abraza con un entusiasmo que apesta. Esta es la fascinante coreografía: un acusado que engaña, pero merece premio; que desacredita y, aun así, obtiene rebaja de condena por “colaborar”. No se busca la verdad, se premia la utilidad. Lo que nos queda es una Justicia que funciona como una tómbola con toga: aquí el premio no depende de la ética, sino de lo bien que sepas balar la canción que el pastor necesita oír. Sigan aplaudiendo el esperpento; el ridículo es total y la náusea, obligatoria.

La mafia que devoró el Estado

 

Esto sí que es una auténtica MAFIA

Lo del PP no es un episodio aislado, sino un patrón sistémico de degradación. El caso Kitchen reveló una fractura democrática sin precedentes: la movilización de recursos públicos no para servir al ciudadano, sino para obstaculizar la justicia y destruir pruebas del caso Gürtel. Este uso patrimonial del Estado alcanzó su cénit con la fabricación de pruebas falsas —en connivencia con terminales mediáticas— para aniquilar a rivales como Podemos o el independentismo. Es la perversión absoluta de las instituciones al transformarlas en un escudo de impunidad. Es más que corrupción económica, es un asalto al Estado de derecho. Cuando el Ejecutivo manipula los resortes del poder para blindarse, la democracia degenera en una estructura mafiosa.
A esto se suma la sombra del caso Montoro, donde decisiones estratégicas desde el Consejo de Ministros habrían favorecido intereses privados con conexiones directas. El escándalo no es solo la merma recaudatoria sino la perversión del proceso legislativo.
Pese a la contundencia de los hechos, el relato es la negación. Esa desconexión entre la verdad jurídica y el discurso del PP es un desprecio a la ciudadanía. Lo intolerable no es el saqueo sino el esfuerzo coordinado por ocultarlo y negarlo sin pudor —para aferrarse al poder— por parte de quienes deben velar por la ley.

Inoculando el fascismo: el veneno de la prioridad nacional

 

La ultraderecha pepera se ha dejado atrapar por el fascismo extremo de Vox

El auge de la «prioridad nacional» no es una respuesta a problemas reales, sino la construcción de un marco mental diseñado para fracturar la sociedad. Vox ha logrado introducir un virus retórico en el debate público: una trampa que, bajo el lema de «España primero», busca desmantelar los consensos básicos de convivencia. Al convertir al diferente en una amenaza y al vulnerable en un culpable, se normaliza una exclusión que, hasta hace poco, era marginal y que hoy habita en las instituciones.
Lo más preocupante es la mimetización del PP con este discurso. Al adoptar la agenda de la derecha extrema, la derecha institucional abandona los problemas estructurales —vivienda, salarios, servicios públicos— para centrarse en una narrativa que señala a la inmigración como un lastre. Es un ejercicio de desinformación consciente: el propio Banco de España ha certificado que la aportación de los trabajadores extranjeros es, y será, indispensable para la sostenibilidad de nuestras pensiones y el bienestar común.
Estamos ante una estrategia de crispación que busca enfrentar al penúltimo contra el último para proteger los intereses de las élites. Al prometer legalizar la exclusión, no solo se pone en riesgo el Estado de derecho, sino que se traiciona nuestra propia historia como pueblo emigrante. Si llegan al poder, pretenden cambiar las leyes para institucionalizar el racismo; el PP, mimetizado con la derecha extrema, ya no distingue sus siglas de los postulados extremistas. Ambos caminan de la mano hacia una regresión moral que busca, simplemente, dinamitar los derechos humanos.

Europa: el derecho o el abismo

 

¿Qué está proponiendo Ursula Von der Leyen?

La postura de Ursula von der Leyen no es realismo político; es un acta de sumisión. Afirmar que Europa debe dejar de ser la guardiana del orden internacional porque este se desmorona es una cobardía histórica. En la hora más oscura, la respuesta no es apagar el faro, sino avivar su luz.
El desprecio por las normas que exhiben figuras como Trump, Putin, Netanyahu o Milei no es una “nueva normalidad” a la que adaptarse, sino una patología que combatir. Estos fascistas pretenden sustituir la justicia por el músculo, condenando al planeta a un estado de colisión perpetua. Si Europa renuncia a sus valores bajo el pretexto del pragmatismo, no estará sobreviviendo: estará cavando su propia fosa.
Nuestra identidad se forjó sobre las cenizas de los hornos crematorios y el hedor de las trincheras. Olvidar que el derecho común es el único dique contra el canibalismo entre naciones es un suicidio moral. La adaptación que nos propone es una rendición ante la fuerza bruta. Europa no tiene derecho a capitular. Porque cuando las reglas mueren, lo que emerge no es un orden nuevo, sino el grito de guerra de los tiranos y el silencio de los cementerios. Abdicar de la ley es invitar a la barbarie.

23-F. La sombra persiste

 

45 años después, la duda sigue ahí

En los documentos desclasificados sobre el 23-F, los propios militares implicados atribuyeron parte del fracaso a «haber dejado al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero». La expresión no es un exabrupto: es una confesión. “Caballero” no remite solo a la cortesía, sino a alguien honorable, previsible, fiel a su palabra. En suma, alguien en quien se puede confiar.
Al señalar ese supuesto error estratégico, los golpistas revelan algo más que torpeza: delatan una expectativa. Esperaban complicidad tácita o, al menos, una neutralidad benévola por parte del monarca. Su lamento sugiere desengaño, no sorpresa.
Pero la sombra en la noche de los transistores se alarga especialmente tras el discurso televisado. Al terminar, el rey se dirigió a Milans del Bosch con una frase que abre un abismo: «Después de esto, ya no puedo volverme atrás». La frase, lejos de disipar dudas, las concentra. ¿Dónde había estado hasta entonces? ¿Desde qué posición ya no podía retroceder? Si no podía “volver”, es porque hasta ese instante existía, al menos en teoría, un margen.
Persiste así la sombra: ¿fue la firmeza real una convicción democrática desde el primer minuto o el resultado de un cálculo, una espera prudente hasta comprobar la correlación de fuerzas? La ambivalencia de ciertos silencios —y la secuencia temporal de los gestos— alimenta la sospecha.
En cualquier caso, el golpe además de la derrota de los insurrectos, fue también la victoria del miedo. Inoculó en la sociedad y en el inminente gobierno socialista la conciencia de que la democracia era un préstamo, no un derecho, y que tenía los límites trazados con sable. Y esa pedagogía del temor, silenciosa pero eficaz, dejó una huella más duradera que los tanques en las calles.

Privatizaciones: seré conciso

Fuera vuestras sucias manos de lo púbico

 —Cuando una empresa privada entra en la sanidad, la educación o las residencias públicas, ¿lo hace por altruismo o para obtener beneficios?
—Para obtener beneficios.
—Y esos beneficios, ¿de dónde salen?
—De los presupuestos públicos.
—Entonces coincidimos en lo esencial: dinero de todos acaba en entidades privadas con ánimo de lucro.
—Así es.
—Si ese dinero se destinara íntegramente a reforzar lo público, ¿mejorarían la sanidad, la educación y el cuidado de nuestros mayores, en lugar de engordar beneficios privados?
—Sin duda.
—Luego la privatización no es una solución, sino la transferencia de recursos públicos a intereses privados. ¿Queda claro por qué nunca es positiva?
—Meridianamente claro.
Conclusión: Como Madrid es la región que menos invierte por habitante en servicios públicos esenciales, es donde más crece el negocio privado de la sanidad, la educación y las residencias.

El cinismo como doctrina

El PP:  un cáncer de la democracia

A propósito de la presunta violación atribuida al DAO de la Policía Nacional –un crimen gravísimo–, sostiene Feijóo que «cuesta creer que el ministro no supiera lo que hacía el número uno y el dos de su Policía», y lo considera alarmante porque afecta «a quien debe perseguir delitos». Lo es.
Curiosa súbita fe en la omnisciencia jerárquica. Entonces, M. Rajoy sabía lo que hacía su ministro del Interior cuando se articuló la llamada «policía patriótica», una trama que, envuelta en bandera e himno, utilizó recursos públicos para fabricar pruebas, destruir discos duros y hostigar a adversarios políticos en vez de perseguir delitos o, ¿al ser más difícil de ocultar que lo del DAO, solo era un «verdadero incompetente»? En aquel entonces, esa forma de actuar no fue un desliz, sino un método: degradar las instituciones para golpear a Podemos y al independentismo mientras se protegía la propia corrupción sistémica.
Resulta sencillamente obsceno que quien hoy se rasga sus vestiduras omita la podredumbre institucional que anidó bajo sus propias siglas. Es la hipocresía elevada a razón de Estado.
Que el delfín de M. Rajoy que convirtió Interior en una oficina de extorsión pretenda dar lecciones de moralidad, es una ofensa a la inteligencia. Eso sí es despeñar a España y degradar la democracia hasta el fango. El PP le sobra oportunismo y una memoria selectiva unida a un cinismo patológico que huele a rancio.
Lecciones de moral, todas; responsabilidades, «ya tal».

Dianas del fascismo: el asedio a la palabra

 

Con el avance del fascismo, contar verdades o ser disidente se está poniendo peligroso

En la España del siglo XXI, el acoso a periodistas, humoristas y medios no es algo del pasado: es una estrategia de intimidación. Profesionales como Héctor de Miguel, Cristina Fallarás, Elena Reinés, Antonio Maestre, Sarah Pérez Santaolalla o Jesús Cintora son señalados, deshumanizados y hostigados por hacer su trabajo: informar, opinar y fomentar el pensamiento crítico.
El fascismo —no como exabrupto, sino como práctica— no tolera la crítica. Se alimenta del miedo, el odio, la mentira y la deshumanización del adversario. Por eso ataca a quienes desmontan sus discursos y evidencian su enorme miseria moral.
Sin embargo, el peligro real no reside solo en el que señala, sino en la mano que blanquea. La neutralidad ante la intolerancia no es objetividad, es complicidad. No cabe la equidistancia cuando lo que se debate no es una idea política, sino la vigencia de los derechos humanos. Financiar, amplificar o normalizar estos discursos bajo el paraguas de la “libertad de expresión” es, en la práctica, cavar la fosa de esa misma libertad.
Las formaciones que socavan los cimientos democráticos no pueden ser tratadas como meros actores del juego parlamentario si su objetivo es romper las reglas de juego. Una democracia madura no es la que se deja tutelar por el miedo, sino la que se defiende con la ley en la mano y la ética como escudo.
Frente al autoritarismo, el silencio no es prudencia, es capitulación. Cada espacio cedido es un derecho perdido. Defender hoy a quienes están en la diana es, sencillamente, defendernos a todos.

Pensiones: el asalto definitivo de PP y Vox

 

La derecha ahora va a por las pensiones

El Gobierno debe presentar un procedimiento ordinario para blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones conforme al IPC real. No solo sería una medida de justicia social, también sería una jugada táctica maestra que destaparía el cinismo de PP y Vox. Los hechos son tozudos: en 2021 votaron en contra de vincular las pensiones al IPC. No fue un despiste ni un error técnico, fue una declaración política. La derecha practica una ambigüedad deliberadamente obscena: promete dignidad ante las cámaras mientras, con la mentira de que son insostenibles, afila tijeras en los despachos y cuando gobierna las devalúa. Si hoy el PP insinúa que apoyaría un real decreto aislado, no es por convicción, sino por terror al castigo en las urnas; lo haría a regañadientes y tratando de ocultar su programa real.
La verdad es incómoda pero clara: el modelo público les molesta, les estorba, les repugna. Su meta es la privatización sin freno, el negocio redondo para bancos y fondos que ya devoran vivienda, sanidad, educación y residencias. Asfixiar lo público para premiar a las élites fiscales es su prioridad. Su lema no escrito es simple: quien quiera derechos, que se los pague. Eluden, con soberbia insultante, que ya los pagamos con nuestro esfuerzo.
Vox, envuelto en su patriotismo de cartón piedra, siente idéntico desprecio por lo público. Aspira al modelo estadounidense, donde millones de personas se endeudan de por vida para pagar una operación, una carrera universitaria o una residencia digna. Ese es el modelo que callan mientras fingen preocuparse por los pensionistas. Blindar las pensiones no es solo proteger un derecho: es obligarles a quitarse la careta de una vez por todas.

Justicia asimétrica

 

En España la justicia está totalmente sesgada

En la justicia española conviven dos realidades que rara vez se comparan honestamente. Por un lado, si afecta a la izquierda, instrucciones relámpago orquestadas con escasa carga probatoria, pero con desmesurado e inmediato eco mediático. Por otro, si afecta a la derecha, macroprocesos que se eternizan, se fragmentan hasta la irrelevancia, con escasa cobertura mediática que prescriben o se resuelven tan tarde que son irrelevantes.
Cuando se señalan estas diferencias, surge el argumento tranquilizador de los equidistantes: «Pero, al final, la justicia llega a todos, ¿no?». No es cierto, casos como los de Aguirre, Montoro o Cospedal no son anomalías; son el triunfo de un sistema que utiliza el tiempo como escudo. Y aun si lo fuera –que no–, una justicia que tarda más de veinte años en pronunciarse –Ignacio González, PP– deja de cumplir su función básica. En el caso Gürtel, por ejemplo, pasaron más de nueve años desde el inicio de la instrucción hasta la primera gran sentencia, y aun así quedaron responsabilidades políticas fuera del banquillo. La pareja de Ayuso cuyo juicio se celebrará, como pronto, tras las elecciones de 2027, el tiempo no está siendo neutral: juega a favor de la derecha.
Ante semejante panorama, la equidistancia no es neutralidad, es toma de partido, ceguera selectiva y colaboracionismo. Equiparar investigaciones veloces y frágiles con otras lentas y exhaustivas, o asumir como normal que el calendario judicial proteja a ciertos nombres, implica aceptar el sistema tal como está. Y aceptarlo es respaldar sus injusticias.
No se trata de defender siglas, sino principios. Señalar que la toga ha sido sustituida por ideología de derecha no es radicalidad, es la única respuesta democrática posible frente a una judicatura que ha decidido jugar a la política «por la puerta de atrás».

Plantarnos ante el fascismo

 

El mundo ya cayó en la garras del fascismo. Para no volver, hay que combatirlo

El fascismo no es una simple ideología autoritaria. Se disfraza de patriotismo, de orden y de defensa de los valores tradicionales, aunque su verdadera naturaleza es el odio. No respeta los derechos humanos: odia al diferente, odia el pensamiento libre, odia todo lo que no puede controlar y quiere imponer un orden político basado en el control total, el rechazo a la pluralidad y la justificación de la violencia como un medio legítimo para lograr sus objetivos. Por tanto, es una atrocidad política y moral que parasita la libertad hasta asfixiarla. Allí donde el fascismo avanza, la verdad retrocede, la cultura se empobrece y la dignidad humana se convierte en un estorbo.
Y, por eso, la frágil democracia no puede ser ingenua ni tolerante con los intolerantes que van a por ella, que quieren destruirla desde dentro. No se defiende la libertad entregándola a sus verdugos, como ha ocurrido en Chile donde un admirador de la dictadura que dejó más de 40.000 víctimas, llega a la presidencia. Frente al fascismo no basta el diálogo ni el silencio: se necesita firmeza, memoria y coraje y, sobre todo, leyes que lo proscriban. Cada concesión, cada ambigüedad, es un paso hacia el abismo; y miren si no a EE. UU.
Protegernos del fascismo significa plantarse ante él. Y proteger la democracia significa respetar los derechos humanos. Así pues, hay que desenmascarar al fascismo que no los respeta, señalarlo sin miedo, combatirlo con razón, leyes y justicia, antes de que vuelva a convertir la mentira en ley y el terror en rutina. Quien es antifascista, defiende la democracia. No se trata de política, se trata de humanidad.

Año 2027

 

El ególatra y psicópata Donal J. Trump se pasa el derecho internacional por el forro

Groenlandia llevaba meses siendo el estado 51 de la Unión. Europa reaccionó como dicta su manual de crisis: comunicados “contundentes”, cejas fruncidas y una sanción económica tan devastadora que Trump la colgó en Mar-a-Lago entre el Nobel de la Paz que le regaló María Corina Machado y el título honorífico de “Visionario Global” que él mismo se concedió.
La derecha patria, siempre dispuesta a confundir sumisión con realismo político, volvió a explicar en tertulias que Donald J. Trump no era un vendedor de gorras con botón nuclear, sino un genio estratégico al que había que saber entender. Se pusieron corbatas rojas largas, no por estética, sino para taparse la vergüenza hasta el esternón.
Trump, que nunca se distrae con lo irrelevante, ya tenía en mente otro objetivo. Le pusieron un mapa delante y le señalaron dónde cae Andalucía. Tardó unos segundos en pronunciarlo, pero no en decidirlo. Sacó un grueso rotulador dorado y la rodeó como quien marca una pieza en una subasta.
—Controlar el Estrecho.
La derecha patria, experta en detectar traiciones solo cuando gobiernan otros, no habló de invasión. Habló de salvación, “¡viene a salvarnos del pérfido Sánchez”!. De orden. De inversión extranjera, ¡fuera Ley de Costas!. Descubrió, de pronto, que la soberanía es negociable cuando el invasor promete bajar impuestos.
—El Estrecho es muy estrecho —explicó un diputado con la piel naranja de tanto autobronceador identitario—. Trump lo hará “great again”. Más ancho. Más rentable.
Aplaudieron. Algunos incluso agitaron banderitas, convencidos de que perder territorio es un precio asumible por no perder el relato.
Moraleja: cuando ves a los patriotas aplaudir mientras algunos se reparten el mundo, no es que el derecho internacional esté en peligro. Es que ya lo han vendido.

Tendenciosa equidistancia

 

Crispar, crispar y crispar. La estrategia de la derecha

¿Es honesta la equidistancia política? ¿Quién comenzó la crispación? Solo hay que retrotraerse a 2019 para comprobar que desde el primer minuto PP y VOX no buscaron fiscalizar la gestión, sino tildar al Gobierno de «ilegítimo» y «okupa» para reventar la convivencia. Rencor, insultos, bulos cuyo propósito jamás es debatir sobre el comer, sino polarizar y degradar la democracia para que los votantes de izquierda se queden en casa. Y, sin embargo, tantos periodistas y tertulianos siguen repartiendo culpas por igual. ¡Como si la responsabilidad fuese compartida!
¿Por qué tanta cobardía? ¿Quién empezó a insultar? ¿Por qué ese miedo a señalar a quien dinamita la política con odio? ¿Por perder las subvenciones que les regala la derecha? Esa equidistancia hipócrita no es prudencia, es complicidad; no modera, blanquea y legitima al camorrista mientras dinamita la democracia.
La derecha ha hecho de la bronca su estrategia. No buscan acuerdos ni estabilidad, sino ruido para destrozar el diálogo, para que la ciudadanía, asqueada del albañal, se aparte de la política. Y ahí, los equidistantes actúan como sus mejores aliados: mientras lavan culpas, sostienen al que crispa. No hay neutralidad posible entre el que quiere destruir y el que intenta construir. Ya basta de titulares tan ambiguos como “algunos políticos” o “todos son iguales”. Seamos claros, la crispación tiene nombre y siglas: la derecha —PP y VOX, la ultra y la extrema—. Si eres equidistante en casos injustos, estás apoyando al malo. Al César lo que es del César.

Público-privada: ¡Exijo sinceridad!

 

PP-Vox: desguace de lo público

¿Es lícito privatizar servicios públicos? Aunque en términos éticos sea una práctica corrupta por los cuatro costados, parece que sí. Y es corrupta porque convertir bienes y servicios construidos con el esfuerzo y dinero de todos en negocio lucrativo de unos pocos es una forma torticera —y cobarde— de expoliar las arcas públicas. No quieren eficiencia, buscan el lucro de accionistas.
Lo más indignante es la deshonestidad de la derecha, que intenta acaramelar la privatización con eufemismos como “colaboración público-privada” o “libertad de elección”, cuando en realidad no es más que el chorreo de dinero público a empresas que solo buscan lucrarse, no bien común. Y lo hacen en servicios esenciales como sanidad, educación o residencias de mayores, donde la lógica del mercado jamás debería marcar el rumbo.
Si tan convencidos están de que su modelo es el mejor, que lo digan sin rodeos, como hago yo reprobándolo. Que los “muy patriotas” de PP y Vox manifiesten, de frente y sin maquillaje, que prefieren un país donde quien más tiene recibe más y quien menos tiene se queda a dos velas. Así, a la hora de votar, nadie podrá alegar engaño. Y, aunque al menos sería un acto de honestidad democrática, su hipocresía no lo posibilitará.

Dictadura de mierda

 

Ayuso, una payasa que acusa de vivir en una dictadura

Asombra ver a la derecha patria, esa que aún tiene la foto de Paquito en el salón, lloriqueando desde hace años por los rincones y llamando dictador al presidente Sánchez que no puede aprobar unos presupuestos que serían buenos para todos. ¡Qué tirano más inútil, oigan! En las dictaduras de verdad, las que tanto añoran cuando se ponen nostálgicos, no te organizan una romería diaria de la indignación frente a Ferraz, ni te insultan en el Templo de Debod, en el Congreso o desde los medios como si fuera deporte olímpico. ¡Vaya dictadura de opereta nos han vendido los profetas del apocalipsis del PP y VOX!
Es tan surrealista que ni André Breton, hasta las trancas de absenta, podría haber imaginado una tiranía donde el caudillo carece de poder autonómico, la judicatura va a por él a diario y la oposición berrea libertad mientras quiere secuestrar la democracia y asaltar el poder por las bravas. Es cómico ver a quienes redactarían su Constitución en papel higiénico, dándonos lecciones de salud democrática. Solo en mentes muy alucinadas por los vapores del incienso y obnubiladas con el aguilucho cabe que España sea un régimen opresor.
¡Menuda estafa de autocracia! Si esto es una dictadura, que venga Franco y lo vea. Infartaría al contemplar tanto seguidor con pulserita de España disfrutando de la libertad que él suprimió.
¡Vaya mierda de dictadura!

Cuestionar el sistema electoral

 

El PP es un cáncer para la democracia

No es nuevo ni casual. En el PP cuestionar el sistema electoral se ha convertido en un reflejo automático cada vez que se colocan las urnas. Es una estrategia vieja, irresponsable y profundamente antidemocrática. Que un aspirante a presidente del Gobierno como Feijóo siembre dudas de forma compulsiva sobre el proceso electoral español —reconocido por organismos internacionales como uno de los más fiables y transparentes del mundo— no es un desliz sino una conducta grave que debería tener castigo político. ¿Desde cuándo la mentira reiterada es un mérito para gobernar? El ruido lo montan para acallar la mala gestión.
Premiar ese comportamiento es premiar el trumpismo patrio: la deslegitimación preventiva, la sospecha sin pruebas, el “si no gano es fraude”. España ya ha vivido este bochorno. En 1993 el PP habló de pucherazo sin evidencias; en 2004 mintió conscientemente sobre el 11M para aferrarse al poder. En 2023 lo mismo. Hoy Aznar, Feijóo y su coro —Ayuso, Guardiola, Tellado…— reinciden con la misma irresponsabilidad, sabiendo que el sistema funciona y funciona bien.
No es crítica democrática, es intoxicación deliberada. El PP no es un partido de Estado, es un agente corrosivo. No defiende la democracia, la erosiona.

El falso constitucionalismo del PP

 

Miguel Tellado, impenitente chaquetero

Sin pudor alguno, Miguel Tellado no solo osa proclamar que el PP es «el único partido constitucionalista», sino que agita con «orgullo» un supuesto legado reconciliador que su propio partido traicionó desde el origen. Resulta grotesco escuchar semejante arrogancia de quien pertenece a un partido marcado por la corrupción, que cuestiona resultados electorales y tilda de «ilegítimo» a quien gobierna –si no son ellos, claro–, progenitor de la Operación Kitchen, la policía patriótica y que, además, emplea toda la maquinaria de Estado convertida en cloaca para perseguir a la oposición, elaborar pruebas falsas y obstaculizar a la justicia.
Veamos, constitucionalistas del PP, en la aprobación parlamentaria de la Constitución, de los 16 diputados de Alianza Popular, embrión del PP, 3 se abstuvieron y 5 votaron en contra. Los 6 votos contrarios que obtuvo la Constitución fueron los suyos, más uno de Euskadiko Ezkerra, a quien tildaban de «terrorista». Además, una parte significativa de su militancia votó “no” en el referéndum de 1978.
Que ahora pretendan erigirse en guardianes de la Constitución no es ya cinismo, sino una burla a la inteligencia colectiva. ¿Constitucionalistas? ¡Ja!