Que no te compren por 36 €

 

El voto es tu arma más poderosa: Que no te compren

Las rebajas fiscales que propone la derecha esconde un modelo que beneficia mucho más a los ricos: 36 € al mes para un salario de 30.000 €, frente a 17.000 € mensuales para uno de un millón. ¿El precio? Recortes y servicios públicos devastados. ¿Para qué sirven esos 36 € si tienes que pagarte la sanidad, la educación y tu pensión?
Se propone avanzar hacia un sistema mixto de pensiones público-privado, permitir que las mutuas patronales gestionen las bajas médicas, frenar la regulación del alquiler, derogar la Ley de Memoria Democrática y leyes de igualdad, diversidad, aborto y eutanasia. También se plantea restringir la libertad cultural –ya está pasando donde gobiernan– y docente, derogar la reforma laboral, ilegalizar partidos independentistas, eliminar leyes climáticas, continuar la demolición de educación y sanidad, abandonar el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, suprimir las zonas de bajas emisiones, recuperar el delito de sedición, deportar masivamente a inmigrantes –al estilo Trump– y agilizar los desahucios.
Es un asunto capital: están en juego derechos, libertades y conquistas sociales que han costado décadas conquistar.
Votar sin pensar en las consecuencias es abrir la puerta a perder lo que hoy damos por garantizado. Y cuando se debilitan los derechos de la mayoría para favorecer a unos pocos, no estamos ante un simple cambio político: estamos ante un retroceso que golpea a los ciudadanos de a pie. Es una forma de actuar inaceptable, profundamente irresponsable y socialmente deleznable. Quien desprecia los derechos conquistados no merece que, con el voto, le entreguemos el futuro.

Feijóo avanza en feminismo (hacia la Edad de Piedra)

 

Cada vez que Feijóo abre la boca, se desinfla más

Feijóo pulveriza siglos de teoría feminista con una revelación que deja a Simone de Beauvoir a la altura de un manual de instrucciones de lavadora: él es feminista porque en su casa eran más las mujeres. ¡Toma ya! Una lógica aplastante de nivel preescolar.
Siguiendo este novedoso y deslumbrante método científico, cualquier maltratador, violador o acosador con dos abuelas, una madre y tres tías queda automáticamente validado como líder de la lucha lila. Convivir con mujeres te hace feminista igual que veranear con narcotraficantes te convierte en... un mero turista despistado en un yate. Pero el clímax de su coherencia llega justo después: tras usar su árbol ginecológico como certificado de buena conducta, anuncia que suprimirá el Ministerio de Igualdad. Claro que sí. ¿Para qué leyes o presupuestos contra la violencia si ya desayunaste con tu madre para conocer el machismo, sus causas y sus soluciones? El feminismo de Feijóo es un prodigio: mucha testosterona familiar, cero neuronas políticas y la tijera siempre lista. ¡Qué prodigio!

¡¿Queréis callar hasta que cierren las urnas?!

 

La derecha va a por el negocio de las pensiones privatizándolas

Mientras Vox presume de que la motosierra de Milei «se va a quedar en nada» y amenaza con un «¡Bulldozer!» cuando alcancen la mayoría absoluta, altavoces mediáticos exigen al PP que calle sobre las pensiones hasta después de las elecciones: «Que hablen cuando ya estén formando Gobierno; pero antes, por favor, que estén callados». Es decir, pretenden, de forma maquiavélica, ocultar sus planes hasta que las urnas estén precintadas.
¿Quieren camuflar la realidad para que diez millones de pensionistas voten a ciegas, hurtándoles el derecho a saber qué pasará con el esfuerzo de toda su vida? Ocultar los planes por temor a perder votos no es prudencia; es una emboscada electoralista y una cobardía política. Quien pretenda decidir sobre el dinero de los demás tiene la obligación moral de explicarse antes de que se vote, nunca después.
Esta forma de actuar es deleznable. Va directamente contra los ciudadanos de a pie. Jugar con el sustento ajeno mediante el engaño y el ocultamiento deliberado es una traición intolerable. Quien esconde sus planes hoy, os saqueará mañana.

La derecha contra el ciudadano

 

La derecha (la ultra, PP, y la extrema, Vox) decidida a cargarse el Estado de bienestar

Mientras la derecha portuguesa legisla sin tapujos para blindar a los fondos buitre y rentistas, en España el PP y Vox ejecutan una estrategia más sibilina: el silencio y bloqueo absoluto. Desde 2019, el Gobierno central ha aprobado la Ley de Vivienda, frenado desahucios, prorrogado contratos, reformado el marco laboral y subido el SMI, entre otras medidas. Frente a este escudo social, la oposición opera bajo un cálculo perverso. Votan en contra de cada avance en el Congreso, celebrando con aplausos la caída de decretos necesarios, y saboteando deliberadamente las leyes en las comunidades autónomas donde gobiernan.
Esto no es discrepancia ideológica; es asfixia premeditada para servir al poderoso. Obstruyen cualquier alivio familiar con tal de proteger los privilegios de los ricos y desgastar al Ejecutivo, pretendiendo después culpar al Estado de una inacción que ellos mismos provocan. Queman el bienestar público mientras esconden el extintor.
Jugar con el desamparo y el derecho a la vivienda para satisfacer privilegios no es política: es una crueldad intolerable y una traición directa a la ciudadanía. Quienes mercadean con la miseria ajena, boicotean la dignidad humana y condenan al desahucio a las familias no merecen amnesia ni beneficio de la duda. Merecen el repudio absoluto, el desprecio ético y el castigo implacable, definitivo e histórico de las urnas. ¡Fuera de las instituciones!

¿Que las pensiones qué…?

 

Esto es lo que ocurrirá si llegan la ultraderecha (PP) y la derecha extrema (Vox) al gobierno

Llevo oyendo hablar del «colapso inminente» de las pensiones desde que los pantalones de campana comenzaban a estar de moda. También cuando empecé a trabajar a finales de los setenta. Hoy estoy jubilado, cobro mi pensión y la cantinela sigue siendo la misma. Pasan las décadas, mueren dictadores, cambian gobiernos y se jubilan generaciones enteras y las pensiones siguen pagándose. Todo responde a una estrategia burda: sembrar el pánico para trincar un pastel jugoso. Tras hincar el diente a sanidad y educación, el gran capital ansía devorar las pensiones. La derecha insiste en que las pensiones «no se sostienen», «que van a petar» y, acto seguido, sus aliados de la banca ofrecen planes privados con una sonrisa de tiburón para «salvarnos». Un negocio redondo: aterrorizar al trabajador para que entregue sus ahorros a entidades que quiebran y exigen rescates públicos. ¿Quién garantiza un fondo que mañana puede devaluarse por completo?
Debilitar las pensiones públicas para abrir un negocio privado no es salvar a los ciudadanos: es desvalijar sus derechos para ponerlos al servicio de intereses económicos. Quien juegue con el sustento de nuestros mayores para favorecer a la banca no merece su confianza. Es una forma de actuar deleznable, una traición a quienes levantaron España con su sudor. Quien mercadea con la vejez de sus ciudadanos merece el más absoluto desprecio en las urnas. Con el pan del pueblo no se negocia, no se especula y, bajo ningún concepto, se consiente.
Por eso, pensionistas: voten con la cabeza, no con las tripas. Con el actual Ejecutivo, la pensión media ha aumentado casi 500 € al mes, mientras que el modelo del 0,25 % del PP habría sido solo 30 €. Por su parte Abascal dice que «las pensiones se pagarán de la manera que sea, con un sistema u otro». Ese «como sea» quiere decir con rebajas y congelaciones. Y ese «un sistema u otro» quiere decir que serán privatizadas.
Blanco y en botella. Ustedes mismos.

Señalar: la antesala del abismo social

 

¡YA BASTA!

La deriva fascista que presenciamos responde a una estrategia de crispación minuciosamente ejecutada por la derecha y la extrema derecha. Mediante la hipérbole constante, el insulto y el señalamiento público, han inoculado el odio en el tejido social, quebrantando los consensos mínimos de convivencia.
La historia nos advierte con trágica lucidez: todo proceso totalitario comienza con la deshumanización del disidente a través de la palabra. Esta deshumanización crea el marco idóneo para que la violencia física sea percibida como legítima por sectores radicalizados, en el momento en que la dignidad ajena deja de importar. Perseguir a quienes exigen un derecho fundamental plasmado en la Constitución no solo es un ataque a la juventud, sino también un atentado directo contra la base del Estado social. Si permitimos que el odio dicte las reglas y rebase el punto de no retorno, la fractura democrática será irreparable. Llegados a este extremo, la sociedad debe decir basta.

Depredadores de lo público

 

El PP dispuesto a cargarse el Estado de Binestar. Ahora las pensiones

Para el capital y su aliada, la derecha, los derechos no son conquistas sociales, sino nichos de mercado. Tras degradar la sanidad y la educación, la ultraderecha (PP) y la derecha extrema (Vox) apuntan al botín más codiciado: las pensiones. Su estrategia consiste en infundir terror sosteniendo que «el sistema de pensiones es un zombi; lo han quebrado» y que necesita una transición hacia un modelo mixto público-privado.
Se trata de una trampa nefasta. Privatizar las pensiones equivale a transformar un derecho constitucional en una apuesta de casino, a merced de mercados volátiles, comisiones y fondos que, si colapsan, exigen rescates públicos dejando al ciudadano sin su jubilación. Resulta revelador que la supuesta «sostenibilidad» de PP y Vox exija sacrificios al pensionista mientras blinda los beneficios fiscales de las élites y grandes corporaciones. Las pensiones no plantean un problema matemático de escasez, sino de reparto de la riqueza. Lo insostenible no es la vejez de la clase trabajadora; es la codicia de quienes pretenden mercantilizar la incertidumbre de millones de jubilados para engordar el negocio financiero de unos pocos. Las pensiones se defienden, no se venden.
Voten con cabeza.

Nostalgia del pucherazo: tradición patria

 

Cada vez que se ponen las urnas, la ultraderecha (PP) y la derecha extrema (Vox), siembran dudas

Qué enternecedor ver al PP activar su reflejo pavloviano: si hay urnas, se pulsa el botón del fraude. Una estrategia tan vieja como nula es su vocación democrática. Todas sus cabezas: Aznar, Ayuso, Tellado, Feijóo… insisten en sembrar sospechas compulsivas sobre un sistema que la OSCE y la comunidad internacional consideran uno de los más fiables, transparentes y eficaces del mundo. Pero claro, para el trumpismo, versión cañí, si el resultado no gusta, es trampa. La mentira reiterada como mérito para gobernar.
No es un desliz, es su modus operandi para tapar su mala gestión. Lo hemos vivido desde 1993 hasta ahora cada vez que se colocan las urnas. Y de nuevo reinciden intoxicando con el voto por correo, ignorando los férreos controles existentes.
No actúan como partido de Estado, sino como agentes corrosivos que erosionan la democracia. Eso sí, para pucherazo real y con aval institucional, el del Tribunal Supremo al suspender cautelarmente el derecho al voto de españoles nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, en los casos afectados por la llamada «ley de nietos». Pero sigan distrayendo con la papeleta: la sospecha sin pruebas siempre viste más.

Semillas del totalitarismo

La pasividad institucional ante el abuso de la fuerza no es neutralidad; es complicidad. Observar a militares y policías ensañarse con migrantes y ciudadanos indefensos, mientras una parte de la sociedad calla o justifica la agresión, evidencia una alarmante degradación moral. Si el ministro del Interior y la ministra de Defensa creen que callar ante la violencia institucional les otorgará inmunidad o estatus, se equivocan. Esta calaña no tiene lealtades; hoy aplasta al vulnerable, pero mañana irá a por el poder político.
Una democracia real exige un Estado de derecho inflexible. Es intolerable ver a antidisturbios golpear impunemente sin portar sus identificaciones numéricas obligatorias. Si los mandos policiales, militares y políticos amparan esta ilegalidad, prevarican y destruyen el orden constitucional desde dentro. Quien viste uniforme y viola los derechos humanos no es un agente de la ley, sino un criminal amparado por el Estado.
La tolerancia hacia el matonismo es el síntoma inequívoco de una comunidad alienada que camina ciega hacia el fascismo. Quien justifica la brutalidad, hoy, firma su sumisión para el mañana. Frente a la tiranía verde oliva o azul oscuro, el silencio es traición.

Mercado o dignidad: urge intervenir la vivienda

 

La vivienda se ha convertido en un lujo solo al alcance de unos pocos privilegiados

La inacción ante la emergencia habitacional es una traición social. Mientras las familias trabajadoras se ahogan con alquileres impagables y precios de compra indecentes, los fondos buitre acaparan impunemente barrios enteros, devorando un derecho básico.
Frente a esta tragedia, las respuestas políticas son radicalmente opuestas. La izquierda ha de aplicar con valentía la Constitución: el artículo 47 proclama el derecho a disfrutar de una vivienda digna y el 128.1 establece que toda la riqueza del país queda subordinada al interés general. No son frases decorativas: son principios que permiten exigir a los poderes públicos que actúen para intervenir un mercado inmobiliario salvaje que tritura vidas.
Por el contrario, la derecha rica se arrodilla ante el dogma de la no intervención, bloqueando cualquier intento de regulación y negándose por puro interés crematístico a aplicar las leyes estatales en sus autonomías. Su complicidad con los especuladores es total. Y, para camuflar su desastrosa sumisión al gran capital y desviar el foco, bombardean a diario con el fantasma mediático de la ocupación.
El voto es nuestra arma y debe servir de forma rotunda para echar a la derecha de las instituciones y recuperar el bienestar común.

Ceuta no está al margen de la ley

 

Cada día que pasa Feijóo demuestra lo que es: un demagogo xenófobo inepto oportunista

Hace 3 días, Feijóo en su deriva racista sostuvo que «esto no es inmigración», que esas personas «no vienen a buscar trabajo» y que «vienen a enfrentarse contra el orden público constitucional y contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Y reclamó «la expulsión inmediata y el retorno de todos», incluidos los menores.
Pero conviene recordarle lo que decía Juan Vivas, presidente de Ceuta, el 29 de julio, el día anterior a la entrada masiva: «Con la legislación en la mano sencillamente no se puede hacer». Advirtió de que quien devolviera a esas personas estaría incumpliendo la ley y cometiendo un delito. Y explicó que, si un adulto solicita asilo, no puede ser retornado y que los menores están sometidos a garantías nacionales, europeas e internacionales.
Por eso, solidaridad con Ceuta no es envolverse en la bandera ni convertir a miles de personas en un bloque sin derechos. Es proteger la frontera, garantizar la seguridad y repartir responsablemente la acogida entre todos.
Quien aspira a la presidencia del Gobierno no debe gritar más fuerte que la ley, sino someterse a su imperio, especialmente cuando es difícil. Romper las reglas del juego no es ejercer autoridad; es caer en una irresponsabilidad temeraria que degrada nuestra propia democracia.

El PP es así

Esto es el PP: lobos con piel de cordero

 De los creadores de «¡vete al médico!», «agarrarse a una coleta», «los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a sus padres solo cuando hay subvenciones», «por ser la mujer de…», llega ahora «tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses» en alusión a sus futbolistas negros. Confunden nacionalidad con raza. Amparar comentarios discriminatorios bajo la etiqueta de «sarcasmo» contribuye a normalizarlos, a llegar al racismo, al machismo, a la aporofobia…
Cuando dejan de medir sus palabras y están eufóricos, les brota del alma su rancia visión del mundo un día y otro día… y es que en la dirección del PP estas expresiones aparecen con demasiada frecuencia para considerarlas simples lapsus. No pueden evitarlo; es su pensamiento.
Lo comprendo, a mí me pasa igual. Desde lo más impenetrable de mi sistema límbico, me brota la subida de impuestos a los ricos, la defensa de las pensiones o revertir los recortes en sanidad y educación. Imposible remediarlo.
Y es notorio que en el PP no las condenan, las minimizan o las justifican; en el fondo les agradan estas salidas de pata de banco de sus compañeros. Solo unos pocos, muy pocos, se echan las manos a la cabeza. A la mayoría, procedente de un frente nacional fundado por siete altos cargos franquistas, entre ellos ministros, con ideario inflexible sobre la unidad de la patria, la educación privada, la libre empresa, la defensa a ultranza de la familia patriarcal y del orden y de la moral pública, les suena bien porque está profundamente arraigado en su cultura política. Les sale sin pensar.

Mercaderes del miedo: la infamia del PP

 

Lo que estos partidos juegan con las personas es puro fascismo

La regularización extraordinaria de migrantes que ya conviven y trabajan con nosotros —no de quienes llegarán— sería la octava de la democracia. El PP de Aznar ejecutó tres de ellas, otorgando papeles a más de 520.000 personas en procesos que tildaban de ejemplares. La iniciativa actual emana de una ILP avalada por 700.000 firmas, sindicatos, patronal y la propia Iglesia. Sin embargo, el PP actual, por puro oportunismo y pánico electoral ante Vox, abraza una demagogia xenófoba repugnante y vende la medida como una «perversión» del censo electoral. Mienten sin pudor y pretenden llevar el asunto a Europa pese a que la propia Unión Europea siempre ha delegado esta competencia en cada Estado. Para colmo, tras el acoso de la derecha, el Tribunal Supremo abre la puerta a paralizar el proceso por supuestas dudas normativas. Una maniobra mezquina que, me temo, dejará a un millón de personas en un limbo legal despótico.
Es una absoluta vergüenza. El PP pisotea su propia historia legislativa, renuncia a la mínima coherencia y secuestra la moralidad pública por un puñado de votos. Una oposición desalmada que trafica con el miedo y destruye la cohesión social no merece la confianza de los ciudadanos. ¡Vergüenza!

PP: de defender el derecho a propagar el bulo

 

Vox dirige el pensamiento del PP

La estrategia del PP, copiada de Vox, de agitar la sombra del fraude electoral ante el voto de los descendientes del exilio franquista, cruza una línea roja en la responsabilidad democrática. Calificar de amenaza o manipulación el reconocimiento de la nacionalidad a hijos y nietos de quienes huyeron de la dictadura no solo ataca la reparación histórica; adopta una retórica de deslegitimación institucional de tintes trumpistas que erosiona deliberadamente la confianza en el sistema electoral.
La contradicción del PP es absoluta. Esta medida figuraba en su programa electoral de 2023 y, durante décadas, la formación exigió facilitar el sufragio de los españoles en el exterior. Este doble rasero destapa un sesgo oportunista y una instrumentalización del origen que divide a la ciudadanía, sugiriendo que existen españoles de primera con derechos garantizados y ciudadanos de segunda cuya voz incomoda según el origen de sus familias.
Sembrar sospechas sobre el censo electoral sin aportar una sola prueba no es fiscalizar el poder; es degradar las reglas del juego democrático. Sugerir alteraciones en los resultados cuando las urnas no son favorables demuestra un preocupante rechazo a la pluralidad soberana. Utilizar el bulo del fraude exterior como herramienta política retrata el nulo compromiso democrático de un bloque obsesionado con el poder y dispuesto a fracturar la convivencia por cálculo electoral.

Confiar en la Justicia

 

La derecha confía en una Justicia franquista

La derecha mediática y política repite el mantra de «confiar en la Justicia». Sin embargo, este dogma ignora la raíz histórica y sociológica de la judicatura en España. El país no transitó hacia la democracia mediante una ruptura total con la dictadura, sino a través de una reforma en la que los jueces del régimen franquista permanecieron en sus cargos sin depuración alguna, lo que consolidó dinámicas familiares que se han extendido durante décadas.
A este factor histórico se suma la evidente barrera de clase actual: preparar las oposiciones a la judicatura exige años de dedicación exclusiva, manuales costosos y preparadores privados; un respaldo económico que la clase trabajadora difícilmente puede asumir. El resultado es un cuerpo judicial reclutado de forma mayoritaria entre familias acomodadas de perfil sociológico muy conservador. Este sesgo ideológico contamina fallos judiciales con un evidente tinte tradicionalista (y de las JONS). Confiemos en que las becas públicas de apoyo a opositores, ampliamente criticadas por los sectores conservadores –¿por qué será?–, logren democratizar el acceso y corregir este sesgo socioeconómico.
Es lógico que la derecha pida confiar en la Justicia; el sistema actual está diseñado para proteger sus privilegios. Si yo fuera de derechas también confiaría ciegamente en la Justicia.

Fundación Francisco Franco: anomalía democrática

 

Lo que ocurre en este país y Franco, es de traca

Que la Audiencia Nacional deba tramitar formalmente el recurso de la Fundación Francisco Franco evidencia una alarmante fragilidad en nuestro ordenamiento. Ninguna democracia real debería tolerar que su propio engranaje garantista ampare a entidades que glorifican dictaduras, blanquean crímenes o celebran golpes de Estado. Mientras Alemania persigue y castiga penalmente el nazismo por pura supervivencia institucional, la legislación española exhibe una debilidad jurídica preocupante frente al fascismo, permitiendo que organizaciones de esta naturaleza ralenticen su disolución mediante vericuetos legales.
Validar a este colectivo insulta la memoria de las víctimas y destruye la credibilidad del Estado de derecho. No caben medias tintas ni debates vacíos sobre la libertad de expresión cuando se promueve la represión armada. Y conociendo la Justicia de mi país, su pasado y su presente, no oculto mi escepticismo y dudo firmemente que el desenlace vaya a estar a la altura de esa exigencia.
Permitir la existencia de esta organización es una complicidad intolerable. Un Estado que ampara la exaltación del franquismo deja de ser una democracia legítima para convertirse en un régimen cobarde que nutre la semilla de su propia destrucción.

¡Qué dirá el Santo Padre!

 

El farisaico PP atrapado en la anticristiana "prioridad nacional"

Resulta de una finura intelectual conmovedora observar a PP y Vox aplaudir con fervor el discurso humanista del Papa en el Congreso. Sostener que suscriben «de la A a la Z» un mensaje de respeto al migrante y al derecho internacional, de rechazo a la guerra y de concordia, mientras ejercen una praxis política diametralmente opuesta, es un ejercicio de funambulismo moral digno de estudio.
Es de admirar cómo concilian la doctrina pontificia con la promoción de la «prioridad nacional», el indisimulado anhelo de alinearse con Trump o Netanyahu, el refinado uso del insulto al presidente del Gobierno y la deshumanización del adversario. Especial mención merece la elegancia retórica de Feijóo al equiparar migración con «violaciones y machetazos».
Si estos autoproclamados custodios de la fe escucharan de verdad al pontífice, su autoridad suprema en la tierra, su agenda colapsaría. Su virtuosismo consiste en revestirse de piedad e instrumentalizar el miedo, vaciando de contenido los valores que dicen defender. Aplaudir la máxima de que «discrepar no es humillar» requiere, desde luego, un cinismo exquisito.
El mensaje papal no es revolucionario; es, sencillamente, una reafirmación de derechos humanos elementales. Que algunos lo perciban como revolucionario revela hasta qué punto se ha desplazado el marco político hacia posiciones insolidarias.
¡Fariseos 2.0!

Togas y naftalina

 

El hedor franquista de la Justicia es inaguantable

La Audiencia Nacional ha suspendido –previa petición de Ayuso, ¡cómo no!– cautelarmente la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, pese a que allí estuvo la Dirección General de Seguridad franquista, donde se practicaron asesinatos –Tomás Centeno, Ruano y tantos otros–, torturas y detenciones políticas. El argumento del auto roza la parodia: colocar una placa podría causar un «perjuicio irreversible» a la reputación institucional de la Comunidad de Madrid. Como si la historia fuese un grafiti y no un hecho documentado.
¿Qué daño irreversible causa un trozo de metal que se puede desatornillar en cinco minutos si un juez cambia de idea?
Resulta enternecedor ver a ciertos jueces preocupados por la sensibilidad de un edificio, pero no por la memoria de quienes pasaron por sus sótanos o salieron con los pies por delante. Debe de ser que las víctimas molestan más que sus verdugos. En España, al parecer, recordar la dictadura daña la convivencia; blanquearla, en cambio, es moderación institucional. 
La derecha política, judicial y mediática lleva años intentando convertir la memoria histórica en un problema de estética. Cambian la toga por la nostalgia y lo llaman neutralidad; la toga por el sesgo ideológico y ya ni lo tapan.

Aldama: el acusado Schrödinger de la Fiscalía

La Justicia continúa siendo franquista

 ¿Cómo sostiene el fiscal jefe anticorrupción que Aldama ha colaborado ejemplarmente mientras afirma, sin pestañear, que ha mentido para involucrar al presidente? Si se miente, ¿se colabora o se enfanga? En este circo, la verdad no es un valor, sino un chicle que el Ministerio Público estira para pedir una rebaja de pena sobre la rebaja ya concedida –coincidiendo con el PP–, a pesar de que, según la UCO, no ha aportado nada nuevo. Aldama es el acusado Schrödinger: un fabulador compulsivo y un aliado fiable al mismo tiempo. Una dualidad que ni la física cuántica imaginó, pero que nuestra justicia abraza con un entusiasmo que apesta. Esta es la fascinante coreografía: un acusado que engaña, pero merece premio; que desacredita y, aun así, obtiene rebaja de condena por “colaborar”. No se busca la verdad, se premia la utilidad. Lo que nos queda es una Justicia que funciona como una tómbola con toga: aquí el premio no depende de la ética, sino de lo bien que sepas balar la canción que el pastor necesita oír. Sigan aplaudiendo el esperpento; el ridículo es total y la náusea, obligatoria.

La mafia que devoró el Estado

 

Esto sí que es una auténtica MAFIA

Lo del PP no es un episodio aislado, sino un patrón sistémico de degradación. El caso Kitchen reveló una fractura democrática sin precedentes: la movilización de recursos públicos no para servir al ciudadano, sino para obstaculizar la justicia y destruir pruebas del caso Gürtel. Este uso patrimonial del Estado alcanzó su cénit con la fabricación de pruebas falsas —en connivencia con terminales mediáticas— para aniquilar a rivales como Podemos o el independentismo. Es la perversión absoluta de las instituciones al transformarlas en un escudo de impunidad. Es más que corrupción económica, es un asalto al Estado de derecho. Cuando el Ejecutivo manipula los resortes del poder para blindarse, la democracia degenera en una estructura mafiosa.
A esto se suma la sombra del caso Montoro, donde decisiones estratégicas desde el Consejo de Ministros habrían favorecido intereses privados con conexiones directas. El escándalo no es solo la merma recaudatoria sino la perversión del proceso legislativo.
Pese a la contundencia de los hechos, el relato es la negación. Esa desconexión entre la verdad jurídica y el discurso del PP es un desprecio a la ciudadanía. Lo intolerable no es el saqueo sino el esfuerzo coordinado por ocultarlo y negarlo sin pudor —para aferrarse al poder— por parte de quienes deben velar por la ley.