El falso constitucionalismo del PP

 

Miguel Tellado, impenitente chaquetero

Sin pudor alguno, Miguel Tellado no solo osa proclamar que el PP es «el único partido constitucionalista», sino que agita con «orgullo» un supuesto legado reconciliador que su propio partido traicionó desde el origen. Resulta grotesco escuchar semejante arrogancia de quien pertenece a un partido marcado por la corrupción, que cuestiona resultados electorales y tilda de «ilegítimo» a quien gobierna –si no son ellos, claro–, progenitor de la Operación Kitchen, la policía patriótica y que, además, emplea toda la maquinaria de Estado convertida en cloaca para perseguir a la oposición, elaborar pruebas falsas y obstaculizar a la justicia.
Veamos, constitucionalistas del PP, en la aprobación parlamentaria de la Constitución, de los 16 diputados de Alianza Popular, embrión del PP, 3 se abstuvieron y 5 votaron en contra. Los 6 votos en contrarios que obtuvo la Constitución fueron los suyos, más uno de Euskadiko Ezkerra, a quien tildaban de «terrorista». Además, una parte significativa de su militancia votó “no” en el referéndum de 1978.
Que ahora pretendan erigirse en guardianes de la Constitución no es ya cinismo, sino una burla a la inteligencia colectiva. ¿Constitucionalistas? ¡Ja!

Quiebra de la Justicia

 

La Justicia, que en España continúa siendo franquista, ya no se esconde

La sentencia es “histórica”, como repite el PP, pero lo es por su monumental infamia, que alcanza máximos en la degradación de un sistema judicial en manos del sector conservador dispuesto a dinamitar sus propios principios con tal de imponer su ideología. Desde ahora, cualquier ciudadano puede descubrir que ya no hacen falta pruebas, ni hechos, ni siquiera indicios razonables: basta con que la derecha judicial construya un relato, lo adorne con sospechas y lo eleve a categoría de verdad. La propia Sala de Apelaciones admitió que el Fiscal, en su nota para desmentir un bulo que dañaba a la institución que tiene que defender, no reveló nada que se acercara a un delito. Pero ahora, como el Fiscal confesó redactar dicho texto —un acto completamente legítimo para desmentir un bulo—, se retuerce la legalidad hasta convertir lo lícito en punible. Esa lógica perversa, donde la conclusión se decide antes que el análisis, revela una justicia que parece servirse de los intereses del PP y no acata la Constitución. Con decisiones así, se vacía de contenido el artículo 24.2 y se abre la puerta a un futuro inquietante, el de una España donde la presunción de inocencia es sustituida por la presunción de culpa cuando conviene a la derecha, y donde la ciudadanía queda a merced de quienes manipulan la ley para proteger su poder.

La Justicia muestra sus cartas marcadas

 

Sin ningún decoro, la Justicia muestra lo que es

La condena al Fiscal General del Estado evidencia inercias de una justicia autoritaria vinculada con la era franquista, y abre una grieta que desborda lo judicial y roza lo impensable en una democracia madura. Las prisas con la que se ha empujado este proceso, y el fallo, sin sentencia, coincidiendo de forma evidente con el 20N, provoca estupor y proyecta la imagen lamentable de un poder judicial, que debiera ser independiente, ansioso por ostentar control antes que por garantizar rigor e imparcialidad.
La sensación que queda es que primero se publicó la condena para poder apañar la motivación a la defensiva ante las evidentes críticas que sea capaz de justificarla.
Este fallo —si finalmente llega a instancias europeas— será tumbado por falta de pruebas condenatorias.
Es lo de siempre: si la derecha no tiene el poder, trata de alcanzarlo de cualquier modo, en este caso mediante un golpe de Estado blando, ejecutado no con tanques, sino con togas ansiosas espoleadas por la carcunda para exhibir su fuerza.
El daño institucional causado es profundo porque, cuando la justicia se transforma en un ariete político, no solo cae la credibilidad de un caso, cae la confianza esencial que sostiene al Estado de derecho.

Feijóo y la televisión democrática

 

El PP, heredero de Franco, jamás ha entendido qué significa una televisión plural

Solo hay que fijarse en VOX para saber que repetirá el PP en pocas horas, como si fuera doctrina propia. El último ejemplo es lo ocurrido en su ofensiva contra RTVE, una cruzada que va del insulto a la amenaza. La derecha extrema habla de «entrar con lanzallamas y motosierra» para arrasar la televisión pública, y Feijóo, en lugar de frenar la deriva, se une al corifeo y llama a TVE «Telepedro», acusándola de ser una «fábrica de mentiras». Es grotesco que el líder de un partido que ha hundido televisiones autonómicas al quedarse sin audiencia de puro tendenciosas y culpable de corrupción endémica pretenda dar lecciones de ética periodística.
RTVE, junto con La Sexta, siguen siendo los medios generalistas más plurales de España, los únicos donde conviven voces de todas las sensibilidades y eso les duele. RTVE bajo el gobierno de Zapatero logró premios y alcanzó liderazgo y prestigio internacional, reconocida incluso por organismos que situaban sus informativos al nivel de la BBC. Pero cada vez que el PP pisa Moncloa, el pluralismo se evapora: expulsan a profesionales y regresan los censores, los vetos, la propaganda partidista… Lo mismo sucede en las autonomías que gobierna, solo o con VOX, donde manipulan y vacían de credibilidad los medios públicos. En el fondo, lo que les molesta no es TVE, sino la democracia informativa: esa que ni entienden ni soportan.

El PP y el franquismo

 

El PP es franquista hasta las trancas

Ignorando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el «supremo recurso» a la rebelión frente a la tiranía y la opresión, el Partido Popular se negó a asistir a un acto en el Congreso en memoria de los últimos fusilados por la dictadura de Francisco Franco, condenados en un juicio sin garantías, alegando que «eran terroristas». La excusa no sorprende: hablamos de un partido fundado por siete ministros del dictador, moldeado ideológicamente en la defensa de la unidad sagrada de la patria, la educación elitista, la libre empresa sin freno y la moral pública impuesta de la derecha más rancia. En esencia, el mismo credo ideológico del franquismo, pero con otro nombre y otro logo.
Su ADN político sigue anclado en la negación de la memoria, en el desprecio a las víctimas del franquismo y en la glorificación implícita de un pasado criminal. El PP no ha roto con esa herencia, la ha maquillado. Y mientras rehúye homenajes a los asesinados por el dictador, protege y pacta con quienes aún justifican aquella barbarie; incluso pone en sus manos el destino de la Comunidad Valenciana. El PP, no solo demuestra que proviene del franquismo, sino que respira su fratricida aliento, justifica su represión y perpetua, bajo la máscara democrática, la sombra de un régimen que nunca ha dejado de venerar.

El gran fraude de lo concertado

 

La ultraderecha (PP) y la derecha extrema (VOX) pretenden destrozar el Estado de bienestar

¿Por qué desviar dinero público al sector privado si su objetivo es el beneficio, no el bienestar?
Escucho a muchos tertulianos preguntar qué hay de malo en la cooperación, según ellos positiva, público/privada. Parecen no entender que cuando se deriva dinero público a empresas privadas –colegios, universidades, hospitales todos ellos concertados–, una parte considerable del montante ya no se invierte en mejorar los servicios, sino que pasa a ser beneficios de las sociedades mercantiles que acaba en los bolsillos de directivos e inversores particulares. Así, la supuesta cooperación se trueca en parasitismo. De igual forma, quien ha contratado un seguro médico privado tendrá los servicios que su póliza cubre; pero no recibirá el tratamiento más adecuado a su dolencia: prima el coste y la cobertura pactada, no la necesidad médica real.
Estos tertulianos argumentan con malicia que se ha incrementado el presupuesto en sanidad. No me vale pues ese aumento también irá a accionistas privados.
Y, con la enseñanza, lo mismo. Los centros privados, al responder a la lógica de mercado, priorizan el beneficio económico. Esto choca con el objetivo principal de un servicio público: garantizar el acceso y la calidad para todos.
Cuando lo público se privatiza, el derecho se convierte en negocio. Y en los negocios, el beneficio importa más que las personas.
Tertulianos de derechas, ¿lo entendéis ahora?

Feijóo y los subsidios

 

El PP está dispuesto para destrozarlo todo

¿A qué llama exactamente Feijóo «subsidios» cuando lanza sus críticas, plagiando sin disimulo el discurso tóxico de VOX y sus «paguitas»? ¿Se refiere al derecho al desempleo, una conquista social que protege a quienes pierden su trabajo? ¿O al ingreso mínimo vital, una medida mínima de dignidad que asiste a quienes no tienen absolutamente nada? Que hable claro. Que no esconda su habitual cobardía tras vaguedades calculadas.
Feijóo ha decidido abrazar la deriva más reaccionaria sin tapujos, creyendo ingenuamente que puede competir con la ultraderecha en su terreno. Pero quien juega a parecerse a VOX acaba siendo arrasado por VOX. Los resultados de los sondeos son evidentes: entre el original y la copia, la gente elige al original.
Este PP, desnortado y sin principios, ha perdido su alma. Ya no propone, solo reacciona. Ya no lidera, solo imita. Cree que endurecer el lenguaje le hará ganar votos, pero lo único que logra es hundirse en su irrelevancia. Con Feijóo al mando, el PP ya no es una alternativa de gobierno, sino una sombra acomplejada que ha renunciado a la moderación, al pensamiento propio y, lo que es peor, al coraje moral.

Señor Peinado: ¿también me demandará?

Una gran parte de la judicatura continúa anclada en el franquismo

 Parece que para el juez Peinado la crítica es un delito. En lugar de garantizar derechos, abre querellas a periodistas, políticos y ciudadanos que se atreven a cuestionar su más que polémicas instrucciones. ¿No es grave que la Audiencia de Madrid le haya corregido más de una decena de veces por imputaciones sin base, registros injustificados o actuaciones desproporcionadas? ¿No es grave que el Supremo haya tumbado su intento de imputar al ministro Bolaños por un informe incompleto?
Peinado no ha rendido cuentas disciplinarias más allá de correcciones procesales y sigue en su puesto, sin sanción notable. Eso demuestra que el sistema tiene fallos estructurales: decisiones judiciales escabrosas, correcciones posteriores, pero ninguna consecuencia real a quien las produce. ¿No es grave el tiempo y dinero público perdido en estas chapuzas? Si estuviera en una empresa privada, le pondrían en la calle.
Peinado ha admitido denuncias sin pruebas, con recortes de prensa derechista como único sustento para iniciar una investigación general y prospectiva –práctica ilegal en el ámbito penal–, mientras tiene “olvidos procesales” que benefician a la derecha. Y, entretanto, se querella contra quien opine. ¿Esto es justicia o activismo togado?
¿Se le puede criticar? Por supuesto. Porque, en democracia, los jueces también deben responder ante la opinión pública cuando su independencia parece mezclarse con ideología que utiliza la justicia como arma mediática; por avanzar investigaciones sin soporte; por tolerar imputaciones irregulares; por prorrogar una y otra vez instrucciones, por ignorar dictámenes de instancias superiores. Lo que algunos jurisconsultos comentan, y lo que yo digo, es menos grave que lo que su historial procesal revela. Se asemeja a un abuso sistemático de una potestad que debería ser moderada, con responsabilidad.

Feijóo totalmente desquiciado

 

El PP de Feijóo sigue cayendo en la trampa que le teje VOX

Hace unos días, en un acto del Partido Popular Europeo celebrado en Barcelona, Feijóo soltó, sin rubor y dejando atónito al auditorio, que «Europa ha despertado. Ha salido de la cárcel ideológica de una izquierda que le vendía que era bueno empobrecerse y que era buena la democracia más que la prosperidad».
¿Cómo puede sostener eso? ¿Qué clase de disparate es contraponer democracia y prosperidad, como si fueran incompatibles? ¿La prosperidad de quién? ¿De los ricos? ¿Quién en su sano juicio insinúa que el bienestar económico debe prevalecer sobre los valores democráticos? Señor Feijóo: sin democracia no hay prosperidad que valga.
Hace tiempo que Feijóo cruzó una línea peligrosa. Su más que evidente deriva ultraderechista es, además de un retorno sin rodeos a la génesis del PP, una amenaza directa al marco democrático. Lejos de marcar distancias con la derecha extrema, la emula con entusiasmo, compitiendo con VOX en un terreno donde solo puede perder porque VOX siempre envidará más y en el que solo crecen el odio, el autoritarismo y la mentira.
Definitivamente ha perdido el norte, arrojando al PP a una senda sin rumbo, sin proyecto, y sin alma. En su ciega necedad por su obsesión al poder, renuncia a cualquier atisbo de responsabilidad institucional, abandona la derecha democrática y abraza un populismo rancio, peligroso y profundamente reaccionario. Feijóo ya no disimula: ansia el poder aun a costa de dinamitar los cimientos de la misma democracia.

Penalizar las falsedades

 

Las maquinaciones corren como la pólvora y jamás se terminan de desmontar

La mentira circula con infinita rapidez, fluidez y descaro. La verdad, no. Las redes sociales, algunos medios y también las instituciones patrimonializadas por la derecha se han convertido, a menudo, en canales para difundir falsedades meticulosamente diseñadas. Y así muchas personas no logran distinguir lo verdadero de lo falso.
Detrás de estos engaños hay intereses: políticos para manipular, doblegar las urnas, sembrar confusión y odio y particulares que buscan lucrarse a cualquier precio. En todos los casos, las consecuencias no son menores. Una mentira arruina reputaciones, polariza la sociedad, erosiona la confianza pública, da un vuelco electoral y pone en riesgo incluso la salud o la seguridad de las personas; y jamás se desmonta del todo.
Ante esta realidad, cabe una pregunta incómoda pero necesaria: ¿hasta qué punto debemos tolerar la impunidad de quienes mienten meditada y deliberadamente para obtener ventaja o hacer daño? Sin duda la libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestras democracias, sí. Pero la libertad de mentir sin consecuencias nunca debería serlo.
Es el momento de abrir un debate serio –sé que con el PP es una quimera, pues es de los que más tergiversan– sobre la necesidad de establecer límites legales a la difusión intencionada de falsedades lesivas. No se trata de censurar opiniones ni de castigar errores inocentes, sino de enfrentar con firmeza la desinformación que se propaga veloz con cálculo, con malicia y con un objetivo claro: manipular, destruir o hacer caja.
Porque si dejamos que la mentira se convierta en norma, será la verdad —y con ella la convivencia, la justicia y la democracia— la que pague el precio.
Costó demasiado conquistar la libertad democrática para dejar que la escupan a la cara conspiradores y mentirosos.

La perversión del lenguaje

 

La derecha sabe muy bien cómo prostituir todo: hasta el lenguaje

Los regímenes autoritarios saben del poder del lenguaje y que su manipulación moldea la realidad, desvirtúa conceptos y vacía de contenido las ideas que se oponen a sus intereses. Y, de mano de PP y Vox, vemos la endiablada alteración del lenguaje con el fin de transformar las verdades en mentiras y, lo que es peor, reescribir la historia en beneficio propio.
La perversión del lenguaje no es trivial ni puede considerarse mera disputa semántica. La historia enseña que los regímenes autoritarios y fascistas se han valido del lenguaje para instaurar un clima de confusión, desinformación y, en última instancia, opresión. La mejor representación de cómo una dictadura puede reducir y controlar el pensamiento humano a través del control de las palabras, es la “neolengua” en la novela 1984 de Orwell. Un concepto con una carga de significado profundo y trascendente, se reduce a una etiqueta vacía, desprovista de su esencia. En ese contexto, la palabra libertad se convierte en sinónimo de represión, y los discursos se transforman en justificación de la tiranía.
Cuando PP y Vox usan los términos de “libertad”, “dictadura” o “tiranía”, se percibe la manipulación. La libertad, que en su concepto más puro y democrático implica autonomía, justicia e igualdad, es secuestrada por estos partidos y transformada en un término vacío, utilizado para legitimar políticas regresivas, discriminatorias y autoritarias. La “libertad” que promueven es una falacia que se sirve de la ignorancia y de la desinformación para avanzar en su agenda de asalto al poder.
Alarma ver cómo, con la excusa de “defender la libertad”, se atacan derechos fundamentales como los de las mujeres, la comunidad LGTBI+ o los inmigrantes, bajo el falso discurso de que las políticas de igualdad son una “dictadura del pensamiento”. Lo que antes era un esfuerzo por lograr una sociedad justa y equitativa, hoy se presenta como una amenaza a la “libertad” que ellos mismos –legatarios de la dictadura franquista– dicen defender. Pero esta “libertad” que invocan está lejos de ser libertad real. Es una máscara que oculta opresión, discriminación, miedo y añoranza a tiempos pretéritos.
Tampoco podemos obviar cómo el término “dictadura” es diluido y retorcido. En lugar de ser una denuncia a la intolerancia y el abuso de poder, se utiliza como una etiqueta para descalificar a quienes se oponen a sus políticas. Vox y el PP nos intentan convencer de que las voces democráticas, las que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales, son las verdaderas dictaduras, mientras que sus propios métodos de control, censura y acoso se presentan como medidas legítimas para “proteger la democracia”. Se manifiestan diciendo que esto es una dictadura, envueltos en banderas de una dictadura despiadada y real. Es un juego de espejos que desarma el sentido común.
Al prostituir el lenguaje ponen en peligro el futuro de la sociedad. Y si dejamos que sigan alterando el significado de nuestras palabras, si no nos enfrentamos a esta manipulación, nos encontraremos viviendo en una sociedad donde las mentiras se convierten en verdades y las verdades en delirio.
PP y Vox pervierten las palabras que han dado forma a nuestra historia y que son el pilar de nuestros derechos. Si no reaccionamos las consecuencias pueden ser irreversibles. La historia nos enseña que los regímenes que distorsionan el lenguaje terminan por destruir lo que queda de libertad y democracia. Si no afrontamos esta distorsión, perderemos la esencia misma de lo que significa ser libres.
Es hora de dejar de jugar con las palabras y empezar a defender el verdadero significado de la libertad. Para ello, necesitamos claridad, consciencia y coraje. Pero lo más importante es que todos comprendamos lo que Tony Judt nos enseñó: que el control sobre el lenguaje es un control sobre la realidad misma.
No nos dejemos engañar. La lucha por la democracia comienza con la resistencia frente al discurso manipulado. Es hora de actuar con claridad, conciencia y valentía.

Hacienda patriótica

 

PP y Vox siempre besan el culo a los ricos

PP y Vox, cada vez que tocan el poder, amparan a los poderosos: legislan para una minoría privilegiada mientras castigan al resto. Mientras Rajoy en el Consejo de Ministros recortaba el estado de bienestar, la Hacienda dirigida por Cristóbal Montoro, presuntamente se convertía en un lobby para beneficiar a grandes corporaciones. Este caso de corrupción premium, gravísimo y sin parangón, sería otro capítulo del extenso libro de tropelías del PP: hacer leyes a medida desde el Gobierno para desviar miles de millones del bolsillo de los contribuyentes hacia grandes corporaciones. Ese dinero, que debería haberse destinado a sanidad, educación o dependencia, acabó en manos de oligarcas que jamás pagan las consecuencias.
El PP no gobierna: saquea. Sus recortes siempre se ceban con los más vulnerables, mientras sus amnistías fiscales y sus leyes tramposas protegen a poderosos y corruptos. Y todavía tienen la desfachatez de hablar de “corrupción” y “patriotismo”. ¿Defender España? No, solo defienden a los poderosos.
El PP es una maquinaria perfectamente engrasada para saquear lo público, disfrazada de partido político. Una organización criminal, como bien recoge una sentencia. Cada vez que gobiernan, la riqueza fluye hacia arriba y la miseria hacia abajo. No es casualidad. Es su modelo de país. Uno donde siempre mandan los poderosos y el resto paga.
¿Mafia o democracia? ¿Y tú me lo preguntas? Mafia… eres tú.

Igualdad ciudadana

 

Feijóo miente más que habla

Sostiene Feijóo que «la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos no puede depender del código postal». Coincido, pero es un discurso tramposo porque el PP y sus aliados solo miran los intereses de los ricos. Madrid, la comunidad más adinerada de España, también es la que menos invierte en sanidad por habitante, con un sistema colapsado que arroja a más del 38% de la población al negocio de la sanidad privada, 14 puntos por encima de la media. ¿Eso es igualdad?
Y, en educación, lo mismo. Madrid lidera el ranking de comunidades que menos invierten por estudiante, con unas ratios por profesor insoportables. Mientras tanto, el Gobierno de Ayuso abre tres veces más aulas concertadas que públicas, lo que significa más dinero público destinado a financiar colegios privados. Si los 1.500 millones de euros anuales que se destinan a la concertada se invirtieran en la pública, Madrid tendría un sistema educativo de calidad para todos, no solo para los que pueden permitírselo. ¿Eso es igualdad?
Señor Feijóo: Piense antes de hablar. Los que habitamos en códigos postales que comienzan por 28, sufrimos un sistema público quemado por pura ideología ultraliberal del PP, que recorta en servicios esenciales para bajar impuestos a los ricos y fomentar el negocio privado. Y usted, con su doble vara de medir, no hace más que esconder esta realidad. Los intereses de los más poderosos están por encima de la igualdad y la justicia social, y eso no se soluciona con discursos de tahúr.

¡Envido más!

 

Es casi imposible diferenciar al PP de Vox

Feijóo, en su congreso de deriva reaccionaria, calca el discurso xenófobo de Vox y promete que si gobiernan «vamos a reducir la inmigración ilegal». Este gran estratega ignora que si te pones a la altura de Vox, Vox, fiel al manual de Trump y Le Pen, sube la apuesta. Por eso Rocío de Meer envida más y proclama sin tapujos deportar a ocho millones de seres humanos en un «proceso extraordinariamente complejo de remigración» para mantener su versión rancia y excluyente de la «identidad española». Incluso plantea negar la nacionalidad a niños nacidos aquí si sus padres son extranjeros. Lo dice, por cierto, alguien con apellido holandés que, aplicando su propio delirio, no sería considerada española.
Pero lo verdaderamente grave es la claudicación moral del PP, que ha dejado de ser la derecha para convertirse en la muleta blanqueadora de la derecha extrema. ¿Qué esperaba el PP al competir en odio con Vox? ¿Que los ultras le cedieran el protagonismo? Es ingenuidad e irresponsabilidad, porque si juegas con ideas reaccionarias, te quemas. ¿Qué hará ahora Feijóo? ¿Seguir hundiéndose en el fango fascista?
La historia es clara: por el mismo precio, entre el original y la copia, el electorado escoge el original. El PP regala votos a Vox mientras dilapida la poca dignidad, los pocos principios y la poca vergüenza que le quedaba.

Los españoles

El PP, con menos cerebro que un mosquito, cae continuamente en las trampas que le teje Vox

En su congreso, un eufórico Feijóo sostuvo que cuando él gobierne «en España mandarán los españoles». Y tan orgulloso de su absurda perogrullada. ¿O tal vez insinúa que en España gobiernan los norteamericanos? ¿O que catalanes y vascos no son españoles?
Es retórica; sé que Feijóo profundiza en la exclusión y el ultranacionalismo porque abraza el discurso más rancio y divisivo del espectro político. Su retórica de «los españoles» es chovinismo y no política inclusiva.
El PP, bajo su mando, ha dado un giro derechista tan abrupto como peligroso. Sin rubor abraza el neofascismo de Vox en lugar de desmarcarse de la derecha extrema. Opta por unirse a ellos en su cruzada contra todo lo que huela a pluralismo y a diversidad. Y, en su afán por ganar apoyos de la derecha más radical, demuestra no importarle fragmentar el país con tal de avivar su ansia de poder. Se cree un cid dispuesto a enterrar cualquier vestigio de progresismo en nombre del anacrónico «nacionalismo español» que no tiene cabida en una sociedad moderna y diversa.
Al abrazar los postulados de Vox, Feijóo traiciona a la España plural que somos y contribuye a erosionar la convivencia entre territorios, lenguas y culturas. Si este es el futuro que Feijóo promete, debemos esperar una España rota y dividida.

Huelga de jueces conservadores

 

Hasta en las huelgas debemos soportar una Justicia de derechas privilegiada

He ido a la huelga varias veces en mi vida. Y siempre me han descontado del salario lo que correspondía: el día no trabajado, la parte proporcional de las pagas extras y dejar de cotizar a la SS. Lo asumí porque así funciona cuando uno ejerce un derecho responsablemente. Pero ahora resulta que los jueces conservadores, los mismos que se llenan la boca hablando de legalidad, de orden y de Estado de derecho, se han puesto en huelga y no han comunicado quiénes han secundado el paro. ¿Por qué? Para que no se les descuente nada. Para seguir cobrando, aunque no trabajen. Para hacer trampas. Esto también es corrupción.
Son unos sinvergüenzas. Así, sin paños calientes. No solo por lo que hacen, sino por lo que representan. Son una élite conservadora que se cree por encima del bien y del mal. Que dicta sentencias, que reparte castigos, pero que se niega a rendir cuentas. Que exige sacrificios al pueblo mientras ellos se cubren de privilegios. Este comportamiento no solo es indecente; es profundamente antidemocrático. Porque no hay justicia posible cuando los jueces se comportan como una casta intocable. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Y lo que llevan haciendo desde el golpe de Estado franquista que acabó con la democracia e instauró una dictadura.

El PP: cáncer de la democracia

 

El PP corroe la democracia

El PP asume que el poder le pertenece por la gracia de Dios, convencido de que las instituciones del Estado son su coto privado. No importa si gobierna o no: siembra dudas, manipula a la opinión pública y cuestiona la legitimidad de las instituciones que deben servir a todos los ciudadanos. Vayamos por partes. En 1993, varios sondeos privados daban al PP una victoria mínima, pero cuando se cerraron las urnas, los entonces líderes del partido, Arenas y Gallardón, no dudaron en denunciar un supuesto “pucherazo” orquestado por el Gobierno socialista. Fue necesario que el Rey Juan Carlos I telefoneara a Aznar para poner fin a semejante despropósito. En 2004, para intentar retener el poder a toda costa, el PP mintió a sabiendas al atribuir la autoría de los atentados del 11M a ETA. Ahora, Aznar, Feijóo y toda su cúpula hacen declaraciones incendiarias sembrando la sospecha sobre la integridad de nuestro sistema electoral, sin presentar una solo prueba, sabiendo perfectamente que el nuestro es uno de los más transparentes y rigurosos del mundo. El PP no solo desprecia la verdad, sino que manipula a la ciudadanía para alimentar sus propios intereses. Son lo peor de la política, la encarnación del trumpismo.
No es un partido de Estado, es un cáncer de la democracia.

Feijóo: Ríndase a la democracia, no a la mentira

 

Feijóo no abandona el guion ultraderechista

España votó. Y votó plural. Votó por la convivencia, por la diversidad ideológica, por una democracia que, aunque imperfecta, sigue siendo el único sistema que garantiza libertades, derechos y justicia social. Quien aún no lo ha entendido, o se niega a aceptarlo, es el PP. Parafraseando a su propio líder: quien debe «rendirse a la democracia» es el PP. Porque rendirse a la democracia no es claudicar, es aceptar que no se puede deslegitimar a diario lo que emana de las urnas solo porque no te favorece.
El PP ha convertido la crítica política legítima en corrosión constante de las instituciones. No aceptan al Gobierno porque no lo lideran. Llaman ilegítimo a lo que es legal. Hablan de libertad, pero pactan con quienes recortan derechos. Alimentan el odio territorial para ocultar su falta de proyecto de país. No hacen oposición, siembran odio, desafección, ruido y desconfianza en la democracia misma. Son el «verdadero peligro para la democracia».
Y también es alarmante el papel de Ayuso, presidenta madrileña, que ha decidido importar las peores tácticas del “trumpismo”. Lo que pretende con su nueva normativa es reprimir la disidencia, amordazar a los jóvenes y convertir las universidades en espacios controlados por el miedo. Multas de hasta 100.000 euros por protestar sin permiso, de hasta 15.000 por una pancarta, y hasta un millón de euros en casos extremos. Es un delirio autoritario impropio de una democracia europea. ¿Qué será lo siguiente, perseguir el pensamiento crítico como si fuera un delito?
Y Vox, con su agenda reaccionaria, no solo no desentona en este escenario, sino que lo lidera. Negacionismo climático, censura cultural, ataques a colectivos vulnerables, y un desprecio total por la memoria democrática. Y el PP, lejos de frenarlo, lo respalda y le abre la puerta del poder en ayuntamientos y comunidades. ¿A cambio de qué? ¿De una alcaldía? ¿De un presupuesto? ¿De una falsa apariencia de estabilidad?
La democracia no es solo votar. Es sobre todo respeto al resultado. Es garantizar la libertad de expresión, incluso cuando molesta. Es permitir la protesta, incluso cuando incomoda. Es entender que el poder no da derecho a imponer el silencio, sino la responsabilidad de proteger el diálogo.
A la derecha, que cada día intenta socavar la democracia desde las instituciones que deberían defenderla, hay que decirle claro: ríndanse a la democracia. Acepten las reglas del juego o admitan de una vez que lo que quieren es romper el tablero.
La ciudadanía les observa. La historia también.

Justicia asimétrica

 

Tenemos una justicia claramente sesgada por la dictadura

En España, la balanza de la justicia no está equilibrada. Hay notorias evidencias de un trato desigual cuando el acusado es una figura de izquierdas frente a una de derechas.
Cincuenta años después de la muerte del dictador Franco, la justicia española arrastra inercias que la vinculan con una estructura de poder profundamente conservadora. Esta doble vara de medir se hace especialmente visible cuando se observan los casos judiciales en los que están implicados políticos progresistas, activistas o representantes sociales.
Los casos en los que políticos de derecha se ven involucrados en presuntos delitos de corrupción, prevaricación o enriquecimiento ilícito suelen archivarse con llamativa rapidez, si es que llegan siquiera a abrirse. Y, cuando se abren, a menudo el proceso se dilata años, se vuelve confuso, prescribe o se resuelve de manera favorable al acusado.
En contraste, cuando la justicia se dirige hacia miembros de la izquierda política, el escenario cambia radicalmente. Los procedimientos se abren con facilidad, aunque no haya base sólida; se alargan durante años con investigaciones prospectivas; y aunque se archiven, se reabren una y otra vez, generando un desgaste personal, político y mediático que es irreversible. Se torna un arma política de destrucción.
Organizaciones como Manos Limpias junto a grupos como Abogados Cristianos, son expertos en utilizar los mecanismos judiciales para perseguir a voces disidentes, especialmente del ámbito progresista, feminista o independentista. A menudo, sus denuncias acaban archivadas, pero no sin antes haber generado titulares, escándalos, presión mediática y desgaste.
Estas entidades aprovechan las debilidades del sistema judicial y la falta de reformas profundas desde la Transición para mantener vivo un aparato judicial en el que muchos jueces, fiscales y magistrados siguen respondiendo a una lógica heredada del franquismo. El “lawfare” —uso de la justicia como herramienta de guerra política— no es solo una realidad importada de América Latina cuando la izquierda lograba el poder; en España, tiene nombres, víctimas y consecuencias.
Es innegable que durante la transición democrática no hubo una depuración del aparato judicial franquista. Muchos jueces educados y promovidos bajo el régimen continuaron en sus cargos, y el espíritu reaccionario se perpetuó en las estructuras del Estado. Esa falta de ruptura ha permitido que aún hoy, en plena democracia, se criminalice con facilidad al adversario político cuando es de izquierdas, mientras se protege a quienes representan o defienden los valores del viejo orden.
Es urgente una reforma profunda del sistema judicial español: despolitización incontestable del Consejo General del Poder Judicial, mecanismos de control ciudadano, transparencia en los nombramientos, becas para acceder a la judicatura que la democratice, y una revisión del papel de los jueces en causas con carga ideológica. La democracia no se defiende solo en las urnas: también se protege en los tribunales.
Porque si la justicia no es igual para todos, entonces no es justicia. Y mientras siga siendo un instrumento al servicio de una parte, seguirá alimentando la desigualdad y el desencanto.

La paletería de Ayuso

 

Ayuso, aconstitucional y una gran paleta

Pocas veces una figura pública tan expuesta parece tan orgullosa de exhibir su ignorancia como Isabel Díaz Ayuso. Su última pataleta hacia la Conferencia de Presidentes, es un ejemplo de desdén, provincianismo intelectual y desprecio a la diversidad que, precisamente, consagra nuestra Constitución.
Afirma la presidenta madrileña, con ese tono que mezcla desparpajo y prepotencia, que «lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro, en el mismo idioma, o me saldré». Dice también que no usará los pinganillos —herramienta básica de cortesía y comprensión en un país plural— y remata su boutade acusando a quienes hablan catalán de hacer «provincianismo con el secesionismo».
Hay que tener muy poca cultura política, o directamente una actitud antidemocrática, para despreciar así a las lenguas cooficiales reconocidas por la Constitución de 1978. Porque no es una moda de “Pedro Sánchez”, como insinúa Ayuso, sino una obligación legal y moral que dimana del artículo 3 de nuestra Carta Magna que reza: «el castellano –que no el español ya que este término abarca un significado más amplio, incluyendo los dialectos y variantes del idioma hablados en España y América Latina– es la lengua española oficial del Estado», que las «demás lenguas españolas serán también oficiales un patrimonio cultural» y «serán objeto de especial respeto y protección».
La actitud de Ayuso no solo es un insulto a catalanes, gallegos o vascoparlantes, sino una afrenta directa a ese mandato constitucional. Convertir el uso de una lengua en una provocación es una forma de negarle legitimidad al otro; es sembrar la división donde debería haber entendimiento. Y todo esto con el cinismo de quien gobierna la comunidad más rica de España, pero insiste en victimizarse constantemente, como si ella, y solo ella, representara la voz legítima de lo español.
Lo verdaderamente paleto no es hablar catalán, gallego o euskera. Lo paleto es reducir España al castellano, como si el resto de las lenguas y culturas que la componen fueran adornos prescindibles. Lo paleto es encerrarse en un nacionalismo de baratillo disfrazado de cosmopolitismo de tablao. Lo paleto es negar la riqueza de lo diverso y comportarse como si el país empezara y terminara en la Puerta del Sol.
La ignorancia no es una virtud, y mucho menos en alguien que preside una comunidad autónoma y se sienta a representar a millones de ciudadanos en una Conferencia de Presidentes. Ayuso no solo exhibe una preocupante falta de respeto institucional y educación democrática, sino que además se muestra orgullosa de ello, como si fuera una medalla.
Ese populismo ramplón, que se disfraza de sentido común pero que no conoce la Constitución que dice defender, es una amenaza para la convivencia. Porque niega la pluralidad, desprecia lo diferente y convierte el diálogo en imposición.
Y sí, señora Ayuso: si no quiere ponerse el pinganillo, no se lo ponga. Pero al menos tenga la decencia de no insultar a quienes hablan su lengua con orgullo, amparados por la misma Constitución que usted invoca para negarles su sitio.