El PSOE y las subvenciones

 

Hay que construir vivienda pública, las subvenciones encarecen el mercado

El PSOE no aprende y cae, una y otra vez, en las añagazas económicas liberales que le tiende el PP. Tras subvencionar los combustibles o los alimentos, medidas que solo sirvieron para que los distribuidores ganaran más con el dinero de todos, ahora pretende beneficiar el negocio privado de los bancos y las constructoras, avalando el 20 % de los créditos hipotecarios a jóvenes. Es una medida que se ha demostrado contraproducente –véase informe del Parlamento Británico– y que escalará precios. Ni siquiera beneficiará a quienes va dirigida al encarecer la compra. La solución válida es construir vivienda social de alquiler a bajo precio para erigir un gran parque público que siempre sea propiedad del Estado.
Subvencionar la compra de casas, revaloriza el disparatado mercado que ya, de por sí, está disparado. Esta decisión, lamentablemente camina en la dirección contraria a la reciente Ley de la Vivienda: destina fondos públicos a financiar negocios privados.

El derecho a la vivienda

 

La vivienda debe pasar a ser un derecho de verdad

Por primera vez en la España democrática el Gobierno legislará la materia. Y lo único que se le ocurre a Feijóo es reprochar con mentiras –«Zapatero eliminó la deducción de vivienda habitual» cuando fue Rajoy– y plantear una receta fallida –«Construir más vivienda porque, a más vivienda, más bajan los precios»–.
Entre 2005 y 2007 se edificó en España más que en el resto de la UE y el resultado lo conocemos: el precio de la vivienda subió como la espuma y el pelotazo inmobiliario llevó a una de las peores crisis económicas motivado por el estallido de la burbuja que había creado.
En los ochenta casi la mitad de la vivienda construida era social. Con la llegada de Aznar al poder en el 96 y su privatizadora Ley del Suelo del 98, se paraliza la construcción de vivienda social y el precio de los hogares, que se erigen a raudales, no para de subir al percibirse como inversión especulativa.
Todos los países de nuestro entorno tienen muchísima más vivienda social. Para alcanzarlos, no debería subvencionarse la compra de casas –encarece el mercado–, y destinar ese dinero a levantar vivienda social, penando la venta de la misma a fondos buitres como sí hizo el PP y topar los pisos turísticos.

Una ley necesaria

 

La población es casi unánime: hay que poner coto al mercadeo inmobiliario

El otro día escuchaba la SER y me quedé desconcertado por la rotundidad de los datos que brotaban del barómetro de opinión que habían realizado sobre la vivienda. Independientemente de a quien vote cada cual, y contrariamente a lo que yo pensaba, resulta que entre la población hay bastante sintonía: el 86% apoya que se instaure un gran parque de vivienda social de alquiler; el 81% que se intervenga el mercado de la vivienda y el 75% está de acuerdo en limitar precio del alquiler.
Con tan rotundos datos, la Ley de vivienda que se aprobará debe recoger las demandas ciudadanas. Seguro que si se la escucha encontrará su aprobación y tendrá correspondiente reflejo en las urnas.
A por ello con arrojo, sin dudarlo y legislando con mucha valentía y absoluta cautela para evitar efectos no buscados.

Vivienda, ¿mercancía especulativa o derecho?

 

Es hora, y vamos tarde, de dar sentido al derecho recogido en nuestra Constitución

Cuando el capitalismo ignora la ética y su ansia de dinero no conoce límites, es oportuno ponerle coto. En España, gran parte de la vivienda va a parar a oportunistas fondos de inversión y a manos extranjeras que, al considerarla una mercancía más, adulteran el mercado para especular y recolectar rentabilidades desorbitadas.
La escalada vertical de los precios que conlleva, tanto de alquiler como de compra, hace que el acceso de la gente corriente a un hogar se torne inalcanzable.
Con el fin de controlar estas alzas manipuladas que imposibilitan la consecución de un derecho, Nueva Zelanda y Holanda hace tiempo y Canadá recientemente, han prohibido adquirir bienes inmuebles a los extranjeros no residentes. La izquierda portuguesa hará lo mismo.
Urge un remedio para que lo constitucional deje de ser utopía. La ley de vivienda que se apruebe ha de ser valiente, y acompañarla de un gran parque de pisos públicos que rebaje los precios y retorne el sentido al derecho recogido en nuestra Constitución.

Ley de la Vivienda y anticonstitucionalistas

 

Garamendi y Casado: dos anticonstitucionalistas

No solo nuestra Constitución en su artículo 47 recoge el «derecho a disfrutar de una vivienda digna», sino que siendo más explícita insta a que «los poderes públicos promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacerlo efectivo». También, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25.1, que España se comprometió a acatar, aboga por asegurar la vivienda. Además, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, artículo 34.3 reconoce el derecho a ayudas para la vivienda.
Así que no, señores Garamendi y Casado, no digan que la nueva Ley de Vivienda «atenta contra el derecho a la propiedad, reconocido en la Constitución». Todo lo contrario. Lo que la Ley de la Vivienda anhela, es garantizar el cumplimiento del mandato constitucional. No sean anticonstitucionalistas. Saben que la Carta Magna, en su artículo 128, determina asimismo que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general».

Ley de Vivienda

 

El Estado necesita tener músculo financiero. No se puede regalar dinero a quien más tiene

A pesar de que nuestra Carta Magna aboga por una vivienda digna, la contundente realidad es que, con los alquileres de grandes y pequeños inversores a la caza de rentabilidades desorbitadas, el desbocado sector inmobiliario está por las nubes imposibilitando el techo a mucha gente. Por eso España es el país europeo donde más tarde se independizan los jóvenes –32 años vs 26 de la media europea–. Para poner fin a este atropello, debe aprobarse leyes regulatorias, como en Europa, y ejecutar un gran parque de vivienda pública a un coste muy por debajo del lucrativo abuso inversor que fuerce a bajar precios.
Lo que no es de recibo, ya que España recauda 7 puntos menos del PIB que la media de la UE, 12 menos que Francia, o 6 menos que el dechado alemán, es que el Estado regale 1.000 millones a quienes tienen pisos para alquilar, porque cuando vienen mal dadas como ahora, no puede hacer frente a las muchas necesidades, como sí hacen Alemania o Francia, países con poderoso músculo fiscal.

A cumplir, a cumplir, a cumplir

Los que en los últimos tiempos hicieron de España una sociedad muy injusta atacan con saña a un Gobierno claramente social, en cuya agenda reformas imperativas, como la laboral, fiscal, vivienda, educación, pensiones, clima o igualdad, nos anticipan un giro esperanzador y transformador de la sociedad.
Si falla, la derecha gobernará varias legislaturas, pero si demuestra que otra forma de administrar las arcas del Estado, con la gente y para la gente es posible y cumple lo previsto, tendrá el apoyo de la mayoría social del país para erigir una España más igualitaria.
Y no será fácil. Los enemigos cerriles del progreso y del diálogo, amigos del capital y veladores de la “estabilidad” –que todo siga igual y no cambie nada–, están en la táctica de ellos o el caos y arremeten con suma dureza y zafiedad aliados con los poderes fácticos prestos a morder la yugular.
No queda otra: comunicar bien las medidas que se toman para la gente, dirimir las controversias en casa, oídos sordos a las provocaciones y, como exhortaría Claudio Iturra, ¡a cumplir!

Alzas inmobiliarias y alquileres

Lo que los expertos vaticinaron, cuando en marzo de 2018 el Gobierno de Rajoy aprobó el Plan Estatal de Vivienda con ayudas al inquilino, sucedió: una subida inmediata del precio de alquiler por subvencionar, con dinero público, al arrendador “en una simulación en diferido” de una ayuda al arrendatario. Antes, en 2013, la reforma del PP de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ya había promovido la especulación al favorecer al propietario a costa del recorte derechos al inquilino, permitiendo subidas ilimitadas.
Aunque la Constitución aboga por una vivienda digna, la contundente realidad es que el alquiler turístico e inversores a la caza de rentabilidades desorbitadas, dificultan, por reducir la oferta y encarecer el descontrolado sector inmobiliario, el techo a mucha gente. Solo se pondrá freno al exceso con leyes regulatorias y la ejecución de un gran parque de vivienda pública a un coste muy por debajo del lucrativo atropello inversor que fuerce a bajar precios a este desbocado mercado.

¿Justicia?

La venta de viviendas sociales a fondos buitres por Ana Botella, causó mucho dolor y un quebranto económico para el Ayuntamiento de Madrid. Martínez-Almeida no recurre

Revocando una sentencia rotundamente condenatoria, Ana Botella, ex alcaldesa de Madrid por el PP, y siete secuaces, han sido absueltos de tener que pagar 22 millones al Ayuntamiento por un peculiar Tribunal de Cuentas –en el que dos de sus tres miembros son afines al PP– por la venta, mediante un procedimiento ilegal, de vivienda pública en medio de una profunda crisis -cuando era más necesaria– a un fondo especulador extranjero y a un «precio inferior al mínimo posible», impidiendo la compra a sus inquilinos que fueron despiadadamente expulsados de sus casas por la implacable maquinaria capitalista. Botella, además de mentir garantizándoles que no habría ningún cambio excepto el de propietario, los arrojó a los pies de los caballos.
Y Almeida, nuevo alcalde madrileño del PP, decide no recurrir esta lacerante y arbitraria expulsión de sus vecinos que además supuso un enorme quebranto a las arcas municipales.
Si el Supremo no repara semejante abuso, la justicia quedará muy dañada.

La vivienda de Iglesias y Montero

Pablo Iglesias e Irene Montero

Aunque nuestra Constitución aboga por una vivienda digna, nadie soluciona el problema endémico de su carestía. Pongamos que soy diputado. Como político puedo ser escrutado y, como personaje público, criticado. Pero las críticas, han de ser ecuánimes y no gratuitas. Alquilo un piso mediano, de unos 100 metros, en el barrio de Chamberí –que no en el de Salamanca– por un precio del disparatado mercado de unos 2000 euros/mes. Nadie se escandaliza y todo es normal. Pero ¡ay!, si solicito una hipoteca de 1600 euros/mes –entre yo y mi pareja– por un chalet, con dinero limpio, para vivir y no como negocio, se monta la marimorena.
¿Debo dar mi dinero a un especulador en lugar de invertirlo en mi familia? Lo esencial de un político es que no robe y sea cercano a la gente y, reconociendo sus carencias, de la cara por ella buscando justicia social. Por eso, y no por otra cosa, habrá que juzgar a Pablo e Irene; pero eso, solo el tiempo lo dirá.

Subvenciones y alquileres

Estos carteles comienzan a escasear

Vaticinaron los expertos que aprobar el Plan Estatal de Vivienda con ayudas al inquilino, acarrearía una subida inmediata del precio de alquiler. En un mercado ya desbocado –alquiler turístico de pisos e inversión en busca de alta rentabilidad que reducen y encarecen la oferta–, esta medida da alas para que con el dinero de todos, se subvencione al arrendador “simulando en diferido” una ayuda al arrendatario. La reforma del PP de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013, ya favoreció al propietario a costa de recortar derechos al inquilino, permitiendo, entre otras, subidas libres que ahora, al finalizar contratos anteriores a ella, ve sus frutos.
La Constitución aboga por una vivienda digna y, aunque lo vendan muy bien, camuflar un regalo a los afortunados propietarios, como si fuera una ayuda a los inquilinos con menos recursos, es despreciable.