Pensiones: el asalto definitivo de PP y Vox

 

La derecha ahora va a por las pensiones

El Gobierno debe presentar un procedimiento ordinario para blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones conforme al IPC real. No solo sería una medida de justicia social, también sería una jugada táctica maestra que destaparía el cinismo de PP y Vox. Los hechos son tozudos: en 2021 votaron en contra de vincular las pensiones al IPC. No fue un despiste ni un error técnico, fue una declaración política. La derecha practica una ambigüedad deliberadamente obscena: promete dignidad ante las cámaras mientras, con la mentira de que son insostenibles, afila tijeras en los despachos y cuando gobierna las devalúa. Si hoy el PP insinúa que apoyaría un real decreto aislado, no es por convicción, sino por terror al castigo en las urnas; lo haría a regañadientes y tratando de ocultar su programa real.
La verdad es incómoda pero clara: el modelo público les molesta, les estorba, les repugna. Su meta es la privatización sin freno, el negocio redondo para bancos y fondos que ya devoran vivienda, sanidad, educación y residencias. Asfixiar lo público para premiar a las élites fiscales es su prioridad. Su lema no escrito es simple: quien quiera derechos, que se los pague. Eluden, con soberbia insultante, que ya los pagamos con nuestro esfuerzo.
Vox, envuelto en su patriotismo de cartón piedra, siente idéntico desprecio por lo público. Aspira al modelo estadounidense, donde millones de personas se endeudan de por vida para pagar una operación, una carrera universitaria o una residencia digna. Ese es el modelo que callan mientras fingen preocuparse por los pensionistas. Blindar las pensiones no es solo proteger un derecho: es obligarles a quitarse la careta de una vez por todas.

¿Puede existir mayor miseria moral?

 

El PP dispuesto a desguazar lo público para que sus amigos hagan negocio

Si se analiza la actuación del PP, de Isabel Díaz Ayuso y de la Comunidad de Madrid con las residencias de mayores, la pregunta es retórica. Mientras miles de personas mayores malviven en centros con carencias crónicas de personal, atención sanitaria y mantenimiento degradados, el Gobierno madrileño dejó sin ejecutar 61,5 millones de euros destinados a mejorar su cuidado. No fue un error técnico ni una anécdota presupuestaria: fue una decisión política.
Ese dinero público, que debía servir para dignificar los últimos años de vida de quienes sostuvieron este país, acabó engordando al grupo privado Quirón Salud. Un transvase indecente de recursos de lo común a lo privado, de los vulnerables a los privilegiados. El modelo del PP es este: adelgazar lo público –sanidad, educación, residencias… pensiones aún no porque no pueden– hasta asfixiarlo y después justificar el negocio privado como salvación inevitable. El resultado es devastador, inmoral y aumenta la desigualdad.
Resulta especialmente sospechoso que, en este contexto, empresas muy beneficiadas por la política sanitaria madrileña coloquen a la pareja de la presidenta en un cargo extraordinariamente bien remunerado. El conflicto ético es evidente, aunque se intente maquillar con coartadas legales.
Lo ocurrido en Madrid no es mala gestión, es desprecio social. Es decidir que nuestros mayores estorban –«se iban a morir igual»– y que su cuidado no da votos ni dividendos. Es gobernar contra la dignidad humana. ¡A seguir votándoles!

Público-privada: ¡Exijo sinceridad!

 

PP-Vox: desguace de lo público

¿Es lícito privatizar servicios públicos? Aunque en términos éticos sea una práctica corrupta por los cuatro costados, parece que sí. Y es corrupta porque convertir bienes y servicios construidos con el esfuerzo y dinero de todos en negocio lucrativo de unos pocos es una forma torticera —y cobarde— de expoliar las arcas públicas. No quieren eficiencia, buscan el lucro de accionistas.
Lo más indignante es la deshonestidad de la derecha, que intenta acaramelar la privatización con eufemismos como “colaboración público-privada” o “libertad de elección”, cuando en realidad no es más que el chorreo de dinero público a empresas que solo buscan lucrarse, no bien común. Y lo hacen en servicios esenciales como sanidad, educación o residencias de mayores, donde la lógica del mercado jamás debería marcar el rumbo.
Si tan convencidos están de que su modelo es el mejor, que lo digan sin rodeos, como hago yo reprobándolo. Que los “muy patriotas” de PP y Vox manifiesten, de frente y sin maquillaje, que prefieren un país donde quien más tiene recibe más y quien menos tiene se queda a dos velas. Así, a la hora de votar, nadie podrá alegar engaño. Y, aunque al menos sería un acto de honestidad democrática, su hipocresía no lo posibilitará.

La factura oculta de las privatizaciones

 

Privatizar es regalar el dinero de todos a los millonarios

¡Qué escándalo!... es ironía, por si no se me entiende.
Cuando un servicio público se entrega a manos privadas, el interés común queda relegado a un segundo plano. La empresa privada busca maximizar beneficios, no garantizar derechos básicos como salud, educación o dignidad. Lo que hay en los modelos privatizadores del PP en sanidad, educación o residencias de mayores es el negocio empresarial condicionando decisiones que deberían responder exclusivamente a criterios éticos. Así, alargar las listas de espera no es solo mala gestión, es un acto criminal que permite que las enfermedades progresen, que los diagnósticos lleguen tarde y que los pacientes mueran por una estrategia de rentabilidad disfrazada de eficiencia a la vez que suben los seguros privados.
Cuando los derechos se convierten en negocio, se subastan en mercados donde la calidad se mide en ahorro y no en bienestar. La ciudadanía paga dos veces: con impuestos y con el destrozo de la atención.
Y recalco que, el dinero público convertido en dividendo empresarial para unos pocos potentados, debería haber sido usado para mejorar los servicios, no para llenar sus bolsillos. Y mientras tanto, quienes promueven estas políticas se escudan en discursos de modernización que solo encubren un chorreo constante de recursos públicos hacia intereses privados de sus defendidos: los ricos.

El gran fraude de lo concertado

 

La ultraderecha (PP) y la derecha extrema (VOX) pretenden destrozar el Estado de bienestar

¿Por qué desviar dinero público al sector privado si su objetivo es el beneficio, no el bienestar?
Escucho a muchos tertulianos preguntar qué hay de malo en la cooperación, según ellos positiva, público/privada. Parecen no entender que cuando se deriva dinero público a empresas privadas –colegios, universidades, hospitales todos ellos concertados–, una parte considerable del montante ya no se invierte en mejorar los servicios, sino que pasa a ser beneficios de las sociedades mercantiles que acaba en los bolsillos de directivos e inversores particulares. Así, la supuesta cooperación se trueca en parasitismo. De igual forma, quien ha contratado un seguro médico privado tendrá los servicios que su póliza cubre; pero no recibirá el tratamiento más adecuado a su dolencia: prima el coste y la cobertura pactada, no la necesidad médica real.
Estos tertulianos argumentan con malicia que se ha incrementado el presupuesto en sanidad. No me vale pues ese aumento también irá a accionistas privados.
Y, con la enseñanza, lo mismo. Los centros privados, al responder a la lógica de mercado, priorizan el beneficio económico. Esto choca con el objetivo principal de un servicio público: garantizar el acceso y la calidad para todos.
Cuando lo público se privatiza, el derecho se convierte en negocio. Y en los negocios, el beneficio importa más que las personas.
Tertulianos de derechas, ¿lo entendéis ahora?

Empobrecer lo público, enriquecer lo privado

 

La derecha quiere destrozar todo lo público

La penúltima ocurrencia de Feijóo es un IVA del 0% para autónomos que facturen menos de 85.000 €. Suena bien, pero huele a lo de siempre: menos ingresos públicos, más excusas para seguir destrozando el Estado del bienestar. El PP no busca aliviar al autónomo, sino justificar nuevos recortes. Su modelo es claro: hundir lo público para que florezca lo privado y sus defendidos hagan caja.
Está bien bajar los impuestos a las clases menos favorecidas, pero siempre que, como contrapartida, se les suba a los ricos y grandes empresas que, proporcionalmente pagan menos que ellas. Debemos entender de una vez que, detraer dinero público para dárselo a empresas privadas que persiguen un beneficio que repartir a sus directivos y accionistas–miles de millones en muchos casos–, solo hace que el dinero de nuestras pensiones, educación, sanidad e infraestructuras, vaya al bolsillo de unos pocos.
Feijóo nos quiere con seguros médicos, pensiones, colegios y universidades privadas. Pero ¿y si el sistema colapsa, como en 2008? ¿Quién rescata entonces al ciudadano de a pie? ¿El Estado al que han mermado su capacidad recaudatoria? ¿Tendrán que mendigar los pensionistas en las puertas de las iglesias? No nos dejemos engañar: su plan para España es un traspaso masivo de dinero público al bolsillo de empresas privadas y fondos buitres. Y eso sí que es un abuso que incrementa la brecha social.

Con la derecha sus impuestos van a los ricos

 

El objetivo de la derecha, la ultra (PP) y la extrema (Vox): hacer a los ricos más ricos y agrandar la brecha social

En seis años, el Gobierno central ha transferido 130.000 millones de euros a la Comunidad de Madrid. 43.000 millones más que en los 7 años de Rajoy. Sin embargo, el gobierno regional del PP ha destinado a servicios públicos solo 58.000 millones, mientras que los otros 72.000 millones fueron a parar a manos de empresas privadas y a bajar impuestos a los más ricos. Es la política destructiva que perpetúa la desigualdad y el desmantelamiento de lo público de la derecha.
Madrid, gracias a su capitalidad es la comunidad más rica de España, pero ostenta el vergonzoso título de ser la que menos invierte en sanidad y educación públicas por habitante y año. No es imprevisión, es el desmantelamiento meticuloso de lo público para hacerlo inoperante y arrojar a los ciudadanos a un sistema privado con chantaje implícito: “o pagas, o esto es lo que hay”. La capital tiene el mayor porcentaje de población con seguro médico privado: un 38 %, 14 puntos por encima de la media nacional y en educación se abren tres veces más aulas concertadas que públicas, porque la pública está infrafinanciada, con ratios insoportables que dañan la calidad educativa. Por eso, el negocio de las universidades y colegios privados florecen como en el edén.
Resulta muy preocupante que esta política, que favorece el negocio privado y perpetúa la desigualdad, reciba el apoyo electoral precisamente de quienes más sufren sus consecuencias. La próxima vez que pague impuestos en Madrid o en cualquier otra comunidad gobernada por la derecha, recuerde: una gran parte de su dinero acabará en las cuentas de los ricos.

Ni un paso atrás: agotar la legislatura para frenar la involución

 

El PP ya no disimula

Agotar la legislatura no es solo una necesidad política, es una obligación moral. La alternativa reaccionaria representa un retroceso devastador para la democracia, los derechos sociales y la dignidad de millones de personas. Además, la derecha ha demostrado una preocupante falta de capacidad para gestionar situaciones complejas. Siempre fue incompetente.
El mal llamado “milagro económico” de Aznar fue un espejismo: entrada en el euro, ciclo económico internacional favorable, privatización salvaje del patrimonio nacional y el estallido de una burbuja inmobiliaria alimentada por una ley del suelo irresponsable. A eso se sumaron fondos europeos y bajos precios de materias primas. Un escenario excepcional que no tiene nada que ver con una gestión ejemplar, sino más bien con un saqueo del patrimonio.
Además, cuando les ha tocado gestionar crisis, su respuesta ha sido deficiente: desde la manipulación del 11-M, la catástrofe del Prestige, el escándalo del Yak-42, hasta los recortes de Rajoy y la pérdida de derechos laborales. A esto se suman tragedias como el Madrid Arena, la gestión de las residencias en la pandemia, la DANA valenciana o los recientes incendios. En todos estos casos, la derecha mostró su verdadera cara: desprecio a las víctimas, mentiras sistemáticas, cero rendir cuentas y una arrogancia criminal que jamás asumió responsabilidades. A día de hoy, seguimos esperando una sola disculpa. Jamás llegará, porque mejorar la vida de la gente nunca ha sido su objetivo. Su rechazo al sector público es notorio; su propósito es desgastar a la izquierda con el fin de alcanzar el poder, y una vez lo logran, buscan controlar las instituciones para perpetuar y ampliar las desigualdades sociales. Su enfoque es crear leyes que beneficien a los más poderosos.
No es ficción. Es su historial. Y es una amenaza real. Volverían los recortes, el bloqueo institucional, la precariedad y la propaganda. Volverían los insultos a los sindicatos, el negacionismo climático, la criminalización de la protesta y el retroceso de derechos de mujeres, migrantes y trabajadores.
Por eso, agotar la legislatura es una necesidad estratégica y una declaración de principios. Presentar unos presupuestos valientes, centrados en la justicia social, obligará a retratarse a quienes votan en contra de proteger a la mayoría. Será una herramienta para consolidar un proyecto de país que ha demostrado capacidad de gestión, voluntad de diálogo y compromiso con el futuro.
La derecha ha gobernado, y el resultado fue desolador. No lo olvidamos. Hoy, más que nunca, necesitamos resistencia, pero también ambición. No basta con frenar. Hay que avanzar.
Ni un paso atrás.

Mujeres en el poder: un mundo mejor

 

Las mujeres harían de este mundo uno mejor

Durante siglos, el poder ha sido mayoritariamente masculino. Las consecuencias son visibles: corrupción sistémica, conflictos armados persistentes y estructuras políticas que privilegian a las élites por encima del bienestar común. Hoy, en un mundo que clama por líderes éticos, transparentes y comprometidos con la justicia social y la paz, surge una verdad avalada por datos y estudios: la participación de mujeres en política reduce significativamente los niveles de corrupción y conflictos.
Varias investigaciones internacionales revelan que donde hay mayor presencia femenina en cargos públicos, los índices de corrupción tienden a disminuir. Y no es casual. Las mujeres, en general, son menos proclives a asumir riesgos innecesarios, rechazan la violencia como mecanismo de poder y privilegian soluciones dialogadas. Además, el haber sido históricamente excluidas de las esferas de decisión, las ha dotado de una perspectiva distinta: luchan por un sistema más justo, transparente e inclusivo, con reglas claras que protejan a todos, especialmente a los más vulnerables.
A diferencia de las estructuras jerárquicas donde priman la competencia y la imposición, el liderazgo femenino suele ser más colaborativo, empático y orientado al trabajo en equipo. Esta forma de gobernar favorece la rendición de cuentas, la gestión ética de los recursos públicos y una relación más cercana entre autoridades y ciudadanía. Es decir, transparencia. Así que, cuando las mujeres gobiernan, hay menos espacio para el clientelismo, el abuso de poder y el desvío de fondos.
No pretendo idealizar ni decir que todas las mujeres son incorruptibles o pacíficas, sino de reconocer la realidad: cuando ellas acceden a posiciones de poder, lo hacen desde una lógica transformadora que cuestiona el viejo orden político. Las mujeres no solo llegan al poder, lo redefinen.
En un momento en que la desconfianza hacia la clase política avanza en todo el mundo, abrir paso a más mujeres en los gobiernos no es solo una cuestión de equidad de género, sino una necesidad urgente para reconstruir la ética pública, devolver legitimidad a las instituciones y pacificar el mundo.
En general, más mujeres en el poder es igual a menos corrupción, más justicia, más bienestar colectivo y más paz. Apostar por ellas es apostar por un futuro más limpio, más humano y más democrático.

Hacienda patriótica

 

PP y Vox siempre besan el culo a los ricos

PP y Vox, cada vez que tocan el poder, amparan a los poderosos: legislan para una minoría privilegiada mientras castigan al resto. Mientras Rajoy en el Consejo de Ministros recortaba el estado de bienestar, la Hacienda dirigida por Cristóbal Montoro, presuntamente se convertía en un lobby para beneficiar a grandes corporaciones. Este caso de corrupción premium, gravísimo y sin parangón, sería otro capítulo del extenso libro de tropelías del PP: hacer leyes a medida desde el Gobierno para desviar miles de millones del bolsillo de los contribuyentes hacia grandes corporaciones. Ese dinero, que debería haberse destinado a sanidad, educación o dependencia, acabó en manos de oligarcas que jamás pagan las consecuencias.
El PP no gobierna: saquea. Sus recortes siempre se ceban con los más vulnerables, mientras sus amnistías fiscales y sus leyes tramposas protegen a poderosos y corruptos. Y todavía tienen la desfachatez de hablar de “corrupción” y “patriotismo”. ¿Defender España? No, solo defienden a los poderosos.
El PP es una maquinaria perfectamente engrasada para saquear lo público, disfrazada de partido político. Una organización criminal, como bien recoge una sentencia. Cada vez que gobiernan, la riqueza fluye hacia arriba y la miseria hacia abajo. No es casualidad. Es su modelo de país. Uno donde siempre mandan los poderosos y el resto paga.
¿Mafia o democracia? ¿Y tú me lo preguntas? Mafia… eres tú.

Igualdad ciudadana

 

Feijóo miente más que habla

Sostiene Feijóo que «la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos no puede depender del código postal». Coincido, pero es un discurso tramposo porque el PP y sus aliados solo miran los intereses de los ricos. Madrid, la comunidad más adinerada de España, también es la que menos invierte en sanidad por habitante, con un sistema colapsado que arroja a más del 38% de la población al negocio de la sanidad privada, 14 puntos por encima de la media. ¿Eso es igualdad?
Y, en educación, lo mismo. Madrid lidera el ranking de comunidades que menos invierten por estudiante, con unas ratios por profesor insoportables. Mientras tanto, el Gobierno de Ayuso abre tres veces más aulas concertadas que públicas, lo que significa más dinero público destinado a financiar colegios privados. Si los 1.500 millones de euros anuales que se destinan a la concertada se invirtieran en la pública, Madrid tendría un sistema educativo de calidad para todos, no solo para los que pueden permitírselo. ¿Eso es igualdad?
Señor Feijóo: Piense antes de hablar. Los que habitamos en códigos postales que comienzan por 28, sufrimos un sistema público quemado por pura ideología ultraliberal del PP, que recorta en servicios esenciales para bajar impuestos a los ricos y fomentar el negocio privado. Y usted, con su doble vara de medir, no hace más que esconder esta realidad. Los intereses de los más poderosos están por encima de la igualdad y la justicia social, y eso no se soluciona con discursos de tahúr.

Huelga de jueces conservadores

 

Hasta en las huelgas debemos soportar una Justicia de derechas privilegiada

He ido a la huelga varias veces en mi vida. Y siempre me han descontado del salario lo que correspondía: el día no trabajado, la parte proporcional de las pagas extras y dejar de cotizar a la SS. Lo asumí porque así funciona cuando uno ejerce un derecho responsablemente. Pero ahora resulta que los jueces conservadores, los mismos que se llenan la boca hablando de legalidad, de orden y de Estado de derecho, se han puesto en huelga y no han comunicado quiénes han secundado el paro. ¿Por qué? Para que no se les descuente nada. Para seguir cobrando, aunque no trabajen. Para hacer trampas. Esto también es corrupción.
Son unos sinvergüenzas. Así, sin paños calientes. No solo por lo que hacen, sino por lo que representan. Son una élite conservadora que se cree por encima del bien y del mal. Que dicta sentencias, que reparte castigos, pero que se niega a rendir cuentas. Que exige sacrificios al pueblo mientras ellos se cubren de privilegios. Este comportamiento no solo es indecente; es profundamente antidemocrático. Porque no hay justicia posible cuando los jueces se comportan como una casta intocable. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Y lo que llevan haciendo desde el golpe de Estado franquista que acabó con la democracia e instauró una dictadura.

Si quiere impuestos justos vote con cabeza

 

Votar es un acto cívico que requiere una gran responsabilidad

Los impuestos no son un castigo: son la base de una sociedad más justa. Por eso el mantra populista de bajar impuestos que la derecha repite infatigablemente, es una trampa. Aunque reducir impuestos a las clases trabajadoras es más que deseable, solo debe hacerse cuando las grandes fortunas y corporaciones tributen de forma justa y efectiva como el común de los mortales. Según el informe Oxfam Intermón de 2023, publicado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con datos proporcionados por UBS, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 95%.
Ante semejante obscenidad, cabe preguntarse: ¿por qué quienes más sufren la precariedad respaldan opciones políticas que encubren recortes al Estado de bienestar?
La respuesta está en el discurso, seductor pero engañoso, que los conservadores usan como bandera sobre la bajada de impuestos; pero omiten que los recortes afectan a servicios fundamentales como la sanidad, la educación o las pensiones con efectos devastadores para la mayoría. Por tanto, no debemos votar a quienes nos bajan unas migajas en impuestos, mientras perdonan ingentes cantidades a los más poderosos a base de recortar servicios. Tenemos que entender que con los impuestos se financian hospitales, colegios, pensiones, infraestructuras, programas de desempleo y políticas de igualdad. Y, sobre todo, debemos votar con conciencia a aquellos que defienden que los grandes poderes –empresas e individuos– que más tienen –y tienen más porque obtienen beneficios desproporcionados a través de prácticas abusivas, fijando precios muy por encima de lo ético por sus productos, de ahí las cifras milmillonarias–, contribuyan de manera justa y en mucha mayor medida a fortalecer el Estado de bienestar, tal y como establece el principio de progresividad fiscal recogido en el artículo 31 de nuestra Constitución.
Solo así construiremos una sociedad en la que los derechos no dependan del bolsillo, sino del compromiso colectivo con la justicia redistributiva.

El gen necio XIII

 

Los necios: un peligro para las democracias

El virus de la desinformación se propaga cual plaga sin escrúpulos, y así el gen necio se expande y multiplica por el mundo.
…
–Este Gobierno pretende intervenir el mercado de la vivienda y pisotea la libertad de mercado. El mercado se regula a sí mismo.
–Oye, el derecho a una vivienda digna no es algo negociable. Se recoge en nuestra Constitución y los poderes públicos deben luchar contra la especulación. Todos los seres humanos han de tener acceso a un lugar donde vivir sin tener que enfrentarse a precios desorbitados que los obliguen subsistir en condiciones impropias. La vivienda no puede ser vista como simple mercancía y, aún menos, como producto de lujo. Es un derecho básico que está fundamentalmente ligado al bienestar y la seguridad de las personas. Por eso es urgente limitar los precios e instituir políticas públicas que regulen el mercado y promuevan viviendas sociales.
–No, la solución no está en intervenir el mercado. Si se lo deja funcionar libremente, los precios se ajustarán. La competencia genera eficiencia y, al final, si hay más demanda de viviendas, los promotores construirán más, lo que hará que los precios bajen.
–El mercado solo se preocupa por maximizar las ganancias. Y lo que estamos viendo desde hace décadas es una especulación inmobiliaria infernal que está dejando a miles de personas sin acceso a una vivienda. Los precios suben sin control, mientras los salarios no siguen el ritmo.
–Lo mejor es un mercado libre para permitir la entrada de constructores privados, que son los que pueden generar soluciones más rápidas y efectivas.
–Hoy tenemos un problema estructural profundo que requiere soluciones urgentes y políticas públicas claras. Si seguimos esperando a que el mercado se “ajuste”, habrá más gente sin casa. La vivienda digna debe ser un derecho para todos, no una mercancía para unos pocos.
–No estoy de acuerdo. ¡Viva la libertad de mercado!
…
Lo dicho: el gen necio.

¡Tiene huevos!… el libre mercado

 

Tiene huevos cómo se forran a nuestro costa

¡Ah, el libre mercado! Esa joya de la ingeniería capitalista, ese sistema perfecto y autoajustable. Sentencian que el mercado se regula solo, que no hay que intervenir. Y al final, unos pocos canallas se llevan todo, y solo porque esa mítica ley de la oferta y la demanda justifica, según ellos, que los pobres intermediarios se vean obligados a aumentar los precios para equilibrar la oferta. ¡Y tan felices!
La verdad es mucho más cruda y desvergonzada. Ahí tenemos la pandemia, ese paradigma de la especulación. Mientras los mortales corríamos a comprar mascarillas para protegernos de un virus mortal, unos pocos genios del libre mercado decidieron que era el momento de forrarse. ¿Mascarillas a 5 euros? Claro, ¿por qué no? Total, si la gente necesita algo para sobrevivir, ¿por qué no hacerles pagar lo que sea? Ah, y no olvidemos los respiradores. Un pastón. Después de todo, la vida de las personas nunca ha sido tan barata, ¿verdad?
Pero el espectáculo especulativo no paró ahí. Llegó hasta el papel higiénico. ¡El papel higiénico! ¿Alguien me puede explicar qué tiene que ver una pandemia respiratoria global para que el precio de un rollo se dispare… y se agote? No lo saben; los especuladores sí. Saben que hay gente dispuesta a pagar lo que sea por un rollo de papel. Y, cuando ellos se frotan las manos, los demás nos quedamos mirando cómo el mercado “se ajusta” mientras nos desborda la rabia.
Y después… la guerra de Ucrania. ¿Y qué hacen estos genios? ¡Suben el precio de cereales, aceite de girasol, electricidad y otro sinfín de alimentos! y se forran de nuevo. Más tarde, por si fuera poco, el aceite de oliva. ¡Claro que sí! ¿Qué menos, con tanto caos? Total, no pasa nada, la gente siempre ha de alimentarse.
Y ahora, con la excusa de Trump llega el momento cumbre: los huevos. Y tiene huevos que la política exterior de un país lejano pueda lograr que su precio se dispare. Pues ahí tenemos al libre mercado en su máxima expresión: sin límites, desbocado y con una excusa que siempre se adapta a cada situación, ya sea una pandemia, una guerra o el tuit de un descerebrado.
Pero no nos engañemos. Este libre mercado no es más que un teatrillo bien montado para que unos pocos se enriquezcan mientras los demás nos quedamos con las manos vacías.
¿Oferta y demanda? Más bien “abuso y exprimir al consumidor”.

La voladura del orden internacional

 

Donald Trump, un peligro que se ha convertido en el perrito faldero de Putin

Hasta hace bien poco había un consenso mundial para respetar países y ser respetado, regular los intereses de los Estados soberanos y su independencia y garantizar, en mayor o menor medida, la paz mundial. Ese mundo de tratados y convenios internacionales, incluso la narración de la historia del mundo, con el arribo de la Internacional Reaccionaria y Fascista, se ha volatilizado. Algunos ejemplos: Ucrania es responsable de la invasión rusa y consecuente guerra y Zelenski –que no Putin– es un dictador; los migrantes son delincuentes, los imperialismos comparten un mismo ideal de anexiones y limpiezas étnicas; los funcionarios y empresas estadounidenses pueden sobornar a gobiernos y empresas extranjeros; la emergencia climática no existe y se puede contaminar sin medida; el libre comercio será un recuerdo del pasado; el derecho internacional y sus organismos carecen de legitimidad; se valida el uso de la fuerza para conquistar territorios; la toponimia de países y accidentes geográficos será la que más convenga; se cambiará el significado de conceptos establecidos como libertad o democracia; se reescribe la historia…
El orden internacional ha sido barrido con un escobazo. ¡Bienvenidos al inquietante desorden internacional!

La nueva Solución Final

 

Son fascistas orgullosos de serlo

Con personajes tan desalmados como Donald Trump y los de la Internacional Reaccionaria y Fascista, carentes del mínimo rasgo de empatía, regresan el supremacismo y el racismo que dan lugar a algo parecidísimo –adaptado a los tiempos– a la execrable “Solución Final” de la Alemania nazi contra muchos colectivos que resultan deshumanizados: los inmigrantes –una plaga, según ellos, que solo trae pobreza y muerte– son considerados delincuentes a los que hay que deportar y encarcelar masivamente; los palestinos son terroristas que no tienen derecho a vivir en su tierra a la que quiere convertir en un resort turístico; los grupos LGBTIQ+ , unos “pervertidos” que van a ser objeto de una cruzada de desprestigio en la que les negarán sus derechos, lo que incrementará la violencia y discriminación en todos los ámbitos aumentando la desigualdad y su aislamiento.
La degeneración moral de esta Internacional Reaccionaria recorre el mundo y trata de suprimir los avances habidos en derechos humanos y políticas de igualdad, que tantas décadas de lucha costaron lograr.
Hay que actuar. No se puede permanecer impasible. No se puede permanecer callado.

PP: cómo gestar otra burbuja inmobiliaria

 

Feijóo dispuesto a crear otra burbuja inmobiliaria

Como para el PP la vivienda es un negocio especulativo y no un derecho constitucional, Feijóo propone una receta ultraliberal y prácticamente idéntica a la que nos llevó al pelotazo y posterior estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 con su correspondiente crisis: bajar impuestos en la compra –incrementa el precio y trasvasa dinero de todos a manos privadas–, liberalizar el suelo, facilitar la privatización de vivienda pública y libre mercado.
En resumen, a pesar de los agobios de la gente para lograr vivienda por el alza generalizada y desorbitada de precios, los principales ingredientes de su rancia receta son los pelotazos: que usted quiere construir, tranquilo, nosotros le damos suelo público y abaratamos sus costes; que usted quiere comprar, no se preocupe, nosotros le ayudamos tenuemente y que la ayuda se la lleve el que vende porque sube el precio; y, por si quedan dudas, que la ley de la oferta y la demanda impere en el mercado, como hasta ahora con el resultado conocido de los ricos… más ricos.
De nuevo el PP se aleja del modelo europeo y abraza el neoliberal –que solo funciona para potentados– de Milei.

Milei, año uno

 

Argentina: el desastre Milei

En tan solo un año, la Argentina de Milei suma cinco millones de pobres más y la descontrolada tasa de pobreza y desigualdad golpea al 53 % de la población que, con salarios bajos, arroja al 66 % de los niños a la vulnerabilidad. El superávit fiscal del 0,5 % del PIB, se ha obtenido recortando las prestaciones sociales a las familias más de un 36 %, incluyendo medicamentos y destrozando las pensiones. El paro ha aumentado 1,4 puntos porcentuales, pasando del 6,2 al 7,6 %. Con esta miseria, han quebrado pequeñas y medianas empresas y el consumo privado ha caído un 10 %, ayudando a contener la inflación que, aun así y según afirma el economista Alfredo Serrano Mancilla, en once meses acumula la misma tasa que en los primeros 55 meses del gobierno de Cristina Fernández.
Pero no todo es pena en Argentina; quienes están de fiesta son las grandes empresas: energéticas, petroleras, financieras… que han multiplicado sus beneficios.
Un año de gobierno ultraliberal y el balance no puede ser más boyante para los ricos, ni más trágico para la ciudadanía.
¡Viva la libertad, carajo!
Simplemente patético.

Mienten y mienten… y vuelven a mentir

 

Feijóo, un conspirador mentiroso

Siempre que el PP se ve acorralado por la mala gestión de una crisis, o al ser pillado con las manos en la masa, utiliza su patética y única defensa: mentir, no dimitir, no aceptar su responsabilidad, cargar sus culpas en los demás –todos menos ellos– y enfangar.
Ya son tantas veces que el retrato es nítido. Baste recordar el 11-M –«ha sido ETA»–, el Yak-42 –ocultar información a las familias y premiar a los responsables–, el Prestige –«solo son hilillos de plastilina»–, el Metro de Valencia –desaparición de pruebas transcendentales–, el Madrid Arena –«el aforo era el adecuado»–, las 7.291 muertes en Residencias de mayores –«se iban a morir igual»–, la Gürtel –«esto es una trama contra el PP»–… y la dolorosa gestión de la DANA –«todos en su sitio desde el primer minuto, nadie nos alertó»–, que incluso pone en riesgo la conformación del futuro Gobierno de Europa.
Son auténticos incompetentes además de mentirosos, manipuladores y conspiradores. Lo malo es que la gente engañada les sigue votando. ¡Así nos va!