Señor Aznar: memoria y responsabilidad

 

Aznar es la encarnación de la soberbia

Justo en el aniversario del 11-M, Aznar exhibió de nuevo un cinismo hiriente: afirma que «está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales». ¿Se refiere a Trump y sus constantes atropellos al derecho global? Por supuesto que no; su objetivo es Irán.
Resulta una ironía macabra que quien dinamitó la legalidad para hundirnos en la guerra de Irak y el caos del ISIS pretenda hoy dar lecciones de derecho. Aznar es el único miembro del Trío de las Azores que sigue atrincherado en su soberbia, incapaz de pedir perdón, prefiere cerrar la efeméride alimentando delirios conspiranoicos junto a Mayor Oreja. Su desprecio por la verdad y por el marco jurídico que juró defender es una afrenta permanente. Quien sacrificó la seguridad y la ley por intereses espurios no merece respeto, sino un juicio moral implacable. Sin asunción de responsabilidad ni vergüenza, su legado permanece sentenciado por la ilegalidad y la traición a la memoria de las víctimas.

Europa: el derecho o el abismo

 

¿Qué está proponiendo Ursula Von der Leyen?

La postura de Ursula von der Leyen no es realismo político; es un acta de sumisión. Afirmar que Europa debe dejar de ser la guardiana del orden internacional porque este se desmorona es una cobardía histórica. En la hora más oscura, la respuesta no es apagar el faro, sino avivar su luz.
El desprecio por las normas que exhiben figuras como Trump, Putin, Netanyahu o Milei no es una “nueva normalidad” a la que adaptarse, sino una patología que combatir. Estos fascistas pretenden sustituir la justicia por el músculo, condenando al planeta a un estado de colisión perpetua. Si Europa renuncia a sus valores bajo el pretexto del pragmatismo, no estará sobreviviendo: estará cavando su propia fosa.
Nuestra identidad se forjó sobre las cenizas de los hornos crematorios y el hedor de las trincheras. Olvidar que el derecho común es el único dique contra el canibalismo entre naciones es un suicidio moral. La adaptación que nos propone es una rendición ante la fuerza bruta. Europa no tiene derecho a capitular. Porque cuando las reglas mueren, lo que emerge no es un orden nuevo, sino el grito de guerra de los tiranos y el silencio de los cementerios. Abdicar de la ley es invitar a la barbarie.

Sempiterno engaño

 

¡Basta ya de guerras imperialistas!

Hay tradiciones que no se pierden, como el turrón en Navidad, que las pensiones no se sostienen o el anuncio de que Irán tendrá la bomba atómica el próximo martes. Es el “mañana empiezo” de la geopolítica: una promesa eterna que sirve para justificar el noble arte de la guerra imperialista preventiva “porque me da la gana”.
El calendario es revelador. En 1984, el Senado de EE. UU. calculó 7 años. En 1992, Netanyahu rebajó la espera a 3. En 1995, la CIA situó la debacle nuclear en el año 2000. Llegó, se temió por los ordenadores… pero la bomba iraní tampoco apareció. Lejos de rendirse, en 2012 Netanyahu acudió a la ONU con un dibujo de bomba digno del Correcaminos –no es broma– y aseguró que 2013 sería el apocalipsis. Han pasado más de diez años y el “punto” sigue desplazándose con admirable disciplina. Ahora han atacado a Irán y la bomba no aparece.
El libreto resulta familiar. En 2003, el “Trío de las Azores” nos vendió armas de destrucción masiva en Irak con la misma convicción con la que un trilero señala la bolita. No aparecieron jamás, pero el mundo quedó hecho unos zorros. El guion es tan previsible que aburre, pero mientras el público siga comprando palomitas, los imperialistas de turno seguirán efectuando guerras preventivas basadas en pruebas que nunca llegan a materializarse; aunque las víctimas inocentes de sus guerras, sí.

Privatizaciones: seré conciso

Fuera vuestras sucias manos de lo púbico

 —Cuando una empresa privada entra en la sanidad, la educación o las residencias públicas, ¿lo hace por altruismo o para obtener beneficios?
—Para obtener beneficios.
—Y esos beneficios, ¿de dónde salen?
—De los presupuestos públicos.
—Entonces coincidimos en lo esencial: dinero de todos acaba en entidades privadas con ánimo de lucro.
—Así es.
—Si ese dinero se destinara íntegramente a reforzar lo público, ¿mejorarían la sanidad, la educación y el cuidado de nuestros mayores, en lugar de engordar beneficios privados?
—Sin duda.
—Luego la privatización no es una solución, sino la transferencia de recursos públicos a intereses privados. ¿Queda claro por qué nunca es positiva?
—Meridianamente claro.
Conclusión: Como Madrid es la región que menos invierte por habitante en servicios públicos esenciales, es donde más crece el negocio privado de la sanidad, la educación y las residencias.

El cinismo como doctrina

El PP:  un cáncer de la democracia

A propósito de la presunta violación atribuida al DAO de la Policía Nacional –un crimen gravísimo–, sostiene Feijóo que «cuesta creer que el ministro no supiera lo que hacía el número uno y el dos de su Policía», y lo considera alarmante porque afecta «a quien debe perseguir delitos». Lo es.
Curiosa súbita fe en la omnisciencia jerárquica. Entonces, M. Rajoy sabía lo que hacía su ministro del Interior cuando se articuló la llamada «policía patriótica», una trama que, envuelta en bandera e himno, utilizó recursos públicos para fabricar pruebas, destruir discos duros y hostigar a adversarios políticos en vez de perseguir delitos o, ¿al ser más difícil de ocultar que lo del DAO, solo era un «verdadero incompetente»? En aquel entonces, esa forma de actuar no fue un desliz, sino un método: degradar las instituciones para golpear a Podemos y al independentismo mientras se protegía la propia corrupción sistémica.
Resulta sencillamente obsceno que quien hoy se rasga sus vestiduras omita la podredumbre institucional que anidó bajo sus propias siglas. Es la hipocresía elevada a razón de Estado.
Que el delfín de M. Rajoy que convirtió Interior en una oficina de extorsión pretenda dar lecciones de moralidad, es una ofensa a la inteligencia. Eso sí es despeñar a España y degradar la democracia hasta el fango. El PP le sobra oportunismo y una memoria selectiva unida a un cinismo patológico que huele a rancio.
Lecciones de moral, todas; responsabilidades, «ya tal».

Sanidad pública: saqueo programado

 

La derecha hace negocio de lo público

Bajo los mantras de “colaboración” y “libertad”, la realidad es inflexible: los hospitales públicos pierden recursos mientras los centros de gestión privada los ganan por diseño. No es eficiencia, es un trasvase deliberado. Datos de la Cámara de Cuentas y la ADSP confirman que el coste por tratamiento en el modelo de “colaboración” es mayor, y que el lucro se asegura mediante el “descremado de pacientes”: la privada elige los procesos rentables y deriva la alta complejidad y el paciente costoso a la pública asfixiada.
En 2025, Quirón y Ribera Salud succionaron 250.000 pacientes de la red pública madrileña; solo la Fundación Jiménez Díaz captó a 97.000. Llamar “libertad” a que el sistema te empuje a la privada porque de lo contrario tienes esperas infinitas, es un insulto. Se vacía lo común para alimentar empresas cuyo fin no es cuidar, sino facturar. Es el negocio perfecto: el Estado asume el costo y la empresa privada el beneficio neto.
El resultado es un desguace premeditado. Listas de espera eternas, plantillas exhaustas y mal pagadas son las herramientas para instalar el relato de que “lo público no funciona” y justificar su entrega al mercado cuando la comunidad de Madrid es la que menos invierte per cápita, a pesar de ser la región con mayor PIB. Han convertido un derecho en un mercado cautivo, financiado con tu dinero y explotado por unos pocos. No es gestión: es el desmantelamiento de lo que nos pertenece a todos.

Justicia asimétrica

 

En España la justicia está totalmente sesgada

En la justicia española conviven dos realidades que rara vez se comparan honestamente. Por un lado, si afecta a la izquierda, instrucciones relámpago orquestadas con escasa carga probatoria, pero con desmesurado e inmediato eco mediático. Por otro, si afecta a la derecha, macroprocesos que se eternizan, se fragmentan hasta la irrelevancia, con escasa cobertura mediática que prescriben o se resuelven tan tarde que son irrelevantes.
Cuando se señalan estas diferencias, surge el argumento tranquilizador de los equidistantes: «Pero, al final, la justicia llega a todos, ¿no?». No es cierto, casos como los de Aguirre, Montoro o Cospedal no son anomalías; son el triunfo de un sistema que utiliza el tiempo como escudo. Y aun si lo fuera –que no–, una justicia que tarda más de veinte años en pronunciarse –Ignacio González, PP– deja de cumplir su función básica. En el caso Gürtel, por ejemplo, pasaron más de nueve años desde el inicio de la instrucción hasta la primera gran sentencia, y aun así quedaron responsabilidades políticas fuera del banquillo. La pareja de Ayuso cuyo juicio se celebrará, como pronto, tras las elecciones de 2027, el tiempo no está siendo neutral: juega a favor de la derecha.
Ante semejante panorama, la equidistancia no es neutralidad, es toma de partido, ceguera selectiva y colaboracionismo. Equiparar investigaciones veloces y frágiles con otras lentas y exhaustivas, o asumir como normal que el calendario judicial proteja a ciertos nombres, implica aceptar el sistema tal como está. Y aceptarlo es respaldar sus injusticias.
No se trata de defender siglas, sino principios. Señalar que la toga ha sido sustituida por ideología de derecha no es radicalidad, es la única respuesta democrática posible frente a una judicatura que ha decidido jugar a la política «por la puerta de atrás».

El Premio Nobel

 

Patético Donal J. Trump

La decisión de María Corina Machado de regalar su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump no es solo una bochornosa realidad, es un gesto patético que, por sí solo, evidencia hasta qué punto el galardón ha sido vaciado de sentido y convertido en un instrumento político más. Pero el escándalo no termina en quienes protagonizan el acto; alcanza de lleno a la Fundación Nobel y, especialmente, al Comité Noruego del Nobel que ha demostrado una irresponsable laxitud en la custodia de uno de los premios más prestigiosos del mundo.
Este episodio no surge de la nada. El Nobel de la Paz lleva años acumulando decisiones incomprensibles que han erosionado su autoridad moral. La concesión del premio a figuras cuya trayectoria contradice los valores de paz, diálogo y derechos humanos revela hasta qué punto el dinero de los grupos de presión, intereses geopolíticos y cálculos estratégicos han sustituido a los principios que Alfred Nobel quiso consagrar: la paz, la justicia y, aunque no los mencionó explícitamente pues falleció mucho antes de su proclamación, la defensa incuestionable de los derechos humanos.
Que ahora el galardón sea utilizado como moneda simbólica para legitimar a un personaje como Trump debería servir de escarmiento definitivo. La Fundación no puede dar el Nobel al que presione más ni seguir amparándose en tecnicismos y excusas diplomáticas. Ha fallado, y de forma grave. Si quiere recuperar algo de credibilidad y decencia, deberá hacer una profunda autocrítica y volver a los fundamentos que dieron sentido al Nobel. De lo contrario, el premio corre el riesgo de convertirse en una caricatura de sí mismo, irrelevante y desacreditada.

Año 2027

 

El ególatra y psicópata Donal J. Trump se pasa el derecho internacional por el forro

Groenlandia llevaba meses siendo el estado 51 de la Unión. Europa reaccionó como dicta su manual de crisis: comunicados “contundentes”, cejas fruncidas y una sanción económica tan devastadora que Trump la colgó en Mar-a-Lago entre el Nobel de la Paz que le regaló María Corina Machado y el título honorífico de “Visionario Global” que él mismo se concedió.
La derecha patria, siempre dispuesta a confundir sumisión con realismo político, volvió a explicar en tertulias que Donald J. Trump no era un vendedor de gorras con botón nuclear, sino un genio estratégico al que había que saber entender. Se pusieron corbatas rojas largas, no por estética, sino para taparse la vergüenza hasta el esternón.
Trump, que nunca se distrae con lo irrelevante, ya tenía en mente otro objetivo. Le pusieron un mapa delante y le señalaron dónde cae Andalucía. Tardó unos segundos en pronunciarlo, pero no en decidirlo. Sacó un grueso rotulador dorado y la rodeó como quien marca una pieza en una subasta.
—Controlar el Estrecho.
La derecha patria, experta en detectar traiciones solo cuando gobiernan otros, no habló de invasión. Habló de salvación, “¡viene a salvarnos del pérfido Sánchez”!. De orden. De inversión extranjera, ¡fuera Ley de Costas!. Descubrió, de pronto, que la soberanía es negociable cuando el invasor promete bajar impuestos.
—El Estrecho es muy estrecho —explicó un diputado con la piel naranja de tanto autobronceador identitario—. Trump lo hará “great again”. Más ancho. Más rentable.
Aplaudieron. Algunos incluso agitaron banderitas, convencidos de que perder territorio es un precio asumible por no perder el relato.
Moraleja: cuando ves a los patriotas aplaudir mientras algunos se reparten el mundo, no es que el derecho internacional esté en peligro. Es que ya lo han vendido.

¿Puede existir mayor miseria moral?

 

El PP dispuesto a desguazar lo público para que sus amigos hagan negocio

Si se analiza la actuación del PP, de Isabel Díaz Ayuso y de la Comunidad de Madrid con las residencias de mayores, la pregunta es retórica. Mientras miles de personas mayores malviven en centros con carencias crónicas de personal, atención sanitaria y mantenimiento degradados, el Gobierno madrileño dejó sin ejecutar 61,5 millones de euros destinados a mejorar su cuidado. No fue un error técnico ni una anécdota presupuestaria: fue una decisión política.
Ese dinero público, que debía servir para dignificar los últimos años de vida de quienes sostuvieron este país, acabó engordando al grupo privado Quirón Salud. Un transvase indecente de recursos de lo común a lo privado, de los vulnerables a los privilegiados. El modelo del PP es este: adelgazar lo público –sanidad, educación, residencias… pensiones aún no porque no pueden– hasta asfixiarlo y después justificar el negocio privado como salvación inevitable. El resultado es devastador, inmoral y aumenta la desigualdad.
Resulta especialmente sospechoso que, en este contexto, empresas muy beneficiadas por la política sanitaria madrileña coloquen a la pareja de la presidenta en un cargo extraordinariamente bien remunerado. El conflicto ético es evidente, aunque se intente maquillar con coartadas legales.
Lo ocurrido en Madrid no es mala gestión, es desprecio social. Es decidir que nuestros mayores estorban –«se iban a morir igual»– y que su cuidado no da votos ni dividendos. Es gobernar contra la dignidad humana. ¡A seguir votándoles!

Un psicópata se autoproclama “rey del mundo”

 

Con el pirado de Donald Trump la mecha se ha prendido

Donald Trump no es una excentricidad política ni un simple error democrático, es una amenaza sistémica. La psicología política lo ha descrito como narcisista maligno, manipulador sin escrúpulos y carente de empatía, pero incluso ese diagnóstico resulta insuficiente frente al daño real que encarna. Su irrupción ha degenerado la democracia estadounidense hasta convertirla en una caricatura autoritaria, gobernada por el berrinche, la mentira y la pulsión de dominio.
Resulta obsceno que el futuro del planeta, el equilibrio económico global y el mayor arsenal nuclear del mundo queden a merced de un individuo emocionalmente inestable, obsesionado consigo mismo y ajeno a cualquier noción de bien común. Bajo su liderazgo, EEUU ha normalizado el odio, la xenofobia y un autoritarismo grotesco que, lejos de ser ridículo, es profundamente destructivo.
Trump no es solo amoral, es un peligro existencial. Ha inoculado el virus del fascismo en las instituciones, ha convertido la ignorancia en bandera, la tranquilidad en miedo y el insulto en método de gobierno. Su ley, la del más fuerte, tiene una hoja de ruta clara: dominar el continente americano expulsando a Rusia y China para enriquecerse y finiquitar la UE. Y, como no estamos ante un bufón inofensivo sino ante un pirómano con acceso al botón nuclear, Europa debería erigir su propia industria de defensa.
El “reinado” de este psicópata no es una anomalía pasajera, sino el síntoma de una civilización que, al encumbrar a un ser tan vil, ha comenzado a devorarse a sí misma sin remedio.

Feijóo: el bulo como proyecto político

 

Feijóo declarado "bulero" mayor del Reino

Lo de Feijóo no es un error menor sino un escándalo democrático de primer orden. Los mensajes que Mazón le envió desmontan pieza a pieza el relato que el líder del PP ha sostenido sin rubor más de un año. Prueban, en contra de lo afirmado, que estaban alertados de la DANA, que la UME actuó desde el primer minuto, que existió contacto directo con el presidente y con los ministerios implicados y que Feijóo no estuvo informado en «tiempo real» por Mazón. Si un bulo se mantiene durante más de un año hasta que los hechos lo desmienten, no es despiste, es una forma de actuar. Nada nuevo en el PP. Cada vez que su gestión fracasa o es sorprendido en falta, responde igual: lanza bulos, no dimiten, eluden responsabilidades, menosprecian a las víctimas, culpan a otros —siempre a otros— y embarran el debate público con desinformación.
Un bulo no es una simple mentira; es una falsedad deliberada, diseñada para difundirse, para erosionar la confianza ciudadana y para desestabilizar la convivencia democrática. Es una herramienta irresponsable de destrucción masiva. Y quienes la utilizan no son solo incompetentes, sino maquinadores conscientes y profundamente cínicos. Quien aspira a presidir España no puede propagar falsedades de tanta gravedad contra instituciones.
Lo más preocupante es que aún cosecha apoyo electoral; y así nos va.

Público-privada: ¡Exijo sinceridad!

 

PP-Vox: desguace de lo público

¿Es lícito privatizar servicios públicos? Aunque en términos éticos sea una práctica corrupta por los cuatro costados, parece que sí. Y es corrupta porque convertir bienes y servicios construidos con el esfuerzo y dinero de todos en negocio lucrativo de unos pocos es una forma torticera —y cobarde— de expoliar las arcas públicas. No quieren eficiencia, buscan el lucro de accionistas.
Lo más indignante es la deshonestidad de la derecha, que intenta acaramelar la privatización con eufemismos como “colaboración público-privada” o “libertad de elección”, cuando en realidad no es más que el chorreo de dinero público a empresas que solo buscan lucrarse, no bien común. Y lo hacen en servicios esenciales como sanidad, educación o residencias de mayores, donde la lógica del mercado jamás debería marcar el rumbo.
Si tan convencidos están de que su modelo es el mejor, que lo digan sin rodeos, como hago yo reprobándolo. Que los “muy patriotas” de PP y Vox manifiesten, de frente y sin maquillaje, que prefieren un país donde quien más tiene recibe más y quien menos tiene se queda a dos velas. Así, a la hora de votar, nadie podrá alegar engaño. Y, aunque al menos sería un acto de honestidad democrática, su hipocresía no lo posibilitará.

Barra libre a la EPOC

 

Lo que ha aprobado la derecha negacionista europea es un crimen

La UE pretende que sigan circulando motores de gasolina y diésel más allá de 2035. La claudicación ante el lobby automovilístico, petrolero y al PP –seguid votándoles– Europeo es una traición sangrante a la salud de su ciudadanía.
Esta claudicación política no es un detalle técnico: es una sentencia contra la salud pública. La contaminación del aire por partículas finas y dióxido de nitrógeno, producida principalmente por los coches de combustión, causa más de 250.000 muertes prematuras al año en la UE, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, y sigue siendo el principal riesgo medioambiental para la salud humana. 
Estas partículas penetran en los pulmones y pasan al torrente sanguíneo, aumentando drásticamente el riesgo de EPOC, cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares, ictus, demencia y complicaciones en el embarazo. Ya, el 95% de la población que vive en ciudades europeas respira aire con niveles de contaminación muy por encima de lo recomendado por la OMS. No inspiramos aire, respiramos muerte. La UE no solo está vendiendo nuestro bienestar a los negacionistas, sino que está hipotecando la salud pública y el futuro de nuestros pequeños, porque a todo ello hay que añadir la emergencia climática. Esta política renuncia a proteger vidas, favorece la enfermedad crónica mientras fortalece las industrias obsoletas de ricos que deberían haber sido relegadas a los libros de historia.

Cuestionar el sistema electoral

 

El PP es un cáncer para la democracia

No es nuevo ni casual. En el PP cuestionar el sistema electoral se ha convertido en un reflejo automático cada vez que se colocan las urnas. Es una estrategia vieja, irresponsable y profundamente antidemocrática. Que un aspirante a presidente del Gobierno como Feijóo siembre dudas de forma compulsiva sobre el proceso electoral español —reconocido por organismos internacionales como uno de los más fiables y transparentes del mundo— no es un desliz sino una conducta grave que debería tener castigo político. ¿Desde cuándo la mentira reiterada es un mérito para gobernar? El ruido lo montan para acallar la mala gestión.
Premiar ese comportamiento es premiar el trumpismo patrio: la deslegitimación preventiva, la sospecha sin pruebas, el “si no gano es fraude”. España ya ha vivido este bochorno. En 1993 el PP habló de pucherazo sin evidencias; en 2004 mintió conscientemente sobre el 11M para aferrarse al poder. En 2023 lo mismo. Hoy Aznar, Feijóo y su coro —Ayuso, Guardiola, Tellado…— reinciden con la misma irresponsabilidad, sabiendo que el sistema funciona y funciona bien.
No es crítica democrática, es intoxicación deliberada. El PP no es un partido de Estado, es un agente corrosivo. No defiende la democracia, la erosiona.

El falso constitucionalismo del PP

 

Miguel Tellado, impenitente chaquetero

Sin pudor alguno, Miguel Tellado no solo osa proclamar que el PP es «el único partido constitucionalista», sino que agita con «orgullo» un supuesto legado reconciliador que su propio partido traicionó desde el origen. Resulta grotesco escuchar semejante arrogancia de quien pertenece a un partido marcado por la corrupción, que cuestiona resultados electorales y tilda de «ilegítimo» a quien gobierna –si no son ellos, claro–, progenitor de la Operación Kitchen, la policía patriótica y que, además, emplea toda la maquinaria de Estado convertida en cloaca para perseguir a la oposición, elaborar pruebas falsas y obstaculizar a la justicia.
Veamos, constitucionalistas del PP, en la aprobación parlamentaria de la Constitución, de los 16 diputados de Alianza Popular, embrión del PP, 3 se abstuvieron y 5 votaron en contra. Los 6 votos en contrarios que obtuvo la Constitución fueron los suyos, más uno de Euskadiko Ezkerra, a quien tildaban de «terrorista». Además, una parte significativa de su militancia votó “no” en el referéndum de 1978.
Que ahora pretendan erigirse en guardianes de la Constitución no es ya cinismo, sino una burla a la inteligencia colectiva. ¿Constitucionalistas? ¡Ja!

Quiebra de la Justicia

 

La Justicia, que en España continúa siendo franquista, ya no se esconde

La sentencia es “histórica”, como repite el PP, pero lo es por su monumental infamia, que alcanza máximos en la degradación de un sistema judicial en manos del sector conservador dispuesto a dinamitar sus propios principios con tal de imponer su ideología. Desde ahora, cualquier ciudadano puede descubrir que ya no hacen falta pruebas, ni hechos, ni siquiera indicios razonables: basta con que la derecha judicial construya un relato, lo adorne con sospechas y lo eleve a categoría de verdad. La propia Sala de Apelaciones admitió que el Fiscal, en su nota para desmentir un bulo que dañaba a la institución que tiene que defender, no reveló nada que se acercara a un delito. Pero ahora, como el Fiscal confesó redactar dicho texto —un acto completamente legítimo para desmentir un bulo—, se retuerce la legalidad hasta convertir lo lícito en punible. Esa lógica perversa, donde la conclusión se decide antes que el análisis, revela una justicia que parece servirse de los intereses del PP y no acata la Constitución. Con decisiones así, se vacía de contenido el artículo 24.2 y se abre la puerta a un futuro inquietante, el de una España donde la presunción de inocencia es sustituida por la presunción de culpa cuando conviene a la derecha, y donde la ciudadanía queda a merced de quienes manipulan la ley para proteger su poder.

La factura oculta de las privatizaciones

 

Privatizar es regalar el dinero de todos a los millonarios

¡Qué escándalo!... es ironía, por si no se me entiende.
Cuando un servicio público se entrega a manos privadas, el interés común queda relegado a un segundo plano. La empresa privada busca maximizar beneficios, no garantizar derechos básicos como salud, educación o dignidad. Lo que hay en los modelos privatizadores del PP en sanidad, educación o residencias de mayores es el negocio empresarial condicionando decisiones que deberían responder exclusivamente a criterios éticos. Así, alargar las listas de espera no es solo mala gestión, es un acto criminal que permite que las enfermedades progresen, que los diagnósticos lleguen tarde y que los pacientes mueran por una estrategia de rentabilidad disfrazada de eficiencia a la vez que suben los seguros privados.
Cuando los derechos se convierten en negocio, se subastan en mercados donde la calidad se mide en ahorro y no en bienestar. La ciudadanía paga dos veces: con impuestos y con el destrozo de la atención.
Y recalco que, el dinero público convertido en dividendo empresarial para unos pocos potentados, debería haber sido usado para mejorar los servicios, no para llenar sus bolsillos. Y mientras tanto, quienes promueven estas políticas se escudan en discursos de modernización que solo encubren un chorreo constante de recursos públicos hacia intereses privados de sus defendidos: los ricos.

Corrupción

 

En España, la corrupción es una lacra crónica heredada del franquismo

Hace 3 meses, PP, Vox y Junts unieron fuerzas para tumbar la propuesta del Gobierno que buscaba crear una oficina independiente anticorrupción, dotada de autonomía real, medios suficientes y capacidad para investigar sin injerencias cualquier caso de corrupción que afectara a instituciones públicas, partidos, sindicatos o empresas que reciban dinero público. En un país donde la corrupción es una enfermedad crónica, donde demasiados hacen fortuna al abrigo del contrato público y de favores opacos, cuesta entender —o quizá no— por qué precisamente estos partidos de derechas decidieron bloquear un arma imprescindible para proteger el interés general.
La ley también contemplaba un sistema de alertas tempranas para detectar irregularidades y malas prácticas administrativas, así como la posibilidad de que los funcionarios de la oficina se personaran en cualquier dependencia pública para revisar expedientes, registros, bases de datos o contabilidad in situ, sin pedir permiso a quienes podrían estar implicados.
¿Qué temen exactamente estos partidos que vociferan “¡Corrupción!” mientras boicotean cualquier mecanismo serio de control? ¿Por qué se oponen a una vigilancia que solo debería incomodar a quienes tienen algo que ocultar?
Este rechazo es la prueba tangible de que la derecha, a menudo corrupta en sus prácticas y cómplice por omisión en sus políticas, prefiere la opacidad a rendir cuentas. Su postura boicoteadora es irresponsabilidad política, la vergonzosa defensa corporativista de la impunidad y del statu quo corrupto que les ha beneficiado históricamente.

Feijóo y la televisión democrática

 

El PP, heredero de Franco, jamás ha entendido qué significa una televisión plural

Solo hay que fijarse en VOX para saber que repetirá el PP en pocas horas, como si fuera doctrina propia. El último ejemplo es lo ocurrido en su ofensiva contra RTVE, una cruzada que va del insulto a la amenaza. La derecha extrema habla de «entrar con lanzallamas y motosierra» para arrasar la televisión pública, y Feijóo, en lugar de frenar la deriva, se une al corifeo y llama a TVE «Telepedro», acusándola de ser una «fábrica de mentiras». Es grotesco que el líder de un partido que ha hundido televisiones autonómicas al quedarse sin audiencia de puro tendenciosas y culpable de corrupción endémica pretenda dar lecciones de ética periodística.
RTVE, junto con La Sexta, siguen siendo los medios generalistas más plurales de España, los únicos donde conviven voces de todas las sensibilidades y eso les duele. RTVE bajo el gobierno de Zapatero logró premios y alcanzó liderazgo y prestigio internacional, reconocida incluso por organismos que situaban sus informativos al nivel de la BBC. Pero cada vez que el PP pisa Moncloa, el pluralismo se evapora: expulsan a profesionales y regresan los censores, los vetos, la propaganda partidista… Lo mismo sucede en las autonomías que gobierna, solo o con VOX, donde manipulan y vacían de credibilidad los medios públicos. En el fondo, lo que les molesta no es TVE, sino la democracia informativa: esa que ni entienden ni soportan.