Justicia asimétrica

 

En España la justicia está totalmente sesgada

En la justicia española conviven dos realidades que rara vez se comparan honestamente. Por un lado, si afecta a la izquierda, instrucciones relámpago orquestadas con escasa carga probatoria, pero con desmesurado e inmediato eco mediático. Por otro, si afecta a la derecha, macroprocesos que se eternizan, se fragmentan hasta la irrelevancia, con escasa cobertura mediática que prescriben o se resuelven tan tarde que son irrelevantes.
Cuando se señalan estas diferencias, surge el argumento tranquilizador de los equidistantes: «Pero, al final, la justicia llega a todos, ¿no?». No es cierto, casos como los de Aguirre, Montoro o Cospedal no son anomalías; son el triunfo de un sistema que utiliza el tiempo como escudo. Y aun si lo fuera –que no–, una justicia que tarda más de veinte años en pronunciarse –Ignacio González, PP– deja de cumplir su función básica. En el caso Gürtel, por ejemplo, pasaron más de nueve años desde el inicio de la instrucción hasta la primera gran sentencia, y aun así quedaron responsabilidades políticas fuera del banquillo. La pareja de Ayuso cuyo juicio se celebrará, como pronto, tras las elecciones de 2027, el tiempo no está siendo neutral: juega a favor de la derecha.
Ante semejante panorama, la equidistancia no es neutralidad, es toma de partido, ceguera selectiva y colaboracionismo. Equiparar investigaciones veloces y frágiles con otras lentas y exhaustivas, o asumir como normal que el calendario judicial proteja a ciertos nombres, implica aceptar el sistema tal como está. Y aceptarlo es respaldar sus injusticias.
No se trata de defender siglas, sino principios. Señalar que la toga ha sido sustituida por ideología de derecha no es radicalidad, es la única respuesta democrática posible frente a una judicatura que ha decidido jugar a la política «por la puerta de atrás».

El Premio Nobel

 

Patético Donal J. Trump

La decisión de María Corina Machado de regalar su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump no es solo una bochornosa realidad, es un gesto patético que, por sí solo, evidencia hasta qué punto el galardón ha sido vaciado de sentido y convertido en un instrumento político más. Pero el escándalo no termina en quienes protagonizan el acto; alcanza de lleno a la Fundación Nobel y, especialmente, al Comité Noruego del Nobel que ha demostrado una irresponsable laxitud en la custodia de uno de los premios más prestigiosos del mundo.
Este episodio no surge de la nada. El Nobel de la Paz lleva años acumulando decisiones incomprensibles que han erosionado su autoridad moral. La concesión del premio a figuras cuya trayectoria contradice los valores de paz, diálogo y derechos humanos revela hasta qué punto el dinero de los grupos de presión, intereses geopolíticos y cálculos estratégicos han sustituido a los principios que Alfred Nobel quiso consagrar: la paz, la justicia y, aunque no los mencionó explícitamente pues falleció mucho antes de su proclamación, la defensa incuestionable de los derechos humanos.
Que ahora el galardón sea utilizado como moneda simbólica para legitimar a un personaje como Trump debería servir de escarmiento definitivo. La Fundación no puede dar el Nobel al que presione más ni seguir amparándose en tecnicismos y excusas diplomáticas. Ha fallado, y de forma grave. Si quiere recuperar algo de credibilidad y decencia, deberá hacer una profunda autocrítica y volver a los fundamentos que dieron sentido al Nobel. De lo contrario, el premio corre el riesgo de convertirse en una caricatura de sí mismo, irrelevante y desacreditada.

Año 2027

 

El ególatra y psicópata Donal J. Trump se pasa el derecho internacional por el forro

Groenlandia llevaba meses siendo el estado 51 de la Unión. Europa reaccionó como dicta su manual de crisis: comunicados “contundentes”, cejas fruncidas y una sanción económica tan devastadora que Trump la colgó en Mar-a-Lago entre el Nobel de la Paz que le regaló María Corina Machado y el título honorífico de “Visionario Global” que él mismo se concedió.
La derecha patria, siempre dispuesta a confundir sumisión con realismo político, volvió a explicar en tertulias que Donald J. Trump no era un vendedor de gorras con botón nuclear, sino un genio estratégico al que había que saber entender. Se pusieron corbatas rojas largas, no por estética, sino para taparse la vergüenza hasta el esternón.
Trump, que nunca se distrae con lo irrelevante, ya tenía en mente otro objetivo. Le pusieron un mapa delante y le señalaron dónde cae Andalucía. Tardó unos segundos en pronunciarlo, pero no en decidirlo. Sacó un grueso rotulador dorado y la rodeó como quien marca una pieza en una subasta.
—Controlar el Estrecho.
La derecha patria, experta en detectar traiciones solo cuando gobiernan otros, no habló de invasión. Habló de salvación, “¡viene a salvarnos del pérfido Sánchez”!. De orden. De inversión extranjera, ¡fuera Ley de Costas!. Descubrió, de pronto, que la soberanía es negociable cuando el invasor promete bajar impuestos.
—El Estrecho es muy estrecho —explicó un diputado con la piel naranja de tanto autobronceador identitario—. Trump lo hará “great again”. Más ancho. Más rentable.
Aplaudieron. Algunos incluso agitaron banderitas, convencidos de que perder territorio es un precio asumible por no perder el relato.
Moraleja: cuando ves a los patriotas aplaudir mientras algunos se reparten el mundo, no es que el derecho internacional esté en peligro. Es que ya lo han vendido.

¿Puede existir mayor miseria moral?

 

El PP dispuesto a desguazar lo público para que sus amigos hagan negocio

Si se analiza la actuación del PP, de Isabel Díaz Ayuso y de la Comunidad de Madrid con las residencias de mayores, la pregunta es retórica. Mientras miles de personas mayores malviven en centros con carencias crónicas de personal, atención sanitaria y mantenimiento degradados, el Gobierno madrileño dejó sin ejecutar 61,5 millones de euros destinados a mejorar su cuidado. No fue un error técnico ni una anécdota presupuestaria: fue una decisión política.
Ese dinero público, que debía servir para dignificar los últimos años de vida de quienes sostuvieron este país, acabó engordando al grupo privado Quirón Salud. Un transvase indecente de recursos de lo común a lo privado, de los vulnerables a los privilegiados. El modelo del PP es este: adelgazar lo público –sanidad, educación, residencias… pensiones aún no porque no pueden– hasta asfixiarlo y después justificar el negocio privado como salvación inevitable. El resultado es devastador, inmoral y aumenta la desigualdad.
Resulta especialmente sospechoso que, en este contexto, empresas muy beneficiadas por la política sanitaria madrileña coloquen a la pareja de la presidenta en un cargo extraordinariamente bien remunerado. El conflicto ético es evidente, aunque se intente maquillar con coartadas legales.
Lo ocurrido en Madrid no es mala gestión, es desprecio social. Es decidir que nuestros mayores estorban –«se iban a morir igual»– y que su cuidado no da votos ni dividendos. Es gobernar contra la dignidad humana. ¡A seguir votándoles!

Un psicópata se autoproclama “rey del mundo”

 

Con el pirado de Donald Trump la mecha se ha prendido

Donald Trump no es una excentricidad política ni un simple error democrático, es una amenaza sistémica. La psicología política lo ha descrito como narcisista maligno, manipulador sin escrúpulos y carente de empatía, pero incluso ese diagnóstico resulta insuficiente frente al daño real que encarna. Su irrupción ha degenerado la democracia estadounidense hasta convertirla en una caricatura autoritaria, gobernada por el berrinche, la mentira y la pulsión de dominio.
Resulta obsceno que el futuro del planeta, el equilibrio económico global y el mayor arsenal nuclear del mundo queden a merced de un individuo emocionalmente inestable, obsesionado consigo mismo y ajeno a cualquier noción de bien común. Bajo su liderazgo, EEUU ha normalizado el odio, la xenofobia y un autoritarismo grotesco que, lejos de ser ridículo, es profundamente destructivo.
Trump no es solo amoral, es un peligro existencial. Ha inoculado el virus del fascismo en las instituciones, ha convertido la ignorancia en bandera, la tranquilidad en miedo y el insulto en método de gobierno. Su ley, la del más fuerte, tiene una hoja de ruta clara: dominar el continente americano expulsando a Rusia y China para enriquecerse y finiquitar la UE. Y, como no estamos ante un bufón inofensivo sino ante un pirómano con acceso al botón nuclear, Europa debería erigir su propia industria de defensa.
El “reinado” de este psicópata no es una anomalía pasajera, sino el síntoma de una civilización que, al encumbrar a un ser tan vil, ha comenzado a devorarse a sí misma sin remedio.

Feijóo: el bulo como proyecto político

 

Feijóo declarado "bulero" mayor del Reino

Lo de Feijóo no es un error menor sino un escándalo democrático de primer orden. Los mensajes que Mazón le envió desmontan pieza a pieza el relato que el líder del PP ha sostenido sin rubor más de un año. Prueban, en contra de lo afirmado, que estaban alertados de la DANA, que la UME actuó desde el primer minuto, que existió contacto directo con el presidente y con los ministerios implicados y que Feijóo no estuvo informado en «tiempo real» por Mazón. Si un bulo se mantiene durante más de un año hasta que los hechos lo desmienten, no es despiste, es una forma de actuar. Nada nuevo en el PP. Cada vez que su gestión fracasa o es sorprendido en falta, responde igual: lanza bulos, no dimiten, eluden responsabilidades, menosprecian a las víctimas, culpan a otros —siempre a otros— y embarran el debate público con desinformación.
Un bulo no es una simple mentira; es una falsedad deliberada, diseñada para difundirse, para erosionar la confianza ciudadana y para desestabilizar la convivencia democrática. Es una herramienta irresponsable de destrucción masiva. Y quienes la utilizan no son solo incompetentes, sino maquinadores conscientes y profundamente cínicos. Quien aspira a presidir España no puede propagar falsedades de tanta gravedad contra instituciones.
Lo más preocupante es que aún cosecha apoyo electoral; y así nos va.

Público-privada: ¡Exijo sinceridad!

 

PP-Vox: desguace de lo público

¿Es lícito privatizar servicios públicos? Aunque en términos éticos sea una práctica corrupta por los cuatro costados, parece que sí. Y es corrupta porque convertir bienes y servicios construidos con el esfuerzo y dinero de todos en negocio lucrativo de unos pocos es una forma torticera —y cobarde— de expoliar las arcas públicas. No quieren eficiencia, buscan el lucro de accionistas.
Lo más indignante es la deshonestidad de la derecha, que intenta acaramelar la privatización con eufemismos como “colaboración público-privada” o “libertad de elección”, cuando en realidad no es más que el chorreo de dinero público a empresas que solo buscan lucrarse, no bien común. Y lo hacen en servicios esenciales como sanidad, educación o residencias de mayores, donde la lógica del mercado jamás debería marcar el rumbo.
Si tan convencidos están de que su modelo es el mejor, que lo digan sin rodeos, como hago yo reprobándolo. Que los “muy patriotas” de PP y Vox manifiesten, de frente y sin maquillaje, que prefieren un país donde quien más tiene recibe más y quien menos tiene se queda a dos velas. Así, a la hora de votar, nadie podrá alegar engaño. Y, aunque al menos sería un acto de honestidad democrática, su hipocresía no lo posibilitará.

Barra libre a la EPOC

 

Lo que ha aprobado la derecha negacionista europea es un crimen

La UE pretende que sigan circulando motores de gasolina y diésel más allá de 2035. La claudicación ante el lobby automovilístico, petrolero y al PP –seguid votándoles– Europeo es una traición sangrante a la salud de su ciudadanía.
Esta claudicación política no es un detalle técnico: es una sentencia contra la salud pública. La contaminación del aire por partículas finas y dióxido de nitrógeno, producida principalmente por los coches de combustión, causa más de 250.000 muertes prematuras al año en la UE, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, y sigue siendo el principal riesgo medioambiental para la salud humana. 
Estas partículas penetran en los pulmones y pasan al torrente sanguíneo, aumentando drásticamente el riesgo de EPOC, cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares, ictus, demencia y complicaciones en el embarazo. Ya, el 95% de la población que vive en ciudades europeas respira aire con niveles de contaminación muy por encima de lo recomendado por la OMS. No inspiramos aire, respiramos muerte. La UE no solo está vendiendo nuestro bienestar a los negacionistas, sino que está hipotecando la salud pública y el futuro de nuestros pequeños, porque a todo ello hay que añadir la emergencia climática. Esta política renuncia a proteger vidas, favorece la enfermedad crónica mientras fortalece las industrias obsoletas de ricos que deberían haber sido relegadas a los libros de historia.

Cuestionar el sistema electoral

 

El PP es un cáncer para la democracia

No es nuevo ni casual. En el PP cuestionar el sistema electoral se ha convertido en un reflejo automático cada vez que se colocan las urnas. Es una estrategia vieja, irresponsable y profundamente antidemocrática. Que un aspirante a presidente del Gobierno como Feijóo siembre dudas de forma compulsiva sobre el proceso electoral español —reconocido por organismos internacionales como uno de los más fiables y transparentes del mundo— no es un desliz sino una conducta grave que debería tener castigo político. ¿Desde cuándo la mentira reiterada es un mérito para gobernar? El ruido lo montan para acallar la mala gestión.
Premiar ese comportamiento es premiar el trumpismo patrio: la deslegitimación preventiva, la sospecha sin pruebas, el “si no gano es fraude”. España ya ha vivido este bochorno. En 1993 el PP habló de pucherazo sin evidencias; en 2004 mintió conscientemente sobre el 11M para aferrarse al poder. En 2023 lo mismo. Hoy Aznar, Feijóo y su coro —Ayuso, Guardiola, Tellado…— reinciden con la misma irresponsabilidad, sabiendo que el sistema funciona y funciona bien.
No es crítica democrática, es intoxicación deliberada. El PP no es un partido de Estado, es un agente corrosivo. No defiende la democracia, la erosiona.

El falso constitucionalismo del PP

 

Miguel Tellado, impenitente chaquetero

Sin pudor alguno, Miguel Tellado no solo osa proclamar que el PP es «el único partido constitucionalista», sino que agita con «orgullo» un supuesto legado reconciliador que su propio partido traicionó desde el origen. Resulta grotesco escuchar semejante arrogancia de quien pertenece a un partido marcado por la corrupción, que cuestiona resultados electorales y tilda de «ilegítimo» a quien gobierna –si no son ellos, claro–, progenitor de la Operación Kitchen, la policía patriótica y que, además, emplea toda la maquinaria de Estado convertida en cloaca para perseguir a la oposición, elaborar pruebas falsas y obstaculizar a la justicia.
Veamos, constitucionalistas del PP, en la aprobación parlamentaria de la Constitución, de los 16 diputados de Alianza Popular, embrión del PP, 3 se abstuvieron y 5 votaron en contra. Los 6 votos en contrarios que obtuvo la Constitución fueron los suyos, más uno de Euskadiko Ezkerra, a quien tildaban de «terrorista». Además, una parte significativa de su militancia votó “no” en el referéndum de 1978.
Que ahora pretendan erigirse en guardianes de la Constitución no es ya cinismo, sino una burla a la inteligencia colectiva. ¿Constitucionalistas? ¡Ja!

Quiebra de la Justicia

 

La Justicia, que en España continúa siendo franquista, ya no se esconde

La sentencia es “histórica”, como repite el PP, pero lo es por su monumental infamia, que alcanza máximos en la degradación de un sistema judicial en manos del sector conservador dispuesto a dinamitar sus propios principios con tal de imponer su ideología. Desde ahora, cualquier ciudadano puede descubrir que ya no hacen falta pruebas, ni hechos, ni siquiera indicios razonables: basta con que la derecha judicial construya un relato, lo adorne con sospechas y lo eleve a categoría de verdad. La propia Sala de Apelaciones admitió que el Fiscal, en su nota para desmentir un bulo que dañaba a la institución que tiene que defender, no reveló nada que se acercara a un delito. Pero ahora, como el Fiscal confesó redactar dicho texto —un acto completamente legítimo para desmentir un bulo—, se retuerce la legalidad hasta convertir lo lícito en punible. Esa lógica perversa, donde la conclusión se decide antes que el análisis, revela una justicia que parece servirse de los intereses del PP y no acata la Constitución. Con decisiones así, se vacía de contenido el artículo 24.2 y se abre la puerta a un futuro inquietante, el de una España donde la presunción de inocencia es sustituida por la presunción de culpa cuando conviene a la derecha, y donde la ciudadanía queda a merced de quienes manipulan la ley para proteger su poder.

La factura oculta de las privatizaciones

 

Privatizar es regalar el dinero de todos a los millonarios

¡Qué escándalo!... es ironía, por si no se me entiende.
Cuando un servicio público se entrega a manos privadas, el interés común queda relegado a un segundo plano. La empresa privada busca maximizar beneficios, no garantizar derechos básicos como salud, educación o dignidad. Lo que hay en los modelos privatizadores del PP en sanidad, educación o residencias de mayores es el negocio empresarial condicionando decisiones que deberían responder exclusivamente a criterios éticos. Así, alargar las listas de espera no es solo mala gestión, es un acto criminal que permite que las enfermedades progresen, que los diagnósticos lleguen tarde y que los pacientes mueran por una estrategia de rentabilidad disfrazada de eficiencia a la vez que suben los seguros privados.
Cuando los derechos se convierten en negocio, se subastan en mercados donde la calidad se mide en ahorro y no en bienestar. La ciudadanía paga dos veces: con impuestos y con el destrozo de la atención.
Y recalco que, el dinero público convertido en dividendo empresarial para unos pocos potentados, debería haber sido usado para mejorar los servicios, no para llenar sus bolsillos. Y mientras tanto, quienes promueven estas políticas se escudan en discursos de modernización que solo encubren un chorreo constante de recursos públicos hacia intereses privados de sus defendidos: los ricos.

Corrupción

 

En España, la corrupción es una lacra crónica heredada del franquismo

Hace 3 meses, PP, Vox y Junts unieron fuerzas para tumbar la propuesta del Gobierno que buscaba crear una oficina independiente anticorrupción, dotada de autonomía real, medios suficientes y capacidad para investigar sin injerencias cualquier caso de corrupción que afectara a instituciones públicas, partidos, sindicatos o empresas que reciban dinero público. En un país donde la corrupción es una enfermedad crónica, donde demasiados hacen fortuna al abrigo del contrato público y de favores opacos, cuesta entender —o quizá no— por qué precisamente estos partidos de derechas decidieron bloquear un arma imprescindible para proteger el interés general.
La ley también contemplaba un sistema de alertas tempranas para detectar irregularidades y malas prácticas administrativas, así como la posibilidad de que los funcionarios de la oficina se personaran en cualquier dependencia pública para revisar expedientes, registros, bases de datos o contabilidad in situ, sin pedir permiso a quienes podrían estar implicados.
¿Qué temen exactamente estos partidos que vociferan “¡Corrupción!” mientras boicotean cualquier mecanismo serio de control? ¿Por qué se oponen a una vigilancia que solo debería incomodar a quienes tienen algo que ocultar?
Este rechazo es la prueba tangible de que la derecha, a menudo corrupta en sus prácticas y cómplice por omisión en sus políticas, prefiere la opacidad a rendir cuentas. Su postura boicoteadora es irresponsabilidad política, la vergonzosa defensa corporativista de la impunidad y del statu quo corrupto que les ha beneficiado históricamente.

Feijóo y la televisión democrática

 

El PP, heredero de Franco, jamás ha entendido qué significa una televisión plural

Solo hay que fijarse en VOX para saber que repetirá el PP en pocas horas, como si fuera doctrina propia. El último ejemplo es lo ocurrido en su ofensiva contra RTVE, una cruzada que va del insulto a la amenaza. La derecha extrema habla de «entrar con lanzallamas y motosierra» para arrasar la televisión pública, y Feijóo, en lugar de frenar la deriva, se une al corifeo y llama a TVE «Telepedro», acusándola de ser una «fábrica de mentiras». Es grotesco que el líder de un partido que ha hundido televisiones autonómicas al quedarse sin audiencia de puro tendenciosas y culpable de corrupción endémica pretenda dar lecciones de ética periodística.
RTVE, junto con La Sexta, siguen siendo los medios generalistas más plurales de España, los únicos donde conviven voces de todas las sensibilidades y eso les duele. RTVE bajo el gobierno de Zapatero logró premios y alcanzó liderazgo y prestigio internacional, reconocida incluso por organismos que situaban sus informativos al nivel de la BBC. Pero cada vez que el PP pisa Moncloa, el pluralismo se evapora: expulsan a profesionales y regresan los censores, los vetos, la propaganda partidista… Lo mismo sucede en las autonomías que gobierna, solo o con VOX, donde manipulan y vacían de credibilidad los medios públicos. En el fondo, lo que les molesta no es TVE, sino la democracia informativa: esa que ni entienden ni soportan.

Cree el ladrón que…

Miguel Ángel Rodríguez, un sinvergüenza y vividor en la corte de Ayuso

 Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, mano derecha de Ayuso, ha tenido que reconocer ante un juez que mintió deliberadamente al acusar al fiscal general del Estado de recibir «órdenes de arriba» para atacar a su jefa retirando el pacto alcanzado entre el novio de Ayuso e inspección de Hacienda. Esta defensa es grotesca; y, sin rubor, la argumentó así: «llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el ministerio fiscal, que está jerarquizado y colegiado».
Será, claro, por el profundo conocimiento que tiene de los ámbitos políticos que ha frecuentado toda su vida: esos en los que el cinismo y el trapicheo mafioso son norma, y donde la mentira no solo es tolerada, sino elevada a virtud estratégica. Desde el 11-M hasta la DANA, pasando por el cribado de mamografías, la derecha que representa ha hecho de la manipulación una herramienta política esencial para mantener o lograr el poder. Lo de Rodríguez no es intuición, es mentir. Y su declaración ante el juez no es más que la confesión sin pudor de una forma de hacer política basada en la impunidad, el abuso de poder y el más profundo desprecio a los ciudadanos.
Aunque, bien mirado, quizá no tenga tanta culpa. Tal vez simplemente ignora que existen otros mundos —lejanos del suyo— donde rigen la ética, el rigor y la responsabilidad pública.
Porque, como bien dice el refrán: cree el ladrón que todos son de su condición.

Ni un paso atrás: agotar la legislatura para frenar la involución

 

El PP ya no disimula

Agotar la legislatura no es solo una necesidad política, es una obligación moral. La alternativa reaccionaria representa un retroceso devastador para la democracia, los derechos sociales y la dignidad de millones de personas. Además, la derecha ha demostrado una preocupante falta de capacidad para gestionar situaciones complejas. Siempre fue incompetente.
El mal llamado “milagro económico” de Aznar fue un espejismo: entrada en el euro, ciclo económico internacional favorable, privatización salvaje del patrimonio nacional y el estallido de una burbuja inmobiliaria alimentada por una ley del suelo irresponsable. A eso se sumaron fondos europeos y bajos precios de materias primas. Un escenario excepcional que no tiene nada que ver con una gestión ejemplar, sino más bien con un saqueo del patrimonio.
Además, cuando les ha tocado gestionar crisis, su respuesta ha sido deficiente: desde la manipulación del 11-M, la catástrofe del Prestige, el escándalo del Yak-42, hasta los recortes de Rajoy y la pérdida de derechos laborales. A esto se suman tragedias como el Madrid Arena, la gestión de las residencias en la pandemia, la DANA valenciana o los recientes incendios. En todos estos casos, la derecha mostró su verdadera cara: desprecio a las víctimas, mentiras sistemáticas, cero rendir cuentas y una arrogancia criminal que jamás asumió responsabilidades. A día de hoy, seguimos esperando una sola disculpa. Jamás llegará, porque mejorar la vida de la gente nunca ha sido su objetivo. Su rechazo al sector público es notorio; su propósito es desgastar a la izquierda con el fin de alcanzar el poder, y una vez lo logran, buscan controlar las instituciones para perpetuar y ampliar las desigualdades sociales. Su enfoque es crear leyes que beneficien a los más poderosos.
No es ficción. Es su historial. Y es una amenaza real. Volverían los recortes, el bloqueo institucional, la precariedad y la propaganda. Volverían los insultos a los sindicatos, el negacionismo climático, la criminalización de la protesta y el retroceso de derechos de mujeres, migrantes y trabajadores.
Por eso, agotar la legislatura es una necesidad estratégica y una declaración de principios. Presentar unos presupuestos valientes, centrados en la justicia social, obligará a retratarse a quienes votan en contra de proteger a la mayoría. Será una herramienta para consolidar un proyecto de país que ha demostrado capacidad de gestión, voluntad de diálogo y compromiso con el futuro.
La derecha ha gobernado, y el resultado fue desolador. No lo olvidamos. Hoy, más que nunca, necesitamos resistencia, pero también ambición. No basta con frenar. Hay que avanzar.
Ni un paso atrás.

Hacienda patriótica

 

PP y Vox siempre besan el culo a los ricos

PP y Vox, cada vez que tocan el poder, amparan a los poderosos: legislan para una minoría privilegiada mientras castigan al resto. Mientras Rajoy en el Consejo de Ministros recortaba el estado de bienestar, la Hacienda dirigida por Cristóbal Montoro, presuntamente se convertía en un lobby para beneficiar a grandes corporaciones. Este caso de corrupción premium, gravísimo y sin parangón, sería otro capítulo del extenso libro de tropelías del PP: hacer leyes a medida desde el Gobierno para desviar miles de millones del bolsillo de los contribuyentes hacia grandes corporaciones. Ese dinero, que debería haberse destinado a sanidad, educación o dependencia, acabó en manos de oligarcas que jamás pagan las consecuencias.
El PP no gobierna: saquea. Sus recortes siempre se ceban con los más vulnerables, mientras sus amnistías fiscales y sus leyes tramposas protegen a poderosos y corruptos. Y todavía tienen la desfachatez de hablar de “corrupción” y “patriotismo”. ¿Defender España? No, solo defienden a los poderosos.
El PP es una maquinaria perfectamente engrasada para saquear lo público, disfrazada de partido político. Una organización criminal, como bien recoge una sentencia. Cada vez que gobiernan, la riqueza fluye hacia arriba y la miseria hacia abajo. No es casualidad. Es su modelo de país. Uno donde siempre mandan los poderosos y el resto paga.
¿Mafia o democracia? ¿Y tú me lo preguntas? Mafia… eres tú.

Huelga de jueces conservadores

 

Hasta en las huelgas debemos soportar una Justicia de derechas privilegiada

He ido a la huelga varias veces en mi vida. Y siempre me han descontado del salario lo que correspondía: el día no trabajado, la parte proporcional de las pagas extras y dejar de cotizar a la SS. Lo asumí porque así funciona cuando uno ejerce un derecho responsablemente. Pero ahora resulta que los jueces conservadores, los mismos que se llenan la boca hablando de legalidad, de orden y de Estado de derecho, se han puesto en huelga y no han comunicado quiénes han secundado el paro. ¿Por qué? Para que no se les descuente nada. Para seguir cobrando, aunque no trabajen. Para hacer trampas. Esto también es corrupción.
Son unos sinvergüenzas. Así, sin paños calientes. No solo por lo que hacen, sino por lo que representan. Son una élite conservadora que se cree por encima del bien y del mal. Que dicta sentencias, que reparte castigos, pero que se niega a rendir cuentas. Que exige sacrificios al pueblo mientras ellos se cubren de privilegios. Este comportamiento no solo es indecente; es profundamente antidemocrático. Porque no hay justicia posible cuando los jueces se comportan como una casta intocable. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Y lo que llevan haciendo desde el golpe de Estado franquista que acabó con la democracia e instauró una dictadura.

El PP: cáncer de la democracia

 

El PP corroe la democracia

El PP asume que el poder le pertenece por la gracia de Dios, convencido de que las instituciones del Estado son su coto privado. No importa si gobierna o no: siembra dudas, manipula a la opinión pública y cuestiona la legitimidad de las instituciones que deben servir a todos los ciudadanos. Vayamos por partes. En 1993, varios sondeos privados daban al PP una victoria mínima, pero cuando se cerraron las urnas, los entonces líderes del partido, Arenas y Gallardón, no dudaron en denunciar un supuesto “pucherazo” orquestado por el Gobierno socialista. Fue necesario que el Rey Juan Carlos I telefoneara a Aznar para poner fin a semejante despropósito. En 2004, para intentar retener el poder a toda costa, el PP mintió a sabiendas al atribuir la autoría de los atentados del 11M a ETA. Ahora, Aznar, Feijóo y toda su cúpula hacen declaraciones incendiarias sembrando la sospecha sobre la integridad de nuestro sistema electoral, sin presentar una solo prueba, sabiendo perfectamente que el nuestro es uno de los más transparentes y rigurosos del mundo. El PP no solo desprecia la verdad, sino que manipula a la ciudadanía para alimentar sus propios intereses. Son lo peor de la política, la encarnación del trumpismo.
No es un partido de Estado, es un cáncer de la democracia.

Acabar con la corrupción

 

Los corruptores, como los corruptos, deben pagarlo

La corrupción devora lo que con tanto esfuerzo construimos. Se alimenta de egoísmo, ambición desmedida y deseo insaciable de lucro; no respeta a nada ni a nadie. Es una fuerza destructiva que transita por los rincones más oscuros de la sociedad. Se introduce en todos los ámbitos, socava los pilares de la confianza y convierte el servicio público, la promesa de bienestar colectivo, en territorio de saqueo de unos pocos.
El daño causado es incalculable. No solo en términos materiales, donde millones de euros se desvanecen en manos corruptas, sino en lo más profundo: lo humano. Es la desolación que deja detrás, es la desesperanza de los ciudadanos que sufren el abandono de sus derechos básicos, es la creciente desigualdad que genera un sistema donde unos pocos se enriquecen mientras la mayoría se ve condenada a luchar por lo mínimo. Hospitales, educación, agua potable, obra pública… todo se convierten en terreno de saqueo. Hasta las empresas públicas de servicios estratégicos, otrora solventes y orgullo de la nación, se enajenan a intereses privados.
Las instituciones se desmoronan desde dentro y pierden su capacidad para proteger a la ciudadanía. Los recursos que deberían ser destinados al bienestar común son desviados por las manos de quienes no tienen otro objetivo que satisfacer sus ansias de dinero, mientras los ciudadanos se ven indefensos ante el despojo sistemático.
Pasó el momento de hablar con palabras tibias. No sirve, no ayuda. Hay que actuar con una contundencia sin precedentes. Es necesario que corruptores y corruptos enfrenten las consecuencias de sus actos, no solo con penas ejemplares, sino con un verdadero proceso de purga que los obligue a devolver lo robado. El daño causado a las instituciones y a la confianza de la ciudadanía debe ser reparado, aunque en muchos casos las cicatrices no sanarán. Pero no podemos rendirnos. No podemos permitir que esta podredumbre siga infectando nuestra democracia.
Penas más severas, multas exorbitantes, fin de los aforamientos y, lo más importante, prohibir que aquellos que han corrompido el sistema puedan volver a tocar el poder. Las empresas que han participado en prácticas corruptas deben ser expulsadas del proceso de licitación pública para siempre y sin contemplaciones.
España no se renovará por sí sola. La ciudadanía debe ser consciente de que la democracia no es un regalo que se recibe, sino una responsabilidad que se defiende. La indiferencia es uno de los grandes enemigos que tenemos como nación. La lucha contra la corrupción no es solo una cuestión política, sino de ética, de dignidad, de supervivencia.
Mientras no exista renovación verdadera, España seguirá enferma porque la indiferencia ciudadana es uno de los grandes males que descompone a la democracia situándola al borde del abismo fascista populista.