PP: El mito de la buena gestión

 

Feijóo y el PP quedan cada día más en evidencia

Feijóo insiste en vender al PP como el partido del rigor y de la experiencia en la gestión. Sin embargo, la realidad demuestra que su verdadera especialidad es el cinismo absoluto: ocultar errores, eludir responsabilidades y culpar siempre al rival. Su historial no es de eficiencia, sino de un desprecio sistemático a la ciudadanía.
La lista de agravios es demoledora. Desde la burda manipulación informativa tras el 11-M y los desastrosos «hilillos» del Prestige hasta el doloroso desdén hacia las víctimas del metro de Valencia, de Angrois o del Yak-42. A esto se suman negligencias como la del Madrid Arena y tramas de corrupción institucionalizada como la Gürtel o la Kitchen, en la que se utilizó dinero público para tapar sus propios delitos. Su gestión de las crisis roza la crueldad, evidenciada en el abandono en las residencias durante la COVID, en la inhumanidad de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, en el uso partidista del volcán de La Palma o en la caótica y negligente respuesta ante la DANA.
Gestionar no es esconderse ni instrumentalizar el dolor ajeno. Mientras la izquierda da explicaciones, asume errores y dimite, el PP ofrece evasivas y mentiras.
Menos lecciones, señor Feijóo: su única experiencia es la impunidad.

Que no te compren por 36 €

 

El voto es tu arma más poderosa: Que no te compren

Las rebajas fiscales que propone la derecha esconde un modelo que beneficia mucho más a los ricos: 36 € al mes para un salario de 30.000 €, frente a 17.000 € mensuales para uno de un millón. ¿El precio? Recortes y servicios públicos devastados. ¿Para qué sirven esos 36 € si tienes que pagarte la sanidad, la educación y tu pensión?
Se propone avanzar hacia un sistema mixto de pensiones público-privado, permitir que las mutuas patronales gestionen las bajas médicas, frenar la regulación del alquiler, derogar la Ley de Memoria Democrática y leyes de igualdad, diversidad, aborto y eutanasia. También se plantea restringir la libertad cultural –ya está pasando donde gobiernan– y docente, derogar la reforma laboral, ilegalizar partidos independentistas, eliminar leyes climáticas, continuar la demolición de educación y sanidad, abandonar el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, suprimir las zonas de bajas emisiones, recuperar el delito de sedición, deportar masivamente a inmigrantes –al estilo Trump– y agilizar los desahucios.
Es un asunto capital: están en juego derechos, libertades y conquistas sociales que han costado décadas conquistar.
Votar sin pensar en las consecuencias es abrir la puerta a perder lo que hoy damos por garantizado. Y cuando se debilitan los derechos de la mayoría para favorecer a unos pocos, no estamos ante un simple cambio político: estamos ante un retroceso que golpea a los ciudadanos de a pie. Es una forma de actuar inaceptable, profundamente irresponsable y socialmente deleznable. Quien desprecia los derechos conquistados no merece que, con el voto, le entreguemos el futuro.

Depredadores de lo público

 

El PP dispuesto a cargarse el Estado de Binestar. Ahora las pensiones

Para el capital y su aliada, la derecha, los derechos no son conquistas sociales, sino nichos de mercado. Tras degradar la sanidad y la educación, la ultraderecha (PP) y la derecha extrema (Vox) apuntan al botín más codiciado: las pensiones. Su estrategia consiste en infundir terror sosteniendo que «el sistema de pensiones es un zombi; lo han quebrado» y que necesita una transición hacia un modelo mixto público-privado.
Se trata de una trampa nefasta. Privatizar las pensiones equivale a transformar un derecho constitucional en una apuesta de casino, a merced de mercados volátiles, comisiones y fondos que, si colapsan, exigen rescates públicos dejando al ciudadano sin su jubilación. Resulta revelador que la supuesta «sostenibilidad» de PP y Vox exija sacrificios al pensionista mientras blinda los beneficios fiscales de las élites y grandes corporaciones. Las pensiones no plantean un problema matemático de escasez, sino de reparto de la riqueza. Lo insostenible no es la vejez de la clase trabajadora; es la codicia de quienes pretenden mercantilizar la incertidumbre de millones de jubilados para engordar el negocio financiero de unos pocos. Las pensiones se defienden, no se venden.
Voten con cabeza.

Latrocinio: factura proforma

 Hay una estirpe de delincuentes que no necesita pasamontañas para desvalijarnos; les basta con servilismo, mantel y papel térmico. Son los defraudadores de la hostelería —esa minoría tóxica que urge denunciar—, sujetos que han convertido la «factura proforma» en una herramienta para ocultar operaciones que deberían quedar documentadas.
Cuando, después de cobrarte, te entregan una proforma como si fuera la factura, no es un simple descuido administrativo: es utilizar un documento sin validez fiscal como sustituto de la factura correspondiente.
Si esa práctica se utiliza deliberadamente para no registrar o declarar una venta, hablamos de fraude fiscal y dinero negro. No es picaresca; es un latrocinio social perpetrado por quienes confunden la codicia con la astucia.
Estos sinvergüenzas exigen seguridad y sanidad de calidad, pero algunos pretenden ahorrarse su obligación de contribuir a sostenerlas. Mientras el ciudadano honrado cumple, quienes ocultan ventas trasladan su carga al resto de la sociedad.
Basta de eufemismos. Una proforma puede servir como documento previo, pero no puede sustituir a la factura que corresponde por una operación ya realizada y cobrada.
Ante el fraude, tolerancia cero: si después de pagar le entregan únicamente una proforma, conserve el documento y denuncie los hechos.
Porque pagar impuestos no debe ser opcional para unos mientras los demás cumplen.

La corrupción se viste de privatización

 

Cada vez que abre la boca, Feijóo se desinfla

Feijóo afirmó hace pocos días que «es corrupción usar el poder para beneficiar a unos pocos en perjuicio del conjunto». Es una frase impecable. Precisamente por eso debería recordársela a los presidentes y presidentas autonómicos de su propio partido que cada vez que impulsan nuevas privatizaciones en la sanidad y la educación públicas aplican este saqueo sistemático.
Cuando se derivan recursos públicos hacia empresas privadas para gestionar servicios esenciales, el interés general queda subordinado al negocio de unos pocos. Los beneficios empresariales no aparecen por arte de magia: salen, en última instancia, del dinero que aportan todos los contribuyentes. Cada euro destinado a retribuir a accionistas o engrosar márgenes empresariales es un euro que no se invierte en contratar más profesionales, reducir listas de espera, modernizar infraestructuras o reforzar la enseñanza pública.
Garantizar unos servicios públicos fuertes no debería ser una disputa partidista, sino una prioridad de eficiencia, equidad y responsabilidad fiscal. Si el PP sostiene que favorecer a una minoría a costa de la mayoría es una forma de corrupción, debería revisar sus políticas de privatización, que son el mejor ejemplo de esa contradicción al desmantelar el Estado de bienestar para convertir derechos fundamentales en un negocio rentable para muy pocos.

El pisito

 

Y no solo, el victimismo también.

Lo fascinante del “pisito” de 485 metros cuadrados no es su tamaño, sino el tierno esmero con el que intentaron ocultarlo. De no ser porque un periodista husmeó en el Registro de la Propiedad, tres meses después de la firma secreta, hoy estaríamos financiando una majestuosa residencia a Ayuso pagada con el dinero de todos los madrileños, pero camuflada en los presupuestos como “almacén de fotocopiadoras” o “archivo de folletos turísticos” a unos metros de casa de sus padres.
Cuando el escándalo saltó por los aires, la primera pirueta argumental de la factoría de ficción de la Comunidad de Madrid rozó la genialidad: afirmaron que la lideresa necesitaba urgentemente ese espacio como despacho temporal. ¡Claro que sí! Ideal para recibir autoridades en la terraza de 200 metros cuadrados, porque los acuerdos mejoran sustancialmente si se hacen con un buen cóctelito al aire libre y vistas VIP a Chamberí. Qué mejor sitio para firmar un decreto que junto a una barbacoa en la terraza.
El problema es que, como el Plan Urbanístico prohíbe las oficinas allí arriba, cambiaron el libreto de excusas por algunas delirantes y victimizantes: que si los incendios, que si el sueldo congelado, que no sabemos para qué será… Y, redoble de tambor, como guinda final se vende para ayudar a los de los incendios. Patético uso de las víctimas.
El verdadero milagro de la presidenta no es obrar el prodigio de encontrar un pisito enfrente de la casa de sus padres, sino lograr que la justicia sufra de repentina presbicia. Mientras a unos les inspeccionan hasta los calzoncillos que llevan, los de derechas se van de rositas. Aquí los tribunales mirarán hacia otro lado con total elegancia. En Madrid, la Diosa Temis no solo es ciega, sino que parece estar esperando pacientemente a que la inviten al cóctel de inauguración.
¡Y pensar en la que le montaron a Sánchez por cambiar un colchón que llevaba siete años con Rajoy!

Confiar en la Justicia

 

La derecha confía en una Justicia franquista

La derecha mediática y política repite el mantra de «confiar en la Justicia». Sin embargo, este dogma ignora la raíz histórica y sociológica de la judicatura en España. El país no transitó hacia la democracia mediante una ruptura total con la dictadura, sino a través de una reforma en la que los jueces del régimen franquista permanecieron en sus cargos sin depuración alguna, lo que consolidó dinámicas familiares que se han extendido durante décadas.
A este factor histórico se suma la evidente barrera de clase actual: preparar las oposiciones a la judicatura exige años de dedicación exclusiva, manuales costosos y preparadores privados; un respaldo económico que la clase trabajadora difícilmente puede asumir. El resultado es un cuerpo judicial reclutado de forma mayoritaria entre familias acomodadas de perfil sociológico muy conservador. Este sesgo ideológico contamina fallos judiciales con un evidente tinte tradicionalista (y de las JONS). Confiemos en que las becas públicas de apoyo a opositores, ampliamente criticadas por los sectores conservadores –¿por qué será?–, logren democratizar el acceso y corregir este sesgo socioeconómico.
Es lógico que la derecha pida confiar en la Justicia; el sistema actual está diseñado para proteger sus privilegios. Si yo fuera de derechas también confiaría ciegamente en la Justicia.

Quirónsalud: el desguace de la sanidad pública

 

Madrid: el destrozo de lo público

El argumento de que la Comunidad de Madrid no firma nuevos acuerdos con Quirón es falaz. Desde 2010 existe un flujo constante de prórrogas, convenios y derivaciones que mantienen vivo este vínculo. Pero lo más grave no es la mentira, sino las consecuencias de este modelo sobre las arcas públicas.
La coincidencia temporal entre la actividad de este grupo sanitario y el entorno de la presidencia regional es alarmante. Mientras la facturación del Gobierno autonómico con Quirón se duplicó entre 2021 y 2023 hasta alcanzar los 3.192 millones de euros, González Amador, pareja de la presidenta Ayuso, ingresó 4,4 millones de euros de Quirón Prevención. Las investigaciones de la Agencia Tributaria y de la UCO apuntan a que estos cobros se realizaron a través de sociedades instrumentales sin la infraestructura ni el personal necesarios para prestar servicios reales.
La pregunta es inevitable: ¿de dónde salen esos 4,4 millones de la pareja de Ayuso? ¿De dónde salen los beneficios que se reparten los accionistas de Quirón? La respuesta es sencilla: del dinero público que debería reforzar hospitales, contratar profesionales y reducir listas de espera.
Es un trasvase descarnado de recursos que debilita el sistema de salud de todos. Se vacía lo común para facturar: el Estado asume el coste y la empresa el beneficio neto. Listas eternas y plantillas exhaustas son la coartada para vender el sistema al mercado en Madrid, la Comunidad que menos invierte en salud (y educación) per cápita.

El cártel de la lejía

 

El partido más corruPPto se postula a limpiar la corruPPción

Sostiene “FeiVoox” que el Ejecutivo actual es «el más sucio de la democracia». Estremecedor parte médico. Ante semejante vertedero, la terapia de choque del PP es impecable: entregar la fregona al partido que convirtió la caja B en tradición oral, los juzgados en una sucursal propia y que aplaude a Aldama en manifestaciones contra la corrupción. Para rematar la faena, proponen como encargado de limpieza al socio ultra; ese partido que añora la gestión de Franco.
Resulta enternecedor recibir lecciones de higiene democrática de quienes usaron los resortes del Estado como un arma contra el rival político y destruyeron pruebas incriminatorias. El enigma ya no es la roña, sino quién financia el detergente.
A estas alturas, la trama no va de izquierda o derecha, de rojos contra azules. El guion es más rústico: democracia sí o democracia no. Y cuando la alternativa higiénica al supuesto «gobierno infecto» consiste en un viaje en DeLorean hacia el nacionalcatolicismo, con cementerios y cárceles llenas de opositores y maletas repletas de fajos rumbo a Suiza, la elección es obvia. Entre lo actual o dinamitar los cimientos de convivencia, la elección es clara.

¡Cuánto daño habéis hecho!

¡Basta de corrupción!

 Habéis traicionado a la izquierda los Koldo, Ábalos, Zapatero… La izquierda trabaja por lograr un mundo mejor donde exista la justicia social, la coherencia y la defensa del interés común… pero no para una red de privilegios, influencias y discursos vacíos. Quizá algunas conductas sean legales; eso tendrán que decidirlo los tribunales. Pero hay algo políticamente insoportable: sostener en público una cosa mientras en privado se ejecuta exactamente lo contrario.
Los lobbies imponen un modelo que socializa pérdidas y privatiza beneficios con el dinero de todos, mientras quienes prometieron combatirlo terminan parasitando de él y sirviéndole. Y ahí es donde nace la mayor decepción: no la del error, sino la de la hipocresía.
Cuando la izquierda renuncia a sus principios para lograr riqueza propia, deja de representar a los ciudadanos y se integra en el sistema que prometió transformar. Y eso no es una simple contradicción: es una traición política y moral que causa un daño irreparable.
A pesar de los palos, sostengo que ese mundo mejor es posible.

¡Basta de corrupción permitida! ¡Ilegalizad los lobbies ya!

 

Con los lobbies, tanto en España como en Europa, la corrupción campa a sus anchas

La influencia de los grupos de presión en las instituciones europeas debe cesar. En Europa operan unos 35 lobistas por cada eurodiputado: más de 25.000 profesionales dedicados a la defensa de intereses privados frente a solo 720 representantes públicos. No es participación; es metástasis democrática. Estos grupos, financiados por el gran capital, no existirían si no fueran obscenamente rentables. Al ser el brazo ejecutor de una corrupción institucionalizada que pervierte la soberanía popular, cada año aumentan sus presupuestos porque compran voluntades. Es imperativo dejar de disfrazar esta presión económica como «libertad de expresión» o «sociedad civil»: el poder adquisitivo no debe comprar capacidad legislativa.
Es criminal que, mientras la ciencia clama contra el colapso climático, el lobby fósil lograra colar el gas y la nuclear en la “taxonomía verde” de la UE. La derecha aplaude este expolio disfrazado de pragmatismo. La contaminación mata a millones de personas al año, pero el beneficio de las élites pesa más que la vida. Es el capitalismo salvaje elevado a dogma.
Los lobbies no equilibran el debate: lo secuestra. Imponen un modelo que socializa pérdidas y privatiza ganancias. Cuando sus intereses vencen a la salud pública, no hay debate, sino captura del Estado. Regular con tibieza ya no es suficiente. Es hora de llamar a la corrupción por su nombre y extirparla sin contemplaciones.

Togas y naftalina

 

El hedor franquista de la Justicia es inaguantable

La Audiencia Nacional ha suspendido –previa petición de Ayuso, ¡cómo no!– cautelarmente la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, pese a que allí estuvo la Dirección General de Seguridad franquista, donde se practicaron asesinatos –Tomás Centeno, Ruano y tantos otros–, torturas y detenciones políticas. El argumento del auto roza la parodia: colocar una placa podría causar un «perjuicio irreversible» a la reputación institucional de la Comunidad de Madrid. Como si la historia fuese un grafiti y no un hecho documentado.
¿Qué daño irreversible causa un trozo de metal que se puede desatornillar en cinco minutos si un juez cambia de idea?
Resulta enternecedor ver a ciertos jueces preocupados por la sensibilidad de un edificio, pero no por la memoria de quienes pasaron por sus sótanos o salieron con los pies por delante. Debe de ser que las víctimas molestan más que sus verdugos. En España, al parecer, recordar la dictadura daña la convivencia; blanquearla, en cambio, es moderación institucional. 
La derecha política, judicial y mediática lleva años intentando convertir la memoria histórica en un problema de estética. Cambian la toga por la nostalgia y lo llaman neutralidad; la toga por el sesgo ideológico y ya ni lo tapan.

Que no vuelvan a gobernar

 

Mentir, no asumir responsabilidades, culpar a las víctimas y crispar. No dan para más.

Gobernar es, ante todo, un ejercicio de responsabilidad y respeto a la verdad. Sin embargo, España arrastra una anomalía democrática persistente: un PP que ha convertido la tragedia en su principal activo electoral. Su hoja de ruta es tan previsible como temeraria: cuando gobiernan, la respuesta es el ocultismo, responsabilizar a otros y el desprecio a las víctimas; cuando están en la oposición, el sabotaje y el ruido.
Ejemplos sobran: la manipulación informativa tras el 11-M; el desprecio a las víctimas del metro en Valencia; los “hilillos” del Prestige; las negligencias del Madrid Arena; el boicoteo a la rendición de ETA; el escándalo de las mamografías en Andalucía; el horror del Yak-42; el abandono hasta la muerte en residencias durante la Covid; las mentiras y el desdén a las víctimas de la Dana o el uso del volcán de La Palma para erosionar. Hoy, con el hantavirus, repiten el guion gritando “caos” sin rigor científico alguno, sembrando desasosiego y desconcierto entre la población.
No se trata de una discrepancia ideológica, sino de una degradación ética. Basta de jugar con el miedo y mercadear con las tragedias. La democracia no debe tolerar este asalto constante a la decencia. Quienes azuzan el miedo en lugar de ayudar en las crisis, jamás deberían gobernar.

I+D en Génova: Incitación al Delito

El PP no combate la corrupción, la fomenta

Lo del PP no es falta de voluntad contra la corrupción, sino coherencia con su historial. Su última estrategia procesal es funambulismo jurídico: solicitar una segunda rebaja de pena para Aldama, el «nexo corruptor» del caso Mascarillas. Hay que reconocerles el detalle: intentan evitarle la cárcel al hombre que, supuestamente, engrasó la maquinaria para seguir repartiendo bulos que alimenten su relato político. Eso es lealtad y no la de los boy scouts. Su currículum es imbatible. Siguen sin «conocer» a ese tal M. Rajoy mientras Cospedal y Arenas —aún vinculados al partido— practican la amnesia colectiva en el juicio de la Kitchen. El exministro Fernández Díaz, con peticiones de 15 años de cárcel, sigue manteniendo su carné. Ostentan el récord de ser el único partido cuya financiación irregular ha sido acreditada y condenada, pero para ellos fue una «trama contra el PP». Y no olvidemos la obra cumbre del surrealismo corrupto-laboral: el «despido en diferido» de Bárcenas, con despacho, chófer y 21.300 euros mensuales sin trabajar, pagado con nuestro dinero, para silenciarlo. En Génova, la corrupción no se combate: se tutela y, si el beneficio político lo requiere, se diseña una rebaja de condena a medida.

Aldama: el acusado Schrödinger de la Fiscalía

La Justicia continúa siendo franquista

 ¿Cómo sostiene el fiscal jefe anticorrupción que Aldama ha colaborado ejemplarmente mientras afirma, sin pestañear, que ha mentido para involucrar al presidente? Si se miente, ¿se colabora o se enfanga? En este circo, la verdad no es un valor, sino un chicle que el Ministerio Público estira para pedir una rebaja de pena sobre la rebaja ya concedida –coincidiendo con el PP–, a pesar de que, según la UCO, no ha aportado nada nuevo. Aldama es el acusado Schrödinger: un fabulador compulsivo y un aliado fiable al mismo tiempo. Una dualidad que ni la física cuántica imaginó, pero que nuestra justicia abraza con un entusiasmo que apesta. Esta es la fascinante coreografía: un acusado que engaña, pero merece premio; que desacredita y, aun así, obtiene rebaja de condena por “colaborar”. No se busca la verdad, se premia la utilidad. Lo que nos queda es una Justicia que funciona como una tómbola con toga: aquí el premio no depende de la ética, sino de lo bien que sepas balar la canción que el pastor necesita oír. Sigan aplaudiendo el esperpento; el ridículo es total y la náusea, obligatoria.

Señor Aznar: memoria y responsabilidad

 

Aznar es la encarnación de la soberbia

Justo en el aniversario del 11-M, Aznar exhibió de nuevo un cinismo hiriente: afirma que «está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales». ¿Se refiere a Trump y sus constantes atropellos al derecho global? Por supuesto que no; su objetivo es Irán.
Resulta una ironía macabra que quien dinamitó la legalidad para hundirnos en la guerra de Irak y el caos del ISIS pretenda hoy dar lecciones de derecho. Aznar es el único miembro del Trío de las Azores que sigue atrincherado en su soberbia, incapaz de pedir perdón, prefiere cerrar la efeméride alimentando delirios conspiranoicos junto a Mayor Oreja. Su desprecio por la verdad y por el marco jurídico que juró defender es una afrenta permanente. Quien sacrificó la seguridad y la ley por intereses espurios no merece respeto, sino un juicio moral implacable. Sin asunción de responsabilidad ni vergüenza, su legado permanece sentenciado por la ilegalidad y la traición a la memoria de las víctimas.

Europa: el derecho o el abismo

 

¿Qué está proponiendo Ursula Von der Leyen?

La postura de Ursula von der Leyen no es realismo político; es un acta de sumisión. Afirmar que Europa debe dejar de ser la guardiana del orden internacional porque este se desmorona es una cobardía histórica. En la hora más oscura, la respuesta no es apagar el faro, sino avivar su luz.
El desprecio por las normas que exhiben figuras como Trump, Putin, Netanyahu o Milei no es una “nueva normalidad” a la que adaptarse, sino una patología que combatir. Estos fascistas pretenden sustituir la justicia por el músculo, condenando al planeta a un estado de colisión perpetua. Si Europa renuncia a sus valores bajo el pretexto del pragmatismo, no estará sobreviviendo: estará cavando su propia fosa.
Nuestra identidad se forjó sobre las cenizas de los hornos crematorios y el hedor de las trincheras. Olvidar que el derecho común es el único dique contra el canibalismo entre naciones es un suicidio moral. La adaptación que nos propone es una rendición ante la fuerza bruta. Europa no tiene derecho a capitular. Porque cuando las reglas mueren, lo que emerge no es un orden nuevo, sino el grito de guerra de los tiranos y el silencio de los cementerios. Abdicar de la ley es invitar a la barbarie.

Sempiterno engaño

 

¡Basta ya de guerras imperialistas!

Hay tradiciones que no se pierden, como el turrón en Navidad, que las pensiones no se sostienen o el anuncio de que Irán tendrá la bomba atómica el próximo martes. Es el “mañana empiezo” de la geopolítica: una promesa eterna que sirve para justificar el noble arte de la guerra imperialista preventiva “porque me da la gana”.
El calendario es revelador. En 1984, el Senado de EE. UU. calculó 7 años. En 1992, Netanyahu rebajó la espera a 3. En 1995, la CIA situó la debacle nuclear en el año 2000. Llegó, se temió por los ordenadores… pero la bomba iraní tampoco apareció. Lejos de rendirse, en 2012 Netanyahu acudió a la ONU con un dibujo de bomba digno del Correcaminos –no es broma– y aseguró que 2013 sería el apocalipsis. Han pasado más de diez años y el “punto” sigue desplazándose con admirable disciplina. Ahora han atacado a Irán y la bomba no aparece.
El libreto resulta familiar. En 2003, el “Trío de las Azores” nos vendió armas de destrucción masiva en Irak con la misma convicción con la que un trilero señala la bolita. No aparecieron jamás, pero el mundo quedó hecho unos zorros. El guion es tan previsible que aburre, pero mientras el público siga comprando palomitas, los imperialistas de turno seguirán efectuando guerras preventivas basadas en pruebas que nunca llegan a materializarse; aunque las víctimas inocentes de sus guerras, sí.

Privatizaciones: seré conciso

Fuera vuestras sucias manos de lo púbico

 —Cuando una empresa privada entra en la sanidad, la educación o las residencias públicas, ¿lo hace por altruismo o para obtener beneficios?
—Para obtener beneficios.
—Y esos beneficios, ¿de dónde salen?
—De los presupuestos públicos.
—Entonces coincidimos en lo esencial: dinero de todos acaba en entidades privadas con ánimo de lucro.
—Así es.
—Si ese dinero se destinara íntegramente a reforzar lo público, ¿mejorarían la sanidad, la educación y el cuidado de nuestros mayores, en lugar de engordar beneficios privados?
—Sin duda.
—Luego la privatización no es una solución, sino la transferencia de recursos públicos a intereses privados. ¿Queda claro por qué nunca es positiva?
—Meridianamente claro.
Conclusión: Como Madrid es la región que menos invierte por habitante en servicios públicos esenciales, es donde más crece el negocio privado de la sanidad, la educación y las residencias.

El cinismo como doctrina

El PP:  un cáncer de la democracia

A propósito de la presunta violación atribuida al DAO de la Policía Nacional –un crimen gravísimo–, sostiene Feijóo que «cuesta creer que el ministro no supiera lo que hacía el número uno y el dos de su Policía», y lo considera alarmante porque afecta «a quien debe perseguir delitos». Lo es.
Curiosa súbita fe en la omnisciencia jerárquica. Entonces, M. Rajoy sabía lo que hacía su ministro del Interior cuando se articuló la llamada «policía patriótica», una trama que, envuelta en bandera e himno, utilizó recursos públicos para fabricar pruebas, destruir discos duros y hostigar a adversarios políticos en vez de perseguir delitos o, ¿al ser más difícil de ocultar que lo del DAO, solo era un «verdadero incompetente»? En aquel entonces, esa forma de actuar no fue un desliz, sino un método: degradar las instituciones para golpear a Podemos y al independentismo mientras se protegía la propia corrupción sistémica.
Resulta sencillamente obsceno que quien hoy se rasga sus vestiduras omita la podredumbre institucional que anidó bajo sus propias siglas. Es la hipocresía elevada a razón de Estado.
Que el delfín de M. Rajoy que convirtió Interior en una oficina de extorsión pretenda dar lecciones de moralidad, es una ofensa a la inteligencia. Eso sí es despeñar a España y degradar la democracia hasta el fango. El PP le sobra oportunismo y una memoria selectiva unida a un cinismo patológico que huele a rancio.
Lecciones de moral, todas; responsabilidades, «ya tal».