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| El negocio de la educación privada a costa de la pública |
A mediados de los 80, muchas localidades carecían de plazas libres en escuelas públicas. El Estado, para cubrir la enseñanza obligatoria que no podía asumir, reguló y racionalizó las subvenciones económicas que, desde tiempos de la dictadura y sin control, recibían los colegios privados, en su mayoría propiedad de la iglesia católica. Hoy en día, covid-19 aparte, tras la construcción de numerosas escuelas estatales, no existe dicha necesidad.
Por eso no es cierto que el Gobierno esté tratando de ahogar la enseñanza concertada, es que la concertada, además de un negocio privado que resta fondos públicos, ya no tiene sentido. Asimismo, mientras la escuela pública transmite el modelo de país que persigue el Estado, la concertada promulga ideales religiosos o de otro tipo que, aunque legítimos, no deben subsidiarse.
Así, si los más de 6.000 millones anuales que cuesta la enseñanza concertada, en lugar de ir a bolsillos privados, se destinaran a la pública, tendríamos una escuela de mayor calidad. Y, en tiempos de pandemia, daría para contratar decenas de miles de profesores y bedeles y comprar centenares de millares de pupitres individuales que podrían llenar edificios públicos (polideportivos, teatros) que los municipios brindaran para convertirlos en aulas temporales donde dar clases presenciales con pocos alumnos para mantener la requerida distancia social mientras persista la maldita plaga.
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