El pisito

 

Y no solo, el victimismo también.

Lo fascinante del “pisito” de 485 metros cuadrados no es su tamaño, sino el tierno esmero con el que intentaron ocultarlo. De no ser porque un periodista husmeó en el Registro de la Propiedad, tres meses después de la firma secreta, hoy estaríamos financiando una majestuosa residencia a Ayuso pagada con el dinero de todos los madrileños, pero camuflada en los presupuestos como “almacén de fotocopiadoras” o “archivo de folletos turísticos” a unos metros de casa de sus padres.
Cuando el escándalo saltó por los aires, la primera pirueta argumental de la factoría de ficción de la Comunidad de Madrid rozó la genialidad: afirmaron que la lideresa necesitaba urgentemente ese espacio como despacho temporal. ¡Claro que sí! Ideal para recibir autoridades en la terraza de 200 metros cuadrados, porque los acuerdos mejoran sustancialmente si se hacen con un buen cóctelito al aire libre y vistas VIP a Chamberí. Qué mejor sitio para firmar un decreto que junto a una barbacoa en la terraza.
El problema es que, como el Plan Urbanístico prohíbe las oficinas allí arriba, cambiaron el libreto de excusas por algunas delirantes y victimizantes: que si los incendios, que si el sueldo congelado, que no sabemos para qué será… Y, redoble de tambor, como guinda final se vende para ayudar a los de los incendios. Patético uso de las víctimas.
El verdadero milagro de la presidenta no es obrar el prodigio de encontrar un pisito enfrente de la casa de sus padres, sino lograr que la justicia sufra de repentina presbicia. Mientras a unos les inspeccionan hasta los calzoncillos que llevan, los de derechas se van de rositas. Aquí los tribunales mirarán hacia otro lado con total elegancia. En Madrid, la Diosa Temis no solo es ciega, sino que parece estar esperando pacientemente a que la inviten al cóctel de inauguración.
¡Y pensar en la que le montaron a Sánchez por cambiar un colchón que llevaba siete años con Rajoy!

PP: ¡España arde, viva el negacionismo!

 

Mientras España se calcina una vez más, los necios niegan

Mientras España arde, Telemadrid acoge en sus tertulias el discurso de quienes niegan o minimizan la emergencia climática. El PP repite una mentira tan interesada como peligrosa: que la protección ecológica bloquea la limpieza de los montes. Es falso. La legislación estatal obliga a gestionar las tierras forestales; lo que falla es la pasividad de los gobiernos autonómicos para hacerla cumplir.
La crisis climática no es una ideología, es un hecho avalado por décadas de evidencia científica. El consenso internacional atribuye de forma inequívoca el calentamiento global a la actividad humana. Este fenómeno incrementa la frecuencia e intensidad de las olas de calor y eleva el riesgo de incendios extremos. Negarlo o sembrar dudas, como hizo Feijóo al afirmar que «ya veremos si se consolida», es ignorar lo que la ciencia lleva años demostrando.
El Gobierno vuelve a ofrecer un gran pacto de Estado; pero ¿cómo va a haberlo si el PP solo quiere derribarlo? Tienen que buscar excusas peregrinas: Tellado trivializa el cambio climático y Ayuso despacha las propuestas como «soluciones de brocha gorda», mientras Vox, su socio habitual, habla de «fanatismo climático». La realidad no entiende de consignas.
La hipocresía del PP resulta inmoral: recortan impuestos a los ricos y desmantelan los servicios públicos. El TSJ de Madrid dictó que Ayuso desvió indebidamente 40 millones de euros destinados exclusivamente a bomberos para tapar gastos ordinarios. En paralelo, la Comunidad Valenciana ha recortado prevención de incendios para destinarlo a fomentar la tortura animal. Menos prevención, más propaganda. Eso sí que es ideología. Eso sí que es un modelo profundamente letal, irresponsable y pirómano.

Comunidad Valenciana: Del tabú a la norma

 

Vox atrapa al PP en los vericuetos del fascismo

La Ventana de Overton explica cómo una idea que antes era inaceptable para la sociedad puede acabar considerándose normal si se introduce de forma gradual en el debate público. Primero es impensable por el rechazo que provoca, después pasa a ser radical, luego, a ser debatida, aceptada, considerada sensata y, finalmente, incorporada a las instituciones.
Ese mecanismo ayuda a entender cómo la llamada «prioridad nacional», defendida durante años por la derecha extrema, ha terminado reflejada en los presupuestos de la Comunidad Valenciana de PP y Vox. Lo que antes era impensable y un discurso fascista hoy es política oficial que supedita las ayudas de vivienda y servicios sociales al origen y arraigo.
La historia ofrece trágicos ejemplos similares: discursos antes marginales que acabaron legitimando discriminaciones por origen, religión o etnia. Cuando una democracia maquilla la exclusión y la convierte en ley presupuestaria, el peligro ya no es una mera provocación retórica. Es una degradación institucional irreversible. El racismo de Estado comienza cuando la discriminación se financia con dinero público para señalar al diferente.

Golpes de Estado: de los tanques al asedio judicial y civil

 

Los golpes de Estado ahora se llevan a cabo desde los tribunales y los medios

Los golpes de Estado del siglo XXI ya no necesitan tanques ni militares en las calles. Ahora se orquestan desde tribunales, platós televisivos y redes sociales. La subversión democrática ha evolucionado. El clásico golpe de 1936 ha dado paso a fórmulas sutiles pero demoledoras: el “lawfare” y la insurrección civil inducida.
Hoy la guerra política instrumentaliza el aparato judicial, económico y mediático para asfixiar gobiernos y destruir reputaciones. España vivió un ejemplo de manual con la persecución sistemática a Podemos: una avalancha de macrocausas basadas en informes falsos que, tras años de titulares estridentes, terminaron archivadas en la nada. El desgaste político ya estaba hecho. Se logró por vías espurias lo que los votos no otorgaron. Ahora les toca a otros.
Si el acoso institucional no basta, el nuevo golpismo moviliza masas radicalizadas mediante el odio digital, como en el asalto al Capitolio en 2021 o en Brasil en 2023. Ya no son generales sublevados. Son ciudadanos convertidos en tropas de choque por la propaganda fascista.
La esencia es idéntica a la de hace noventa años: el pánico de sectores reaccionarios ante democracias que amenazan sus privilegios perpetuos. Ayer fueron fusiles y la retórica del caos; hoy son querellas prefabricadas, falsedades masivas y asedio institucional.

El PP es así

Esto es el PP: lobos con piel de cordero

 De los creadores de «¡vete al médico!», «agarrarse a una coleta», «los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a sus padres solo cuando hay subvenciones», «por ser la mujer de…», llega ahora «tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses» en alusión a sus futbolistas negros. Confunden nacionalidad con raza. Amparar comentarios discriminatorios bajo la etiqueta de «sarcasmo» contribuye a normalizarlos, a llegar al racismo, al machismo, a la aporofobia…
Cuando dejan de medir sus palabras y están eufóricos, les brota del alma su rancia visión del mundo un día y otro día… y es que en la dirección del PP estas expresiones aparecen con demasiada frecuencia para considerarlas simples lapsus. No pueden evitarlo; es su pensamiento.
Lo comprendo, a mí me pasa igual. Desde lo más impenetrable de mi sistema límbico, me brota la subida de impuestos a los ricos, la defensa de las pensiones o revertir los recortes en sanidad y educación. Imposible remediarlo.
Y es notorio que en el PP no las condenan, las minimizan o las justifican; en el fondo les agradan estas salidas de pata de banco de sus compañeros. Solo unos pocos, muy pocos, se echan las manos a la cabeza. A la mayoría, procedente de un frente nacional fundado por siete altos cargos franquistas, entre ellos ministros, con ideario inflexible sobre la unidad de la patria, la educación privada, la libre empresa, la defensa a ultranza de la familia patriarcal y del orden y de la moral pública, les suena bien porque está profundamente arraigado en su cultura política. Les sale sin pensar.

90 años del golpe oligárquico contra la democracia

Lo que les molesta es la democracia

En 1936, sectores de la derecha radical y las élites decidieron destruir por la fuerza a la Segunda República Española. Las causas reales del golpe no fueron el “caos” ni una supuesta revolución inminente, sino el pánico de las élites terratenientes, financieras y eclesiásticas ante reformas que amenazaban sus privilegios: la reforma agraria, la subordinación del Ejército al poder civil, la educación laica e igualitaria y la ampliación de derechos sociales.
La investigación histórica rigurosa ha desmontado los mitos de la propaganda dictatorial. Los historiadores Paul Preston y Ángel Viñas han demostrado que la conspiración fue planificada mucho antes de julio de 1936 por generales como Emilio Mola y culminada por Francisco Franco. No fue una reacción improvisada, ni el asesinato de Calvo Sotelo, sino un golpe preventivo contra la modernización social de un gobierno legítimo salido de las urnas en febrero de 1936.
La derecha golpista utilizó el miedo al comunismo como coartada para justificar una sublevación que fracturó al país y desencadenó una guerra devastadora abriendo paso a cuarenta años de dictadura. Un sistema de opresión que hundió a España en la autarquía, el crimen de Estado, la miseria y el silencio impuesto. Hablar de “alzamiento” es blanquear lo que fue: una traición armada contra la soberanía popular. Las excusas fueron propaganda; la verdad, la defensa feroz de privilegios históricos frente a una democracia que pretendía modernizar el país.

PP: En ruta a la derecha extrema

 

La deriva extremista del PP es alarmante

Del «quien pueda hacer, que haga» al «hay que evitarlo como sea». Ese es el recorrido del PP de “FeiVoox”, un partido que ha renunciado a la moderación para competir en el terreno de la confrontación permanente.
Al ser preguntado por la presencia de Begoña Gómez en la cumbre de la OTAN, Feijóo sostuvo que había que «evitarlo como sea» porque perjudicaría la imagen de España. Lo hizo con un lenguaje corporal y un tono que destilaban animadversión, más que sentido institucional. Obvia que los cónyuges habitualmente asisten a estos foros por su rol institucional. Es algo que ocurre independientemente de sus situaciones judiciales o de las polémicas internas de sus países.
Pero surgen cuestiones inevitables: en primer lugar, si la imagen exterior de España también se resiente cuando quien representa a la oposición es el propio Feijóo, dado el persistente recuerdo de sus fotografías junto al narcotraficante Marcial Dorado. En segundo lugar, el argumento quiebra al mirar el panorama internacional: ningún foro de la OTAN o del G7 ha planteado jamás la exclusión de mandatarios o cónyuges por sus procesos judiciales, como evidencia el caso de Donald Trump en Estados Unidos.
Lo preocupante no es solo la contradicción, sino la decisión del PP de competir directamente en el terreno de la agitación. Esta estrategia erosiona el sistema y es ineficaz, pues en la retórica de máximos Vox siempre irá aún más allá.

PP: El despiadado precio de caer enfermo

 

El capital, de la mano de PP y Vox, quieren pisotear a los trabajadores

No es extraño que el PP procure que Feijóo no hable mucho, y menos de su programa electoral. Detrás de su fachada, cuando se relaja y habla sin filtros, aflora con demasiada claridad el verdadero alcance de su proyecto neoliberal.
Ante empresarios vascos, utilizó tramposamente el concepto global de «absentismo laboral» para atacar de forma directa las bajas médicas. Al calificar esta situación como un «cáncer» —una palabra que jamás debería usarse con tal frivolidad—, confirmó que mide la dignidad y la salud de las personas únicamente en términos de rentabilidad empresarial.
Estas declaraciones revelan un concepto profundamente injusto del mundo del trabajo. Las bajas por Incapacidad Temporal no son un privilegio, un capricho ni una ausencia injustificada; las prescriben profesionales de la sanidad pública basándose en criterios médicos estrictos.
Pretender que los trabajadores pierdan ingresos cuando están enfermos es un castigo intolerable a la vulnerabilidad. ¿Cómo se afrontan la hipoteca, el alquiler o la cesta de la compra con menos ingresos precisamente cuando surgen los gastos derivados de un tratamiento?
Si esto es lo que Feijóo admite en público para complacer a la patronal, cabe preguntarse qué medidas reales nos reservan para el futuro.
Ahora sale el PP en bloque a intentar matizar lo inmatizable. No nos traguemos su propaganda: detrás de su discurso de «eficiencia de costes» se esconde el recorte salvaje de los derechos sociales y laborales. Todos los trabajadores deberían tomar nota.

El veneno de socavar las urnas

Si se comportan como fascistas, ¿será porque lo son?

 Resulta alarmante que, cuando las expectativas propias flaquean, el PP siembre sospechas sobre el sistema electoral –¿será que no se creen ni sus propias encuestas?– sin aportar una sola prueba. Y cuando la reacción social evidencia el despropósito, pretenda negar lo que dijo con absoluta claridad. No es la primera vez que ocurre.
¿De verdad creen que la ciudadanía no recuerda? El sistema democrático español cuenta con un engranaje de garantías judiciales, técnicas y administrativas sólidas que protegen la soberanía popular desde la Transición. Cuestionar de manera sistemática este pilar solo busca justificar la desobediencia o el asalto futuro al orden constitucional.
Quien incide en la estrategia de la sospecha asume una responsabilidad histórica nefasta. Jugar a la conspiración electoral es cruzar una línea de no retorno. La agresión verbal a las urnas abre de par en par las puertas al fascismo. No hay neutralidad posible: quien desacredita la democracia para mantenerse a flote está legitimando su destrucción.

Mercaderes del miedo: la infamia del PP

 

Lo que estos partidos juegan con las personas es puro fascismo

La regularización extraordinaria de migrantes que ya conviven y trabajan con nosotros —no de quienes llegarán— sería la octava de la democracia. El PP de Aznar ejecutó tres de ellas, otorgando papeles a más de 520.000 personas en procesos que tildaban de ejemplares. La iniciativa actual emana de una ILP avalada por 700.000 firmas, sindicatos, patronal y la propia Iglesia. Sin embargo, el PP actual, por puro oportunismo y pánico electoral ante Vox, abraza una demagogia xenófoba repugnante y vende la medida como una «perversión» del censo electoral. Mienten sin pudor y pretenden llevar el asunto a Europa pese a que la propia Unión Europea siempre ha delegado esta competencia en cada Estado. Para colmo, tras el acoso de la derecha, el Tribunal Supremo abre la puerta a paralizar el proceso por supuestas dudas normativas. Una maniobra mezquina que, me temo, dejará a un millón de personas en un limbo legal despótico.
Es una absoluta vergüenza. El PP pisotea su propia historia legislativa, renuncia a la mínima coherencia y secuestra la moralidad pública por un puñado de votos. Una oposición desalmada que trafica con el miedo y destruye la cohesión social no merece la confianza de los ciudadanos. ¡Vergüenza!

PP: de defender el derecho a propagar el bulo

 

Vox dirige el pensamiento del PP

La estrategia del PP, copiada de Vox, de agitar la sombra del fraude electoral ante el voto de los descendientes del exilio franquista, cruza una línea roja en la responsabilidad democrática. Calificar de amenaza o manipulación el reconocimiento de la nacionalidad a hijos y nietos de quienes huyeron de la dictadura no solo ataca la reparación histórica; adopta una retórica de deslegitimación institucional de tintes trumpistas que erosiona deliberadamente la confianza en el sistema electoral.
La contradicción del PP es absoluta. Esta medida figuraba en su programa electoral de 2023 y, durante décadas, la formación exigió facilitar el sufragio de los españoles en el exterior. Este doble rasero destapa un sesgo oportunista y una instrumentalización del origen que divide a la ciudadanía, sugiriendo que existen españoles de primera con derechos garantizados y ciudadanos de segunda cuya voz incomoda según el origen de sus familias.
Sembrar sospechas sobre el censo electoral sin aportar una sola prueba no es fiscalizar el poder; es degradar las reglas del juego democrático. Sugerir alteraciones en los resultados cuando las urnas no son favorables demuestra un preocupante rechazo a la pluralidad soberana. Utilizar el bulo del fraude exterior como herramienta política retrata el nulo compromiso democrático de un bloque obsesionado con el poder y dispuesto a fracturar la convivencia por cálculo electoral.