El falso constitucionalismo del PP

 

Miguel Tellado, impenitente chaquetero

Sin pudor alguno, Miguel Tellado no solo osa proclamar que el PP es «el único partido constitucionalista», sino que agita con «orgullo» un supuesto legado reconciliador que su propio partido traicionó desde el origen. Resulta grotesco escuchar semejante arrogancia de quien pertenece a un partido marcado por la corrupción, que cuestiona resultados electorales y tilda de «ilegítimo» a quien gobierna –si no son ellos, claro–, progenitor de la Operación Kitchen, la policía patriótica y que, además, emplea toda la maquinaria de Estado convertida en cloaca para perseguir a la oposición, elaborar pruebas falsas y obstaculizar a la justicia.
Veamos, constitucionalistas del PP, en la aprobación parlamentaria de la Constitución, de los 16 diputados de Alianza Popular, embrión del PP, 3 se abstuvieron y 5 votaron en contra. Los 6 votos en contrarios que obtuvo la Constitución fueron los suyos, más uno de Euskadiko Ezkerra, a quien tildaban de «terrorista». Además, una parte significativa de su militancia votó “no” en el referéndum de 1978.
Que ahora pretendan erigirse en guardianes de la Constitución no es ya cinismo, sino una burla a la inteligencia colectiva. ¿Constitucionalistas? ¡Ja!

Quiebra de la Justicia

 

La Justicia, que en España continúa siendo franquista, ya no se esconde

La sentencia es “histórica”, como repite el PP, pero lo es por su monumental infamia, que alcanza máximos en la degradación de un sistema judicial en manos del sector conservador dispuesto a dinamitar sus propios principios con tal de imponer su ideología. Desde ahora, cualquier ciudadano puede descubrir que ya no hacen falta pruebas, ni hechos, ni siquiera indicios razonables: basta con que la derecha judicial construya un relato, lo adorne con sospechas y lo eleve a categoría de verdad. La propia Sala de Apelaciones admitió que el Fiscal, en su nota para desmentir un bulo que dañaba a la institución que tiene que defender, no reveló nada que se acercara a un delito. Pero ahora, como el Fiscal confesó redactar dicho texto —un acto completamente legítimo para desmentir un bulo—, se retuerce la legalidad hasta convertir lo lícito en punible. Esa lógica perversa, donde la conclusión se decide antes que el análisis, revela una justicia que parece servirse de los intereses del PP y no acata la Constitución. Con decisiones así, se vacía de contenido el artículo 24.2 y se abre la puerta a un futuro inquietante, el de una España donde la presunción de inocencia es sustituida por la presunción de culpa cuando conviene a la derecha, y donde la ciudadanía queda a merced de quienes manipulan la ley para proteger su poder.

La factura oculta de las privatizaciones

 

Privatizar es regalar el dinero de todos a los millonarios

¡Qué escándalo!... es ironía, por si no se me entiende.
Cuando un servicio público se entrega a manos privadas, el interés común queda relegado a un segundo plano. La empresa privada busca maximizar beneficios, no garantizar derechos básicos como salud, educación o dignidad. Lo que hay en los modelos privatizadores del PP en sanidad, educación o residencias de mayores es el negocio empresarial condicionando decisiones que deberían responder exclusivamente a criterios éticos. Así, alargar las listas de espera no es solo mala gestión, es un acto criminal que permite que las enfermedades progresen, que los diagnósticos lleguen tarde y que los pacientes mueran por una estrategia de rentabilidad disfrazada de eficiencia a la vez que suben los seguros privados.
Cuando los derechos se convierten en negocio, se subastan en mercados donde la calidad se mide en ahorro y no en bienestar. La ciudadanía paga dos veces: con impuestos y con el destrozo de la atención.
Y recalco que, el dinero público convertido en dividendo empresarial para unos pocos potentados, debería haber sido usado para mejorar los servicios, no para llenar sus bolsillos. Y mientras tanto, quienes promueven estas políticas se escudan en discursos de modernización que solo encubren un chorreo constante de recursos públicos hacia intereses privados de sus defendidos: los ricos.

El esperpento español

 

Así estamos: instalados en la hipérbole

Quienes se manifiestan proclamando que España es una dictadura y que su Gobierno es ilegitimo, la que pregona que la inexistente «ETA trama un asalto al País Vasco y Navarra», o quien sostiene que el Estado es un pozo irrecuperable de corrupción, solo exhiben ignorancia y mala fe. PP y Vox se han instalado en una estrategia de exageración permanente que degrada y envilece el debate público.
La escena raya entre la patética ridiculez y el sonrojo ajeno, porque los organismos internacionales de prestigio sitúan a España entre las democracias plenas, con sólidas garantías institucionales y con una economía pujante, pero estas formaciones se dedican a alarmar y a deformar cualquier dato para alimentar un clima ficticio de colapso. Vox vomita consignas apocalípticas sin el menor sustento, y el PP, lejos de ser un partido de Estado, se las come para amplificar ese ruido calculando que el caos le puede resultar rentable.
A estos patriotas, no les interesa la verdad ni el prestigio del país, sino agitar y polarizar para arrastrar a una parte de la ciudadanía a un peligroso relato de agravio constante. Obsesionados patológicamente con recuperar el poder, reducen la política a un teatro de hiperventilación, incluso cuando fuera de nuestras fronteras España es signo de respeto y estabilidad. Su conducta no es solo irresponsable, es profundamente corrosiva para la convivencia democrática.

Corrupción

 

En España, la corrupción es una lacra crónica heredada del franquismo

Hace 3 meses, PP, Vox y Junts unieron fuerzas para tumbar la propuesta del Gobierno que buscaba crear una oficina independiente anticorrupción, dotada de autonomía real, medios suficientes y capacidad para investigar sin injerencias cualquier caso de corrupción que afectara a instituciones públicas, partidos, sindicatos o empresas que reciban dinero público. En un país donde la corrupción es una enfermedad crónica, donde demasiados hacen fortuna al abrigo del contrato público y de favores opacos, cuesta entender —o quizá no— por qué precisamente estos partidos de derechas decidieron bloquear un arma imprescindible para proteger el interés general.
La ley también contemplaba un sistema de alertas tempranas para detectar irregularidades y malas prácticas administrativas, así como la posibilidad de que los funcionarios de la oficina se personaran en cualquier dependencia pública para revisar expedientes, registros, bases de datos o contabilidad in situ, sin pedir permiso a quienes podrían estar implicados.
¿Qué temen exactamente estos partidos que vociferan “¡Corrupción!” mientras boicotean cualquier mecanismo serio de control? ¿Por qué se oponen a una vigilancia que solo debería incomodar a quienes tienen algo que ocultar?
Este rechazo es la prueba tangible de que la derecha, a menudo corrupta en sus prácticas y cómplice por omisión en sus políticas, prefiere la opacidad a rendir cuentas. Su postura boicoteadora es irresponsabilidad política, la vergonzosa defensa corporativista de la impunidad y del statu quo corrupto que les ha beneficiado históricamente.

La Justicia muestra sus cartas marcadas

 

Sin ningún decoro, la Justicia muestra lo que es

La condena al Fiscal General del Estado evidencia inercias de una justicia autoritaria vinculada con la era franquista, y abre una grieta que desborda lo judicial y roza lo impensable en una democracia madura. Las prisas con la que se ha empujado este proceso, y el fallo, sin sentencia, coincidiendo de forma evidente con el 20N, provoca estupor y proyecta la imagen lamentable de un poder judicial, que debiera ser independiente, ansioso por ostentar control antes que por garantizar rigor e imparcialidad.
La sensación que queda es que primero se publicó la condena para poder apañar la motivación a la defensiva ante las evidentes críticas que sea capaz de justificarla.
Este fallo —si finalmente llega a instancias europeas— será tumbado por falta de pruebas condenatorias.
Es lo de siempre: si la derecha no tiene el poder, trata de alcanzarlo de cualquier modo, en este caso mediante un golpe de Estado blando, ejecutado no con tanques, sino con togas ansiosas espoleadas por la carcunda para exhibir su fuerza.
El daño institucional causado es profundo porque, cuando la justicia se transforma en un ariete político, no solo cae la credibilidad de un caso, cae la confianza esencial que sostiene al Estado de derecho.

Feijóo y la televisión democrática

 

El PP, heredero de Franco, jamás ha entendido qué significa una televisión plural

Solo hay que fijarse en VOX para saber que repetirá el PP en pocas horas, como si fuera doctrina propia. El último ejemplo es lo ocurrido en su ofensiva contra RTVE, una cruzada que va del insulto a la amenaza. La derecha extrema habla de «entrar con lanzallamas y motosierra» para arrasar la televisión pública, y Feijóo, en lugar de frenar la deriva, se une al corifeo y llama a TVE «Telepedro», acusándola de ser una «fábrica de mentiras». Es grotesco que el líder de un partido que ha hundido televisiones autonómicas al quedarse sin audiencia de puro tendenciosas y culpable de corrupción endémica pretenda dar lecciones de ética periodística.
RTVE, junto con La Sexta, siguen siendo los medios generalistas más plurales de España, los únicos donde conviven voces de todas las sensibilidades y eso les duele. RTVE bajo el gobierno de Zapatero logró premios y alcanzó liderazgo y prestigio internacional, reconocida incluso por organismos que situaban sus informativos al nivel de la BBC. Pero cada vez que el PP pisa Moncloa, el pluralismo se evapora: expulsan a profesionales y regresan los censores, los vetos, la propaganda partidista… Lo mismo sucede en las autonomías que gobierna, solo o con VOX, donde manipulan y vacían de credibilidad los medios públicos. En el fondo, lo que les molesta no es TVE, sino la democracia informativa: esa que ni entienden ni soportan.

50 años sin dictador

20-N, 50 años de la muerte del cruel dictador que los fascistas veneran

 Hoy blanquean la dictadura quienes no la vivieron. Franco, golpista contra un gobierno democrático, inició una guerra civil. Por tanto, fue culpable del asesinato de cientos de miles de españoles. Al finalizar la guerra, y con absoluto desprecio a los derechos humanos, instauró una dictadura férrea y unipersonal y emprendió una política de detenciones y ejecuciones, cosificó a la mujer, les robó bebés recién nacidos y menores y prolongó la brutal represión 36 años más acallando, por medio del crimen y el terror, cualquier tipo de disidencia. Hizo de España un país tenebroso donde, además, la corrupción carcomía sus instituciones. La disidencia, que la hubo desde el primer instante, fue ahogada y torturada en el silencio impuesto de las cárceles y asesinada en la tranquilidad sepulcral de los cementerios, lugares donde fueron a parar muchos de aquellos valientes luchadores por la libertad.
Sí, es verdad y duele que el miserable y despiadado dictador muriese en la cama; pero no es menos cierto que la dictadura fue definitivamente liquidada por las mareas ciudadanas en calles, fábricas, universidades, centros laborales…
La Transición no fue pacífica. Ansiábamos libertad y ruptura con el régimen. Logramos la libertad a costa de los que se quedaron por el camino en crímenes de Estado silenciados. No logramos la ruptura. La Transición fue cuanto pudimos obtener bajo la atenta mirada de los militares aferrados al poder para mantener privilegios feudales y satisfacer su codicia y opulencia. En ningún caso fue un regalo del monarca. Los que estaban en el poder, sin la lucha del pueblo, poco o nada hubieran cambiado. Fue nuestra conquista; la conquista de gente sencilla que iniciamos hace 50 años.
Esa conquista, hoy, está en peligro. El fascismo resurge, amparado en la desmemoria y las mentiras. Por eso hay que decirlo sin ambages: Franco fue un dictador criminal, y quienes lo reivindican o justifican no merecen respeto ni espacio.
La libertad no se hereda: se conquista día a día.

¡Y pretenden gobernarnos!

 

Cuca Gamarra, provocadora profesional

Cuca Gamarra, vicesecretaria de “Regeneración” del PP, sostiene con rostro pétreo que el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma que mediante la ley de amnistía se “vulneró el Estado de Derecho”.
Lástima que el texto diga justo lo contrario, y quien quiera ver con seriedad leerá que dicho informe descarta —explícitamente— que estemos ante una autoamnistía, o que se viole la legislación europea sobre terrorismo o los intereses financieros de la UE.
Entonces, ¿cómo puede este partido pretender gobernar un país si o no saben leer o les falta comprensión lectora?
Es lo de siempre. En realidad, les gusta crispar. El PP ante cualquier asunto que no le gusta saca una frase fuera de contexto, oculta matices y presenta una interpretación falaz como verdad absoluta. Gamarra actúa como si el informe dijera lo que ella quiere que diga, no lo que dice. Y lo hace sin sonrojo, lanzando acusaciones graves de vulneración del Estado de Derecho cuando el propio informe señala que no hay colisión con la legislación de la UE. Esa falta de rigor es inadmisible. Es un ejercicio de crispación.
¿De verdad quieren gobernarnos? Antes de alzar el dedo inquisidor, bajen la vista al papel. Y empiecen por lo básico: comprender lo que leen.

El PP y el franquismo

 

El PP es franquista hasta las trancas

Ignorando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el «supremo recurso» a la rebelión frente a la tiranía y la opresión, el Partido Popular se negó a asistir a un acto en el Congreso en memoria de los últimos fusilados por la dictadura de Francisco Franco, condenados en un juicio sin garantías, alegando que «eran terroristas». La excusa no sorprende: hablamos de un partido fundado por siete ministros del dictador, moldeado ideológicamente en la defensa de la unidad sagrada de la patria, la educación elitista, la libre empresa sin freno y la moral pública impuesta de la derecha más rancia. En esencia, el mismo credo ideológico del franquismo, pero con otro nombre y otro logo.
Su ADN político sigue anclado en la negación de la memoria, en el desprecio a las víctimas del franquismo y en la glorificación implícita de un pasado criminal. El PP no ha roto con esa herencia, la ha maquillado. Y mientras rehúye homenajes a los asesinados por el dictador, protege y pacta con quienes aún justifican aquella barbarie; incluso pone en sus manos el destino de la Comunidad Valenciana. El PP, no solo demuestra que proviene del franquismo, sino que respira su fratricida aliento, justifica su represión y perpetua, bajo la máscara democrática, la sombra de un régimen que nunca ha dejado de venerar.

El gran fraude de lo concertado

 

La ultraderecha (PP) y la derecha extrema (VOX) pretenden destrozar el Estado de bienestar

¿Por qué desviar dinero público al sector privado si su objetivo es el beneficio, no el bienestar?
Escucho a muchos tertulianos preguntar qué hay de malo en la cooperación, según ellos positiva, público/privada. Parecen no entender que cuando se deriva dinero público a empresas privadas –colegios, universidades, hospitales todos ellos concertados–, una parte considerable del montante ya no se invierte en mejorar los servicios, sino que pasa a ser beneficios de las sociedades mercantiles que acaba en los bolsillos de directivos e inversores particulares. Así, la supuesta cooperación se trueca en parasitismo. De igual forma, quien ha contratado un seguro médico privado tendrá los servicios que su póliza cubre; pero no recibirá el tratamiento más adecuado a su dolencia: prima el coste y la cobertura pactada, no la necesidad médica real.
Estos tertulianos argumentan con malicia que se ha incrementado el presupuesto en sanidad. No me vale pues ese aumento también irá a accionistas privados.
Y, con la enseñanza, lo mismo. Los centros privados, al responder a la lógica de mercado, priorizan el beneficio económico. Esto choca con el objetivo principal de un servicio público: garantizar el acceso y la calidad para todos.
Cuando lo público se privatiza, el derecho se convierte en negocio. Y en los negocios, el beneficio importa más que las personas.
Tertulianos de derechas, ¿lo entendéis ahora?

Cumbre de Brasil 2025: epitafio del planeta

 

Lamento decirlo pero, una Cumbre del Clima más que no servirá para nada

A finales del pasado octubre supimos que, en 2024, nuestro hogar experimentó el mayor aumento de CO₂ en la atmósfera, lo que anticipa más calor extremo con consecuencias nefastas para la vida tal como la conocemos.
En este contexto, se inicia otra cumbre más y, de nuevo, el teatro del compromiso. Mientras los océanos se cuecen, los glaciares se derriten, el aire se vuelve irrespirable y las muertes por contaminantes se disparan, los líderes del mundo volverán a posar entre sonrisas, discursos vacíos y promesas que no comprometen a nada. Brasil 2025 será recordada como el festival de la hipocresía global: acuerdos mezquinos, nimios, diseñados para que todo siga igual. Los mismos países que predican sostenibilidad seguirán subvencionando carbón, petróleo y gas, firmando suculentos contratos mientras fingirán escuchar a la ciencia.
El planeta, exhausto, no puede esperar más, pero ellos sí: esperan el próximo mandato, el próximo dividendo, la próxima foto. Cuando el Amazonas arda y el Atlántico se convierta en un hervidero, maldeciremos sus nombres, los de quienes cambiaron la acción por retórica. Con su inacción criminal, condenan a millones de seres vivos a la extinción y a las generaciones futuras al colapso.
Definitivamente, con esta mezquindad política, la Tierra se va al carajo. ¡Viva la libertad!

Cuantísima infamia

 

Mazón desconoce la empatía

Otra vez el PP organizó un homenaje a Carlos Mazón. Un acto más de propaganda disfrazado de sensibilidad, pero esta vez con la infamia añadida de celebrarlo en la mañana del primer aniversario de la DANA. Allí, rodeado de cargos del Govern Valencià y habituales palmeros del PP, fue ovacionado mientras pedía «reflexionar ante el desamparo que sintieron muchos valencianos». Lo escuché sin dar crédito. Tuve que volver a oír sus palabras para creer que hablaba en serio, con el gesto impasible y sin un atisbo de vergüenza. ¿Se puede ser más miserable? ¿Acaso no fue él quien dejó sin amparo ni socorro a miles de ciudadanos aquel terrorífico día? ¿Acaso no ha tenido, en un año entero, tiempo de reflexionar sobre su propia responsabilidad? Aunque claro, Mazón no reflexiona: sigue el indigno manual de estilo del PP, ese que enseña a negar, mentir y culpar a las víctimas y a los demás. Lo vimos en el 11-M, en el Prestige, en el Yak-42, en el Metro de Valencia, en las residencias de mayores, en el cribado del cáncer de mama… Una lista interminable de dolor y cinismo.
Mazón no es una excepción: es el ejemplo perfecto de un partido que no siente ni respeta el dolor ajeno mientras recorta y humilla. Cada día que Mazón permanece en el cargo, sostenido por Feijóo y Abascal, su dedo hurga con mayor profundidad la llaga de familiares y amigos de las víctimas. Feijóo calla porque es incapaz de tomar decisiones; Abascal lo sostiene porque suma votos; y el PP, mientras tanto, continúa su liturgia de cinismo y desmemoria.

Feijóo en la cuerda floja

 

A Feijóo se le está poniendo cara de Casado

Feijóo se consume intentando convencer al país de que lidera algo. Como es tarea imposible, está mohíno. Su liderazgo en el PP es tan sólido como lo fue el de Casado. Mientras los sondeos lo sitúan a los pies de los caballos, sus barones y Aznar afilan navajas. El gallego ha hecho del “viaje al centro” una versión política de “Aterriza como puedas”: promete dirigir rumbo al centro con decisión, pero el avión lo pilota VOX mientras él se dedica a repartir cacahuetes entre el pasaje.
Feijóo pasea su confusión ultraderechista tratando de revestirla de centrismo, en un viaje de casi 50 años pero que jamás llega a destino. Mientras el PP se descompone por dentro, no hay proyecto ni dirección, y mucho menos carácter, solo bandazos hacia la ultraderecha, postureo y muchas fotos con cara de “yo soy de centro”. Feijóo no lidera, sobrevive. Y lo hace rodeado de un partido donde las guerras intestinas ya no se disimulan: Ayuso a lo suyo, los barones cuchicheando en la sombra y Génova convertida en una oficina de críticas desestimadas. Cada discurso es algo ya formulado en la España más casposa y rancia. Cada gesto suyo, un engaño sin gracia.
Feijóo se ha convertido en el gran “macguffin” de la derecha española: está ahí, todos hablan de él, pero nadie sabe realmente para qué sirve.

Feijóo y los subsidios

 

El PP está dispuesto para destrozarlo todo

¿A qué llama exactamente Feijóo «subsidios» cuando lanza sus críticas, plagiando sin disimulo el discurso tóxico de VOX y sus «paguitas»? ¿Se refiere al derecho al desempleo, una conquista social que protege a quienes pierden su trabajo? ¿O al ingreso mínimo vital, una medida mínima de dignidad que asiste a quienes no tienen absolutamente nada? Que hable claro. Que no esconda su habitual cobardía tras vaguedades calculadas.
Feijóo ha decidido abrazar la deriva más reaccionaria sin tapujos, creyendo ingenuamente que puede competir con la ultraderecha en su terreno. Pero quien juega a parecerse a VOX acaba siendo arrasado por VOX. Los resultados de los sondeos son evidentes: entre el original y la copia, la gente elige al original.
Este PP, desnortado y sin principios, ha perdido su alma. Ya no propone, solo reacciona. Ya no lidera, solo imita. Cree que endurecer el lenguaje le hará ganar votos, pero lo único que logra es hundirse en su irrelevancia. Con Feijóo al mando, el PP ya no es una alternativa de gobierno, sino una sombra acomplejada que ha renunciado a la moderación, al pensamiento propio y, lo que es peor, al coraje moral.

Empobrecer lo público, enriquecer lo privado

 

La derecha quiere destrozar todo lo público

La penúltima ocurrencia de Feijóo es un IVA del 0% para autónomos que facturen menos de 85.000 €. Suena bien, pero huele a lo de siempre: menos ingresos públicos, más excusas para seguir destrozando el Estado del bienestar. El PP no busca aliviar al autónomo, sino justificar nuevos recortes. Su modelo es claro: hundir lo público para que florezca lo privado y sus defendidos hagan caja.
Está bien bajar los impuestos a las clases menos favorecidas, pero siempre que, como contrapartida, se les suba a los ricos y grandes empresas que, proporcionalmente pagan menos que ellas. Debemos entender de una vez que, detraer dinero público para dárselo a empresas privadas que persiguen un beneficio que repartir a sus directivos y accionistas–miles de millones en muchos casos–, solo hace que el dinero de nuestras pensiones, educación, sanidad e infraestructuras, vaya al bolsillo de unos pocos.
Feijóo nos quiere con seguros médicos, pensiones, colegios y universidades privadas. Pero ¿y si el sistema colapsa, como en 2008? ¿Quién rescata entonces al ciudadano de a pie? ¿El Estado al que han mermado su capacidad recaudatoria? ¿Tendrán que mendigar los pensionistas en las puertas de las iglesias? No nos dejemos engañar: su plan para España es un traspaso masivo de dinero público al bolsillo de empresas privadas y fondos buitres. Y eso sí que es un abuso que incrementa la brecha social.

Cree el ladrón que…

Miguel Ángel Rodríguez, un sinvergüenza y vividor en la corte de Ayuso

 Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, mano derecha de Ayuso, ha tenido que reconocer ante un juez que mintió deliberadamente al acusar al fiscal general del Estado de recibir «órdenes de arriba» para atacar a su jefa retirando el pacto alcanzado entre el novio de Ayuso e inspección de Hacienda. Esta defensa es grotesca; y, sin rubor, la argumentó así: «llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el ministerio fiscal, que está jerarquizado y colegiado».
Será, claro, por el profundo conocimiento que tiene de los ámbitos políticos que ha frecuentado toda su vida: esos en los que el cinismo y el trapicheo mafioso son norma, y donde la mentira no solo es tolerada, sino elevada a virtud estratégica. Desde el 11-M hasta la DANA, pasando por el cribado de mamografías, la derecha que representa ha hecho de la manipulación una herramienta política esencial para mantener o lograr el poder. Lo de Rodríguez no es intuición, es mentir. Y su declaración ante el juez no es más que la confesión sin pudor de una forma de hacer política basada en la impunidad, el abuso de poder y el más profundo desprecio a los ciudadanos.
Aunque, bien mirado, quizá no tenga tanta culpa. Tal vez simplemente ignora que existen otros mundos —lejanos del suyo— donde rigen la ética, el rigor y la responsabilidad pública.
Porque, como bien dice el refrán: cree el ladrón que todos son de su condición.

Señor Peinado: ¿también me demandará?

Una gran parte de la judicatura continúa anclada en el franquismo

 Parece que para el juez Peinado la crítica es un delito. En lugar de garantizar derechos, abre querellas a periodistas, políticos y ciudadanos que se atreven a cuestionar su más que polémicas instrucciones. ¿No es grave que la Audiencia de Madrid le haya corregido más de una decena de veces por imputaciones sin base, registros injustificados o actuaciones desproporcionadas? ¿No es grave que el Supremo haya tumbado su intento de imputar al ministro Bolaños por un informe incompleto?
Peinado no ha rendido cuentas disciplinarias más allá de correcciones procesales y sigue en su puesto, sin sanción notable. Eso demuestra que el sistema tiene fallos estructurales: decisiones judiciales escabrosas, correcciones posteriores, pero ninguna consecuencia real a quien las produce. ¿No es grave el tiempo y dinero público perdido en estas chapuzas? Si estuviera en una empresa privada, le pondrían en la calle.
Peinado ha admitido denuncias sin pruebas, con recortes de prensa derechista como único sustento para iniciar una investigación general y prospectiva –práctica ilegal en el ámbito penal–, mientras tiene “olvidos procesales” que benefician a la derecha. Y, entretanto, se querella contra quien opine. ¿Esto es justicia o activismo togado?
¿Se le puede criticar? Por supuesto. Porque, en democracia, los jueces también deben responder ante la opinión pública cuando su independencia parece mezclarse con ideología que utiliza la justicia como arma mediática; por avanzar investigaciones sin soporte; por tolerar imputaciones irregulares; por prorrogar una y otra vez instrucciones, por ignorar dictámenes de instancias superiores. Lo que algunos jurisconsultos comentan, y lo que yo digo, es menos grave que lo que su historial procesal revela. Se asemeja a un abuso sistemático de una potestad que debería ser moderada, con responsabilidad.

Garamendi alimenta los bulos

 

Los bulos del señor Garamendi son un peligro para la paz social

En una entrevista en el programa “Espejo Público” de Antena 3, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, frente a las críticas de Yolanda Díaz sobre su sueldo y jornada por censurar la reducción de jornada, no encontró mejor defensa que propagar temerarias falsedades en un bulo grosero y sin base alguna cruzando una línea inaceptable: «Los altos cargos, vicepresidentes del Gobierno, van a tener un coche hasta que se mueran, con un chófer.» Hizo una pequeña pausa y, con retorcida perversidad, lanzó una pregunta retórica: «¿Eso quién lo paga? Todos. Eso lo pagamos todos y no pasa nada». Ni la periodista al frente del programa, ni nadie del mencionado medio conservador corrigió esa mentira flagrante, lo que agrava aún más el daño.
Es intolerable que alguien con su responsabilidad social difunda bulos que sólo buscan crispar, alimentar el cinismo y debilitar la confianza ciudadana en las instituciones. No solo mintió, sino que lo hizo con plena conciencia de que sus palabras circularían veloz y sin filtro entre quienes buscan justificar su rechazo visceral al Gobierno. Garamendi sabe que solo tendrán chófer y coche hasta que cesen en el cargo. No está defendiendo al empresariado: está utilizando su relevante puesto como altavoz de propaganda para enfrentar a los españoles. Y eso lo deslegitima moralmente como interlocutor público.

Feijóo totalmente desquiciado

 

El PP de Feijóo sigue cayendo en la trampa que le teje VOX

Hace unos días, en un acto del Partido Popular Europeo celebrado en Barcelona, Feijóo soltó, sin rubor y dejando atónito al auditorio, que «Europa ha despertado. Ha salido de la cárcel ideológica de una izquierda que le vendía que era bueno empobrecerse y que era buena la democracia más que la prosperidad».
¿Cómo puede sostener eso? ¿Qué clase de disparate es contraponer democracia y prosperidad, como si fueran incompatibles? ¿La prosperidad de quién? ¿De los ricos? ¿Quién en su sano juicio insinúa que el bienestar económico debe prevalecer sobre los valores democráticos? Señor Feijóo: sin democracia no hay prosperidad que valga.
Hace tiempo que Feijóo cruzó una línea peligrosa. Su más que evidente deriva ultraderechista es, además de un retorno sin rodeos a la génesis del PP, una amenaza directa al marco democrático. Lejos de marcar distancias con la derecha extrema, la emula con entusiasmo, compitiendo con VOX en un terreno donde solo puede perder porque VOX siempre envidará más y en el que solo crecen el odio, el autoritarismo y la mentira.
Definitivamente ha perdido el norte, arrojando al PP a una senda sin rumbo, sin proyecto, y sin alma. En su ciega necedad por su obsesión al poder, renuncia a cualquier atisbo de responsabilidad institucional, abandona la derecha democrática y abraza un populismo rancio, peligroso y profundamente reaccionario. Feijóo ya no disimula: ansia el poder aun a costa de dinamitar los cimientos de la misma democracia.