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| El hedor franquista de la Justicia es inaguantable |
La Audiencia Nacional ha suspendido –previa petición de Ayuso, ¡cómo no!– cautelarmente la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, pese a que allí estuvo la Dirección General de Seguridad franquista, donde se practicaron asesinatos –Tomás Centeno, Ruano y tantos otros–, torturas y detenciones políticas. El argumento del auto roza la parodia: colocar una placa podría causar un «perjuicio irreversible» a la reputación institucional de la Comunidad de Madrid. Como si la historia fuese un grafiti y no un hecho documentado.
¿Qué daño irreversible causa un trozo de metal que se puede desatornillar en cinco minutos si un juez cambia de idea?
Resulta enternecedor ver a ciertos jueces preocupados por la sensibilidad de un edificio, pero no por la memoria de quienes pasaron por sus sótanos o salieron con los pies por delante. Debe de ser que las víctimas molestan más que sus verdugos. En España, al parecer, recordar la dictadura daña la convivencia; blanquearla, en cambio, es moderación institucional.
La derecha política, judicial y mediática lleva años intentando convertir la memoria histórica en un problema de estética. Cambian la toga por la nostalgia y lo llaman neutralidad; la toga por el sesgo ideológico y ya ni lo tapan.
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