Jueces

 

Como buen franquista, el PP añora el control absoluto y eterno de la Justicia

Igual que cada uno de nosotros, los jueces y juezas son personas; y las personas tienen ideología; y como la judicatura es mayoritariamente conservadora, el PP anhela y porfía en el mantra de que «los jueces elijan a los jueces», algo que, además de generar puro corporativismo –cubrirse unos a otros para salvaguardar sus intereses– que no aportaría nada bueno ni a la Justicia ni a la sociedad, tan sólo al PP y a los propios jueces, tampoco cumpliría con el mandato de nuestra Constitución que, ni más ni menos que en su primer artículo, proclama sin lugar a dudas que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» y, por tanto, deberán ser las Cortes Generales, representación de lo que el pueblo ha votado en elecciones libre y democráticas, las que han de elegir a los miembros que conformen dicho poder judicial. Así está mandatado y así debe ser. Lo demás, bagatelas torticeras que solo conducen a la crispación al confundir a los ciudadanos.

Impuestos: ¡No aprendéis!

 

Con la eliminación del IVA del aceite de oliva ocurrirá como con el del pan y otros alimentos

¿Para qué sirvió eliminar el IVA del pan y otros productos si pagamos lo mismo? Para que lo que el Estado deja de recaudar, debilitando servicios públicos, se lo embolse la distribución al no trasladarlo a los productos.
¿Para qué servirá eliminar a partir del 1 de julio el IVA del aceite de oliva? Seguramente, para lo mismo.
Además, cuando haya que retomar su cobro tendrán la excusa perfecta para volver a llevárselo crudo con un incremento injustificado y mayor que el que debiera ser; y la oposición denostará al Gobierno acusándole de hacer caja.
Es que no os enteráis: queremos un Estado de bienestar vigoroso que, con justicia social, redistribuya la riqueza y, para eso, se necesitan impuestos y, aunque el IVA sea el más injusto de todos, mientras no se recaude por otro lado, no hay que suprimir nada. Es más, hay que elevarlos a grandes empresas y fortunas para eliminar los impuestos indirectos y reforzar los directos de forma progresiva.
¡Que os enredan como a pipiolos!

La piedra angular de la “singularidad”

Feijóo, como siempre, tiene varias caras

Hace lustros que España necesita un nuevo modelo de financiación autonómica. Esto lo saben Feijóo y hasta el Papa de Roma. De hecho, fue Feijóo quien en 2012 prometía «no descansar hasta lograr una nueva financiación autonómica», y en 2016 reiteraba que era difícil «explicar que a Cataluña no se le dé un concierto económico cuando lo tienen vascos y navarros, estoy de acuerdo. Estas cosas se pueden cambiar, plantear y discutir».
No es tarea fácil ni cómoda, pero el modelo está caduco y debe revisarse. Así que, a ello, sin “descansar”, hiperventilar ni rasgarse las vestiduras, sino con propuestas realistas y solidarias entre territorios. Y las comunidades, como la de Madrid que, gracias a su capitalidad, con una mano hacen dumping fiscal despojando deslealmente riqueza al resto de comunidades al bajar impuestos a ricos y grandes empresas a costa de recortar sanidad y educación, mientras que con la otra exigen más financiación, deberían verse contundentemente perjudicadas por su vileza.

Europa: consecuencias electorales

 

Mercaderes y trujamanes se frotan las manos pensando en la energía nuclear

Llaman a las puertas del nuevo Europarlamento, las nefastas consecuencias de haberse escorado a la derecha. Son las políticas austeras –que empobrecerán a muchos y enriquecerán a los pocos de siempre– y, por ser la derecha ambigua y la ultraderecha negacionista en materia de emergencia climática en contra de las evidencias científicas, las políticas verdes mortalmente recortadas que nos arrojarán a las fauces del abismo climático. Y así, el veto a fabricar motores de combustión a partir de 2030 irá a la UCI mientras las medidas medioambientales del campo, para hacer frente a la emergencia climática y proteger los recursos naturales y la biodiversidad, decaerán.
Ahora trujamanes y mercaderes se frotan de nuevo las manos negociando la resurrección de la energía nuclear, de residuos letales durante milenios y muchísimo más cara –según el banco de inversiones Lazard, 167 dólares por MWh, frente a los 60 del ciclo combinado de gas, los 38 de la eólica y los 36 de la solar fotovoltaica–.

El Estado de derecho y el CGJP

 

Me quedo sin palabras para describir la corrupción moral del PP

Feijóo sermonea, una vez más, que «ni los órdagos, ni los chantajes, ni las amenazas se pueden admitir en el Estado derecho».
Pongamos que se lo compro –que no es así–, pero entonces, ¿qué tiene que decir de los secuestros?
Sistemáticamente el PP, cuando ha sido oposición, ha secuestrado el Consejo General del Poder Judicial para seguir controlando la justicia con su mayoría de derechas. Tanto es así que, este poder del Estado, ha permanecido secuestrado por el PP cuando no le tocaba 8 años y medio. Más de dos legislaturas… hasta ahora.
El PP, como siempre, fiel a sus principios: si yo gobierno, bien; pero si no gobierno haré cuanto pueda para retener el poder y derrocar a quien ha elegido el pueblo.
Ahora, de nuevo, pide la mediación europea; pero fue el PP en marzo el que, unilateralmente, decidió anular las reuniones con el comisario de Justicia, Didier Reynders.
Y, por eso, en esta no renovación, que va por cinco años y medio, ya han urdido 30 excusas diferentes para no renovarlo. ¡Ya está bien!

Pensiones: retratar al PP

 

Si por el PP fuera, reduciría las pensiones a algo testimonial

Aunque la Constitución preceptúa en su artículo 50 que «los poderes públicos garantizarán periódicamente la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad mediante pensiones adecuadas y actualizadas», a menudo nuestros gobernantes lo han soslayado. Menos mal que con este Gobierno algo ha cambiado. Pero, si de verdad queremos garantizar su cumplimiento para no quedar al albur del gobernante de turno, este Gobierno de progreso debería impulsar una reforma constitucional que deje meridianamente claro su actualización anual vinculada, al menos, al IPC, para evitar congelaciones o subidas irrelevantes que las empobrecen.
Esta reforma, que necesita mayoría de tres quintos, además de garantizar lo que la Constitución ordena, obliga a retratarse a un siempre ambiguo PP en asuntos que tienen que ver con el Estado de bienestar –oculta su plan por ser el de Rajoy: congelación o subidas nimias–. Así, los pensionistas, y los que algún día lo serán, sabremos a qué atenernos al ir a votar.

Ganar al margen de las urnas

 

La justicia española aun tiene muchísimos ramalazos franquistas

Desde hace cinco años y medio el PP incumple la Constitución con el bloqueo del CGPJ para politizar la justicia, judicializar la política y doblegar la soberanía popular al margen de las urnas. Por eso el juez Peinado entra ahora en campaña con un procedimiento, cuando menos, inusual basado en denuncia falsa sobre unos hechos jurídicos que no se sostienen. Toda la acción del Gobierno legítimo –al que califican de ilegítimo–, todos los avances, todas las grandes leyes, las medidas progresistas que mejoran la vida –en realidad es lo que no tragan–, de ahora y de siempre –reforma laboral, eutanasia, educación, anti desahucios, ley “trans”, ley “rider”, solo sí es sí, renta mínima, piquetes sindicales, antitabaco, igualdad, carnet por puntos, listas paritarias, matrimonio homosexual…– han sido votadas en contra y recurridas al Constitucional, como lo fueron otras en el pasado.
Mientras no acepten la democracia y pretendan retener lo que constitucionalmente no les corresponde, niegan la naturaleza de la misma democracia: el reconocimiento del resultado electoral.
Creer en la democracia solo cuando les favorece, no los convierte en demócratas.