Madrid, autonomías y pandemia

 

Agota oír a Ayuso atacar al Gobierno mientras elude sus responsabilidades, a pesar de tener competencias plenas en materias de sanidad y educación, sin asumir el más mínimo error.
En junio exigía, con otras comunidades, el fin del estado de alarma que las mantenía «amordazadas y rehenes». La devolución de competencias les haría gestionar mucho mejor la crisis, decían. Aquel mes, y con mucha soberbia, Madrid y País Vasco se desmarcaron de un acuerdo de vuelta al cole.
Ahora Ayuso, desorientada como está y sin haber hecho mucho (escasez de rastreadores, de profesionales, de medios), exhorta a lo contrario para lavarse las manos, obviando que debería haber reforzado sanidad y educación. El PP, siempre instalado en la política del qué dices que me opongo, bronquea al Gobierno por hacer una cosa y la contraria, por el estado de alarma o por no declararlo. Incluso anuncia un etéreo plan B, antes de conocer el A. El circo del pim, pam, pum de siempre cuando oposita. ¿Es eso responsabilidad?
La realidad es que, debido al modelo privatizador y la pésima gestión de los sucesivos gobiernos del PP, en Madrid sanidad y educación están en coma.

¿Qué pasa?, ¿no son personas?

Según parece, los niños no son personas o lo son de otra calidad

Es chocante que las comunidades autónomas pongan límite a las reuniones, restringiéndolas a un máximo de 10 e incluso 6 “personas”, mientras tasan la vuelta al colegio en agrupar en un aula a 20 o 32 alumnos que, en muchas ocasiones y por su naturaleza alegre y algo alocada, no entienden de distanciamiento social.
¿Acaso los niños no son personas o es que tienen menor peligro para contraer la enfermedad y después contagiarla?

 

Enseñanza y vuelta al cole

 

El negocio de la educación privada a costa de la pública

A mediados de los 80, muchas localidades carecían de plazas libres en escuelas públicas. El Estado, para cubrir la enseñanza obligatoria que no podía asumir, reguló y racionalizó las subvenciones económicas que, desde tiempos de la dictadura y sin control, recibían los colegios privados, en su mayoría propiedad de la iglesia católica. Hoy en día, covid-19 aparte, tras la construcción de numerosas escuelas estatales, no existe dicha necesidad.
Por eso no es cierto que el Gobierno esté tratando de ahogar la enseñanza concertada, es que la concertada, además de un negocio privado que resta fondos públicos, ya no tiene sentido. Asimismo, mientras la escuela pública transmite el modelo de país que persigue el Estado, la concertada promulga ideales religiosos o de otro tipo que, aunque legítimos, no deben subsidiarse.
Así, si los más de 6.000 millones anuales que cuesta la enseñanza concertada, en lugar de ir a bolsillos privados, se destinaran a la pública, tendríamos una escuela de mayor calidad. Y, en tiempos de pandemia, daría para contratar decenas de miles de profesores y bedeles y comprar centenares de millares de pupitres individuales que podrían llenar edificios públicos (polideportivos, teatros) que los municipios brindaran para convertirlos en aulas temporales donde dar clases presenciales con pocos alumnos para mantener la requerida distancia social mientras persista la maldita plaga.

¿Es justicia la justicia a medias?

Quiero referir lo obvio: cuando se defrauda a la hacienda pública, se roba a los españoles.
Los padres de la Constitución al redactar el artículo 56.3, que trata de la inviolabilidad del rey, lo hicieron pensando en el normal desempeño de sus funciones. Ninguno imaginó, ni por asomo, que si el rey decidía asesinar a un súbdito o desvalijar un banco, quedase libre de culpa. A esto se le llama “espíritu de la ley”. Deducir otra cosa, es subjetivo. Es más, Juan Carlos I en el ejercicio de su cargo, afirmó que «la ley es igual para todos».
Si la ley es igual para todos, sin distinciones debería, si hubiere presunción de delito, poder investigar y enjuiciar lo acaecido en cualquier momento. Porque si solo puede hacerlo a partir de la abdicación, la justicia no es total, ni integral, sino parcial por ser excepcional. Y, si una justicia está atrofiada, al estar mutilada, no es nada, ya que la justicia es, o no es, pero no puede ser a medias, es decir, a partir de 2014. Eso se llama impunidad.

 

¿Giro al centro? No, retorno a la derecha

 

Estaba cantado que, tras el triunfo de Feijóo en Galicia y su fracasado envite en el País Vasco, Casado estaría sujeto a presiones internas que le obligarían a entregar un cabeza de turco para aplacar críticas. Así, ha caído Cayetana, otra apuesta personal en su indeciso itinerario.
Desde que Casado tomó las riendas del Partido Popular, la formación no ha hecho más que dar infinitos bandazos de ida y vuelta, desde la derecha más casposa a la más canónica.
Con el previsto cese y los nuevos nombramientos, un debilitado Casado exhibe sin quererlo las vergüenzas de su propia debacle. Sin embargo, para algunos analistas inicia un giro al centro. Y yo les digo que será otro viraje fingido más de los incontables que, en 40 años, desde tiempos de la Alianza Popular de Manuel Fraga, pasando por los de Aznar y Rajoy, lleva el PP sin alcanzar esa tierra prometida. Y no por nada; sencillamente porque no le da la gana. El PP es de derechas y lo seguirá siendo. Así que no nos traten de vender la moto.

¿Negacionistas o pendencieros?

 

La concentración de negacionistas del domingo en la Plaza de Colón de Madrid, en su mayoría estuvo fromada por los mismos reaccionarios que en su día estigmatizaron el 8-M por, según ellos, extender la pandemia que ahora niegan.

¿Otra vez Podemos?

 

Me han contado, que han oído, que alguien ha dicho, que se comenta, que alguno escuchó a otro cotillear cosas muy graves de Podemos…
En fin… A eso se le llama rumorología que, contraria a la solidez de pruebas, y debido a que parte de la ciudadanía sentencia un juicio equivocado que se queda en la superficie, hace muchísimo daño –recuerden el caso Rosell–. Ya ha ocurrido en demasiadas ocasiones para ser casualidad.
Pretender equiparar la hedionda caja B del PP, juzgada y condenada en la Audiencia Nacional, que se engorda con mordidas a cargo del dinero de adjudicaciones públicas que pagamos todos, con una caja de solidaridad que se nutre de las aportaciones de los cargos de la propia formación, es tan antagónico como comparar el latrocinio con la decencia.
Desde su nacimiento, por su afán renovador y de justicia social, Podemos ha sido sometido al escrutinio y confabulación de numerosas causas, montajes policiales incluidos, que han quedado en nada. Y como ahora está en el Gobierno, quieren tumbarlo como sea. ¿Será fruto del pavor de las élites acomodadas que andan desesperadas? ¿Será otra falsedad más? Veremos.
Aunque hay sobrados motivos para no creerse nada de la denuncia, ya que su financiación ha sido examinada con lupa en múltiples ocasiones, Podemos debería explicarse nítidamente para aportar transparencia que silencie a los que malmeten.