¿Justicia?

La venta de viviendas sociales a fondos buitres por Ana Botella, causó mucho dolor y un quebranto económico para el Ayuntamiento de Madrid. Martínez-Almeida no recurre

Revocando una sentencia rotundamente condenatoria, Ana Botella, ex alcaldesa de Madrid por el PP, y siete secuaces, han sido absueltos de tener que pagar 22 millones al Ayuntamiento por un peculiar Tribunal de Cuentas –en el que dos de sus tres miembros son afines al PP– por la venta, mediante un procedimiento ilegal, de vivienda pública en medio de una profunda crisis -cuando era más necesaria– a un fondo especulador extranjero y a un «precio inferior al mínimo posible», impidiendo la compra a sus inquilinos que fueron despiadadamente expulsados de sus casas por la implacable maquinaria capitalista. Botella, además de mentir garantizándoles que no habría ningún cambio excepto el de propietario, los arrojó a los pies de los caballos.
Y Almeida, nuevo alcalde madrileño del PP, decide no recurrir esta lacerante y arbitraria expulsión de sus vecinos que además supuso un enorme quebranto a las arcas municipales.
Si el Supremo no repara semejante abuso, la justicia quedará muy dañada.