El mal del tabaco y sus perversas cifras

 

Es mucho el daño que hace el tabaco

Seamos honestos: si hoy el tabaco no existiera y alguien quisiese comerciarlo, las autoridades no lo permitirían. Por eso pasma que los fumadores, sabiendo que este azote apaga lenta y agónicamente la vida a 8,2 millones de sus consumidores al año –activos y pasivos, sin contar vapeadores–, insistan en dilapidar su salud y fortuna en tan funesto hábito.
Daré algunos datos a ver si se animan a dejarlo:
Desde su cultivo a su consumo, cada cigarrillo emite 14 gramos de CO2. Como al día se fuman más de 20.300 millones –cifras de la BBC para 2019–, se liberan al aire 284.200 toneladas diarias de tan nocivo gas. Cada fumador retirado, ahorrará por cigarrillo y día 3,7 litros de agua para su cultivo y elaboración, ocho veces más que patatas y tomates. Según la OMS, uno de cada dos niños es fumador pasivo y padecerá secuelas. Un estudio de la UE concluye que su humo contamina más que el de coches y fábricas. Las colillas, arrastradas por la lluvia llegan a las alcantarillas que las depositan en ríos y océanos contaminando hasta 500 litros de agua potable. Además, sus filtros, que se transforman en microplásticos, conservan la mayoría de la nicotina y el alquitrán, metales pesados, ácido cianhídrico, hidrocarburos aromáticos policíclicos y sustancias radioactivas como el polonio 210, emponzoñando durante lustros el medio ambiente.
¿Aún desea fumar? ¡Déjelo y escoja salud! Ganaremos todos.

El PSOE y las subvenciones

 

Hay que construir vivienda pública, las subvenciones encarecen el mercado

El PSOE no aprende y cae, una y otra vez, en las añagazas económicas liberales que le tiende el PP. Tras subvencionar los combustibles o los alimentos, medidas que solo sirvieron para que los distribuidores ganaran más con el dinero de todos, ahora pretende beneficiar el negocio privado de los bancos y las constructoras, avalando el 20 % de los créditos hipotecarios a jóvenes. Es una medida que se ha demostrado contraproducente –véase informe del Parlamento Británico– y que escalará precios. Ni siquiera beneficiará a quienes va dirigida al encarecer la compra. La solución válida es construir vivienda social de alquiler a bajo precio para erigir un gran parque público que siempre sea propiedad del Estado.
Subvencionar la compra de casas, revaloriza el disparatado mercado que ya, de por sí, está disparado. Esta decisión, lamentablemente camina en la dirección contraria a la reciente Ley de la Vivienda: destina fondos públicos a financiar negocios privados.

El PP y la justicia social

 

Ahora la ultraderecha cuestiona la Justicia Social

Sostiene Ayuso que la justicia social es un «invento de la izquierda para promover la envidia y el rencor». Desconoce que este concepto fue acuñado a mediados del siglo XIX por el sacerdote, filósofo y teólogo italiano Luigi Taparelli, y poco más tarde acogido por los movimientos obreros; que está en el estatuto fundacional de la OIT desde que se erigiera en 1919 –«la paz universal y permanente solo se puede basar en la justicia social»–; que se recoge en el Tratado de la UE y nuestra propia Constitución la consagra en su preámbulo y en varios artículos; que, asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos gira en torno a este ideal solidario, justo y ético.
Por eso desuela que, hoy día, este principio aceptado e incrustado en el ADN de las sociedades más avanzadas para una convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones, que distribuye la renta, garantiza la igualdad de oportunidades y blinda derechos, sea denostado en la guerra cultural que persigue la ultraderecha.

Señores fiscales conservadores:

 

Vaya manía, y manera, que tiene el PP de instrumentalizar y manosear la Justicia

La reunión entre Feijóo y ustedes, debería haber sido institucionalmente normal. Sin embargo, al hacerla clandestinamente para instrumentalizar la Justicia y maniobrar contra el Gobierno, entró en el terreno de la anomalía democrática.
Allí le transmitieron su inquietud por las alianzas actuales con «partidos filoetarras» –estudien la Constitución–, su anhelo por la llegada al poder del PP –sigan esperando– y le animaron a derogar leyes progresistas –velen por su cumplimiento, y punto–. Feijóo se comprometió a ello y a seguir incumpliendo la Constitución para no renovar el CGPJ.
Me pregunto: ¿es este su innegable compromiso de mantener la lealtad institucional? ¿Esta reunión fortalece la confianza en la Justicia? ¿Se abstuvieron de hacer comentarios que afectaran su independencia e imparcialidad?
Como las cuestiones retóricas planteadas tienen por respuesta un rotundo no, asuman su responsabilidad y dimitan por vulnerar a sabiendas el código ético de la Fiscalía.
Los demócratas, ante tan lamentable contubernio, debemos permanecer alerta.

Denunciar la corrupción

 

La corrupción es una lacra que se lleva 90.000 millones de euros al año

España, que en la clasificación de la eurozona corrupta ocupa el cuarto lugar, pierde más de 90.000 millones de euros anuales por esta lacra: 1.900 euros por habitante y año. Este inmenso sobrecoste económico, moral y humano carcome la democracia tensándola al borde de la fractura y nos sitúa, en el ranking de percepción de la corrupción que publica la ONG Transparencia Internacional, con la misma puntuación que Botsuana o Cabo Verde.
Aunque con carencias, la ley de protección al denunciante, aprobada recientemente por el Gobierno con los votos en contra de la ultraderecha –PP, Navarra Suma– aliada de la derecha extrema –Vox–, es un paso esencial para acabar con este azote que corroe la nación, tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas. La ley, además de proteger al denunciante, cuenta con buzones anónimos para denunciar y multas a quienes represalien a los informantes.
Aunque es un hito más en el haber de la izquierda, hay que seguir trabajando para mejorarla.

Futuro Vegetal

 

Hay que actuar con contundencia si nos queremos salvar

Tras la innegable posibilidad de guerra nuclear, la emergencia climática es el principal reto al que se enfrenta la humanidad. Seguramente transitamos hacia el fin del mundo tal como lo conocemos.
Todas las revoluciones nobles –sindicalismo, feminismo, Ghandi, Luther King, pacifismo, ecologismo, antiapartheid, LGTBI, 15-M…– que han hecho progresar el mundo, fueron atacadas con saña por el egoísmo inmovilista del poder que veía peligrar sus privilegios. Ahora, también.
Los científicos, tras años de investigaciones, llevan décadas advirtiendo de la emergencia climática que ahora vivimos con desasosiego pensando en qué mundo dejaremos a nuestros descendientes.
Como no se hace nada, las acciones de Futuro Vegetal tienen que ser radicales para atraer la atención. Y mientras estas no dañen realmente el patrimonio cultural –en el fondo da casi igual, porque sin patrimonio natural no habrá cultural que valga– ni personas, deberían contar con nuestra afinidad y apoyo. Seamos sinceros, ¿han paliado algo las 27 Cumbres del Clima? ¿Han servido sus acuerdos? Solo paños calientes. Si no se pone coto a la superpoblación, la sobreexplotación, la contaminación y el consumismo, vamos a la extinción. El capitalismo salvaje y su descontrolada codicia es responsable de la devastación y, por eso, ante cualquier solución ejerce el negacionismo –«pretenden controlarnos quitándonos la libertad»–.
Siguen sin entender que, si no se pone coto contundentemente, no quedará nada con vida sobre el planeta.

El derecho a la vivienda

 

La vivienda debe pasar a ser un derecho de verdad

Por primera vez en la España democrática el Gobierno legislará la materia. Y lo único que se le ocurre a Feijóo es reprochar con mentiras –«Zapatero eliminó la deducción de vivienda habitual» cuando fue Rajoy– y plantear una receta fallida –«Construir más vivienda porque, a más vivienda, más bajan los precios»–.
Entre 2005 y 2007 se edificó en España más que en el resto de la UE y el resultado lo conocemos: el precio de la vivienda subió como la espuma y el pelotazo inmobiliario llevó a una de las peores crisis económicas motivado por el estallido de la burbuja que había creado.
En los ochenta casi la mitad de la vivienda construida era social. Con la llegada de Aznar al poder en el 96 y su privatizadora Ley del Suelo del 98, se paraliza la construcción de vivienda social y el precio de los hogares, que se erigen a raudales, no para de subir al percibirse como inversión especulativa.
Todos los países de nuestro entorno tienen muchísima más vivienda social. Para alcanzarlos, no debería subvencionarse la compra de casas –encarece el mercado–, y destinar ese dinero a levantar vivienda social, penando la venta de la misma a fondos buitres como sí hizo el PP y topar los pisos turísticos.