El PP y la justicia social

 

Ahora la ultraderecha cuestiona la Justicia Social

Sostiene Ayuso que la justicia social es un «invento de la izquierda para promover la envidia y el rencor». Desconoce que este concepto fue acuñado a mediados del siglo XIX por el sacerdote, filósofo y teólogo italiano Luigi Taparelli, y poco más tarde acogido por los movimientos obreros; que está en el estatuto fundacional de la OIT desde que se erigiera en 1919 –«la paz universal y permanente solo se puede basar en la justicia social»–; que se recoge en el Tratado de la UE y nuestra propia Constitución la consagra en su preámbulo y en varios artículos; que, asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos gira en torno a este ideal solidario, justo y ético.
Por eso desuela que, hoy día, este principio aceptado e incrustado en el ADN de las sociedades más avanzadas para una convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones, que distribuye la renta, garantiza la igualdad de oportunidades y blinda derechos, sea denostado en la guerra cultural que persigue la ultraderecha.

Señores fiscales conservadores:

 

Vaya manía, y manera, que tiene el PP de instrumentalizar y manosear la Justicia

La reunión entre Feijóo y ustedes, debería haber sido institucionalmente normal. Sin embargo, al hacerla clandestinamente para instrumentalizar la Justicia y maniobrar contra el Gobierno, entró en el terreno de la anomalía democrática.
Allí le transmitieron su inquietud por las alianzas actuales con «partidos filoetarras» –estudien la Constitución–, su anhelo por la llegada al poder del PP –sigan esperando– y le animaron a derogar leyes progresistas –velen por su cumplimiento, y punto–. Feijóo se comprometió a ello y a seguir incumpliendo la Constitución para no renovar el CGPJ.
Me pregunto: ¿es este su innegable compromiso de mantener la lealtad institucional? ¿Esta reunión fortalece la confianza en la Justicia? ¿Se abstuvieron de hacer comentarios que afectaran su independencia e imparcialidad?
Como las cuestiones retóricas planteadas tienen por respuesta un rotundo no, asuman su responsabilidad y dimitan por vulnerar a sabiendas el código ético de la Fiscalía.
Los demócratas, ante tan lamentable contubernio, debemos permanecer alerta.

Denunciar la corrupción

 

La corrupción es una lacra que se lleva 90.000 millones de euros al año

España, que en la clasificación de la eurozona corrupta ocupa el cuarto lugar, pierde más de 90.000 millones de euros anuales por esta lacra: 1.900 euros por habitante y año. Este inmenso sobrecoste económico, moral y humano carcome la democracia tensándola al borde de la fractura y nos sitúa, en el ranking de percepción de la corrupción que publica la ONG Transparencia Internacional, con la misma puntuación que Botsuana o Cabo Verde.
Aunque con carencias, la ley de protección al denunciante, aprobada recientemente por el Gobierno con los votos en contra de la ultraderecha –PP, Navarra Suma– aliada de la derecha extrema –Vox–, es un paso esencial para acabar con este azote que corroe la nación, tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas. La ley, además de proteger al denunciante, cuenta con buzones anónimos para denunciar y multas a quienes represalien a los informantes.
Aunque es un hito más en el haber de la izquierda, hay que seguir trabajando para mejorarla.

Futuro Vegetal

 

Hay que actuar con contundencia si nos queremos salvar

Tras la innegable posibilidad de guerra nuclear, la emergencia climática es el principal reto al que se enfrenta la humanidad. Seguramente transitamos hacia el fin del mundo tal como lo conocemos.
Todas las revoluciones nobles –sindicalismo, feminismo, Ghandi, Luther King, pacifismo, ecologismo, antiapartheid, LGTBI, 15-M…– que han hecho progresar el mundo, fueron atacadas con saña por el egoísmo inmovilista del poder que veía peligrar sus privilegios. Ahora, también.
Los científicos, tras años de investigaciones, llevan décadas advirtiendo de la emergencia climática que ahora vivimos con desasosiego pensando en qué mundo dejaremos a nuestros descendientes.
Como no se hace nada, las acciones de Futuro Vegetal tienen que ser radicales para atraer la atención. Y mientras estas no dañen realmente el patrimonio cultural –en el fondo da casi igual, porque sin patrimonio natural no habrá cultural que valga– ni personas, deberían contar con nuestra afinidad y apoyo. Seamos sinceros, ¿han paliado algo las 27 Cumbres del Clima? ¿Han servido sus acuerdos? Solo paños calientes. Si no se pone coto a la superpoblación, la sobreexplotación, la contaminación y el consumismo, vamos a la extinción. El capitalismo salvaje y su descontrolada codicia es responsable de la devastación y, por eso, ante cualquier solución ejerce el negacionismo –«pretenden controlarnos quitándonos la libertad»–.
Siguen sin entender que, si no se pone coto contundentemente, no quedará nada con vida sobre el planeta.

El derecho a la vivienda

 

La vivienda debe pasar a ser un derecho de verdad

Por primera vez en la España democrática el Gobierno legislará la materia. Y lo único que se le ocurre a Feijóo es reprochar con mentiras –«Zapatero eliminó la deducción de vivienda habitual» cuando fue Rajoy– y plantear una receta fallida –«Construir más vivienda porque, a más vivienda, más bajan los precios»–.
Entre 2005 y 2007 se edificó en España más que en el resto de la UE y el resultado lo conocemos: el precio de la vivienda subió como la espuma y el pelotazo inmobiliario llevó a una de las peores crisis económicas motivado por el estallido de la burbuja que había creado.
En los ochenta casi la mitad de la vivienda construida era social. Con la llegada de Aznar al poder en el 96 y su privatizadora Ley del Suelo del 98, se paraliza la construcción de vivienda social y el precio de los hogares, que se erigen a raudales, no para de subir al percibirse como inversión especulativa.
Todos los países de nuestro entorno tienen muchísima más vivienda social. Para alcanzarlos, no debería subvencionarse la compra de casas –encarece el mercado–, y destinar ese dinero a levantar vivienda social, penando la venta de la misma a fondos buitres como sí hizo el PP y topar los pisos turísticos.

Inteligencia Artificial (IA)

 

La IA está siendo aprovechada para oscuros fines

Orwell, en su inquietante “1984”–que en contra de lo que cree Feijóo no la escribió ese año–, nos narraba un mundo aborrecible carente de libertad que adultera la historia.
Científicos alertan de que, de la mano de la IA manoseada por populistas, el universo “orwelliano” está aquí. Cuando la verdad deja de ser un valor, manipular y reescribir la realidad es moda. Muchos políticos llegan al poder haciendo de ella un enemigo al que combatir. Trump, Meloni, Orban, Ayuso –ejemplos vivos– lo han alcanzado con ayuda de embustes, manipulaciones y el conocimiento de los macrodatos que las IA recopilan. Así, nuestra vida es diáfana para analistas que la ofertan a sátrapas en el poder y a quien pueda adquirirla para oscuros fines. Estos datos nos hacen manejables: discriminarán a los más pobres, decidirán qué noticia o falsedad aparece en el primer puesto del navegador, cambiarán la forma de hacer publicidad con compras personalizadas e influenciarán en decisiones de voto que tumbarán gobiernos.
Sí, la IA se nos ha ido de las manos.

Un fracaso de Europa

 

Ferrovial se fue por dinero. La "pela" es la "pela"

Ferrovial —multinacional española que debe su realidad y dimensión internacional a contratos públicos en España— se marcha, lo enmascare como lo enmascare, para pagar menos impuestos y financiar su deuda. Hubiese ocurrido lo mismo gobernando el PP, porque llevaba años organizándolo, la legislación se lo permite y “poderoso caballero es don Dinero”.
Al tolerar Europa la existencia en su territorio de pseudo paraísos fiscales, se lo pone muy difícil a las naciones que pretenden redistribuir la riqueza. Es el fracaso de una UE solidaria que nos retrotrae al egocentrismo insolidario.
Hipocresía pura fue el discurso de su presidente, Rafael del Pino, usando la “neolengua” orwelliana con total cinismo: «Ferrovial no se va», «mantendremos el negocio» y, como guinda, «España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello».
Confío que su imagen corporativa se deteriore, y que su nicho de mercado lo ocupen otras empresas que mantendrán, a pesar de todo, la justicia social que quiso destruir.