Es hora, y vamos tarde, de dar sentido al derecho recogido en nuestra Constitución |
Cuando el capitalismo ignora la ética y su ansia de dinero no conoce límites, es oportuno ponerle coto. En España, gran parte de la vivienda va a parar a oportunistas fondos de inversión y a manos extranjeras que, al considerarla una mercancía más, adulteran el mercado para especular y recolectar rentabilidades desorbitadas.
La escalada vertical de los precios que conlleva, tanto de alquiler como de compra, hace que el acceso de la gente corriente a un hogar se torne inalcanzable.
Con el fin de controlar estas alzas manipuladas que imposibilitan la consecución de un derecho, Nueva Zelanda y Holanda hace tiempo y Canadá recientemente, han prohibido adquirir bienes inmuebles a los extranjeros no residentes. La izquierda portuguesa hará lo mismo.
Urge un remedio para que lo constitucional deje de ser utopía. La ley de vivienda que se apruebe ha de ser valiente, y acompañarla de un gran parque de pisos públicos que rebaje los precios y retorne el sentido al derecho recogido en nuestra Constitución.