Enseñanza y vuelta al cole

 

El negocio de la educación privada a costa de la pública

A mediados de los 80, muchas localidades carecían de plazas libres en escuelas públicas. El Estado, para cubrir la enseñanza obligatoria que no podía asumir, reguló y racionalizó las subvenciones económicas que, desde tiempos de la dictadura y sin control, recibían los colegios privados, en su mayoría propiedad de la iglesia católica. Hoy en día, covid-19 aparte, tras la construcción de numerosas escuelas estatales, no existe dicha necesidad.
Por eso no es cierto que el Gobierno esté tratando de ahogar la enseñanza concertada, es que la concertada, además de un negocio privado que resta fondos públicos, ya no tiene sentido. Asimismo, mientras la escuela pública transmite el modelo de país que persigue el Estado, la concertada promulga ideales religiosos o de otro tipo que, aunque legítimos, no deben subsidiarse.
Así, si los más de 6.000 millones anuales que cuesta la enseñanza concertada, en lugar de ir a bolsillos privados, se destinaran a la pública, tendríamos una escuela de mayor calidad. Y, en tiempos de pandemia, daría para contratar decenas de miles de profesores y bedeles y comprar centenares de millares de pupitres individuales que podrían llenar edificios públicos (polideportivos, teatros) que los municipios brindaran para convertirlos en aulas temporales donde dar clases presenciales con pocos alumnos para mantener la requerida distancia social mientras persista la maldita plaga.

¿Es justicia la justicia a medias?

Quiero referir lo obvio: cuando se defrauda a la hacienda pública, se roba a los españoles.
Los padres de la Constitución al redactar el artículo 56.3, que trata de la inviolabilidad del rey, lo hicieron pensando en el normal desempeño de sus funciones. Ninguno imaginó, ni por asomo, que si el rey decidía asesinar a un súbdito o desvalijar un banco, quedase libre de culpa. A esto se le llama “espíritu de la ley”. Deducir otra cosa, es subjetivo. Es más, Juan Carlos I en el ejercicio de su cargo, afirmó que «la ley es igual para todos».
Si la ley es igual para todos, sin distinciones debería, si hubiere presunción de delito, poder investigar y enjuiciar lo acaecido en cualquier momento. Porque si solo puede hacerlo a partir de la abdicación, la justicia no es total, ni integral, sino parcial por ser excepcional. Y, si una justicia está atrofiada, al estar mutilada, no es nada, ya que la justicia es, o no es, pero no puede ser a medias, es decir, a partir de 2014. Eso se llama impunidad.

 

¿Giro al centro? No, retorno a la derecha

 

Estaba cantado que, tras el triunfo de Feijóo en Galicia y su fracasado envite en el País Vasco, Casado estaría sujeto a presiones internas que le obligarían a entregar un cabeza de turco para aplacar críticas. Así, ha caído Cayetana, otra apuesta personal en su indeciso itinerario.
Desde que Casado tomó las riendas del Partido Popular, la formación no ha hecho más que dar infinitos bandazos de ida y vuelta, desde la derecha más casposa a la más canónica.
Con el previsto cese y los nuevos nombramientos, un debilitado Casado exhibe sin quererlo las vergüenzas de su propia debacle. Sin embargo, para algunos analistas inicia un giro al centro. Y yo les digo que será otro viraje fingido más de los incontables que, en 40 años, desde tiempos de la Alianza Popular de Manuel Fraga, pasando por los de Aznar y Rajoy, lleva el PP sin alcanzar esa tierra prometida. Y no por nada; sencillamente porque no le da la gana. El PP es de derechas y lo seguirá siendo. Así que no nos traten de vender la moto.

¿Negacionistas o pendencieros?

 

La concentración de negacionistas del domingo en la Plaza de Colón de Madrid, en su mayoría estuvo fromada por los mismos reaccionarios que en su día estigmatizaron el 8-M por, según ellos, extender la pandemia que ahora niegan.

¿Otra vez Podemos?

 

Me han contado, que han oído, que alguien ha dicho, que se comenta, que alguno escuchó a otro cotillear cosas muy graves de Podemos…
En fin… A eso se le llama rumorología que, contraria a la solidez de pruebas, y debido a que parte de la ciudadanía sentencia un juicio equivocado que se queda en la superficie, hace muchísimo daño –recuerden el caso Rosell–. Ya ha ocurrido en demasiadas ocasiones para ser casualidad.
Pretender equiparar la hedionda caja B del PP, juzgada y condenada en la Audiencia Nacional, que se engorda con mordidas a cargo del dinero de adjudicaciones públicas que pagamos todos, con una caja de solidaridad que se nutre de las aportaciones de los cargos de la propia formación, es tan antagónico como comparar el latrocinio con la decencia.
Desde su nacimiento, por su afán renovador y de justicia social, Podemos ha sido sometido al escrutinio y confabulación de numerosas causas, montajes policiales incluidos, que han quedado en nada. Y como ahora está en el Gobierno, quieren tumbarlo como sea. ¿Será fruto del pavor de las élites acomodadas que andan desesperadas? ¿Será otra falsedad más? Veremos.
Aunque hay sobrados motivos para no creerse nada de la denuncia, ya que su financiación ha sido examinada con lupa en múltiples ocasiones, Podemos debería explicarse nítidamente para aportar transparencia que silencie a los que malmeten.

Imprevisión

 

Ayuso, que llegó tarde en la obligatoriedad del uso de mascarillas y al no vigilar su cumplimiento la gente hace lo que quiere, lleva meses faltando a su compromiso de contratar rastreadores. Ahora, careciendo de toda ética, manipula informes del Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid, para erigir su mentira contra Fernando Simón. En estos momentos, con el preocupante y rampante número de contagios, y con el agua al cuello, intenta sumar voluntarios para que le hagan el rastreo de balde. Con la excusa de que ya no tiene tiempo para formar rastreadores, cuando en mayo ignoró un listado de 1.800 profesionales ofrecido por el Colegio de Médicos, da un paso más en su itinerario privatizador y contrata a una empresa que preste ese servicio. Para lo público no hay dinero; para lo privado, sí. Aún con ellos, estará lejos del estándar marcado para estos casos.
A pesar de esta grave negligencia, no descartemos que Casado vuelva a citar a Ayuso como modelo en la gestión de la crisis.

El cambio de hora

2020 está siendo un año aciago, de mucho dolor y ruido; pero poco a poco se acerca a su fin. Mientras, 2021, fecha clave para eliminar el cambio horario, se prepara. No falta tanto y me pregunto si las aerolíneas, que en 2018 lo paralizaron, han trabajado en ello. Con la cancelación de vuelos por la covid-19, tiempo habrán tenido.España continental, por su longitud en el mapa, debería emplear el huso horario de Greenwich y no el de Europa Central, e igualarse con Reino Unido, Portugal o nuestras bellas islas Canarias. Lo natural sería parar el reloj con una hora de adelanto con el sol, como en invierno, y no dos. Sin más cambios, nuestro ritmo circadiano —que dirige nuestra cadencia de sueño y vigilia— estará afinado con el ciclo solar, sin soportar cada seis meses un trastorno añadido que afecta a niños, ancianos y enfermos. Para que no sea otro compromiso incumplido es el momento de abordar, con rigor y madurez, el sentido del huso horario que mantenemos y sus cambios estacionales.