Pensiones, ¿dónde está el problema?

Las pensiones siguen perdiendo poder adquisivo

El Banco de España alerta de que vincular las pensiones al IPC tendría un coste en 2030 de 1,9 puntos del PIB, escalando a 3,4 en 2050. No lo niego pero, si ese es el problema, como la Constitución nos obliga a «actualizarlas» –poner al día, RAE dixit–, hallemos el remedio: dado que España recauda 7 puntos menos del PIB que la media de la UE, 13 menos que nuestra vecina Francia, hay que lograr ingresar –usando una fiscalidad justa sin tocar de nuevo a las rentas de trabajo ni a las clases media y baja– esos 7 puntos que nos sitúen en la media ¬¬–no nos tilden de rojos–, haciendo que ricos y grandes empresas contribuyan como todo el mundo a sostener el Estado.
Con lo recaudado, además de cubrir con creces el gasto en pensiones, sobrará dinero para revertir los destrozos de los recortes de Rajoy y el expolio de la corrupción.

Abascal, la sombra de Trump

Vox corre el riesgo de convertirse en un títere de Donald Trump

Tras recibir cumplidos del entorno de Donald Trump, Vox está siendo seducido por Steve Bannon, ex consejero del presidente y siempre interesado en dinamitar la UE, para brindarle asesoramiento, sondeos y estudios de cara a las próximas elecciones en el viejo continente. Bannon, que pretende que partidos afines ganen en las europeas, también presta servicios a otras formaciones nacionales de la ultraderecha como el partido de Le Pen o el de Salvini. Anhela que Vox se integre en “The Movement” ¬–“El Movimiento”, ¿les suena a algo?–, el exclusivo club de este ideólogo que promueve el nacionalismo económico y el populismo de extrema derecha, para propagar su ideario.
Si ganaran los comicios, el comercio internacional, la inmigración, las oenegés o la lucha contra el cambio climático se verían seriamente perjudicados. Un dislate.

¿Cómo es posible?

Todo parece indicar que los fondos reservados, en manos del PP, se usaron delictivamente para beneficio propio

Sergio Ríos, ex chófer de Luis Bárcenas, y ahora flamante policía nacional en ensoñadores destinos, aprobó supuestamente las oposiciones al cuerpo por los servicios prestados en las cloacas del Estado para robar documentos del extesorero del PP, documentos que indiciariamente comprometerían a Rajoy, Arenas, Sáez de Santamaría y Cospedal, y cobró por ello 48.000 euros de los fondos reservados, de nuevo dedicados a enturbiar la labor de la Justicia en lugar de ayudar a resolver delitos. Al obtener plaza, dejó fuera a algún opositor que lo merecía más que él. Fue el penúltimo de su promoción y el mayor con diferencia.
¿Cómo puede, con un currículo presuntamente dedicado a violar las leyes en contra del Estado, ser policía? ¿Puede el león cuidar de las gacelas? ¿Serán juzgados los (ir)responsables políticos que lo urdieron y los examinadores que le aprobaron?

Un pirómano en la Generalitat

Un Torra enloquecido no para de incendiar con sus declaraciones

Ni España es la Yugoslavia en descomposición del dictador Milosevic, ni en Cataluña ha habido un referéndum con el 93% de participación en el que un 95% votó sí a la independencia, ni queremos un enfrentamiento armado para lograrla aunque sea sin víctimas, ni su tenebrosa purga posterior a los que allí vivían y solicitaron la nacionalidad en los seis meses posteriores a la independencia –sospechosos de votar no, condenada por la ONU y en contra de las propias leyes de la incipiente República–, ni que estos sean desterrados sin piedad a regiones colindantes en guerra.
Hay quien, para permanecer en política, necesita tensión y falsea la historia por encima de sus posibilidades. Señor Torra, menos gasolina y más rigor histórico, o ¿pretende hacer lo mismo con la mitad de la población catalana que no se siente independentista?

La ultraderecha en las instituciones

Santiago Abascal, presidente de VOX

El último bastión franquista –Fuerza Nueva de Blas Piñar– salió del Parlamento en 1982 y sus miembros encontraron cobijo en el PP. Hoy, la extrema derecha como formación, vuelve a las instituciones con personajes como Eugenio Moltó, ex PP y ahora en Vox, que sostiene que «el franquismo no fue una dictadura».
Me inquieta que Moltó ignore que la dictadura es el sistema político que, con violencia y crímenes, aglutina todo el poder alrededor de una persona y sus incondicionales, cercenando con metodología totalitaria libertades y derechos humanos para truncar cualquier disidencia: carencia de partidos políticos, desapariciones, depuraciones, represión cultural y lingüística... Todo lo que no encaja en sus criterios de normalidad es subversivo.
Eso, y más, fue el franquismo, y si no piensa que lo fuera, debería dejar la política.

La “Consti” cumple 40 años

Si la Constitución se cumpliera, tendría muchos más adeptos

Crecí en la dictadura y tener una Constitución fue como lograr un sueño. Nuestra Carta Magna propone un modelo de sociedad –no de mercado– donde la solidaridad es pilar fundamental. Pero como ha sido sistemáticamente vulnerada –con crueles reformas laborales, salvajes desahucios, dispendiosas ventas de prósperas empresas públicas de servicios esenciales, costosas privatizaciones parciales de la sanidad, desoladores recortes y desvíos de fondos educativos, lacerante modificación del artículo 135 para postergar la solidaridad, ruinosos rescates de empresas privadas en quiebra con dinero público que debería haberse destinado a políticas sociales, y un largo etcétera– es ampliamente cuestionada.
Sin duda, como todo en la vida, es mejorable y, en su cuadragésimo aniversario, aunque soy partidario de reformar parte de su articulado, sé de la incapacidad política para el acuerdo. Así que tal vez no sea necesaria su modificación, sería suficiente con cumplirla para no patear su contenido.

Las temeridades políticas cuestan dinero

La pésima gestión del PP en todos los ámbitos no para de arruinar a los contribuyentes

La sentencia del Tribunal Supremo que condena al Gobierno valenciano a derribar dos edificios en Benidorm, construidos en primera línea de playa con permiso de obra ilegal durante el Gobierno de Camps, es ecuánime. La Generalitat se ve así forzada a gastarse 100 millones de euros para indemnizar a sus propietarios y pagar la demolición. Pero como cuando el permiso se concedió se sabía que vulneraba la ley de costas, ¿podrá ahora la Comunitat reclamar al señor Camps que abone las indemnizaciones y sufrague el derribo con su fortuna?
Las imprudencias de los políticos –interesadas o no– que no responden a necesidades ciudadanas, sino a intereses espurios, salen caras. Mucho me temo que el dinero para pagar este despropósito saldrá de nuevo de las arcas valencianas largo tiempo saqueadas… y Camps, una vez más, se irá de rositas.