Sobre el impuesto al diésel

La contaminación debe marcharse de las ciudades

En 2017 murieron en las carreteras españolas 1.200 personas. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, 31.500 ciudadanos españoles fallecen prematuramente por la contaminación medioambiental, 26 veces más que los de tráfico que tanto nos preocupan. En 2017, según la OMS, no menos de 44,7 millones de españoles respiramos aire contaminado, esencialmente por tráfico, vulnerando los límites establecidos.
Como actuamos visceralmente y no queremos privarnos de nada que coarte nuestra comodidad, aunque beneficie al conjunto de la sociedad y logre una metrópoli menos ruidosa, más sana, agradable y humana y alivie el cambio climático, costará algún voto. Pero en el fondo sabemos que todo lo que dificulte la circulación de vehículos contaminantes, por mucho que nos cueste e incomode, es saludable para nosotros, nuestros hijos y nietos.

La “omertá” en el Congreso

El silencio institucional, una vergüenza en pleno siglo XXI

PSOE, PP y Cs, vetan en la Mesa del Congreso la comisión de investigación sobre las supuestas actividades irregulares de Juan Carlos I.
Lo del PP es lógico: siempre han sido sumisos con los poderosos y arrogantes con los débiles.
Lo de Cs, incoherente: ¿no habían llegado a la política para regenerar las instituciones? La monarquía lo es y tal vez necesite regenerarse.
Y lo del PSOE, chocante: ¿a qué viene este pacto de silencio confabulado con la derecha? La seguridad del Estado no tiene nada que ver con las presuntas trapacerías de alguien para distraer dinero público. La ciudadanía del siglo XXI –que es la que paga a sus representantes– tiene derecho a saber dónde paran sus impuestos.
Siempre es peor la tormenta que un silencio puede originar que conocer la verdad por perversa que resulte.

Comisión de la verdad

En España existe la Plataforma Comisión de la Verdad

Dado que sin verdad no existe justicia, cuando una sociedad sale de una guerra civil o de una dictadura, la ONU aconseja crear una comisión de la verdad para averiguar qué pasó, favorecer la reconciliación y resarcir el daño moral de las víctimas.
Como los testigos directos de nuestra contienda civil van desapareciendo, urge más que nunca crear esta comisión para estudiar los antecedentes, la guerra, la posguerra y la dictadura, supervisada por la ONU y con expertos neutrales que analicen y debatan las declaraciones de represores y víctimas de uno y otro bando.
Y el PP ha de dejar su flirteo con la dictadura y aquello de no mirar al pasado, o lo último de cambiar la Ley de Memoria Histórica –esa que siempre les produce urticaria– por una de concordia. ¿Pretenden que nos conciliemos con Franco, sus crímenes y su totalitarismo?

Racionalizar el horario

Por nuestra longitud en el mapa deberíamos quedarnos con el huso de Greenwich

Me congratula que impere el sentido común y dejemos atrás el incordio de adelantar y atrasar los relojes. ¿Pero qué horario escoger? Teniendo en cuenta el ritmo circadiano –nuestro singular reloj interno que controla la cadencia de vigilia y sueño–, el ciclo día y noche y la longitud de España en el mapa, deberíamos adoptar el huso horario de Greenwich y no el de Europa Central, por tanto, sería más racional igualar nuestra hora con la del Reino Unido y Portugal, y que las islas Canarias pasaran a ser Greenwich -1.
Si no se tocara el reloj, se darían situaciones tan absurdas como que en invierno en A Coruña, los niños irían al colegio de noche –el sol saldría a las 10:06– y en verano a la cama de día –se pondría a las 22:18 h–.
¡Ah!, y la razón más poderosa: tenemos que recuperar la hora que nos robaron a finales de marzo ;-)

No vinculen las pensiones al IPC

Como lo esencial sube más que el IPC, el camino conduce a la mendicidad

No, por favor, no lo hagan, o los jubilados tendrán que mendigar por las esquinas. Alzas, “tarifazos”, subidones… todo lo indispensable para vivir –electricidad, alimentos, transportes, medicinas, vivienda…–, sube más que el IPC. O acaban con la inflación –que como sostenía el economista británico John Maynard Keynes, «confisca, secreta e inadvertidamente, una parte importante de la riqueza de los ciudadanos»– o para cumplir de verdad con nuestra Constitución, que aboga por «garantizar la suficiencia económica a la tercera edad», vinculan la subida anual de las pensiones a una cesta ponderada de artículos y servicios de primera necesidad. De lo contrario, el jubilado verá mermar el poder de compra de su pensión y con ello su calidad y esperanza de vida.
Erigir unas pensiones dignas es cuestión ideológica, no crematística.

¿Izquierda nacionalista?

La izquierda es internacional e integradora, no nacionalista. Sus principios son la justicia social y la unión entre pueblos.
El nacionalismo es un acto de fe colectivo que forja su irracionalidad territorial en líneas ficticias en un mapa y no en porosas fronteras de fructíferos intercambios étnicos y culturales. Para no debatir de lo importante, explota el victimismo –con agravios reales e inventados– y hace de su fantasía –pureza de lenguaje, etnia y cultura– una realidad que falsea la historia, deriva en exclusión y odio, y crea enemigos donde no hay.
Para refutarlo se necesitan Democracia y Verdad –con mayúsculas–, no agravios. La izquierda debe ser la solución; pero jamás con su indulgencia apoyar a quien antepone territorio y raza a igualdad y derechos. Esos principios que continúen siendo patrimonio de la derecha.

El populismo de bajar impuestos

El disparate de la deuda pública cuesta 86 millones al día

Con el fin de cosechar votos, Ciudadanos y Partido Popular –curioso nombre para quien tilda a todos de populistas– presagian una agotadora pugna por bajar impuestos.
¿Bajar impuestos? ¡Eso sí es populismo! España, según Eurostat, tiene un grave problema de ingresos. Nuestro déficit público, el mayor de Europa, es estructural, y no porque tengamos un gasto elevado, sino por escasa recaudación: 7 puntos menos que la eurozona. De consumarse esta medida, supondría un quebranto en los ingresos del Estado que implicaría un deterioro en servicios públicos como hospitales, colegios, pensiones, infraestructuras…
Teniendo en cuenta que nuestra deuda pública es del 100 % del PIB –un dislate por el que pagamos 86 millones de euros al día, 31.600 millones anuales–, cuando haya superávit deberían, en lugar de prometer bajadas populistas, amortizar este colosal déficit como hacemos los mortales en nuestras economías domésticas, y proponer una política recaudatoria con la que pague más quien más tiene.