Paradise Papers: la igualdad pulverizada

Paraísos fiscales: otra lista más

Cada poco tenemos que soportar la indecencia de ver a las élites patrias –sí, los que tan arrogantemente lucen banderita en pulseras, relojes, tirantes o solapas y cuyo credo es la golfería– en las listas de éxito de la ingeniería financiera, para eludir contribuir con la sociedad a la que le exprimen el jugo. Como vivimos en un mundo liberal-capitalista-egoísta carente de solidaridad con herramientas y legislaciones internacionales que toleran bancas opacas y países con fiscalidades meramente ficticias, donde los mismos que dictan las leyes son los que aparecen en los papeles, la ONU debería trabajar para acabar con el secretismo bancario y forzar a las empresas a tributar en el país donde comercian, no donde están sus sedes.
Mientras no se ponga coto a estas tácticas de corrupción, sin obviar que el terrorismo más atroz también las usa para financiarse, este inmenso estercolero fiscal ahogará con su hediondez la sanidad, la educación y la igualdad, dinamitando toda justicia social.

Rajoy señalado, la tensión subirá

La caja B del PP, supuestamente una realidad palpable

El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Manuel Morocho, responsable de investigar la Gürtel, ha afirmado en sede parlamentaria que el Partido Popular tenía todas las características de una organización delictiva, y que todos sus secretarios generales, Rajoy incluido, recibieron sobresueldos de la presunta caja B. Vamos, que lo allí había era la “corrupción en estado puro”. Asimismo reconoció que el PP trató en todo momento de boicotear la investigación con siete denuncias, todas archivadas. Hay que ponerse en la piel de estos investigadores para saber cómo afectan, en su vida profesional y privada, las injerencias del poder político. Y no es ninguna broma.
Todo lo sabido es indecente, y más si tenemos en cuenta que se trata del partido que gobierna. Y, para que no se hable del dinero robado que parasitó y noqueó al Estado de bienestar, no nos extrañe que de manera proporcional a lo que vaya saliendo de corrupción, la tensión con Cataluña aumente en unos días.

Reventar la tranquilidad

La Justicia debe ser ciega; no estúpida

Tras la aplicación del artículo 155, la convocatoria de elecciones exprés y la huída de Puigdemont, el independentismo, descolocado y deprimido, se replegó a sus cuarteles generales a lamerse las heridas. La calle, y con ello la convivencia, se distendieron. Pero la Fiscalía –dependiente del Gobierno y últimamente alerta y prietas las filas– preparó férreas querellas que, al instruirlas la Justicia, han culminado con la encarcelación sin fianza de medio Govern y la orden internacional de búsqueda y captura del otro medio, logrando la eufórica y vigorosa resurrección del independentismo que rebrota apiñado por las esquinas a ritmo de caceroladas, manifestaciones y huelga general. ¡Enhorabuena! Han dado la razón a sus oponentes que van a contaminar unas elecciones que se celebrarán con políticos en las cárceles y donde no se debatirá –una vez más– lo que de verdad nos preocupa.
La Justicia, ahora en campaña electoral, debe ser ciega y, con altura de miras, alejarse de lo visceral.

El saqueo de la corrupción

Sin palabras

Aunque el “procés” lo tapa todo, ahora que la fiscal ratifica el saqueo de Gürtel –y coincidiendo con el aumento de procesados por corrupción–, debemos recordar que los que esquilmaron las arcas y marchitaron el Estado de bienestar nos machacaron a todos; pero siguen ahí. Nuestra sociedad no ha devuelto el amargo fruto tragado. Se habla de corruptos, algo de corruptores y casi nada de las empresas que quebraron tras remitir presupuestos ajustados para competir en concursos públicos mientras ignoraban que habían sido previamente amañados. Así, millares de trabajadores se fueron al infierno del paro arrastrando a la pobreza a miles de familias honradas. Pero este inmenso sobrecoste económico, moral y humano, no ha tenido su correspondiente condena en las urnas, y supone un enorme obstáculo para la regeneración.
Mientras no exista renovación, España seguirá enferma porque la indiferencia ciudadana es uno de los grandes males que descompone a la democracia situándola al borde del abismo.

Asombroso esperpento

Los capitanes deben ser los últimos en abandonar la nave cuando naufraga

Sin ánimo de faltar el respeto a nadie, pero sí de poder narrar con ironía y sencillez lo que sucede sin omitir nada, hay quienes tratando de manipular la historia para que hable de ellos como mártires de una causa, olvidan que cuando el barco naufraga son las ratas las primeras en abandonar la nave en desbandada, mientras los capitanes, cumpliendo con su obligación, son los últimos.

​ Ministros reprobados

La lista de ministros reprobados por el Congreso se incrementa: Montoro, Catalá, Zoido y Dastis

Ya son cuatro: Catalá por presuntas injerencias en los casos de corrupción que afectan a su partido, Montoro por la inconstitucionalidad de su amnistía fiscal, y Zoido y Dastis por incumplir la cuota de acogida de refugiados impuesta por la UE. Pero tranquilidad, carece de relevancia. Ni un rubor.
La reprobación es la no aprobación, el dar por malo. Entonces, ¿con qué autoridad puede un ministro reprobado sentarse a negociar con la misma oposición que lo ha censurado? Con Rajoy, haciendo oídos sordos a una resolución que mana de la sede de la soberanía nacional, los parlamentarios, representantes del pueblo español, quedan desacreditados.
Como el sentido común brilla por su ausencia, la reprobación debería implicar un cese inmediato, como ocurría con la Constitución republicana de 1931. Así los gobernantes serían pulcros con las leyes. Actualmente, como no obliga a nada, todo se soluciona con tener un rostro pétreo para ir tirando con cuantos ministros reprobados sea necesario.

Una medida necesaria y valiente

Skyline de Madrid durante un episodio de intensa contaminación

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido atacar la contaminación endémica de la ciudad y cumplir lo que la UE exige hace mucho. Lo hará pensando en la salud de los madrileños y no en los votos que le restará la impopular medida por aquellos mismos a quien beneficiará y que –a pesar de tener la urbe un buen transporte público, siempre mejorable– no contemplan otras alternativas de movilidad.
En 2016 murieron en las carreteras españolas 1.160 personas. La contaminación mató 26 veces más. Según un reciente estudio de la OMS, el coste sanitario por alta contaminación representa cerca del 4,6% del PIB español –unos 46.000 millones de euros–, pero los gobernantes no le plantan cara por menguar los votos.
Restringir el tráfico para luchar contra la contaminación es una medida justa que beneficiará al conjunto de la sociedad, haciendo la metrópoli menos ruidosa y más sana, agradable y humana. Confiemos que si cambia la coyuntura política, los nuevos gestores no reviertan tan idónea decisión.