Partido patrocinado por…

 

Así podría quedar, presuntamente, el logo de los partidos con la nueva Ley

Como la Ley de Financiación de Partidos Políticos aún permite que los particulares donen hasta 50.000 euros anuales, y también admite que las fundaciones de las formaciones reciban donaciones de empresas que contratan con la Administración, resulta evidente que existen intereses ocultos entre donantes y receptores. O, ¿no creerán que las donaciones de las empresas y/o sus dueños son altruistas y no exigen nada a cambio y lo pagan ellos? No se equivoquen, nosotros abonaremos la factura.
Así, en 2019, Vox recibió 1,6 millones de euros en donaciones, casi 6 veces más que el segundo, el PP.
Como la transparencia política ha de ser una meta, debe reformarse la Ley y obligar a que, junto a las siglas y el logo del partido financiado directa o indirectamente, aparezca de manera notoria la leyenda “Patrocinado por...” con la relación de corporaciones y/o “mecenas políticos” que colaboran con su proyecto ideológico.
Así, cuando abran las urnas, nos quedará cristalino quiénes financian qué ideas.

La indecente riqueza de los ricos

 

La brecha social se sigue acrecentando

El último informe de Oxfam Intermón es, como siempre, demoledor. Aunque no apunta nada que no sepamos, sí debería ser capaz de lograr la reacción de los dirigentes mundiales y sacarnos los colores. Viene a decir que, el 90% de la inflación tiene su origen en el incremento de beneficio empresarial y que 2/3 de la riqueza producida en el mundo desde 2020 ha ido a manos del 1% más rico.
Constatar el fracaso como sociedad resulta desolador. La Declaración Universal de Derechos Humanos marca como meta un nivel de vida digno con salud y bienestar para todos y, para que el hombre no crea tener derecho al enriquecimiento infinito, establece el límite en conseguir el confort de toda la humanidad. Entonces, ¿cómo es posible que 828 millones de seres humanos sufran desnutrición crónica y que cada día más de 19.000 niños mueran de hambre y males evitables?
En el siglo XXI, mientras no exista el pleno bienestar, tal y como apremia la citada Declaración, la meta de la ONU debe ser la consumación de tan decente objetivo acotando la riqueza desmedida.
Hay que gobernar para la mayoría –no para ricos y poderosos–, confeccionar un sistema fiscal más progresivo y eficaz en la recaudación, proceder a su reparto proporcionado, legislar para lograr trabajos con salarios dignos e incrementar el gasto social. La sociedad opulenta debe devolver, vía impuestos, parte de lo muchísimo que obtiene del resto del planeta, o los más desfavorecidos se tomarán por su mano aquello que cada día se les niega: la Justicia.

Urge reformar la Ley Electoral

 

Las campañas de desinformación orquestadas por las oligarquías, dan al traste con procesos democráticos

Ya desde la cuna, nuestra Ley Electoral nació vetusta. La norma es arcaica y coarta la libertad del elector tutelándolo como si fuese un menor.
Este año viene con importantes citas electorales; y no tardando mucho nos volveremos a lamentar de la prohibición de publicar sondeos de intención de voto los cinco días anteriores a la apertura de urnas y nos quejaremos de la extemporánea jornada de reflexión.
En la aldea global de las redes sociales, el no poder publicar encuestas –más o menos ecuánimes– poco antes de abrir las urnas, dará pábulo a bulos y manipulaciones descarnadamente interesadas fuera de toda sensatez orquestadas por las oligarquías para dar al traste con el proceso democrático. Chile, que cuenta con prohibiciones parecidas a las nuestras, lo ha sufrido en sus propias carnes.
Somos maduros. Es hora de homologarnos a la mayoría de países del mundo que carecen de cualquier tipo de restricción.

Asalto a las democracias

 

Negar la legitimidad a quien gana las elecciones está dando lugar a derivas muy peligrosas

Tras el asalto trumpista en Washington, ahora se reproduce con idéntico patrón, el bolsonarista en Brasilia.
Cuando se aviva el populismo, los que quieren imponer sus ideas acaban irrumpiendo violentamente en las instituciones. Para proteger la democracia hay que dejar de votar a los que se escudan y usan la mentira sistemática poniendo en duda las reglas –no reconocer la legitimidad del ganador–, crispan, agitan las masas, dicen que el sistema atenta contra su libertad o retuercen las leyes para sacar provecho. La derecha, que alimenta cada día la mentira y el bulo con un relato cada vez más encendido, desinforma para prender la mecha.
Es irresponsable lanzar soflamas como que «España vive las horas más oscuras» o «el Gobierno es okupa». Minan la propia democracia situándola al borde del abismo.
El que siembra odio debe asumir el fruto de su discurso. Por eso, la reacción de Cuca Gamarra y sus cachorros al intento de golpe de Estado en Brasil es otra mentira más que avala a los salvajes.

Nos roban a manos llenas

 

La codicia en la cadena de alimentación debe acabar

Como los liberales fantasean con que la inflación es signo de un mercado sano, su funesto fantasma deambula por el mundo y, así, cada vez que vamos al súper sabemos que alguien de la cadena de distribución se está forrando a nuestra costa. Gran impotencia. Solo podemos pagar o no comeremos.
La vaca sagrada liberal de la usurera ley de la oferta y la demanda justifica que los precios han de subir hasta equilibrar la oferta. Mentira. Quieren ganar más, algo que lograrían vendiendo sin necesidad de incrementar los precios y entrar en un círculo vicioso en el que los sindicatos exigirán subidas salariales para no perder poder adquisitivo, mientras los empresarios señalarán a estos para subir los precios.
Como la realidad es que los precios suben más que los salarios, solo hay animus lucrandi, con abultado incremento de los márgenes de beneficios por encima de los costes –que suben también merced a la usurera ley–, para atesorar más.
Como la bajada del IVA se incorporará a sus beneficios —personalmente ya he constatado este hecho—, ¿se intervendrá el mercado de los avarientos? No puede ser que servicios y artículos de primera necesidad estén al albur de la codicia capitalista a expensas de lo que es de todos: nuestros impuestos.

La necesidad de reformar la Constitución

 

Tenemos una Constitución anclada en el pasado

Como bien recalca Feijóo, «la Constitución está en peligro»; pero, al contrario de lo que él pretende hacernos creer, por anquilosamiento. Las Constituciones estáticas, que no se adaptan a los tiempos que viven, fallecen. Si no se reforman, la ciudadanía se distancia de ellas. Los países europeos occidentales las actualizan con soltura: Austria más de 100 reformas, Alemania 62, Suecia 34, Bélgica 33, Malta 29… España solo 2 impuestas por Europa: para pagar la deuda y para permitir a ciudadanos de la UE residentes en España ser electores y elegibles en las elecciones locales.
Como para efectuar reformas se necesita el consenso con un partido tan continuista como el PP –en realidad dispuesto a pactar para quitar derechos y blindar privilegios–, nuestra Carta Magna morirá. Ni siquiera el PP es capaz de consensuar para cambiar “disminuido” por “discapacitado”. Como para reformas de calado.
La renovación es el baluarte de la Constitución para no morir. No se puede vivir anclado en el pasado.

Siempre nos quedarán ETA y Cataluña

 

Ante la contundencia de los buenos datos, el PP vuelve a sus rancios comodines

El PP –cuyo supuesto mito de buena gestión económica no es más que puro marketing–, ante la bondad, contundencia y obstinación de los datos económicos que llegan, la desarticulación de la burla a las medidas energéticas al ser copiadas por Europa y su siembra “trumpista” en terreno baldío al proceso electoral y los datos de paro, se ha visto obligado a recular y volver a tirar de su rancio argumentario para resucitar a ETA y el independentismo catalán. Eso sí, soslayando lo que pactaba Aznar con el «movimiento de liberación vasco» mientras asesinaba, la cesión a Cataluña y la promesa de cesión a Navarra de Tráfico, sus acuerdos con Pujol, o los pactos de Maroto con Bildu sosteniendo que «han pretendido la paz desde el principio», o las diez veces que negoció el Partido Popular vasco con la fuerza abertzale o sus antecesores –incluso con ETA asesinando–, una coalición política, que nos guste o no, cuenta con absoluta legalidad y garantía constitucional.
Patética oposición: ¡Ya está bien!