Pablo Casado en evidencia

Competir con ventaja es inmoral

Cada vez está más claro que los cargos políticos en ciernes que estudiaron en el opaco Instituto de Derecho Público de la URJC, dirigido por Enrique Álvarez Conde, gozaron, cuando menos, de un trato privilegiado que no tuvo el resto de matriculados. Presuntamente, era un chiringuito clientelar para garantizar lealtades una vez los alumnos estuvieran en el poder. Por más que ese trato fuera habitual para los VIP, el sentido común y la ética universitaria dictamina que aceptar el regalo de un  máster es inmoral. El entonces estudiante Casado tiene ahora el máster judicializado. En su defensa dice «llevar cinco meses dando explicaciones». Y digo yo que si aún le preguntan por lo mismo, o se explica muy mal, o sigue sin aclarar las dudas.
¿Qué se puede esperar de un político que como coartada argumenta que hizo lo que le dijeron?

Europa en la encrucijada

Europa, ¿un laberinto sin salida?

Debido a las políticas insolidarias y austeras –recortes de derechos y libertades– dictadas a nuestros dubitativos gobernantes europeos, ha aumentado la desigualdad malogrando años de conquistas sociales. Esto ha creado un caldo de cultivo donde los pequeños nacionalismos, la xenofobia galopante, el avance de la ultraderecha y el egoísmo de algunos que blindan fronteras, amenazan la unidad y el porvenir de una Europa implicada y dialogante. Y así, el horizonte de un espacio común de paz, derechos humanos, solidaridad, libertad, democracia, bienestar, justicia social y desarrollo económico, se desvanece.
La economía que imponen los lobbies en detrimento de la ciudadanía, debe dejar de marcar el rumbo para dejar paso a un futuro de bienestar y progreso solidario. De lo contrario el número de desafectos seguirá aumentando.

Sobre el impuesto al diésel

La contaminación debe marcharse de las ciudades

En 2017 murieron en las carreteras españolas 1.200 personas. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, 31.500 ciudadanos españoles fallecen prematuramente por la contaminación medioambiental, 26 veces más que los de tráfico que tanto nos preocupan. En 2017, según la OMS, no menos de 44,7 millones de españoles respiramos aire contaminado, esencialmente por tráfico, vulnerando los límites establecidos.
Como actuamos visceralmente y no queremos privarnos de nada que coarte nuestra comodidad, aunque beneficie al conjunto de la sociedad y logre una metrópoli menos ruidosa, más sana, agradable y humana y alivie el cambio climático, costará algún voto. Pero en el fondo sabemos que todo lo que dificulte la circulación de vehículos contaminantes, por mucho que nos cueste e incomode, es saludable para nosotros, nuestros hijos y nietos.

La “omertá” en el Congreso

El silencio institucional, una vergüenza en pleno siglo XXI

PSOE, PP y Cs, vetan en la Mesa del Congreso la comisión de investigación sobre las supuestas actividades irregulares de Juan Carlos I.
Lo del PP es lógico: siempre han sido sumisos con los poderosos y arrogantes con los débiles.
Lo de Cs, incoherente: ¿no habían llegado a la política para regenerar las instituciones? La monarquía lo es y tal vez necesite regenerarse.
Y lo del PSOE, chocante: ¿a qué viene este pacto de silencio confabulado con la derecha? La seguridad del Estado no tiene nada que ver con las presuntas trapacerías de alguien para distraer dinero público. La ciudadanía del siglo XXI –que es la que paga a sus representantes– tiene derecho a saber dónde paran sus impuestos.
Siempre es peor la tormenta que un silencio puede originar que conocer la verdad por perversa que resulte.

Comisión de la verdad

En España existe la Plataforma Comisión de la Verdad

Dado que sin verdad no existe justicia, cuando una sociedad sale de una guerra civil o de una dictadura, la ONU aconseja crear una comisión de la verdad para averiguar qué pasó, favorecer la reconciliación y resarcir el daño moral de las víctimas.
Como los testigos directos de nuestra contienda civil van desapareciendo, urge más que nunca crear esta comisión para estudiar los antecedentes, la guerra, la posguerra y la dictadura, supervisada por la ONU y con expertos neutrales que analicen y debatan las declaraciones de represores y víctimas de uno y otro bando.
Y el PP ha de dejar su flirteo con la dictadura y aquello de no mirar al pasado, o lo último de cambiar la Ley de Memoria Histórica –esa que siempre les produce urticaria– por una de concordia. ¿Pretenden que nos conciliemos con Franco, sus crímenes y su totalitarismo?

Racionalizar el horario

Por nuestra longitud en el mapa deberíamos quedarnos con el huso de Greenwich

Me congratula que impere el sentido común y dejemos atrás el incordio de adelantar y atrasar los relojes. ¿Pero qué horario escoger? Teniendo en cuenta el ritmo circadiano –nuestro singular reloj interno que controla la cadencia de vigilia y sueño–, el ciclo día y noche y la longitud de España en el mapa, deberíamos adoptar el huso horario de Greenwich y no el de Europa Central, por tanto, sería más racional igualar nuestra hora con la del Reino Unido y Portugal, y que las islas Canarias pasaran a ser Greenwich -1.
Si no se tocara el reloj, se darían situaciones tan absurdas como que en invierno en A Coruña, los niños irían al colegio de noche –el sol saldría a las 10:06– y en verano a la cama de día –se pondría a las 22:18 h–.
¡Ah!, y la razón más poderosa: tenemos que recuperar la hora que nos robaron a finales de marzo ;-)

No vinculen las pensiones al IPC

Como lo esencial sube más que el IPC, el camino conduce a la mendicidad

No, por favor, no lo hagan, o los jubilados tendrán que mendigar por las esquinas. Alzas, “tarifazos”, subidones… todo lo indispensable para vivir –electricidad, alimentos, transportes, medicinas, vivienda…–, sube más que el IPC. O acaban con la inflación –que como sostenía el economista británico John Maynard Keynes, «confisca, secreta e inadvertidamente, una parte importante de la riqueza de los ciudadanos»– o para cumplir de verdad con nuestra Constitución, que aboga por «garantizar la suficiencia económica a la tercera edad», vinculan la subida anual de las pensiones a una cesta ponderada de artículos y servicios de primera necesidad. De lo contrario, el jubilado verá mermar el poder de compra de su pensión y con ello su calidad y esperanza de vida.
Erigir unas pensiones dignas es cuestión ideológica, no crematística.