​ Ministros reprobados

La lista de ministros reprobados por el Congreso se incrementa: Montoro, Catalá, Zoido y Dastis

Ya son cuatro: Catalá por presuntas injerencias en los casos de corrupción que afectan a su partido, Montoro por la inconstitucionalidad de su amnistía fiscal, y Zoido y Dastis por incumplir la cuota de acogida de refugiados impuesta por la UE. Pero tranquilidad, carece de relevancia. Ni un rubor.
La reprobación es la no aprobación, el dar por malo. Entonces, ¿con qué autoridad puede un ministro reprobado sentarse a negociar con la misma oposición que lo ha censurado? Con Rajoy, haciendo oídos sordos a una resolución que mana de la sede de la soberanía nacional, los parlamentarios, representantes del pueblo español, quedan desacreditados.
Como el sentido común brilla por su ausencia, la reprobación debería implicar un cese inmediato, como ocurría con la Constitución republicana de 1931. Así los gobernantes serían pulcros con las leyes. Actualmente, como no obliga a nada, todo se soluciona con tener un rostro pétreo para ir tirando con cuantos ministros reprobados sea necesario.

Una medida necesaria y valiente

Skyline de Madrid durante un episodio de intensa contaminación

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido atacar la contaminación endémica de la ciudad y cumplir lo que la UE exige hace mucho. Lo hará pensando en la salud de los madrileños y no en los votos que le restará la impopular medida por aquellos mismos a quien beneficiará y que –a pesar de tener la urbe un buen transporte público, siempre mejorable– no contemplan otras alternativas de movilidad.
En 2016 murieron en las carreteras españolas 1.160 personas. La contaminación mató 26 veces más. Según un reciente estudio de la OMS, el coste sanitario por alta contaminación representa cerca del 4,6% del PIB español –unos 46.000 millones de euros–, pero los gobernantes no le plantan cara por menguar los votos.
Restringir el tráfico para luchar contra la contaminación es una medida justa que beneficiará al conjunto de la sociedad, haciendo la metrópoli menos ruidosa y más sana, agradable y humana. Confiemos que si cambia la coyuntura política, los nuevos gestores no reviertan tan idónea decisión.

La privatización del agua

Privatizar el agua es un crimen de lesa humanidad

El agua, don caído del cielo esencial para la vida, acaba furtivamente en manos privadas. El cambio climático, la contaminación y la superpoblación la convierten en un recurso escaso codiciado por especuladores y corruptos. Por eso las multinacionales, ansiosas de rápida rentabilidad, compran voluntades, manantiales y distribuidoras, desatendiendo a las personas y descuidando la calidad de tan preciado líquido. Y, así, el agua se convierte en infalible negocio y centro de corrupción, una amenaza real para abastecer a los más necesitados. La privatización de este servicio no solo empeora su suministro, sino que encarece su precio, limitando el acceso a una parte de los ciudadanos. Existen numerosos casos recientes, fácilmente verificables, como Coca-Cola en India o Nestlé en EEUU.
El agua, por ser vital debe garantizar su calidad, su sostenibilidad y su distribución a todos a un precio justo. Esto solo es posible con gestión pública. Lo contrario, su privatización, es una gran canallada.

¡Vamos que sí lo logran!

El independentismo hace que no se hable de paro, corrupción, pensiones, recortes…

Todo apunta a que Partido Popular y PDeCat, acomodados en su cerrazón, lograrán que el independentismo pase por encima del paro y la corrupción y se sitúe a la cabeza del desasosiego español. De hecho es tan alarmante que llevamos semanas con un estrépito que lo ensordece todo. Por eso, casi nadie se ha enterado de la imputación de la actual tesorera nacional del PP por el caso Imelsa –siendo la quinta con el mismo cargo llamada a sentarse en el banquillo–, ni de la defenestración de Pedro Antonio Sánchez acorralado por la corrupción, y hasta hace bien poco arropado por todo el PP en un cónclave regional en el que lanzaban manidas acusaciones de un caso más de “cacería totalmente injusta”.
Con este estruendo de fondo motivado por una grave incapacidad política –¿o tal vez solo sea mutuo interés?–, el último barómetro del CIS en el que aún no se recoge el referéndum del 1-O, esta preocupación ha aumentado triplicando la cifra anterior mientras paro y corrupción disminuyen.
¡Lo bordan!

La dignidad de las pensiones

Uno de los carteles anunciadores de la Marcha por la Dignidad de las Pensiones

En contra de lo pregonado por el poder, son las políticas económicas neoliberales, y no un elevado gasto público –44 % vs 49% en la eurozona–,  las que han logrado que tengamos un grave problema de ingresos y no de gastos. Aquí la presión fiscal es del 35%, muy por debajo de la media de la eurozona que es del 41%. La ingeniería neoliberal, con políticas de empleos precarios de bajos salarios, rebajas fiscales, tarifas planas, etc. ha vaciado la hucha de pensiones. Tras depreciarlas con subidas por debajo del IPC, con descaro nos señalan el camino a los planes privados, letanía que cala en el inconsciente de una juventud rendida que asume como cierta la falsedad del corrosivo relato. Se debe abandonar el neoliberalismo y aumentar los tributos de las grandes empresas y fortunas que contribuyen nimiamente.
El único riesgo cierto que tienen las pensiones es la firme voluntad política de marchitarlas, fomentando el negocio de los planes de pensiones privados sin garantizar su futuro cobro.

Buff…, vaya políticos

La inoperancia de quienes dirigen ambos territorios pueden llevar a la ruptura

El 1-O por la noche, un Rajoy que durante años ha obsequiado al independentismo con razones para ir a votar, compareció con un discurso victorioso que desbarató la oportunidad de abrir diálogo. No sólo habló como si ya estuviese resuelta la cuestión catalana, sino que admitió su esterilidad política al declarar que ha «actuado con la ley y solo con la ley», reconociendo haber dejado un problema político en manos de jueces y fiscales sin asumir su gran responsabilidad por la ausencia de diálogo.
Las desoladoras imágenes de una actuación policial totalmente inadecuada que agranda más la fractura entre ambos antagonistas, recuerdan a las de una España en blanco y negro. Un Rajoy, incapaz de entender las singularidades de España, y un Puigdemont enrocado en su quimera, son responsables de alimentar el soberanismo para cosechar votos y que no se hable de lo esencial. Si no recuperan el sentido común, nos abocarán a un punto sin retorno.
Con sinceridad, no nos merecemos a estos políticos.

Nutrir el independentismo

De las sedes del PP salen diariamente riadas de independentistas

Conviene saber que el poder político elige a los 12 miembros del Tribunal Constitucional.
En 2005 el Parlament de Catalunya aprobó un nuevo estatuto que se remitió al Congreso. En mayo de 2006 las Cortes Generales lo sancionaron. Al mes siguiente el pueblo catalán lo refrendó con el 73% de los votos y, al siguiente, tras sanción real, el PP –siempre en contra, con recogida de firmas incluida– presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue resuelto en 2010 con una sentencia que recortaba parte del reglamento. En el ínterin, el nuevo estatuto estuvo vigente 4 años sin que España se rompiera ni fuera la debacle mundial.
Recapitulando: un tribunal politizado invalidó lo que Ejecutivo y Legislativo, con el consenso del pueblo, aprobaron conforme a las leyes en vigor. Y así, lo que se percibió como una afrenta, fue el inicio de la gran deriva soberanista.
Si tras la aprobación solo el 14% era independentista y en marzo de este año el 44%, ¿cuántos habrá tras los últimos hechos? ¿Y el 2-O?