“Tanto tienes, tanto vales” (Ayuso dixit)

 

Ayuso ha destapado el tarro de su esencia: el clasismo rancio

Díaz Ayuso, que ha cedido gratuitamente en la capital el uso de una manzana entera a su amigo el músico Nacho Cano, al dirigirse a su opositora Mónica García, abrió su boca y en un ramalazo de irreprimible honestidad nos descubrió su camuflada aporofobia, al afirmar «que cuando Nacho Cano tenía 25 años ya triplicaba el patrimonio que usted nunca va a conseguir».
Me quedé atónito. Estaba asomando el auténtico pensamiento de la derecha más rancia en una sumisión tan clara y sin tapujos al dinero y la posición social, que nos revela su verdadera ideología basada en el trato preferencial a quien más tiene o está más arriba en el escalafón social.
Quedan advertidos: si tienen un patrimonio impresionante, pueden votarla; si no, ustedes mismos. Pero ya saben que cualquier día, su lengua desatada reaparacerá con brío para volver a mostrar su clasismo de abolengo y el menosprecio que se gasta con quienes no tienen o no alardean de los símbolos que acompañan a la clase más privilegiada.

Ayuso, el desasosiego de Casado

 

Hace tiempo que el tándem Ayuso-MAR le desvela el sueño a Casado

La populista, crecida y creída Ayuso, rehén de la maquiavélica mente de su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez –quien a juzgar por lo visto mantiene la técnica de esparcir la antipolítica con la siembra mentiras, el espectáculo chabacano, el desprecio institucional y la grosería más tosca–, provoca el pánico en Génova al postularse a la dirección del PP madrileño. Este movimiento ha originado un rifirrafe público.  Al desconocer hasta dónde es capaz de llegar una irritada Ayuso, un alarmado y receloso Casado deberá ir con pies de plomo para preservar como sea la poltrona que comienzan a moverle sutilmente.
El momento escogido, descabala la inmaculada programación que Casado atesoraba para su Convención Nacional, prevista para el próximo 27, a la que Ayuso, abriendo una tregua, finalmente asistirá para no tensar sus opciones de conquistar Génova en el futuro.
Tras el armisticio, Casado no tendrá más remedio que mostrarle a Ayuso una “mesa del diálogo” similar a la que tanto critica.

Intimidación de alto voltaje

 

Que las nucleares hagan chantaje es de un desvergüenza supina

Nuestra Constitución, en su artículo 128 mandata nítidamente que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Las eléctricas que amenazan con cerrar las nucleares, usando a la ciudadanía como rehén, ¿entienden lo que este artículo implica? ¿Saben que, asimismo y en base al interés general, la Carta Magna también ampara al Estado a «intervenir empresas»?
Estos ejecutivos, antes de desatar la lengua y mentir sobre su rentabilidad, deberían asesorarse sobre las normas que componen nuestro ordenamiento jurídico y que, jerárquicamente, están por encima de cualquier otra.
Y mientras el Gobierno protege a ciudadanos y empresas, la derecha anticonstitucional, medios cavernarios incluidos, vociferan enfurecidos ante la defensa de lo colectivo en unos momentos en los que la desvergüenza de las eléctricas, unidas a una legislación indecente y una privatización perversa del sector, están poniendo a España contra las cuerdas.

Electricidad y derechos de emisión de CO2

 

Derechos de emisión de CO2: especulación capitalista a tope

Conociendo al ser humano, era previsible que los derechos de emisión de CO2 –volumen asignado de este gas de efecto invernadero que si se supera puede ser comprado a quien no agote el suyo– se convirtiese vertiginosamente en un nauseabundo negocio para la especulación capitalista en los mercados, a la par que el servicio esencial de luz y gas se trocase en inmoral y pesada carga para el consumidor al verse obligado a llenar el bolsillo de ricos especuladores y en un detrimento para la salud del planeta y la vida que lo habita; problema que, se supone, venía a resolver.
Es una indecente insensatez mercadear para lucrarse con unos derechos irreales. Si un país se queda corto en su cuota, mejor y ya está; y si la va a superar, es porque no ha investigado ni desarrollado las renovables, así que a amoldarse y ponerse las pilas. Y el oligopolio eléctrico, que no ha querido adaptarse a las renovables, que pague su irresponsable y temeraria imprevisión, no la ciudadanía subiéndole el recibo.

De escaladas eléctricas y sinvergüenzas

 

Por lo comprobado hasta ahora, las eléctricas nos roban todo lo que pueden

Sostiene la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, Marina Serrano, no ser «culpables» de la subida del precio de la luz, que se debe «a causas externas».
¿Me lo dice, o me lo cuenta? Buen intento de lavado de imagen; pero… vaciar pantanos para subir el coste de las renovables, aprovechar la modificación de tarifas para incrementar precios un 30% o manipular la oferta para adulterar el mercado al alza, son algunas de las trapacerías que se han detectado –ya saldrán otras– a sus asociadas, de las que somos, forzosamente, clientes.
Culpa, tienen. Decencia. ninguna. Además, serán responsables directas de la inflación, cáncer del progreso, que reducirá el nivel de vida y menguará la capacidad de consumo de los más desfavorecidos, a la que cada vez más economistas llaman «el impuesto de los pobres».
Pero les da igual, como carecen de vergüenza… a seguir llenando el bolsillo con martingalas que las míseras multas las pagan con gran placer por el pingüe lucro de su expolio.

La inexcusable ley de la Corona

 

Para evitar ambigüedades, es inevitable una ley de la Corona

Para quien tiene juicio, queda claro que los padres de la Constitución al gestar el artículo 56.3 sobre la inviolabilidad del monarca, lo hicieron pensando en el desempeño de sus funciones, no en su impunidad si incurría en excesos por su cuenta y riesgo. Pero, tras conocer las presuntas tropelías cometidas por el emérito, está claro que la derecha española no es de la misma opinión.
Habrá que decirle que cuándo se mira para otro lado y se ocultan problemas, las naciones se desmoronan. Para que no ocurra, ha llegado el ineludible momento de crear, y no bloquear, una comisión de investigación que analice qué pudo suceder y redacte una ley de la Corona para que no se repita. Si la monarquía quiere tener futuro, debe ser transparente y ejemplar. Y si está en horas bajas, es por (e)mérito propio.
La igualdad de todos ante la ley, no puede tener excepciones y, de momento y según quiere la derecha –flaco favor a la Corona–, existe una gran desigualdad en la figura del Rey.

El PP y el CGPJ

 

Seguimos con lastre del franquismo y el PP, encantado

Sostienen en el PP que ellos se niegan a cumplir el mandato constitucional de renovar el CGPJ «para despolitizar la Justicia». Soslayan que España viene de una cruel dictadura de la que salimos con una pusilánime reforma –la única posibilidad– y no mediante una ruptura total con aquella tiranía. Fue una humillación que tiñó de barniz democrático la continuidad despótica en las cúpulas militar, policial y judicial. Además, el colectivo de los jueces posee un cierto grado de endogamia y por eso, 45 años después, permanecen ideologizados. De ahí lo inaudito de tantas sentencias que apestan a dogma casposo, que luego Europa enmienda desacreditándonos. Por eso, en 1985 se modificó la forma de renovar este órgano. El PP, que tiene muchas cuentas que rendir con “nuestra” justicia, con sus mayorías absolutas abusó y se sirvió, pero jamás modificó, esta forma de elección que le parecía idónea.
Ahora, para no poner en riesgo su preeminencia y mantener en la cúpula judicial la mayoría absoluta que carece en el Parlamento, paraliza la renovación del Consejo. Casado, en una vergonzosa anomalía democrática, sigue sin asumir las urnas e inventa grotescas excusas que revelan su anticonstitucionalidad. Una táctica marrullera contra el Gobierno legítimo de la nación. La Constitución, que Casado tanto enarbola para agredir, es categórica: renovación cada 5 años.
¿Y qué decir de la hipocresía y el pancismo de los jueces que deberían haber sido renovados hace 3 años? Pues que deberían haberse ido una vez caducado su mandato constitucional.