Intimidación de alto voltaje

 

Que las nucleares hagan chantaje es de un desvergüenza supina

Nuestra Constitución, en su artículo 128 mandata nítidamente que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». Las eléctricas que amenazan con cerrar las nucleares, usando a la ciudadanía como rehén, ¿entienden lo que este artículo implica? ¿Saben que, asimismo y en base al interés general, la Carta Magna también ampara al Estado a «intervenir empresas»?
Estos ejecutivos, antes de desatar la lengua y mentir sobre su rentabilidad, deberían asesorarse sobre las normas que componen nuestro ordenamiento jurídico y que, jerárquicamente, están por encima de cualquier otra.
Y mientras el Gobierno protege a ciudadanos y empresas, la derecha anticonstitucional, medios cavernarios incluidos, vociferan enfurecidos ante la defensa de lo colectivo en unos momentos en los que la desvergüenza de las eléctricas, unidas a una legislación indecente y una privatización perversa del sector, están poniendo a España contra las cuerdas.