La ultraderecha en las instituciones

Santiago Abascal, presidente de VOX

El último bastión franquista –Fuerza Nueva de Blas Piñar– salió del Parlamento en 1982 y sus miembros encontraron cobijo en el PP. Hoy, la extrema derecha como formación, vuelve a las instituciones con personajes como Eugenio Moltó, ex PP y ahora en Vox, que sostiene que «el franquismo no fue una dictadura».
Me inquieta que Moltó ignore que la dictadura es el sistema político que, con violencia y crímenes, aglutina todo el poder alrededor de una persona y sus incondicionales, cercenando con metodología totalitaria libertades y derechos humanos para truncar cualquier disidencia: carencia de partidos políticos, desapariciones, depuraciones, represión cultural y lingüística... Todo lo que no encaja en sus criterios de normalidad es subversivo.
Eso, y más, fue el franquismo, y si no piensa que lo fuera, debería dejar la política.

La “Consti” cumple 40 años

Si la Constitución se cumpliera, tendría muchos más adeptos

Crecí en la dictadura y tener una Constitución fue como lograr un sueño. Nuestra Carta Magna propone un modelo de sociedad –no de mercado– donde la solidaridad es pilar fundamental. Pero como ha sido sistemáticamente vulnerada –con crueles reformas laborales, salvajes desahucios, dispendiosas ventas de prósperas empresas públicas de servicios esenciales, costosas privatizaciones parciales de la sanidad, desoladores recortes y desvíos de fondos educativos, lacerante modificación del artículo 135 para postergar la solidaridad, ruinosos rescates de empresas privadas en quiebra con dinero público que debería haberse destinado a políticas sociales, y un largo etcétera– es ampliamente cuestionada.
Sin duda, como todo en la vida, es mejorable y, en su cuadragésimo aniversario, aunque soy partidario de reformar parte de su articulado, sé de la incapacidad política para el acuerdo. Así que tal vez no sea necesaria su modificación, sería suficiente con cumplirla para no patear su contenido.

Las temeridades políticas cuestan dinero

La pésima gestión del PP en todos los ámbitos no para de arruinar a los contribuyentes

La sentencia del Tribunal Supremo que condena al Gobierno valenciano a derribar dos edificios en Benidorm, construidos en primera línea de playa con permiso de obra ilegal durante el Gobierno de Camps, es ecuánime. La Generalitat se ve así forzada a gastarse 100 millones de euros para indemnizar a sus propietarios y pagar la demolición. Pero como cuando el permiso se concedió se sabía que vulneraba la ley de costas, ¿podrá ahora la Comunitat reclamar al señor Camps que abone las indemnizaciones y sufrague el derribo con su fortuna?
Las imprudencias de los políticos –interesadas o no– que no responden a necesidades ciudadanas, sino a intereses espurios, salen caras. Mucho me temo que el dinero para pagar este despropósito saldrá de nuevo de las arcas valencianas largo tiempo saqueadas… y Camps, una vez más, se irá de rositas.

Mirar para otro lado

El pesquero Nuestra Señora de Loreto

Vamos conduciendo y vemos una persona tirada en el suelo. La recogemos y la metemos en nuestro coche. La llevamos al hospital “Italia” y nos rechazan. Vamos a otro hospital, el “Malta”, y allí se niegan a acogerla. Recurrimos al hospital “España” y nos dicen, sin más, que la llevemos a la casa de donde salió, sin socorrerla ni preguntarle qué le pasa.
Hay 12 migrantes que en alta mar fueron atacados por una patrullera Libia y saltaron al agua. En medio de su desesperación el pesquero “Nuestra Madre Loreto”, cumplió con su obligación y los socorrió. Ahora, enredado en una maraña de intereses, está atrapado en aguas internacionales viviendo una situación rocambolesca y kafkiana. ¿Pretende nuestro Gobierno que la próxima vez que veamos a alguien necesitado de ayuda nos olvidemos del deber y miremos para otro lado?
Patético.

Los cainitas y Gibraltar

El cainismo de la derecha rebrota con fuerza con temas patrióticos

Obviamente no se ha abolido el Tratado de Utrecht de 1713, pero en contra de lo que dice el patriota Casado, arropado por el no menos patriota Rivera, jamás España había contado con un acuerdo por escrito en el que se recoge que cualquier pacto que se negocie en el ámbito territorial sobre el peñón entre UE y Reino Unido «requerirán el acuerdo previo del Reino de España». Lo firmado es más que razonable, y según expertos, en futuras discrepancias, además de vinculante, el valor legal del tratado sería innegable. Antes no había nada, y ahora, al menos, esto. ¿A qué vienen entonces las apocalípticas palabras del hooligan de la derecha Casado de «rotundo fracaso», «cesión y humillación histórica»? Tal vez debería hacer un máster de verdad en política exterior.
Una vez más el cainismo español brota, y nos deja en evidencia. Hasta el ministro alemán de Exteriores se quedó amargamente sorprendido de esta frívola polémica originada por quienes se llaman patriotas.

Comportamiento patético

Para no debatir de lo que importa, a muchos les gusta el ruido en las Cortes

El debate parlamentario es un acto en el que se trata de convencer al contrario mediante la exposición y argumentación de un asunto entre quienes mantienen opiniones diferentes. Los debates pueden ser tensos y, para evitar que la disensión ultraje la institución que se representa, hay que reprimir los ataques y descalificaciones personales. Pero como hay quien prefiere enfangar a debatir con argumentos –porque ni los tiene ni sabe escuchar y solo arenga su monólogo a incondicionales–, el arte del diálogo se marchita.
Con educación se puede decir todo; sin ella se entra en territorio pantanoso, y el riesgo de salir enfangado sin que se escuche lo que se pretende comunicar y consolidar es muy alto. Y temo que, como a muchos les interesa el ruido, este modo de hacer política ha venido para quedarse en espera de buenos oradores.

Descrédito total de la Justicia

Tras las horas bajas del Supremo en la sentencia interruptus del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, lo que en lenguaje hampesco hemos conocido de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, sobre los tejemanejes de la sala segunda del Supremo, es lo mismo que decir que los políticos nombran a los jueces del Supremo para que las sentencias sean lo más favorables posibles para los intereses de su partido –prevaricación–, es la puntilla. Así, sin más, la imparcialidad judicial queda por los suelos y la Justicia democrática vive sus horas más aciagas. Porque asegurar que ellos –PP– controlan la sala desde atrás, dinamita la separación de poderes y la imparcialidad supuesta de quienes solo deben aplicar la ley.
Y eso sin olvidar «la jugada estupenda de la sala 61 –la que ilegaliza los partidos políticos– y de la renovación de cientos de nombramientos judiciales, vitales para el PP».
¿Qué es lo que temen? ¿Lo quieren más claro?