Devoluciones en caliente

Cartel de la Fundación Cepaim

Escuchar al ministro del Interior Grande-Marlaska justificar que las devoluciones en caliente –violación de derechos humanos– fueron «conforme a la legalidad vigente», me retrotrae a tiempos pretéritos que desearía olvidar. Serán legales, pero ¿dónde queda la solidaridad debida con las personas que pretenden, como haríamos nosotros en idénticas circunstancias –usted, señor ministro, incluido–, mejorar sus vidas? Además, hay varios heridos con cortes profundos provocados por las concertinas,  ¿no iban a quitarlas con «carácter inmediato»?
Por favor, no nos machaquen las ilusiones tan rápidamente porque, entre viajes de ocio a conciertos en el avión presidencial, negarse a investigar las acusaciones de Corinna, imposiciones o excusas a flagrantes atentados a los derechos humanos, nos erosionan el alma. Si continúan por esta senda conservadora, van a darle la razón a Giuseppe di Lampedusa cuando escribió en “El gatopardo” que es «necesario que todo cambie para que todo siga igual».

Nada cambia en el PP

El recambio de Pablo Casado es más de lo mismo

Tras el recambio de Rajoy por Casado como presidente del PP, todo sigue igual y la eterna sombra de la inquietante duda continúa sobrevolando con sus afiladas garras sobre esta formación. Y, como no ha habido regeneración, los modos de responder a la prensa son los empleados por la anterior cúpula. Al saberse que a la Universidad Rey Juan Carlos «no le constan» los trabajos del master de Casado, Maroto tira de teoría de la conspiración y levanta sospechas sobre la imparcialidad de la justicia reprochando a la magistrada que insista en investigar y que debe haber «alguna razón además de la judicial».
El Partido Popular está tan podrido en sus modos de entender la política que necesita una refundación desde lo más hondo de sus raíces. Parafraseando al genial Monterroso: Cuando Casado llegó, la corrupción todavía estaba allí.

Pensiones e IPC

Las pensiones siempren suben menos que lo más necesario. Resultado: pobreza

 

Conforme proclama la Constitución, las pensiones han actualizarse para asegurar «la suficiencia económica a los ciudadanos». Aunque, si como todos dicen se vinculan al IPC y no a una hipotética cesta de supervivencia en términos reales donde se recojan alimentos y servicios esenciales que siempre suben más que el supracitado índice, la sangría continuará. Y, como las políticas neoliberales han hecho que España recaude 7 puntos menos que la eurozona mientras los trabajadores cotizan igual, habrá que ajustar los impuestos a la nueva realidad del trabajo precario y el retroceso por la robotización, buscando ingresos de fiscalidad progresiva que logren que ricos y corporaciones contribuyan al Estado de bienestar.
Por cierto, ¿alguien trabaja con la propuesta del Gobierno anterior para calcular las pensiones con 25 años de vida laboral a escoger?

España se viste de púrpura

Es de Justicia acabar con la tortura

Tristemente cada año, con la llegada de la canícula –cuando los resecos campos se desbordan con las notas del estridente canto de las cigarras– y durante la celebración de las fiestas patronales, una bárbara y ancestral costumbre encubierta de diversión –anacrónica del paisaje del siglo XXI– hace que se inmolen atrozmente millares de animales, en especial novillos y toros, engalanando las abrasadas tierras de España con los ropajes color sangre del suplicio.
En el presente, no es ético ni defendible convertir en espectáculo festivo la tortura de un animal, y si el Gobierno tiene la valentía de prohibir sin ambages el maltrato a todo ser vivo, sin duda contribuirá a consolidar una sociedad mucho más justa. Y como ocurrió con otras leyes avanzadas –matrimonio homosexual, divorcio, ley antitabaco, memoria o carné por puntos–, en poco tiempo no podremos creer que en el pasado cercano se permitía maltratar animales como pasatiempo de unos y negocio de otros.

Amnistía fiscal: derecho a saber

Hace un año el TC anuló la amnistía fiscal dejando en ridículo al Gobierno de Rajoy. La sentencia garantiza que, en virtud de la seguridad jurídica, no se actúe contra las regularizaciones que se hicieron, pero nada más. Por otro lado, la Ley Tributaria protege la confidencialidad de quienes cumplen con sus obligaciones al sostenimiento del Estado, pero es más que discutible que ampare el anonimato del defraudador.
Teniendo en cuenta lo anterior, es inaudito que el Gobierno –salvo que tema revelar qué altas personalidades han contribuido al desfalco del Estado de bienestar incumpliendo con la solidaridad tributaria– afirme ahora, tras haberlo pedido en la oposición, que no puede publicar la lista de los acogidos a esta injusta legitimación del fraude.
¿Es que no tenemos derecho a saber qué mangantes se apuntalan en la élite?

Eutanasia

Cuando no hay esperanza de vida digna, probablemente sea mejor desconectarse

A raíz de la propuesta del PSOE para tramitar una ley garantista de eutanasia que no alargue la agonía cuando no existe perspectiva de cura, Rafael Hernando, portavoz del PP y único grupo que la rechaza, sostiene indignado que «se podrá matar a la gente en virtud de determinadas situaciones». Vaya, parece que los populares en la oposición progresan en sensibilidad, porque cuando recortaron en Sanidad y Dependencia no tuvieron en cuenta a los más de 840 pacientes que murieron por sus políticas, o los más de 4.000 enfermos de hepatitis C que fallecieron por no facilitarles a tiempo fármacos de última generación.
Y, como el capitalismo hurta a una parte de la sociedad la posibilidad de una vida digna, qué menos que permita escoger una muerte digna cuando el sufrimiento convierte la vida en continua y dolorosa mortificación.

La injusta fiscalidad española

El nuevo Gobierno necesita subir impuestos a ricos y grandes empresas y estos, egoístamente, protestan y amenazan.
Pongamos negro sobre blanco lo que Eurostat desvela: en España la presión fiscal es del 34,4 % del PIB, muy alejada de la media de la eurozona que es del 41,5 %. En Francia, el 47,9 %. Un español –salario medio de 25.000 euros–, paga al erario, entre impuestos directos e indirectos, el 49,8 %. Como el sueldo medio contribuye con 15,5 puntos más que la fiscalidad media, es palmario deducir que las grandes fortunas y las grandes empresas apenas tributan al Estado, y destapa la injusta realidad impositiva. Es de cajón que, los que más exprimen a la sociedad, colaboren con idénticas reglas que los ciudadanos de a pie acercándonos a la media de la eurozona para hacer de España un país más justo. Así que cooperen y no lloriqueen.