Pensiones, cuestión ideológica

Cuando la secretaria de Estado de Comunicación de M. Rajoy –a la que pagamos más de 112.000 euros anuales– manifiesta su opinión sobre las protestas de los pensionistas, expresa el sentir de una parte de los dirigentes del PP; por eso mantiene su cargo. Como otros, no se entera de qué van las manifestaciones –legítimas y necesarias– de los pensionistas. Los jubilados no reclaman zanahorias cuando al gobernante de turno le llega la hora electoral, exigen pensiones dignas con subidas blindadas. En España, el gasto en protección a mayores –que incluye pensiones– supone el 9,2 % del PIB; la media de la UE es el 10 %. Por encima de la media, rivalizando con países nórdicos, estados del sur como Grecia y Portugal que sufrieron despiadadamente la crisis. Erigir unas pensiones vigorosas es cuestión ideológica, no crematística.

Sobre las quejas del CGPJ

Las injerencias reiteradas del PP en la Justicia ponen en riesgo la democracia

Tras las indecorosas declaraciones del ministro de Justicia sembrando dudas sobre un magistrado, el Consejo General del Poder Judicial solicita mesura para evitar injerencias del poder que incendien y politicen la Justicia. Bien, ¿pero por qué callaron cuando el reprobado Catalá obstruyó reiteradamente la investigación de delitos de corrupción que afectaban a su partido? ¿Y por qué no se lamentaron cuando sectariamente atacó a las fiscales del caso Púnica que pretendían actuar contra el presidente de Murcia? ¿O cuando nombró al fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix que obstaculizó muchas investigaciones concernientes al PP?
Exigir que en una sociedad avanzada exista separación entre Poder Ejecutivo y Judicial para no arriesgarnos a un tumor desolador, es indispensable; hacerlo en esta ocasión, apunta a rancio corporativismo.

¿Solo un recambio?

Quien llegue, por activa o por pasiva, será más de lo mismo

Tras el corrosivo penúltimo varapalo del PP a las instituciones –ahora le ha tocado a la Comunidad de Madrid–, Ciudadanos pide a quienes actúan como la mafia –arropando a sus corruptos, obstruyendo a la justicia, destruyendo pruebas, guardando 7 años un video indecente, …– que presenten un candidato limpio.
¿Se entregan de nuevo a este partido podrido de corrupción? Quien venga habrá bebido en las mismas fuentes y será lo mismo: si no es corrupto, presuntamente será encubridor porque sabiéndolo, habrá callado. Si C’s invistió a Cifuentes creyendo que estaba limpia, ¿no se abochornarán de nuevo si su apoyo, como en muchas ocasiones, les sale rana? Un recordatorio: quien llegue será el recambio de Cifuentes, como Cifuentes lo fue de González, González de Aguirre y Aguirre de Gallardón. ¡Brillante currículo para confiar!

El libro de Pla

Los representantes de Eurovisión 2018 envueltos en la polémica

¿Por qué en la España actual alguien debe justificarse por hacer un obsequio? ¿Qué ocurre para que, conforme avanzamos en el tiempo, retrocedamos en libertades cuestionando las acciones más elementales? ¿Acaso el progreso es censura? Nuestros jóvenes representantes en Eurovisión se han visto inmersos en un huracán mediático por quienes, sin informarse, se han escandalizado por la compra y regalo de un libro. La obra del cantautor español Albert Pla, no guarda relación con el independentismo. Sólo es una sátira política y ridiculizante de la España actual, una España donde el humor, como se ve, siempre es necesario y oportuno.
Al final, sin pretenderlo, la “España de mierda” –título del libro–, es la que, una vez más, se ha señalado al rasgarse las vestiduras y vociferar su acostumbrada verborrea sin saber ni indagar.

Mayo Francés: 50 años

Un grito icónico en los muros de París: Prohibido prohibir

En la primavera parisina de hace medio siglo, estudiantes y obreros desafiaron al poder. El paro, que abarató salarios y precarizó empleos, agrandó la desigualdad social y dejó en la miseria a una gran parte de la población; una juventud que anhelaba ser escuchada; un Gobierno de De Gaulle autoritario y patriarcal y la brutalidad policial, se conjugaron para que un viernes 3 de mayo, en la plaza de la Sorbona, saltara la chispa que avivaría notorios avances sociales en los años venideros, algunos de ellos hoy en claro retroceso: la liberación de la mujer, el fortalecimiento de los sindicatos o el florecer de una sociedad civil influyente en la búsqueda de nuevas alternativas al sistema son algunos de sus destacados frutos. En aquellos días de injusticias, pero de desbordante alegría e ilusión por la regeneración, el sistema se tambaleó. Y hoy, 50 años después, tras el endurecimiento de las leyes, debemos avivar el grito que surgió en aquellas barricadas: “Prohibido prohibir”.

Una sentencia desoladora

Sentencias como la del caso de La Manada me consternan porque, según nuestra Constitución, la justica emana del pueblo; pero si la justicia resulta incomprensible para la ciudadanía, la justicia tiene un grave problema.
Me da la sensación de que los jueces, queriendo agradar a todos, no han complacido a nadie. ¿Considerarían, estos mismos jueces –de uno en uno– violencia o intimidación si se hubiesen hallado en ese mismo portal, rodeado por esos mismos cinco jóvenes de complexión fuerte, pidiéndoles sus carteras y relojes? ¿Habrían peleado a muerte para defender lo suyo o, lo habrían entregado para no ver peligrar, además, su integridad física? Y, si así fuera, ¿significaría que consentían el robo o que lo disfrutaron?
Una obviedad: cuando se dice no, las agresiones o coacciones siempre son violencia. ¡Basta ya! Yo si te creo.

Subvenciones y alquileres

Estos carteles comienzan a escasear

Vaticinaron los expertos que aprobar el Plan Estatal de Vivienda con ayudas al inquilino, acarrearía una subida inmediata del precio de alquiler. En un mercado ya desbocado –alquiler turístico de pisos e inversión en busca de alta rentabilidad que reducen y encarecen la oferta–, esta medida da alas para que con el dinero de todos, se subvencione al arrendador “simulando en diferido” una ayuda al arrendatario. La reforma del PP de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013, ya favoreció al propietario a costa de recortar derechos al inquilino, permitiendo, entre otras, subidas libres que ahora, al finalizar contratos anteriores a ella, ve sus frutos.
La Constitución aboga por una vivienda digna y, aunque lo vendan muy bien, camuflar un regalo a los afortunados propietarios, como si fuera una ayuda a los inquilinos con menos recursos, es despreciable.