Cuando la secretaria de Estado de Comunicación de M. Rajoy –a la que pagamos más de 112.000 euros anuales– manifiesta su opinión sobre las protestas de los pensionistas, expresa el sentir de una parte de los dirigentes del PP; por eso mantiene su cargo. Como otros, no se entera de qué van las manifestaciones –legítimas y necesarias– de los pensionistas. Los jubilados no reclaman zanahorias cuando al gobernante de turno le llega la hora electoral, exigen pensiones dignas con subidas blindadas. En España, el gasto en protección a mayores –que incluye pensiones– supone el 9,2 % del PIB; la media de la UE es el 10 %. Por encima de la media, rivalizando con países nórdicos, estados del sur como Grecia y Portugal que sufrieron despiadadamente la crisis. Erigir unas pensiones vigorosas es cuestión ideológica, no crematística.
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