Señor Peinado: ¿también me demandará?

Una gran parte de la judicatura continúa anclada en el franquismo

 Parece que para el juez Peinado la crítica es un delito. En lugar de garantizar derechos, abre querellas a periodistas, políticos y ciudadanos que se atreven a cuestionar su más que polémicas instrucciones. ¿No es grave que la Audiencia de Madrid le haya corregido más de una decena de veces por imputaciones sin base, registros injustificados o actuaciones desproporcionadas? ¿No es grave que el Supremo haya tumbado su intento de imputar al ministro Bolaños por un informe incompleto?
Peinado no ha rendido cuentas disciplinarias más allá de correcciones procesales y sigue en su puesto, sin sanción notable. Eso demuestra que el sistema tiene fallos estructurales: decisiones judiciales escabrosas, correcciones posteriores, pero ninguna consecuencia real a quien las produce. ¿No es grave el tiempo y dinero público perdido en estas chapuzas? Si estuviera en una empresa privada, le pondrían en la calle.
Peinado ha admitido denuncias sin pruebas, con recortes de prensa derechista como único sustento para iniciar una investigación general y prospectiva –práctica ilegal en el ámbito penal–, mientras tiene “olvidos procesales” que benefician a la derecha. Y, entretanto, se querella contra quien opine. ¿Esto es justicia o activismo togado?
¿Se le puede criticar? Por supuesto. Porque, en democracia, los jueces también deben responder ante la opinión pública cuando su independencia parece mezclarse con ideología que utiliza la justicia como arma mediática; por avanzar investigaciones sin soporte; por tolerar imputaciones irregulares; por prorrogar una y otra vez instrucciones, por ignorar dictámenes de instancias superiores. Lo que algunos jurisconsultos comentan, y lo que yo digo, es menos grave que lo que su historial procesal revela. Se asemeja a un abuso sistemático de una potestad que debería ser moderada, con responsabilidad.