Penalizar las falsedades

 

Las maquinaciones corren como la pólvora y jamás se terminan de desmontar

La mentira circula con infinita rapidez, fluidez y descaro. La verdad, no. Las redes sociales, algunos medios y también las instituciones patrimonializadas por la derecha se han convertido, a menudo, en canales para difundir falsedades meticulosamente diseñadas. Y así muchas personas no logran distinguir lo verdadero de lo falso.
Detrás de estos engaños hay intereses: políticos para manipular, doblegar las urnas, sembrar confusión y odio y particulares que buscan lucrarse a cualquier precio. En todos los casos, las consecuencias no son menores. Una mentira arruina reputaciones, polariza la sociedad, erosiona la confianza pública, da un vuelco electoral y pone en riesgo incluso la salud o la seguridad de las personas; y jamás se desmonta del todo.
Ante esta realidad, cabe una pregunta incómoda pero necesaria: ¿hasta qué punto debemos tolerar la impunidad de quienes mienten meditada y deliberadamente para obtener ventaja o hacer daño? Sin duda la libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestras democracias, sí. Pero la libertad de mentir sin consecuencias nunca debería serlo.
Es el momento de abrir un debate serio –sé que con el PP es una quimera, pues es de los que más tergiversan– sobre la necesidad de establecer límites legales a la difusión intencionada de falsedades lesivas. No se trata de censurar opiniones ni de castigar errores inocentes, sino de enfrentar con firmeza la desinformación que se propaga veloz con cálculo, con malicia y con un objetivo claro: manipular, destruir o hacer caja.
Porque si dejamos que la mentira se convierta en norma, será la verdad —y con ella la convivencia, la justicia y la democracia— la que pague el precio.
Costó demasiado conquistar la libertad democrática para dejar que la escupan a la cara conspiradores y mentirosos.