Feijóo: el bulo como proyecto político

 

Feijóo declarado "bulero" mayor del Reino

Lo de Feijóo no es un error menor sino un escándalo democrático de primer orden. Los mensajes que Mazón le envió desmontan pieza a pieza el relato que el líder del PP ha sostenido sin rubor más de un año. Prueban, en contra de lo afirmado, que estaban alertados de la DANA, que la UME actuó desde el primer minuto, que existió contacto directo con el presidente y con los ministerios implicados y que Feijóo no estuvo informado en «tiempo real» por Mazón. Si un bulo se mantiene durante más de un año hasta que los hechos lo desmienten, no es despiste, es una forma de actuar. Nada nuevo en el PP. Cada vez que su gestión fracasa o es sorprendido en falta, responde igual: lanza bulos, no dimiten, eluden responsabilidades, menosprecian a las víctimas, culpan a otros —siempre a otros— y embarran el debate público con desinformación.
Un bulo no es una simple mentira; es una falsedad deliberada, diseñada para difundirse, para erosionar la confianza ciudadana y para desestabilizar la convivencia democrática. Es una herramienta irresponsable de destrucción masiva. Y quienes la utilizan no son solo incompetentes, sino maquinadores conscientes y profundamente cínicos. Quien aspira a presidir España no puede propagar falsedades de tanta gravedad contra instituciones.
Lo más preocupante es que aún cosecha apoyo electoral; y así nos va.

Público-privada: ¡Exijo sinceridad!

 

PP-Vox: desguace de lo público

¿Es lícito privatizar servicios públicos? Aunque en términos éticos sea una práctica corrupta por los cuatro costados, parece que sí. Y es corrupta porque convertir bienes y servicios construidos con el esfuerzo y dinero de todos en negocio lucrativo de unos pocos es una forma torticera —y cobarde— de expoliar las arcas públicas. No quieren eficiencia, buscan el lucro de accionistas.
Lo más indignante es la deshonestidad de la derecha, que intenta acaramelar la privatización con eufemismos como “colaboración público-privada” o “libertad de elección”, cuando en realidad no es más que el chorreo de dinero público a empresas que solo buscan lucrarse, no bien común. Y lo hacen en servicios esenciales como sanidad, educación o residencias de mayores, donde la lógica del mercado jamás debería marcar el rumbo.
Si tan convencidos están de que su modelo es el mejor, que lo digan sin rodeos, como hago yo reprobándolo. Que los “muy patriotas” de PP y Vox manifiesten, de frente y sin maquillaje, que prefieren un país donde quien más tiene recibe más y quien menos tiene se queda a dos velas. Así, a la hora de votar, nadie podrá alegar engaño. Y, aunque al menos sería un acto de honestidad democrática, su hipocresía no lo posibilitará.

Dictadura de mierda

 

Ayuso, una payasa que acusa de vivir en una dictadura

Asombra ver a la derecha patria, esa que aún tiene la foto de Paquito en el salón, lloriqueando desde hace años por los rincones y llamando dictador al presidente Sánchez que no puede aprobar unos presupuestos que serían buenos para todos. ¡Qué tirano más inútil, oigan! En las dictaduras de verdad, las que tanto añoran cuando se ponen nostálgicos, no te organizan una romería diaria de la indignación frente a Ferraz, ni te insultan en el Templo de Debod, en el Congreso o desde los medios como si fuera deporte olímpico. ¡Vaya dictadura de opereta nos han vendido los profetas del apocalipsis del PP y VOX!
Es tan surrealista que ni André Breton, hasta las trancas de absenta, podría haber imaginado una tiranía donde el caudillo carece de poder autonómico, la judicatura va a por él a diario y la oposición berrea libertad mientras quiere secuestrar la democracia y asaltar el poder por las bravas. Es cómico ver a quienes redactarían su Constitución en papel higiénico, dándonos lecciones de salud democrática. Solo en mentes muy alucinadas por los vapores del incienso y obnubiladas con el aguilucho cabe que España sea un régimen opresor.
¡Menuda estafa de autocracia! Si esto es una dictadura, que venga Franco y lo vea. Infartaría al contemplar tanto seguidor con pulserita de España disfrutando de la libertad que él suprimió.
¡Vaya mierda de dictadura!

Barra libre a la EPOC

 

Lo que ha aprobado la derecha negacionista europea es un crimen

La UE pretende que sigan circulando motores de gasolina y diésel más allá de 2035. La claudicación ante el lobby automovilístico, petrolero y al PP –seguid votándoles– Europeo es una traición sangrante a la salud de su ciudadanía.
Esta claudicación política no es un detalle técnico: es una sentencia contra la salud pública. La contaminación del aire por partículas finas y dióxido de nitrógeno, producida principalmente por los coches de combustión, causa más de 250.000 muertes prematuras al año en la UE, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, y sigue siendo el principal riesgo medioambiental para la salud humana. 
Estas partículas penetran en los pulmones y pasan al torrente sanguíneo, aumentando drásticamente el riesgo de EPOC, cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares, ictus, demencia y complicaciones en el embarazo. Ya, el 95% de la población que vive en ciudades europeas respira aire con niveles de contaminación muy por encima de lo recomendado por la OMS. No inspiramos aire, respiramos muerte. La UE no solo está vendiendo nuestro bienestar a los negacionistas, sino que está hipotecando la salud pública y el futuro de nuestros pequeños, porque a todo ello hay que añadir la emergencia climática. Esta política renuncia a proteger vidas, favorece la enfermedad crónica mientras fortalece las industrias obsoletas de ricos que deberían haber sido relegadas a los libros de historia.

Cuestionar el sistema electoral

 

El PP es un cáncer para la democracia

No es nuevo ni casual. En el PP cuestionar el sistema electoral se ha convertido en un reflejo automático cada vez que se colocan las urnas. Es una estrategia vieja, irresponsable y profundamente antidemocrática. Que un aspirante a presidente del Gobierno como Feijóo siembre dudas de forma compulsiva sobre el proceso electoral español —reconocido por organismos internacionales como uno de los más fiables y transparentes del mundo— no es un desliz sino una conducta grave que debería tener castigo político. ¿Desde cuándo la mentira reiterada es un mérito para gobernar? El ruido lo montan para acallar la mala gestión.
Premiar ese comportamiento es premiar el trumpismo patrio: la deslegitimación preventiva, la sospecha sin pruebas, el “si no gano es fraude”. España ya ha vivido este bochorno. En 1993 el PP habló de pucherazo sin evidencias; en 2004 mintió conscientemente sobre el 11M para aferrarse al poder. En 2023 lo mismo. Hoy Aznar, Feijóo y su coro —Ayuso, Guardiola, Tellado…— reinciden con la misma irresponsabilidad, sabiendo que el sistema funciona y funciona bien.
No es crítica democrática, es intoxicación deliberada. El PP no es un partido de Estado, es un agente corrosivo. No defiende la democracia, la erosiona.

El imperialismo contra el derecho

Donald Trump, un peligro para el mundo

 Venezuela celebró unas elecciones llenas de sombras, sin garantías ni transparencia real. Es un hecho muy grave que merece críticas y exigencias políticas claras. Pero de ahí a someter a un país a un cerco constante de amenazas, sanciones y ahora incluso a un embargo respaldado por la maquinaria de guerra, hay un largo camino que debería pasar por la diplomacia y respeto al derecho internacional. Lo que se presenta como defensa de la democracia es, en realidad, un saqueo programado.
Hace tiempo que Donald Trump posó sus ojos en el petróleo venezolano y hoy ya no disimula. Avanza sin pudor, ignorando normas, tratados y principios básicos de soberanía. Se impone la ley del más fuerte, la misma que el imperialismo utiliza cuando las reglas dejan de servirle. No importa el sufrimiento de la población ni el precedente que se establece para el resto del planeta.
El futuro que se perfila es muy inquietante. Un mundo donde el derecho internacional es papel mojado será un mundo gobernado por la fuerza, donde cualquier matón podrá imponer su voluntad. Si esto se normaliza, mañana ningún país estará a salvo. No habrá justicia global, solo miedo y obediencia al más fuerte.

El falso constitucionalismo del PP

 

Miguel Tellado, impenitente chaquetero

Sin pudor alguno, Miguel Tellado no solo osa proclamar que el PP es «el único partido constitucionalista», sino que agita con «orgullo» un supuesto legado reconciliador que su propio partido traicionó desde el origen. Resulta grotesco escuchar semejante arrogancia de quien pertenece a un partido marcado por la corrupción, que cuestiona resultados electorales y tilda de «ilegítimo» a quien gobierna –si no son ellos, claro–, progenitor de la Operación Kitchen, la policía patriótica y que, además, emplea toda la maquinaria de Estado convertida en cloaca para perseguir a la oposición, elaborar pruebas falsas y obstaculizar a la justicia.
Veamos, constitucionalistas del PP, en la aprobación parlamentaria de la Constitución, de los 16 diputados de Alianza Popular, embrión del PP, 3 se abstuvieron y 5 votaron en contra. Los 6 votos en contrarios que obtuvo la Constitución fueron los suyos, más uno de Euskadiko Ezkerra, a quien tildaban de «terrorista». Además, una parte significativa de su militancia votó “no” en el referéndum de 1978.
Que ahora pretendan erigirse en guardianes de la Constitución no es ya cinismo, sino una burla a la inteligencia colectiva. ¿Constitucionalistas? ¡Ja!

Quiebra de la Justicia

 

La Justicia, que en España continúa siendo franquista, ya no se esconde

La sentencia es “histórica”, como repite el PP, pero lo es por su monumental infamia, que alcanza máximos en la degradación de un sistema judicial en manos del sector conservador dispuesto a dinamitar sus propios principios con tal de imponer su ideología. Desde ahora, cualquier ciudadano puede descubrir que ya no hacen falta pruebas, ni hechos, ni siquiera indicios razonables: basta con que la derecha judicial construya un relato, lo adorne con sospechas y lo eleve a categoría de verdad. La propia Sala de Apelaciones admitió que el Fiscal, en su nota para desmentir un bulo que dañaba a la institución que tiene que defender, no reveló nada que se acercara a un delito. Pero ahora, como el Fiscal confesó redactar dicho texto —un acto completamente legítimo para desmentir un bulo—, se retuerce la legalidad hasta convertir lo lícito en punible. Esa lógica perversa, donde la conclusión se decide antes que el análisis, revela una justicia que parece servirse de los intereses del PP y no acata la Constitución. Con decisiones así, se vacía de contenido el artículo 24.2 y se abre la puerta a un futuro inquietante, el de una España donde la presunción de inocencia es sustituida por la presunción de culpa cuando conviene a la derecha, y donde la ciudadanía queda a merced de quienes manipulan la ley para proteger su poder.

La factura oculta de las privatizaciones

 

Privatizar es regalar el dinero de todos a los millonarios

¡Qué escándalo!... es ironía, por si no se me entiende.
Cuando un servicio público se entrega a manos privadas, el interés común queda relegado a un segundo plano. La empresa privada busca maximizar beneficios, no garantizar derechos básicos como salud, educación o dignidad. Lo que hay en los modelos privatizadores del PP en sanidad, educación o residencias de mayores es el negocio empresarial condicionando decisiones que deberían responder exclusivamente a criterios éticos. Así, alargar las listas de espera no es solo mala gestión, es un acto criminal que permite que las enfermedades progresen, que los diagnósticos lleguen tarde y que los pacientes mueran por una estrategia de rentabilidad disfrazada de eficiencia a la vez que suben los seguros privados.
Cuando los derechos se convierten en negocio, se subastan en mercados donde la calidad se mide en ahorro y no en bienestar. La ciudadanía paga dos veces: con impuestos y con el destrozo de la atención.
Y recalco que, el dinero público convertido en dividendo empresarial para unos pocos potentados, debería haber sido usado para mejorar los servicios, no para llenar sus bolsillos. Y mientras tanto, quienes promueven estas políticas se escudan en discursos de modernización que solo encubren un chorreo constante de recursos públicos hacia intereses privados de sus defendidos: los ricos.

El esperpento español

 

Así estamos: instalados en la hipérbole

Quienes se manifiestan proclamando que España es una dictadura y que su Gobierno es ilegitimo, la que pregona que la inexistente «ETA trama un asalto al País Vasco y Navarra», o quien sostiene que el Estado es un pozo irrecuperable de corrupción, solo exhiben ignorancia y mala fe. PP y Vox se han instalado en una estrategia de exageración permanente que degrada y envilece el debate público.
La escena raya entre la patética ridiculez y el sonrojo ajeno, porque los organismos internacionales de prestigio sitúan a España entre las democracias plenas, con sólidas garantías institucionales y con una economía pujante, pero estas formaciones se dedican a alarmar y a deformar cualquier dato para alimentar un clima ficticio de colapso. Vox vomita consignas apocalípticas sin el menor sustento, y el PP, lejos de ser un partido de Estado, se las come para amplificar ese ruido calculando que el caos le puede resultar rentable.
A estos patriotas, no les interesa la verdad ni el prestigio del país, sino agitar y polarizar para arrastrar a una parte de la ciudadanía a un peligroso relato de agravio constante. Obsesionados patológicamente con recuperar el poder, reducen la política a un teatro de hiperventilación, incluso cuando fuera de nuestras fronteras España es signo de respeto y estabilidad. Su conducta no es solo irresponsable, es profundamente corrosiva para la convivencia democrática.