Quiebra de la Justicia

 

La Justicia, que en España continúa siendo franquista, ya no se esconde

La sentencia es “histórica”, como repite el PP, pero lo es por su monumental infamia, que alcanza máximos en la degradación de un sistema judicial en manos del sector conservador dispuesto a dinamitar sus propios principios con tal de imponer su ideología. Desde ahora, cualquier ciudadano puede descubrir que ya no hacen falta pruebas, ni hechos, ni siquiera indicios razonables: basta con que la derecha judicial construya un relato, lo adorne con sospechas y lo eleve a categoría de verdad. La propia Sala de Apelaciones admitió que el Fiscal, en su nota para desmentir un bulo que dañaba a la institución que tiene que defender, no reveló nada que se acercara a un delito. Pero ahora, como el Fiscal confesó redactar dicho texto —un acto completamente legítimo para desmentir un bulo—, se retuerce la legalidad hasta convertir lo lícito en punible. Esa lógica perversa, donde la conclusión se decide antes que el análisis, revela una justicia que parece servirse de los intereses del PP y no acata la Constitución. Con decisiones así, se vacía de contenido el artículo 24.2 y se abre la puerta a un futuro inquietante, el de una España donde la presunción de inocencia es sustituida por la presunción de culpa cuando conviene a la derecha, y donde la ciudadanía queda a merced de quienes manipulan la ley para proteger su poder.

La factura oculta de las privatizaciones

 

Privatizar es regalar el dinero de todos a los millonarios

¡Qué escándalo!... es ironía, por si no se me entiende.
Cuando un servicio público se entrega a manos privadas, el interés común queda relegado a un segundo plano. La empresa privada busca maximizar beneficios, no garantizar derechos básicos como salud, educación o dignidad. Lo que hay en los modelos privatizadores del PP en sanidad, educación o residencias de mayores es el negocio empresarial condicionando decisiones que deberían responder exclusivamente a criterios éticos. Así, alargar las listas de espera no es solo mala gestión, es un acto criminal que permite que las enfermedades progresen, que los diagnósticos lleguen tarde y que los pacientes mueran por una estrategia de rentabilidad disfrazada de eficiencia a la vez que suben los seguros privados.
Cuando los derechos se convierten en negocio, se subastan en mercados donde la calidad se mide en ahorro y no en bienestar. La ciudadanía paga dos veces: con impuestos y con el destrozo de la atención.
Y recalco que, el dinero público convertido en dividendo empresarial para unos pocos potentados, debería haber sido usado para mejorar los servicios, no para llenar sus bolsillos. Y mientras tanto, quienes promueven estas políticas se escudan en discursos de modernización que solo encubren un chorreo constante de recursos públicos hacia intereses privados de sus defendidos: los ricos.

El esperpento español

 

Así estamos: instalados en la hipérbole

Quienes se manifiestan proclamando que España es una dictadura y que su Gobierno es ilegitimo, la que pregona que la inexistente «ETA trama un asalto al País Vasco y Navarra», o quien sostiene que el Estado es un pozo irrecuperable de corrupción, solo exhiben ignorancia y mala fe. PP y Vox se han instalado en una estrategia de exageración permanente que degrada y envilece el debate público.
La escena raya entre la patética ridiculez y el sonrojo ajeno, porque los organismos internacionales de prestigio sitúan a España entre las democracias plenas, con sólidas garantías institucionales y con una economía pujante, pero estas formaciones se dedican a alarmar y a deformar cualquier dato para alimentar un clima ficticio de colapso. Vox vomita consignas apocalípticas sin el menor sustento, y el PP, lejos de ser un partido de Estado, se las come para amplificar ese ruido calculando que el caos le puede resultar rentable.
A estos patriotas, no les interesa la verdad ni el prestigio del país, sino agitar y polarizar para arrastrar a una parte de la ciudadanía a un peligroso relato de agravio constante. Obsesionados patológicamente con recuperar el poder, reducen la política a un teatro de hiperventilación, incluso cuando fuera de nuestras fronteras España es signo de respeto y estabilidad. Su conducta no es solo irresponsable, es profundamente corrosiva para la convivencia democrática.

Corrupción

 

En España, la corrupción es una lacra crónica heredada del franquismo

Hace 3 meses, PP, Vox y Junts unieron fuerzas para tumbar la propuesta del Gobierno que buscaba crear una oficina independiente anticorrupción, dotada de autonomía real, medios suficientes y capacidad para investigar sin injerencias cualquier caso de corrupción que afectara a instituciones públicas, partidos, sindicatos o empresas que reciban dinero público. En un país donde la corrupción es una enfermedad crónica, donde demasiados hacen fortuna al abrigo del contrato público y de favores opacos, cuesta entender —o quizá no— por qué precisamente estos partidos de derechas decidieron bloquear un arma imprescindible para proteger el interés general.
La ley también contemplaba un sistema de alertas tempranas para detectar irregularidades y malas prácticas administrativas, así como la posibilidad de que los funcionarios de la oficina se personaran en cualquier dependencia pública para revisar expedientes, registros, bases de datos o contabilidad in situ, sin pedir permiso a quienes podrían estar implicados.
¿Qué temen exactamente estos partidos que vociferan “¡Corrupción!” mientras boicotean cualquier mecanismo serio de control? ¿Por qué se oponen a una vigilancia que solo debería incomodar a quienes tienen algo que ocultar?
Este rechazo es la prueba tangible de que la derecha, a menudo corrupta en sus prácticas y cómplice por omisión en sus políticas, prefiere la opacidad a rendir cuentas. Su postura boicoteadora es irresponsabilidad política, la vergonzosa defensa corporativista de la impunidad y del statu quo corrupto que les ha beneficiado históricamente.

La Justicia muestra sus cartas marcadas

 

Sin ningún decoro, la Justicia muestra lo que es

La condena al Fiscal General del Estado evidencia inercias de una justicia autoritaria vinculada con la era franquista, y abre una grieta que desborda lo judicial y roza lo impensable en una democracia madura. Las prisas con la que se ha empujado este proceso, y el fallo, sin sentencia, coincidiendo de forma evidente con el 20N, provoca estupor y proyecta la imagen lamentable de un poder judicial, que debiera ser independiente, ansioso por ostentar control antes que por garantizar rigor e imparcialidad.
La sensación que queda es que primero se publicó la condena para poder apañar la motivación a la defensiva ante las evidentes críticas que sea capaz de justificarla.
Este fallo —si finalmente llega a instancias europeas— será tumbado por falta de pruebas condenatorias.
Es lo de siempre: si la derecha no tiene el poder, trata de alcanzarlo de cualquier modo, en este caso mediante un golpe de Estado blando, ejecutado no con tanques, sino con togas ansiosas espoleadas por la carcunda para exhibir su fuerza.
El daño institucional causado es profundo porque, cuando la justicia se transforma en un ariete político, no solo cae la credibilidad de un caso, cae la confianza esencial que sostiene al Estado de derecho.

Feijóo y la televisión democrática

 

El PP, heredero de Franco, jamás ha entendido qué significa una televisión plural

Solo hay que fijarse en VOX para saber que repetirá el PP en pocas horas, como si fuera doctrina propia. El último ejemplo es lo ocurrido en su ofensiva contra RTVE, una cruzada que va del insulto a la amenaza. La derecha extrema habla de «entrar con lanzallamas y motosierra» para arrasar la televisión pública, y Feijóo, en lugar de frenar la deriva, se une al corifeo y llama a TVE «Telepedro», acusándola de ser una «fábrica de mentiras». Es grotesco que el líder de un partido que ha hundido televisiones autonómicas al quedarse sin audiencia de puro tendenciosas y culpable de corrupción endémica pretenda dar lecciones de ética periodística.
RTVE, junto con La Sexta, siguen siendo los medios generalistas más plurales de España, los únicos donde conviven voces de todas las sensibilidades y eso les duele. RTVE bajo el gobierno de Zapatero logró premios y alcanzó liderazgo y prestigio internacional, reconocida incluso por organismos que situaban sus informativos al nivel de la BBC. Pero cada vez que el PP pisa Moncloa, el pluralismo se evapora: expulsan a profesionales y regresan los censores, los vetos, la propaganda partidista… Lo mismo sucede en las autonomías que gobierna, solo o con VOX, donde manipulan y vacían de credibilidad los medios públicos. En el fondo, lo que les molesta no es TVE, sino la democracia informativa: esa que ni entienden ni soportan.

50 años sin dictador

20-N, 50 años de la muerte del cruel dictador que los fascistas veneran

 Hoy blanquean la dictadura quienes no la vivieron. Franco, golpista contra un gobierno democrático, inició una guerra civil. Por tanto, fue culpable del asesinato de cientos de miles de españoles. Al finalizar la guerra, y con absoluto desprecio a los derechos humanos, instauró una dictadura férrea y unipersonal y emprendió una política de detenciones y ejecuciones, cosificó a la mujer, les robó bebés recién nacidos y menores y prolongó la brutal represión 36 años más acallando, por medio del crimen y el terror, cualquier tipo de disidencia. Hizo de España un país tenebroso donde, además, la corrupción carcomía sus instituciones. La disidencia, que la hubo desde el primer instante, fue ahogada y torturada en el silencio impuesto de las cárceles y asesinada en la tranquilidad sepulcral de los cementerios, lugares donde fueron a parar muchos de aquellos valientes luchadores por la libertad.
Sí, es verdad y duele que el miserable y despiadado dictador muriese en la cama; pero no es menos cierto que la dictadura fue definitivamente liquidada por las mareas ciudadanas en calles, fábricas, universidades, centros laborales…
La Transición no fue pacífica. Ansiábamos libertad y ruptura con el régimen. Logramos la libertad a costa de los que se quedaron por el camino en crímenes de Estado silenciados. No logramos la ruptura. La Transición fue cuanto pudimos obtener bajo la atenta mirada de los militares aferrados al poder para mantener privilegios feudales y satisfacer su codicia y opulencia. En ningún caso fue un regalo del monarca. Los que estaban en el poder, sin la lucha del pueblo, poco o nada hubieran cambiado. Fue nuestra conquista; la conquista de gente sencilla que iniciamos hace 50 años.
Esa conquista, hoy, está en peligro. El fascismo resurge, amparado en la desmemoria y las mentiras. Por eso hay que decirlo sin ambages: Franco fue un dictador criminal, y quienes lo reivindican o justifican no merecen respeto ni espacio.
La libertad no se hereda: se conquista día a día.