A la búsqueda de Europa

Si no quieren que la gente opte por el camino del Brexit, tienen que construir una Europa social

Entre 1945 y 1951 unos avanzados clarividentes soñaron una Europa que se ha perdido. La génesis de la Unión Europea fue el anhelo de acabar con las cruentas guerras entre vecinos. Se concibió como un proyecto común, solidario, unido, fraternal, dialogante y no egoísta, para impulsar la paz mediante el fomento de la libertad, la democracia, la justicia social, el desarrollo económico, los derechos humanos y el bienestar de la población. Contrario a sus principios son el egoísmo nacionalista y el neoliberalismo.
Si se desatiende a la ciudadanía, siguiendo un rumbo chovinista, que nada tiene que ver con el europeísmo, o se persigue un ideal capitalista, soslayando que los países los conforman las personas y no los lobbies ni las empresas, se alimentará el monstruo desalmado del nacionalismo-egoísta, la xenofobia y el fascismo que volverá a blindar fronteras y a traer conflictos entre naciones.
Al Brexit se le responde con más Europa, más políticas sociales, más presupuestos, para caminar hacia un futuro de bienestar y progreso solidario que calle a los euroescépticos y populistas insolidarios. Si la meta no es una Europa social sino insolidaria, la UE desaparecerá.

La pobreza en España

Pobreza en España: demoledoras conclusiones del relator de la ONU

Las conclusiones de la reciente visita a nuestro país del relator de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos –¿será un peligroso antisistema infiltrado?–, han sido desgarradoras al desvelar que el neoliberalismo en España machacó el sistema de protección y dejó un Estado social enfermo. Concluye que son necesarios más impuestos y mayor redistribución de la riqueza; que la escasez de pisos sociales convierte el acceso a la vivienda –a pesar de ser un derecho constitucional– en un infierno; que la burocracia para pedir ayudas «es decimonónica»; que casi el 30 % de nuestros niños están en riesgo de pobreza y la exclusión marcará sus vidas; que más de la mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes y «se siente abandonada»; y carga contra los políticos acusándolos de haber beneficiado a las clases más altas y de «fallar» a quienes más lo necesitaban. Y, por si hay dudas, aclara que erradicar esta miseria es una opción política.
Hay que revertir tanta indignidad.

Barrer el franquismo

Llevamos 40 años de retraso. Hay que ponerse a barrer el franquismo

La dictadura de Franco fue férrea y unipersonal. Cuatro decenios de feroz autocracia autárquica lograron que sus tentáculos se infiltraran en ámbitos existenciales y desataran un eterno vendaval de retroceso intelectual.
Nacida la incipiente democracia, militares golpistas, policía represora, jueces ejecutores de leyes antidemocráticas, y ministros franquistas cambiaron de chaqueta, ocuparon destinos estratégicos en empresas públicas, o simplemente conservaron sus cargos. Así, la ideología retrógrada caló en toda la sociedad y se ancló al subconsciente colectivo. Décadas después de su muerte, aún nos vigila desde su gélida tumba con tanto vigor que su legado, heredado de padres a hijos, da vueltas perdido entre circunvoluciones y surcos cerebrales. Por eso, una gran parte de la población no advierte el lastre franquista que aún le queda por soltar, y asume con naturalidad actitudes y discursos que, en democracias avanzadas, fundirían los plomos de cualquier cerebro sano.
Subsanémoslo. Ya es hora.

¿Tribunal de Derechos Humanos?

Una sentencia que corroe los cimientos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Cataléptico y perplejo me ha dejado la sentencia del supuesto Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en la que, en un desmesurado ataque de cinismo, y dando la espalda a la dura realidad de la inmigración, responsabiliza a los más desamparados de no haber entrado en España por medios legales y los acusa de «ponerse ellos mismos situación ilegal». La Declaración Universal, que se supone debe custodiar, estipula (art. 6) que todos tenemos derecho al reconocimiento de nuestra personalidad jurídica, (art. 9) que no se puede ser arbitrariamente detenido y (art. 14.1) que si se es perseguido se puede buscar asilo en cualquier país.
Pues bien, las devoluciones en caliente al detener y expulsar inmediatamente, niegan la personalidad jurídica al impedir a los inmigrantes la posibilidad de identificarse y exponer sus circunstancias personales para ser asistidos por abogados, intérpretes o médicos.
La sentencia me erosiona el alma y me retrotrae a tiempos pretéritos que desearía olvidar.
Parafraseando a Marx y Engels, “la vergüenza del envilecimiento recorre Europa: el envilecimiento del fascismo”.

Eutanasia: otra vez la falsa polémica

La eutanasia no es obligatoria para nadie, pero sí evitará mucho sufrimiento a quien la quiera

De nuevo el Partido Popular, por sus prejuicios religiosos en asuntos tangibles que afectan a todos, arrastra los pies y miserablemente manipula al hablar de «suicidio asistido» y «solución final» para «ahorrar costes sanitarios y pensiones», eludiendo que sus políticas de recortes en Sanidad y Dependencia acabaron con más de 840 vidas, o con más de 4.000 enfermos de hepatitis C al no facilitarles fármacos de última generación. Sí, señor. Eso es sensibilidad y un saber ponderar. Y para enmarañar meten los cuidados paliativos, como si una cosa quitara a la otra. Los cuidados son óptimos cuando el enfermo, a pesar de su gravedad, anhela vivir sin dolor físico. ¿Y qué ocurre cuando hay tortura psíquica? ¿Con qué se remedia? ¿Con drogas que aletargan cual zombi? ¿Quién quiere vegetar el resto de sus días? La eutanasia está para que, cuando no hay capacidad de suicidarse por sí mismo –si pudiera se acabó el debate– y no se soporta más el suplico moral, solicite, sin implicar penalmente a quien bien le ama o a un profesional, asistencia para quitarse de en medio.
¡Hipócritas!, entiendan de una vez por todas que a nadie se le obliga a morir ni se le impone acabar con la vida de un ser querido, en uno de los mayores actos de amor, y paradójicamente más desgarradores, que pueden darse. En cualquier caso, una vez aprobada la ley, se servirán de ella como hicieron con el divorcio, el aborto o el matrimonio homosexual.

El laboratorio madrileño

El amparo a los más acaudalados, lleva al Partido Popular a destrozar todo lo público

La Comunidad de Madrid, paraíso fiscal de la derecha, es laboratorio del neoliberalismo. Más de dos décadas bajando impuestos a los ricos, inevitablemente traen recortes que destrozan lo público. Por eso, en relación a su PIB, es la Comunidad que menos invierte en Sanidad, y la segunda por la cola si tenemos en cuenta el gasto por habitante. Como efecto del triste deterioro, muchos ciudadanos se van al sector privado.
Y, en Educación, lo mismo. La Comunidad de Madrid es la que más alumnos tiene por profesor y la que menos invierte por alumno. Sin embargo, se abren 3 veces más aulas concertadas –colegios privados subvencionados con el dinero de todos– que públicas y, así, muchos alumnos acaban en ellas. Hace poco, y sin previo aviso, han vuelto a detraer dinero para gastos de las escuelas públicas.
Ya saben, es su naturaleza. Si quieren evitar que el dinero de todos acabe en manos privadas, recuérdenlo la próxima vez que acudan a las urnas: no los voten. Ni en Madrid, ni en ningún sitio.

El Banco de España y la reforma laboral

Una vez más el Banco de España se pone del lado de los poderosos

El Banco de España olvida que se financia con dinero público; por eso debe ser que siempre ampara a los poderosos y relega la justicia social. Ahora su gobernador, Pablo Hernández de Cos, en una entrevista concedida al diario económico “Financial Times”, critica la prometida derogación de la reforma laboral sosteniendo que el Gobierno debería dejarla y no tocarla «para mantener la competitividad a alto nivel». Traducido a román paladino, que se queden como están los sueldos de miseria y no se reviertan los recortes de derechos laborales cercanos a la esclavitud, en lugar de abogar por una mayor productividad que restablezca salarios, derechos y devuelva dignidad.
El último dato de 2018 muestra que su cargo conlleva aparejado un salario de 181.971 euros. Debería ser decente y, ya que España es un Estado Social, podría defender la Constitución y proteger las estructuras, servicios, instituciones y a la mayoría trabajadora y no reclamar la continuidad de lo menoscabado.
¡Ya está bien!