España se viste de púrpura

Es de Justicia acabar con la tortura

Tristemente cada año, con la llegada de la canícula –cuando los resecos campos se desbordan con las notas del estridente canto de las cigarras– y durante la celebración de las fiestas patronales, una bárbara y ancestral costumbre encubierta de diversión –anacrónica del paisaje del siglo XXI– hace que se inmolen atrozmente millares de animales, en especial novillos y toros, engalanando las abrasadas tierras de España con los ropajes color sangre del suplicio.
En el presente, no es ético ni defendible convertir en espectáculo festivo la tortura de un animal, y si el Gobierno tiene la valentía de prohibir sin ambages el maltrato a todo ser vivo, sin duda contribuirá a consolidar una sociedad mucho más justa. Y como ocurrió con otras leyes avanzadas –matrimonio homosexual, divorcio, ley antitabaco, memoria o carné por puntos–, en poco tiempo no podremos creer que en el pasado cercano se permitía maltratar animales como pasatiempo de unos y negocio de otros.

Amnistía fiscal: derecho a saber

Hace un año el TC anuló la amnistía fiscal dejando en ridículo al Gobierno de Rajoy. La sentencia garantiza que, en virtud de la seguridad jurídica, no se actúe contra las regularizaciones que se hicieron, pero nada más. Por otro lado, la Ley Tributaria protege la confidencialidad de quienes cumplen con sus obligaciones al sostenimiento del Estado, pero es más que discutible que ampare el anonimato del defraudador.
Teniendo en cuenta lo anterior, es inaudito que el Gobierno –salvo que tema revelar qué altas personalidades han contribuido al desfalco del Estado de bienestar incumpliendo con la solidaridad tributaria– afirme ahora, tras haberlo pedido en la oposición, que no puede publicar la lista de los acogidos a esta injusta legitimación del fraude.
¿Es que no tenemos derecho a saber qué mangantes se apuntalan en la élite?

Eutanasia

Cuando no hay esperanza de vida digna, probablemente sea mejor desconectarse

A raíz de la propuesta del PSOE para tramitar una ley garantista de eutanasia que no alargue la agonía cuando no existe perspectiva de cura, Rafael Hernando, portavoz del PP y único grupo que la rechaza, sostiene indignado que «se podrá matar a la gente en virtud de determinadas situaciones». Vaya, parece que los populares en la oposición progresan en sensibilidad, porque cuando recortaron en Sanidad y Dependencia no tuvieron en cuenta a los más de 840 pacientes que murieron por sus políticas, o los más de 4.000 enfermos de hepatitis C que fallecieron por no facilitarles a tiempo fármacos de última generación.
Y, como el capitalismo hurta a una parte de la sociedad la posibilidad de una vida digna, qué menos que permita escoger una muerte digna cuando el sufrimiento convierte la vida en continua y dolorosa mortificación.

La injusta fiscalidad española

El nuevo Gobierno necesita subir impuestos a ricos y grandes empresas y estos, egoístamente, protestan y amenazan.
Pongamos negro sobre blanco lo que Eurostat desvela: en España la presión fiscal es del 34,4 % del PIB, muy alejada de la media de la eurozona que es del 41,5 %. En Francia, el 47,9 %. Un español –salario medio de 25.000 euros–, paga al erario, entre impuestos directos e indirectos, el 49,8 %. Como el sueldo medio contribuye con 15,5 puntos más que la fiscalidad media, es palmario deducir que las grandes fortunas y las grandes empresas apenas tributan al Estado, y destapa la injusta realidad impositiva. Es de cajón que, los que más exprimen a la sociedad, colaboren con idénticas reglas que los ciudadanos de a pie acercándonos a la media de la eurozona para hacer de España un país más justo. Así que cooperen y no lloriqueen.

La OCDE vuelve al ataque

La OCDE la pagamos todos, pero defiende a unos pocos: los poderosos

Hace días, técnicos de la OCDE –que redactan sus informes en despachos lejanos a la realidad, gozan de contratos blindados, múltiples prebendas y espléndidos salarios que todos pagamos– lanzaron lo que pretenden colar como su nuevo recetario estival y no es más que un refrito de sus habituales recomendaciones neoliberales. En él aconsejan a España que abarate aún más los despidos y, para amparar al trabajador, que se avise con más antelación. Además, en admirable alarde de contorsionismo ("contorcinismo") verbal, añaden que la reforma laboral de Rajoy, aunque excelente, genera contratos temporales y pobreza que crea inquietud.
¡Ay!... con lo que cobran. ¿Acaso ignoran que por muy barato que sea contratar rebajando despidos, si no se necesita no se contrata? Y a la inversa, ¿no saben que si se necesita mano de obra se contrata por caro que sea?

A la conquista de Génova

En la calle Génova han salido a relucir las navajas

Un abúlico Rajoy en el poder –siempre fiel a su propio axioma críptico de «no tomar ninguna decisión, lo que también es una decisión»–, renegó de hacer política dejando caer los asuntos por su propio peso y, claro está, casi nunca en lugar ni momento adecuados. De igual manera se desentendió de su sucesión al frente del partido. Ahora, tras la consulta más endeble en número militantes de la historia de la democracia, quedan en feroz liza los delfines de Rajoy y Aznar. Y así, en la disputa por las llaves de una Génova descabezada, asoman destellos especulares de hojas de navajas bien afiladas.
Por ello, ante el atronador toque de generala, arrecian las presiones para que los dos candidatos, avatares de Aznar y Rajoy, además de no poder debatir sus proyectos de partido, infrinjan su propio reglamento y se den la mano en foto pactada para acudir al congreso como candidatura única.

De nuevo la inmoralidad de los paraísos fiscales

La indecencia continúa campando a sus anchas

A pesar de la alarma social, vuelve la indecencia con la publicación de más Papeles de Panamá. Los Gobiernos no actúan, y así, las legislaciones consienten bancas opacas y países con fiscalidades mínimas. Hay que exigir a la ONU que liquide estos paraísos, prohíba el secreto bancario y obligue a tributar en el país donde se comercia, no donde se tenga la sede. Entretanto, nuestro Parlamento debería legislar para que a los concursos públicos concurran compañías sin conexión con estos territorios y elimine toda ayuda estatal a las empresas con vínculos en ellos. Se calcula que estos paraísos sangran a España 40.000 millones de euros al año. Mientras no se ponga coto, este inmenso sumidero fiscal –sibilina forma de corrupción– engullirá pensiones, hospitales, escuelas, e infraestructuras liquidando la justicia social.