8-M: ¡Juntas con arrojo y alegría!

 

El 8-M sigue siendo necesario

Como un 37% de las mujeres del planeta no tiene acceso a la tecnología digital, este año la ONU quiere dedicar tan combativa jornada a cerrar esta brecha que las limita en su día a día: acceso a la banca, citas administrativas o médicas, búsqueda de oportunidades laborales…
Volviendo aquí, a la sociedad de la opulencia, demasiados varones aún no se involucran en las tareas del hogar ni en la educación de sus hijos e hijas, y todavía sigue siendo necesario desterrar el acoso, la violencia y la desigualdad. Por ello se torna imprescindible empoderar a la mujer y fomentar un cambio de mentalidad que transforme la percepción de la ciudadanía en todos sus ámbitos para hacer añicos los blindados, castrantes e invisibles techos de cristal.
Y para lograr una regeneración auténtica, este imparable movimiento debe extender su avance por todo el mundo siempre muy atento a los discursos manipuladores y retrógrados de la ascendente ultraderecha, para refutarlos dondequiera que surjan.
¡Ni un paso atrás!

La codicia de Ferrovial

 

El capitalismo más despiadado muestra su rostro

Ferrovial —multinacional española que debe su dimensión internacional a los contratos públicos en nuestro país, y que tributa gran parte de sus beneficios fuera de nuestras fronteras— se quita el maquillaje y se marcha a Países Bajos, donde gozará de las ventajas de un paraíso fiscal, para ahorrarse 40 millones de euros al año en impuestos. Un gesto ruin con España.
¿Qué se quiere marchar? Estupendo, que se vaya a buscar ganancias sin pagar impuestos. Confío que su imagen corporativa se deteriore en nuestro país, y que su nicho de mercado lo vayan ocupando otras empresas que mantendrán, a pesar de todo, lo que Ferrovial pretende destruir: la justicia social.
Mientras no se acabe con los paraísos fiscales, los países que redistribuyen la riqueza estarán sujetos a estas maniobras arbitrarias.

El mantra del dinero en el bolsillo

 

Presión fiscal por países donde se aprecia que España debería subir impuestos a ricos y grandes compañías para tener buenos servicios públicos (Fuente: La Sexta)

Los liberales ansían quitarse impuestos para acaparar más riqueza. Sostienen que el dinero mejor en el bolsillo, que así se gasta y se recauda más. Mienten. Ningún estudio avala que bajar tributos ingrese más —salvo en la cuenta corriente de quien lo dice—; pero sí que subirlos a quienes más tienen, empresas y particulares, recauda más. No es afán confiscatorio, es justicia constitucional.
Sánchez, al contrario de lo que sostienen Feijóo y sus adláteres, no se quedará con el dinero recaudado, sino que, mientras reactiva la economía, distribuirá la riqueza al destinarlo a educación, sanidad, investigación, obra pública, servicios, sueldo de empleados públicos o ayudas en tiempos de crisis, que deberían ser directas a los más necesitados.
Díaz Ayuso, Feijóo y sus respectivos séquitos, que siempre exhortan a cercenar impuestos —y por tanto recortan servicios—, se olvidan de que, entre todos, les pagamos sus salarios y coches oficiales. ¿Pretenden estar a sueldo de las élites económicas para perpetuarse en el poder? ¿Es por eso por lo que apremian que sanidad y educación dejen de ser un bien público y se convierta en un gran negocio privado al que los potentados hinquen el diente?
No se puede recortar impuestos a ricos y grandes empresas si no se cubren los servicios públicos, porque nos tocará pagar —mucho más— para que los negocios privados hagan caja. Mientras los servicios públicos en España no sean de excelente calidad, y en Madrid donde resido se deterioran a ojos vista en un plan deliberado para incrementar negocios privados, no se puede bajar impuestos. Empleen ese dinero para remunerar bien a médicos y profesores evitando que se marchen.
Recaudar para tener buenos servicios públicos, es lo que construye una nación, una patria.

La «gente de bien»

 

El clasismo en el PP es algo inevitable

Para mostrar su desprecio a la “ley trans” y a la del “sí es sí”, un Feijóo clasista en un arrebato de sinceridad le dijo a Sánchez que «dejara de molestar a la gente de bien» –supongo que en contraposición a la “gente de mal”–. Cuando razona así, ¿en quién piensa el líder del PP? ¿En su amigo el narcotraficante Marcial Dorado o en sus excompañeros Rato y Bárcenas?
Este sesudo argumento, daña la convivencia y el futuro de la nación —solo el PP es capaz de satisfacer a la «gente de bien»— y extiende el peligrosísimo fantasma de ilegitimidad sobre quien legisla.
Después de tan radiante instante de naturalidad política, en el que desvela que en su molde de España no caben todos, me surgen dos dudas: ¿Qué hará con la “mala gente”, la que cuestiona su modelo de país de recortes de derechos y libertades y defensa de poderosos? ¿Perteneceré a la “mala gente” por alegrarme de las conquistas de derechos a minorías señaladas y, no hace tanto, avasalladas?
Decía Albert Camus que «toda forma de desprecio, si interviene en política, dispone o instaura el fascismo».

Vivienda, ¿mercancía especulativa o derecho?

 

Es hora, y vamos tarde, de dar sentido al derecho recogido en nuestra Constitución

Cuando el capitalismo ignora la ética y su ansia de dinero no conoce límites, es oportuno ponerle coto. En España, gran parte de la vivienda va a parar a oportunistas fondos de inversión y a manos extranjeras que, al considerarla una mercancía más, adulteran el mercado para especular y recolectar rentabilidades desorbitadas.
La escalada vertical de los precios que conlleva, tanto de alquiler como de compra, hace que el acceso de la gente corriente a un hogar se torne inalcanzable.
Con el fin de controlar estas alzas manipuladas que imposibilitan la consecución de un derecho, Nueva Zelanda y Holanda hace tiempo y Canadá recientemente, han prohibido adquirir bienes inmuebles a los extranjeros no residentes. La izquierda portuguesa hará lo mismo.
Urge un remedio para que lo constitucional deje de ser utopía. La ley de vivienda que se apruebe ha de ser valiente, y acompañarla de un gran parque de pisos públicos que rebaje los precios y retorne el sentido al derecho recogido en nuestra Constitución.

20 de febrero, un día para la Justicia Social

 

Acabemos con las desigualdades

Si la humanidad aspira a la paz y a la felicidad, el camino es la justicia social que erradica la pobreza con empleos bien pagados, redistribuye decentemente la renta para garantizar la igualdad de oportunidades, combate la discriminación al diferente por cualquier motivo o condición personal o social, blinda derechos y protege la libertad. Y como la meta final de la justicia social está muy por encima de la legal, será esta la que deba orientarse mediante leyes que logren tan nobles objetivos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos gira en torno a este ideal solidario, justo y ético. Pero ahora, con la expansión del neoliberalismo que persigue la individualidad despiadada donde cada uno se saque las castañas del fuego como pueda, surge un impedimento egoísta que es contrario a la consecución de este fin, obviando las dificultades que tienen quienes nacen en la pobreza y están condenados desde la cuna a no escapar de las garras de la miseria.
Derribemos las barreras excluyentes.

El empleo precario

 

La temporalidad en el empleo es equiparable a caminar sobre la cuerda floja

No es de recibo que quien debe ser modelo de empleo de calidad, fomente el trabajo basura. La temporalidad laboral es hacer un periplo por la cuerda floja con los ojos vendados: no sabes cuándo te caerás.
Todos necesitamos un proyecto de futuro. Sin un empleo fijo y digno, la inestabilidad produce desazón en las largas noches de insomnio, y la zozobra se convierte en aciaga compañera que dificulta las relaciones personales. Quien termina su fugaz contrato, aguarda con ansiedad otra renovación que ignora si llegará, el destino que tendrá o quiénes serán sus nuevos compañeros.
Por eso alarma la temporalidad insensiblemente instalada en la Administración pública, que además destruye con saña dos pilares de la sociedad: sanidad y educación. Si el liberalismo la trajo, ¿qué hace el Estado emulándolo?
La reforma laboral ha logrado que en el sector privado la temporalidad caiga del 25% al 15%; y eso aún hace más inmoral que la Administración tenga más del 30% de eventuales. Urge poner remedio.